Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.778-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar los art. 1° y 2° de la Resolución N° 3990/2012 dictada por la Dirección General de Aduanas recaída en las en las actuación administrativa N° SIGEA 13289-22684-2005, respecto de la firma SIDERCA S.A.I.C..
2Imponer las costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-68437737-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Julio de 2026 En Buenos aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “SIDERCA S.A.I.C c/ AFIP – DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN", expte. N° 32.778-
A,
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 24/36 se presenta la firma SIDERCA S.A.I.C., interponiendo recurso de apelación contra la Resolución N° 3990/2012, dictada con fecha 05/07/2012 por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el marco del expediente SIGEA N° 13289-22684-2005. Mediante la resolución recurrida se condenó a la firma al pago de una multa de $1.013.457,97, en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante el D.I.T. N° 05 001 TG14 000806 W, por la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero. Asimismo, se formularon cargos en concepto de tributos por la suma de $2.166.777,63, los cuales se tuvieron por cancelados conforme surge de los comprobantes de pago de las liquidaciones obrantes a fs. 81 y 125 de las actuaciones administrativas.
La recurrente sostiene que la afirmación del servicio aduanero en cuanto a que la causa penal por contrabando se encuentra en trámite no constituye fundamento suficiente para sustentar la condena. Señala que se encuentra acreditada la existencia de un robo a mano armada ocurrido el 22/07/2005, sin que haya sido posible identificar a sus autores materiales. Asimismo, manifiesta que la imposibilidad de cumplir con la obligación de reexportar o nacionalizar la mercadería obedeció a dicho hecho delictivo, configurándose un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor en los términos del art. 261 del Código Aduanero. Agrega que en sede penal se acreditó la adopción de medidas de seguridad adecuadas para la custodia de la carga, destacando que el transporte contaba con sistema de rastreo satelital y que el traslado se realizaba con un móvil de custodia provisto por una empresa de seguridad privada, con personal a bordo. Finalmente, sostiene que la compañía aseguradora abonó la indemnización correspondiente al siniestro, en contradicción con lo afirmado por el servicio aduanero en la resolución apelada.
II. A fs. 47/50, la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los hechos invocados por la actora que no sean objeto de expreso reconocimiento. Sostiene que no se encuentra acreditado el robo alegado, en tanto —conforme surge de la causa penal N° 20033/15, caratulada “NN s/ robo de automotor con armas y privación ilegal de la libertad”— la misma se halla aún en trámite. Asimismo, señala que, ante el faltante de mercadería, corresponde presumir —sin admitir prueba en contrario y al solo efecto tributario— que la misma ha sido importada para consumo. Agrega que, a los fines de la eximición de los gravámenes, resulta necesario acreditar el debido cumplimiento de los deberes de custodia durante el traslado, extremo que —afirma— no ha sido probado en autos, toda vez que no se ha ofrecido prueba suficiente que demuestre el cumplimiento de tales obligaciones por parte de los responsables principales.
III. A fs. 55 se abre la causa a prueba; vencido el período probatorio, se elevan los autos a la Sala G. Conferidas las vistas para alegar, la parte actora presenta su alegato a fs. 207/211. Posteriormente, se llaman autos para sentencia.
IV. Delimitadas las cuestiones, corresponde analizar si la resolución N° 3990/2012, dictada por la Dirección General de Aduanas, resulta ajustada a derecho al condenar a la infraccion tipificada en el art. 970 del código aduanero por una multa a la que asciende a la suma de 1.013.457,97.
V. Sentado lo anterior, concierne señalar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal, sino tan solo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
VI. En consecuencia, en las controversias atinentes al artículo 315 del Código Aduanero, no corresponde a este Tribunal indagar en grado originario si el administrado cumplió o incumplió los deberes de custodia, ni tampoco decidir acerca de la existencia de un ilícito en los hechos. En tal sentido, no comparto la premisa según la cual, en casos como el presente, el eje del análisis radicaría en verificar si se configuran las circunstancias fácticas que llevaron a la Corte Suprema, en el precedente Tevelam, a morigerar los efectos de la presunción prevista en el citado artículo.
Dicho enfoque desplaza indebidamente el objeto de control hacia un ámbito ajeno a la competencia revisora de este Tribunal, cuya función no consiste en reeditar el juicio de constatación primaria de los hechos ni en sustituir a la administración en la acreditación de eventuales incumplimientos. Antes bien, el control que nos incumbe es estrictamente de juridicidad, lo cual, en el caso, implica verificar si el acto administrativo recurrido ha sido dictado con motivación suficiente y conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes.
VII. Precisamente, del análisis de la resolución recurrida se advierte que la autoridad administrativa prescindió de un examen jurídico integral, limitándose a imputar el cargo sobre la base del mero incumplimiento del arribo de la mercadería. Tal construcción revela una concepción de responsabilidad objetiva, que se traduce en una imputación automática al administrado, sin ponderación de las circunstancias concretas del hecho ni de su conducta.
En consecuencia, la controversia no radica en determinar si se verifican los presupuestos fácticos delineados por la Corte para configurar una responsabilidad subjetiva, sino en constatar si la administración cumplió, al dictar el acto, con la carga mínima de fundarlo en derecho y en consonancia con la doctrina judicial aplicable. La ausencia de tal fundamentación configura un vicio insalvable que impide convalidar la condena.
VIII. Bajo esta perspectiva, no puede soslayarse que, con anterioridad al precedente Tevelam, los actos administrativos se estructuraban sobre la base de una concepción de responsabilidad objetiva, por entonces admitida. El giro jurisprudencial introducido por la Corte Suprema resulta categórico: se abandona la imputación automática y se exige que la responsabilidad repose en la acreditación de una conducta reprochable del transportista, ya sea por negligencia en la custodia de la carga, apartamiento del itinerario autorizado o connivencia en la sustracción.
En línea con esta doctrina, la responsabilidad solo puede configurarse ante la verificación de tales extremos. Por el contrario, si la autoridad administrativa no acredita el incumplimiento de los deberes de custodia o no logra desvirtuar el hecho del robo a mano armada debidamente comunicado en los términos del artículo 308 del Código Aduanero, carece de sustento atribuir responsabilidad al administrado (conf. consid. 12 del precedente Tevelam).
IX. Desde esta óptica, resulta determinante advertir que el acto administrativo recurrido omite todo análisis circunstanciado de los hechos que rodearon el robo invocado. Si bien, a título personal, discrepo con la doctrina sentada en el precedente citado —por entender que desnaturaliza el alcance de las obligaciones aduaneras—, lo cierto es que, en el caso concreto, no se ha acreditado el incumplimiento de los deberes de custodia ni se ha desvirtuado la ocurrencia del robo.
Frente a ello, no corresponde que este Tribunal supla las omisiones de la administración mediante una nueva valoración de los hechos, ya que ello implicaría desnaturalizar su función revisora. El control de juridicidad no habilita a reconstruir la motivación ausente en sede administrativa, sino a verificar su existencia y suficiencia.
X. De lo expuesto se deriva que el acto administrativo que impone la sanción por infracción aduanera solo puede sostenerse válidamente si acredita, de manera concurrente y suficiente, los siguientes extremos: a) la existencia de un incumplimiento de los deberes de custodia;
b) la inexistencia de un robo a mano armada; y c) la falta de comunicación oportuna y formal del ilícito a las autoridades competentes. Al no haberse demostrado ninguno de estos presupuestos y verificarse, además, la ausencia de una adecuada motivación en la resolución apelada, el acto no supera el control de juridicidad propio de este Tribunal. En tales condiciones, corresponde revocar la resolución recurrida.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar los art. 1° y 2° de la Resolución N° 3990/2012 dictada por la Dirección General de Aduanas recaída en las en las actuación administrativa N° SIGEA 13289-22684-2005, respecto de la firma SIDERCA S.A.I.C..
2. Imponer las costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
En este caso en particular, en cuanto se analiza el aspecto infraccional, adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar los art. 1° y 2° de la Resolución N° 3990/2012 dictada por la Dirección General de Aduanas recaída en las en las actuación administrativa N° SIGEA 13289-22684-2005, respecto de la firma SIDERCA S.A.I.C..
2. Imponer las costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.07.08 14:16:17 ART Date: 2026.07.08 16:12:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.14 17:14:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.14 17:14:43 -03:00
Fin de la sentencia