Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 32779-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. nº: 74.774/2017 SIDERAR S.A.I.C. c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
Buenos Aires, de febrero de 2025. ME VISTO Y
I. Que, por medio de la resolución del 7 de septiembre de 2023, obrante a fs. 462/463vta. de las actuaciones remitidas en formato papel, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, en lo que aquí importa, que: “los intereses e IVA adeudados por el Fisco Nacional al perito designado en autos, Ing. Horacio S. Álvarez, ascienden a la suma de $35145,42- más I.V.A., los que fueron cancelados con el depósito acreditado a fs. 416 (…) 2.- Respecto del capital impago y los intereses devengados, la demandada deberá liquidarlos administrativamente y cancelarlos a favor del perito designado en autos, Ing. Horacio S. Álvarez, operando su devengamiento desde el día 2/12/16 y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. art. 61 de la ley 21.839)”.-
En particular, indicó que: “mediante el pago acreditado a fs. 416, la representación fiscal canceló con el depósito de $50.000- en favor del perito designado en autos, el monto de $35145,72 -en concepto de intereses-, $7380,60 en concepto de IVA de los intereses y el monto de $7473,68 -en concepto de capital e iva incluido-, todo ello por cuanto se computa en primer lugar el pago de intereses y el saldo al pago de capital, adeudando a la fecha 29/11/19 la parte impaga del capital e IVA, debiendo adicionar los intereses e IVA desde la fecha mencionada hasta la fecha de su efectivo pago”.
II. Que, contra tal decisión, el Fisco Nacional apeló y presentó su memorial de agravios a fs. 472/477; el que no fue replicado.
Por un lado, plantea la incompetencia del Tribunal a quo para resolver la pretensión relativa al adicionamiento de intereses a los honorarios oportunamente regulados, por considerar que no resultar ser un órgano ejecutor de sus propias sentencias. Por otra parte, sostiene que en virtud de lo establecido en el art. 61 de la Ley nº 21.839, los intereses proceden “cuando hubiere mora del deudor” y, al respecto, cita el precedente de Alta en sistema: 28/02/2025 Fallos 344:3146 “González” y sostiene que en la especie no hubo mora porque los honorarios fueron depositados oportunamente.
Finalmente, se agravia de la imputación del pago efectuada en la resolución apelada.
III. Que, de manera preliminar, cabe señalar que en los artículos 197 de la Ley nº 11.683 y 1174 del Código Aduanero se prevé la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En tal sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6, inciso 1º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los incidentes y en las regulaciones de honorarios, es competente para resolver el juez del proceso principal. En ese orden de ideas, toda vez que la cuestión relativa a la procedencia y determinación de los intereses adeudados al perito designado en autos, por el pago de sus honorarios vencido el plazo establecido en el artículo 49 de la Ley nº 21.839, constituye una cuestión accesoria a la regulación original practicada por el Tribunal Fiscal de la Nación, cuya competencia no fue cuestionada; corresponde rechazar el agravio formulado por el Fisco Nacional. A mayor abundamiento, es del caso advertir que dicha incidencia, en la medida en que no implica la ejecución forzosa de los honorarios, difiere del supuesto contemplado en el artículo 1024 del Código Aduanero y del criterio establecido por este Tribunal en el precedente “Telefónica De Argentina S.A. (TF 9369-A) c/ DGA”, Expte. nº 170.773/02, resolución del 15 de mayo de 2018.
IV. Que, sentado ello, cabe señalar que del artículo 22 de la Ley nº 23.982 surge que: “…el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo”. Por su parte, en el artículo 170 de la ley 11.672 (T.O. 2014), se establece que: “Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado nacional o a alguno de los entes y organismos Alta en sistema: 28/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que integran la administración nacional al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto general de la administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por las leyes 23.982 y 25.344.
En el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las jurisdicciones y entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo incorporar en sus respectivos anteproyectos de presupuesto el requerimiento financiero total correspondiente a las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la Secretaría de Hacienda establezca para la elaboración del proyecto de presupuesto de la administración nacional.
Los recursos asignados anualmente por el Honorable Congreso de la Nación se afectarán al cumplimiento de las condenas por cada servicio administrativo financiero, siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente”.-
A su vez, es del caso recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “ González, Ricardo c/ Prefectura Naval Argentina s/ amparo por mora de la administración”, resolución del 28 de octubre de 2021.
En efecto, en dicho precedente, el Alto Tribunal sostuvo que “los planteos relativos a la alegada incompatibilidad que existiría entre el procedimiento especial de pago regido por los arts. 170 de la ley 11.672 y 22 de la ley 23.982 y la previsión del último párrafo del art. 54 de la ley 27.423, suscitan el examen de cuestiones sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas por esta Corte en la causa “Martínez, Gabriel Rubén” (Fallos: 343:1894), a la que cabe remitir, con el mismo alcance y por las mismas razones que fueron señaladas en el considerando anterior”.
En el referido precedente de Fallos: 343:1894, se había indicado que “En primer lugar, los intereses moratorios, por imperativo legal, deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer su integridad y producir el efecto liberatorio del pago Alta en sistema: 28/02/2025 para el deudor (art. 744 del código civil, actual art. 870 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Ciertamente no puede reputarse como pago, con sus efectos extintivos propios, el inicio del procedimiento del art. 170 de la ley 11.672 mediante la previsión presupuestaria del monto de la condena a los valores computados (en concepto de capital e intereses hasta allí devengados) en la liquidación aprobada en la causa. Por último, concluyó que “En este entendimiento y considerando la doctrina del precedente de Fallos: 339:1812 y lo resuelto en el sub lite, es necesario precisar que, para la cancelación de los reconocimientos judiciales firmes sujetos al procedimiento del art. 170 de la ley 11.672, el Estado Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para que la previsión presupuestaria sea comprensiva del capital de condena y de los intereses devengados hasta su efectivo pago. De otro modo, además de los perjuicios señalados, la sujeción de los accesorios a sucesivas previsiones presupuestarias, frustraría los fines propios del régimen establecido por dicha norma pues atentaría contra la racional administración de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los particulares.” (Considerando 8°).
V. Que, de las constancias de la causa resulta que mediante el pronunciamiento del 21 de diciembre de 2017, obrante a fs. 393 de las actuaciones remitidas en formato papel, este Tribunal confirmó la resolución regulatoria obrante a fs. 370 con respecto a los honorarios regulados al Perito Ingeniero Químico, Sr. Horacio Sergio Álvarez. Ello fue notificado a las partes el 5 de febrero de 2018 (cfr. nota inserta a fs. 394).
El 13 de diciembre de 2019, la demandada dio en pago la suma de $60.500, en concepto de honorarios ($50.000) e IVA ($10.500) a favor del Perito Ingeniero Químico, Sr. Horacio Sergio Álvarez (cfr. presentación de fs. 417 y boleta de depósito obrante a fs. 416).
En tales condiciones, de conformidad con los precedentes mencionados en el considerando que antecede, cabe confirmar la resolución apelada en cuanto admitió el cómputo de intereses; pues ninguna norma del régimen de orden público indicado dispone que, durante el tiempo que se le otorga para cumplir con la condena (arts. 170 de la Ley nº 11.672 y 22 de la Ley nº 23.982), el Alta en sistema: 28/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Estado esté exento de pagar los intereses establecidos en el artículo 61 de la Ley nº 21.839 (Fallos 344:3146 (“Gonzalez”); 343:1894 (“Martínez”) y 328:3070 “Agropecuaria”).
Ahora bien, en cuanto a la fecha de inicio del respectivo cómputo de intereses, cabe advertir que nuevamente el tramo dispositivo del fallo apelado no guarda la debida concordancia con lo expresado en los vistos del pronunciamiento.
En efecto, del voto del Dr. González Palazzo, al que adhirió en lo sustancial el Dr. Garbarino, resulta que “los intereses a abonar son devengados desde el día 24/03/18, es decir, 30 días corridos contados de quedar firma la sentencia de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la ley 21.839, hasta la fecha del pago efectuado el 29/11/19”; mientras que en la parte resolutiva se indicó que operaba el devengamiento de los intereses desde el día 2/12/2016. En consecuencia, se advierte una incongruencia entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo expuesto en los Considerandos del mismo fallo, obrante a fs. 462/463vta.-
En virtud del principio de celeridad procesal, y toda vez que la resolución de este Tribunal que confirmó la regulación de honorarios del perito fue notificada el 5 de febrero de 2018, corresponde modificar en ese sentido el pronunciamiento apelado, debiendo calcularse los intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley nº 21.839, debiendo practicarse una nueva liquidación a partir del 24/03/18 y hasta el efectivo pago. El producto de esos cálculos es el importe pendiente de pago por parte del Fisco Nacional en concepto de intereses; en consecuencia, cabe admitir el agravio de la apelante y revocar lo dispuesto en cuanto a la imputación de pago.
Por lo expuesto, corresponde admitir parcialmente el recurso interpuesto por la demandada y revocar la resolución apelada en los términos expuestos en la presente; las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (cfr. art. 71 del C.P.C.C.N.).-
Todo lo cual, ASI SE RESUELVE.-
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Alta en sistema: 28/02/2025 Guillermo F. Treacy Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 28/02/2025
Fin de la sentencia