Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 29.153-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Fallo N° 04/11 (AD CAMP) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Campana el 21 de enero de 2011 en las Actuaciones SIGEA N° 12645-10-2006, y, por ende, dejar sin efecto la multa intimada.
2Con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-81626116-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Agosto de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “SIDERCA S.A.I.C. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 29.153-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La firma SIDERCA S.A.I.C impugna la resolución del servicio aduanero que tuvo por configurada la infracción de declaración inexacta establecida en el artículo 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero. La controversia se originó en una importación de 46.709 toneladas de pellets de hierro para reducción directa, en la cual intervinieron —según la imputación oficial— tres actores relevantes: la Compañía Vale do Rio Doce (CVRD), la sociedad Itabira Rio Doce Company Limited (ITABIRA) y la propia SIDERCA.
II. Puesto a analizar todo lo antes expuesto, las actuaciones administrativas y el recurso traído en apelación ante este Tribunal, en primer término considero relevante recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan sólo aquellos que resulten pertinentes para decidir la cuestión planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que sean conducentes para fundar las conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
El núcleo de la apelación reside en que, a juicio de la recurrente, la aduana calificó erróneamente los hechos como infracción. Sostuvo que jamás existió vinculación ilícita ni concertación oculta entre su representada y las empresas brasileñas, y que la operatoria cuestionada respondía a prácticas comerciales habituales en un mercado dominado por grandes jugadores. En particular, la apelante explicó que el contrato inicial de suministro fue celebrado directamente con CVRD, lo que se encuentra documentado en las actuaciones administrativas. Posteriormente —año 2000— CVRD cedió sus derechos y obligaciones a ITABIRA, la cual pasó a ocupar su lugar en la relación contractual. Desde esa cesión, SIDERCA se limitó a recibir el mineral y a pagar el precio convenido, sin intromisión ni injerencia en los vínculos internos entre CVRD e ITABIRA.
Subrayó además que CVRD era un actor dominante en el mercado mundial del hierro, capaz de imponer condiciones contractuales ineludibles. Como compradora dependiente de ese insumo esencial para su producción, SIDERCA no estaba en posición de cuestionar la modalidad de exportación canalizada a través de ITABIRA, mientras las condiciones originales se mantuvieran incólumes. Reforzando su postura, la apelante destacó que la fijación de precios del mineral de hierro se determinaba en negociaciones internacionales anuales entre CVRD y las grandes acerías de Australia, Europa y Japón. Dicho precio de referencia era luego trasladado, sin intervención alguna de SIDERCA, al precio facturado por ITABIRA.
La supuesta manipulación de precios carecía, por tanto, de sustento probatorio. La empresa también señaló que la utilización de sociedades intermediarias o traders era práctica corriente en los negocios de exportación, citando el caso paralelo de ACINDAR, que igualmente debió canalizar sus compras a través de ITABIRA. Esa circunstancia —sostuvo— fue ignorada por el servicio aduanero, revelando un sesgo en la imputación. En cuanto a la documentación de la operación, la actora remarcó que existió plena coherencia entre lo declarado en la destinación aduanera y los comprobantes agregados: factura de ITABIRA, conocimientos de embarque, certificados de origen y de calidad. Incluso demostró que no existió la coincidencia sospechada entre la fecha de la factura y la del certificado de origen, pues uno databa del 8 de agosto y el otro del 16 de agosto de 2005.
En ese mismo sentido, citó la Nota N° 151/2010 de la Aduana, que reconoció la correspondencia entre la destinación y la documentación, y recordó que la Receita Federal de Brasil nunca inició un procedimiento de fiscalización por presunta subfacturación, siendo esa conducta punible en su propia legislación. A lo expuesto agregó que las divisas giradas para el pago coincidieron con lo facturado, extremo acreditado mediante constancias bancarias. Ello demostraría que la aduana aplicó de manera errónea el Acuerdo de Valoración del GATT de 1994, invocando una supuesta vinculación sin respaldo probatorio. En apoyo de sus argumentos, la apelante procuró, además, demostrar que la imputación aduanera se apoyaba en un error técnico.
Con ese propósito, desplegó un análisis comparativo de la evolución de los precios internacionales del mineral de hierro según su forma de presentación —pellets, calibrados y finos—. Esa disección de la materia prima no fue un ejercicio académico, toda vez que la autoridad habría confundido categorías que el propio mercado distingue con nitidez, trasladando variaciones de precio de un producto a otro distinto. En esa confusión, insistió la recurrente, se incubaba el error que terminó por erosionar la seriedad de la acusación. En este contexto, la actora evocó la investigación que la propia aduana emprendió en 2005, documentada en la Nota N° 0029/05 (AD DOM SIDERCA) y referida a diversas destinaciones identificadas en autos.
Allí se consignaba que, en ese año, el precio del hierro había sufrido un incremento del 91%, un dato que —según su perspectiva— explicaba la diferencia de precios y alejaba la sospecha de maniobra fraudulenta. Con todo ello, SIDERCA concluyó que la sombra de duda que podía subsistir debía resolverse a su favor, conforme al principio in dubio pro reo. Al mismo tiempo, reafirmó haber demostrado su ajenidad a cualquier ardid y su sujeción a las pautas contractuales previamente pactadas, de modo que la falta de tipicidad de su conducta era manifiesta. Finalmente, ofreció prueba, formuló reserva del caso federal y reclamó, con imposición de costas, la revocación de la resolución cuestionada.
III. A fs. 74/82 vta., la representación fiscal respondió el traslado y defendió con énfasis la corrección del obrar aduanero. Comenzó, como es de práctica, con una negativa genérica a los argumentos de la apelante y una síntesis de lo actuado en sede administrativa. A partir de allí, construyó su tesis central en orden a la existencia de una operatoria triangular diseñada entre las empresas intervinientes. Explicó que CVRD, con asiento en la República Federativa de Brasil, habría celebrado operaciones de compraventa con su propia subsidiaria ITABIRA, radicada en Nassau (Mancomunidad de las Bahamas), mientras que la mercadería fue despachada directamente desde puertos brasileños hacia territorio argentino, con destino final SIDERCA. Esa triangulación —según el fisco— no era un dato inocente, sino la clave de la maniobra. Afirmó que las divergencias detectadas por la aduana emergían nítidamente de la documentación agregada al expediente, en particular de las impresiones obtenidas de los sistemas INDIRA y SISCOMEX. Tales registros, por su naturaleza oficial, deben gozar de plena fuerza convictiva y revelan que el verdadero precio de la operación era el FOB declarado en Brasil, distinto al consignado en la factura de ITABIRA. Desde esa óptica, sostuvo que la conducta de la actora se subsume de manera directa en la figura del artículo 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero. Al mismo tiempo, manifestó que el precio declarado era ostensiblemente inferior al determinado en la verificación, circunstancia suficiente para afirmar la existencia de una diferencia en la base imponible y, por ende, la infracción de declaración inexacta. Finalmente, apoyó su razonamiento con citas jurisprudenciales, ofreció prueba, dejó planteada la reserva del caso federal y reclamó la confirmación de la resolución aduanera, con costas.
IV. A fs. 84 este Tribunal tuvo por presentada a la representación fiscal, por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas. A fs. 89 se abrió la causa a prueba y siguiendo la secuencia procesal, el Tribunal a fs. 152, declaró cerrado el período probatorio y ordenó una medida para mejor proveer en los términos de los artículos 1143 y 1156 del Código Aduanero a los fines de que se incorporen a estas actuaciones constancias de otros expedientes en trámite por esta Vocalía XIX. Posteriormente, al ser llamados los autos para alegar, obran en autos el escrito de la actora a fs. 168/171vta. mientras que el Fisco no hizo uso de su derecho a alegar. Concluida esa etapa, los autos fueron elevados a consideración de la Sala “G”, que los llamó a sentencia a fs. 179.
V. En tales condiciones, el tribunal debe determinar si la conducta de SIDERCA S.A.I.C. en la importación de pellets de hierro constituye o no la infracción de declaración inexacta prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero. Para ello, la cuestión se desdobla en varios interrogantes que conforman el núcleo del litigio: – ¿La intervención de la sociedad ITABIRA, subsidiaria de CVRD con sede en Bahamas, configura una maniobra artificiosa destinada a alterar el precio declarado, o se trata de una práctica comercial legítima y habitual en el mercado internacional del mineral de hierro?
– ¿El precio declarado por SIDERCA —sobre la base de la factura de ITABIRA— refleja el precio real de la operación conforme a las normas del Acuerdo de Valoración del GATT de 1994 o, por el contrario, debía adoptarse el precio FOB declarado en Brasil en los registros oficiales (INDIRA y SISCOMEX)?
– ¿La diferencia de precios constituye efectivamente una “declaración inexacta” en los términos del artículo 954 CA, o se trata de una divergencia explicable por la dinámica del mercado, la variación internacional de precios y la forma de comercialización, ajena a cualquier dolo o culpa atribuible a SIDERCA?
– ¿El servicio aduanero demostró con pruebas concluyentes la existencia de la infracción, o subsisten dudas que deben resolverse en favor de la actora en virtud del principio in dubio pro reo y de las garantías de legalidad y defensa en juicio?
VI. A fin de favorecer una comprensión cabal de los aspectos sustanciales en disputa, corresponde —como paso preliminar y necesario— efectuar una reseña clara y ordenada de los hechos que dieron origen a este proceso, así como de las constancias y probanzas incorporadas a la causa. Solo a partir de esa reconstrucción fáctica y probatoria será posible encuadrar con precisión el problema jurídico que el tribunal debe resolver.
Las presentes actuaciones encuentran su punto de partida en el Informe Técnico N° 13/06, confeccionado el 16 de enero de 2006 por el jefe de la División Fiscalización de Operaciones de la Aduana de La Plata. Dicho informe se centró en la destinación registrada bajo el N° 05088IG05000214L, oficializada el 23 de agosto de 2005, que comprendió 46.709 toneladas de mineral de hierro, clasificadas en la posición arancelaria 2601.12.00.110X de la Nomenclatura Común del Mercosur, por un precio total FOB de U$S 3.929.367,21. La operación fue librada a plaza bajo canal de selectividad verde.
En esa pieza inicial, la autoridad aduanera advirtió una diferencia de U$S 1.053.662,80 entre el precio declarado en Argentina (U$S 3.929.367,21) y el precio consignado por la exportadora en Brasil (U$S 2.875.704,41). Esa discrepancia surgió de la consulta efectuada al sistema INDIRA, cuya constancia obra en las actuaciones. A partir de tal hallazgo, el servicio aduanero entendió necesario indagar las causas y efectos de esa divergencia.
Concluido el examen de la documentación complementaria y de los informes remitidos tanto por la propia importadora como por la Aduana de Brasil, el organismo sostuvo que no existía justificación válida para explicar la diferencia. En consecuencia, consideró configurada prima facie la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero, fundada en el “egreso de divisas hacia el exterior distinto del declarado”.
Sobre esa base, con fecha 16 de febrero de 2006 se instruyó el sumario, se fijó la multa en $3.062.997,80 y se corrió vista a SIDERCA S.A.I.C. y al despachante interviniente, Walter Ángel Tangredi. Las contestaciones respectivas obran en autos. Durante la sustanciación, se fue incorporando un caudal probatorio que ahora corresponde valorar de manera integral junto con lo aportado en esta instancia judicial.
En el plano probatorio, la aduana acompañó el propio Informe Técnico N° 13/06, la información del sistema INDIRA que sirvió de soporte a la imputación, y diversos alcances de investigación sobre la operatoria general de la empresa, obrantes entre fs. 284 y 400.
La actora, por su parte, presentó documentación contractual y contable: el contrato celebrado con CVRD con sus condiciones esenciales; la adenda por la cual CVRD cedió derechos y obligaciones a ITABIRA (fs. 220/225); un informe contable que detalla pagos efectuados a ITABIRA y SAMARCO, al precio de U$S 1,2706 por DMTU (fs. 227/228); y el comprobante de transferencia bancaria por U$S 3.929.274,73 (fs. 232). Agregó además prueba de contexto consistente en publicaciones especializadas como The TEX Report y ACERO Latinoamericano, que ilustran la evolución de precios internacionales del hierro (fs. 140/161 y 283).
Ya en sede de este Tribunal, la apelante sumó prueba adicional: una carta de SIDERAR a la Comisión Nacional de Valores relativa a la transferencia de acciones de CVRD a TERNIUM S.A. (fs. 8), ofrecida como indicio de inexistencia de vinculación, y un cuadro de precios de la página web de VALE, certificado por escribano (fs. 21).
La representación fiscal, a su turno, ofreció como prueba la totalidad de las actuaciones administrativas, consolidando así un expediente en el que coexisten, de un lado, los informes y capturas producidos por la aduana y, del otro, la documentación contractual, contable y de precios internacionales aportada por la importadora.
VII. Así planteada la cuestión, y antes de adentrarme en la solución del sub lite, estimo necesario formular observaciones preliminares acerca de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, inciso c) del Código Aduanero, y sobre ciertos aspectos relativos a la valoración de la prueba en el marco del derecho administrativo sancionador. Tales consideraciones no constituyen un rodeo inútil, sino el presupuesto indispensable para comprender la dimensión jurídica del conflicto: de un lado, se discute la subsunción de los hechos en una figura infraccional; del otro, se examina la forma en que el Estado ejerce su potestad punitiva sobre los administrados.
En esta línea, cabe reiterar lo sostenido en mi voto en el precedente “ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expte. 34.232-A (INLEG-2023-136410052-APN-VOCXIX#TFN), sentencia del 15 de noviembre de 2023, cuyos fundamentos aquí se tienen por reproducidos en lo sustancial. Aquella decisión dejó en claro que la infracción aduanera no puede configurarse por meras sospechas ni por inferencias deductivas basadas en constancias parciales, sino que requiere prueba idónea, suficiente y preponderante.
En ese sentido, conviene recordar, en este marco, que la infracción de declaración inexacta prevista en el artículo 954 del Código Aduanero se caracteriza por su naturaleza objetiva: basta la divergencia entre lo declarado y lo constatado para que, en principio, la figura quede configurada. Sin embargo, esa objetividad no puede ser entendida como un automatismo ciego que dispense a la Administración de probar con rigor los elementos de la imputación. La dogmática sancionatoria, incluso en el ámbito aduanero, exige que la diferencia detectada sea jurídicamente relevante, es decir, que no se trate de un mero desacuerdo contable o de una fluctuación explicable por la dinámica del comercio internacional. En otras palabras, la subsunción normativa requiere siempre una correspondencia estricta entre el hecho probado y la norma sancionatoria, sin que el intérprete pueda suplir con presunciones supliendo la carga probatoria que recae en el órgano acusador.
No obstante, conviene advertir que el estándar de certeza que rige en el ámbito administrativo sancionador presenta matices respecto del derecho penal. Mientras en este último la condena requiere certeza plena, más allá de toda duda razonable, el procedimiento sancionador administrativo admite un margen menor de convicción, propio de su naturaleza correctiva y no estrictamente represiva. Ello, sin embargo, no habilita al Estado a sancionar sobre la base de conjeturas o presunciones meramente probabilísticas. La diferencia de estándar no significa un relajamiento del principio de legalidad, sino la admisión de que en la esfera administrativa la certeza moral suficiente —fundada en pruebas coherentes y objetivas— puede bastar para la configuración de la infracción.
Con todo, esta elasticidad probatoria no debe ser entendida como licencia para sancionar con ligereza. La Administración, al igual que el juez penal, se encuentra constreñida por la necesidad de motivar sus decisiones, demostrar la existencia de una conducta típica y acreditar que el administrado incurrió efectivamente en la infracción. Cuando las dudas son insalvables, opera el principio in dubio pro reo con la misma fuerza garantista que en el derecho penal, pues en ambos órdenes —aunque con distinta intensidad— se juega la libertad, la propiedad y la dignidad de las personas. Trasladando estos principios al caso bajo examen, adelanto que la diferencia de precios detectada por el sistema INDIRA en el caso no resulta suficiente, por sí sola, para configurar la certeza exigida en el ámbito del derecho administrativo sancionador, si esa divergencia, aunque objetivamente verificada, carece de explicación suficiente si se la aísla de las particularidades del mercado del hierro, de la operatoria triangular y de la documentación contractual aportada por la actora.
VIII. En efecto, considero necesario precisar que cuando un operador declara un precio FOB ostensiblemente inferior al que surge de una cadena comercial previa o paralela, se abre inevitablemente una zona de sospecha legítima que habilita la razonable exigencia de una explicación satisfactoria y verificable. No se trata, claro está, de trasladar al contribuyente la carga probatoria que corresponde al Estado, sino de reconocer que el principio de veracidad que gobierna la relación tributaria y aduanera impone al importador un deber de colaboración activa, sobre todo en escenarios donde la configuración fáctica del comercio exterior se presenta compleja, difusa o mediada por estructuras de triangulación. En esa dirección, debe quedar claro que la triangulación comercial, en sí misma, no constituye un ilícito ni encierra sospecha automática; pero sí demanda, en cada caso, una justificación clara de su lógica económica. El operador que aparece beneficiado por un precio sensiblemente inferior en el tramo final de la operación está llamado a dar razones objetivas que expliquen esa diferencia: condiciones de pago, volumen contratado, plazos, riesgos asumidos, bonificaciones comerciales, estructura de costos. La ausencia de una explicación fundada, o la remisión a respuestas genéricas y evasivas, habilitan al órgano fiscal a desconfiar y, en consecuencia, a someter la declaración a un examen más riguroso.
IX. En esa comprensión del asunto, corresponde profundizar en las circunstancias de la causa, partiendo de la premisa de que la diferencia detectada entre el precio declarado en la importación constituye un hecho acreditado mediante la consulta efectuada por el servicio aduanero a través del sistema INDIRA, cuya constancia obra en autos y no ha sido controvertida. Sin embargo, encuentro que en el supuesto de autos resulta imprescindible indagar en el mecanismo de fijación del precio pactado entre las partes, pues sólo a partir de su análisis es posible determinar si la discrepancia advertida refleja una alteración artificiosa con incidencia en la declaración aduanera o si, en cambio, responde a la lógica habitual del comercio internacional del mineral de hierro.
Justamente, con ese propósito, resulta oportuno introducir algunas aclaraciones terminológicas que permiten disipar confusiones técnicas en un asunto naturalmente complejo. Este señalamiento cumple una función didáctica y, al mismo tiempo, contribuye a dotar de claridad al análisis, evitando que se generen dudas interpretativas.
Cabe advertir, asimismo, que los cálculos efectuados pueden arrojar pequeñas diferencias en los decimales como consecuencia de redondeos o aproximaciones matemáticas. Sin embargo, tales variaciones carecen de incidencia práctica y no alteran el resultado final de las operaciones. En consecuencia, corresponde afirmar que los cálculos realizados mantienen un nivel de precisión suficiente y resultan fiables para la interpretación general de los resultados. En este marco, cabe señalar que de la documental obrante en autos, de la prueba acompañada y de aquella que he dispuesto incorporar por Secretaría, se desprende lo siguiente: el Certificado de Análisis (“CEdeA”) constituye el documento emitido por el productor del mineral en el que se consignan los porcentajes de humedad y de hierro puro (Fe) contenidos en cada cargamento —dato que en el caso de autos fue indicado en la factura de fs. 3—. Por su parte, el Dry Metric Tons Unit (“DMTU”) representa la unidad internacional de referencia en el comercio de minerales de hierro, expresando el precio por cada punto de hierro (1%) contenido en una tonelada métrica seca. A su vez, la Tonelada Húmeda (“TH”) refiere al peso de una tonelada métrica de material en su estado natural, incluyendo la humedad inherente; mientras que la Tonelada Seca (“TS”) constituye la unidad que mide el peso de una tonelada métrica de material una vez excluida dicha humedad.
En este contexto interpretativo, corresponde destacar que el contrato que vinculó a SIDERCA con CVRD constituye la base documental sobre la cual debe examinarse la operatoria cuestionada. Dicho instrumento, en su cláusula 3ª, estableció que “para cada periodo anual desde el 1° de abril al 31 de marzo el precio de los pellets en condición F.O.B., en Tubarão, Brasil, será el precio definido e informado por el VENDEDOR a sus clientes de Reducción Directa en los mercados de América del Norte y Caribe en dicho año, y se expresará en dólares estadounidenses, por unidad de hierro contenido por tonelada métrica seca” (la cita es textual).
Al mismo tiempo, esta información relativa al precio puede corroborarse, para el año mineralero 2005, con la prueba acompañada por la apelante consistente en el The TEX Report, donde consta el precio “Pellets for DR to all world markets”, figurando la referencia a CVRD “Brazil Tubarão 127.06” para ese año.
A mayor abundamiento, encuentro adecuado añadir que existe otro elemento probatorio que permite clarificar la forma en la que la actora estableció los precios documentados. En efecto, con motivo del análisis del expediente SIDERCA S.A.I.C. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación, Expte N° 33.382-A, en trámite por ante la vocalía de la 19º Nominación a mi cargo, tuve acceso a la contestación de un oficio brindada por el Instituto Argentino de Siderurgia. Dada la relevancia que dicho informe presenta para la resolución del caso de autos, he solicitado que una copia del mismo se certifique por Secretaría y se agregue a estas actuaciones. Al mismo tiempo resulta procedente destacar que este proceder obedece a la necesidad de contar con un elemento probatorio debidamente autenticado, cuya valoración resulte jurídicamente válida al momento de dictar sentencia, evitando así cualquier controversia futura respecto de su alcance o autenticidad. Considero, además, que esta decisión no altera en modo alguno el equilibrio de las partes dentro del proceso, sino que tiende a garantizar que el pronunciamiento se funde en bases objetivas y verificables; lo contrario importaría, a mi juicio, desconocer elementales deberes de justicia y equidad.
Volviendo al contenido de la aludida contestación y su importancia en la resolución de estos autos, es del caso destacar que el Instituto Argentino de Siderurgia informó la conformación del precio del hierro y explicó las fórmulas aplicables para su determinación, precisándose de modo didáctico que: “es práctica habitual en la comercialización de los minerales de hierro, que los precios internacionales de referencia se publiquen valorizando específicamente, y en centavos de dólar estadounidense, cada punto de hierro (1%) contenido en una tonelada seca de mineral de hierro. Así es que los precios se publican en ‘Dry Metric Tons Unit’ (DMTU)”. Asimismo, se agregó que, “como ejemplo de ello, según publicaciones internacionales especializadas, tales como The Tex Report, el precio final de cada embarque resultará de aplicar el precio DMTU, para lo cual deberá necesariamente excluirse la humedad (‘MOISTURE’) y considerarse el porcentaje de hierro puro (FE) o Ley de Hierro de cada cargamento, que determina la pureza del material. Los datos de los porcentajes de humedad y de hierro puro (FE) se extraen del Certificado de Análisis emitido por el productor del mineral (en adelante denominado CedeA)”. En la misma contestación se aportaron las fórmulas para obtener los precios unitarios tanto en toneladas secas como en toneladas húmedas, así como los precios FOB de ambas modalidades.
X. Conforme vengo delineando en los considerandos que anteceden, corresponde tomar como punto de partida la explicación brindada por el Instituto Argentino de Siderurgia, a partir de la cual efectuaré una serie de comprobaciones aritméticas sobre la base de la documentación obrante en el sobre contenedor de fs. 3 de las actuaciones administrativas. En efecto, la consideración conjunta de los datos relevantes relativos a cantidades y a la información técnica de la mercadería, extraídos tanto de la factura N° IO-ITACO-4247/05 como de la destinación involucrada, permite confeccionar la siguiente tabla:
Factura IO-ITACO-4247/05 Concepto Destinación 05088IG05000214L (ITABIRA)
Toneladas húmedas 46.709,000 46.709,000 Toneladas secas 45.531,933 46.709,000— % de humedad 2,52 % — % de hierro (Fe) 67,92 % — Deducción por excedente de 9.342 Tn secas × USD 9,90 = Ajuste a deducir: USD 92,48 humedad (0,02 %) USD 92,48 Total a pagar USD 3.929.274,73 — Precio unitario — USD 84,1244 FOB total — USD 3.929.367,21 El cuadro precedente pone de manifiesto uno de los principales interrogantes que corresponde despejar, esto es la forma en que la actora declaró las toneladas húmedas y secas y cómo se asignó el precio correspondiente a cada una de ellas en función del contrato y de la factura comercial pertinente.
En este marco, al considerar los datos consignados en la destinación cuestionada y en el supuesto de que únicamente se dispusiera de la información allí declarada, se arriba a que la determinación del precio unitario en divisa requiere un cálculo directo que consiste en dividir el precio FOB total declarado, equivalente a USD 3.929.367,21, por el peso total bruto, que asciende a 46.709,000 toneladas. De este modo, el cálculo arroja como resultado un precio unitario en divisa de USD 84,1244.
Sin embargo, la respuesta brindada por el Instituto Argentino de Siderurgia permite verificar si el precio FOB unitario expresado en toneladas húmedas coincide efectivamente con el declarado. En ese sentido, al restar del precio FOB unitario en toneladas secas —que asciende a 86,2992— el porcentaje de humedad consignado en la destinación, equivalente a 2,52 %, se obtiene el precio FOB unitario en toneladas húmedas, tal como se expone en el cuadro siguiente. Concepto Precio FOB unitario Toneladas Secas 86,2992 % de humedad 2,52% FOB unitario en Toneladas Humedas 84,1244 A continuación, corresponde multiplicar la cantidad de toneladas húmedas declaradas, que asciende a 46.709,000, por el precio unitario de la tonelada húmeda, equivalente a 84,1244. El resultado de esa operación arroja el precio FOB total en toneladas húmedas, como se indica a continuación.
Concepto Precio Toneladas húmedas 46.709,000 FOB unitario (USD/TH) 84,1244 FOB total en toneladas humedas (USD) 3.929.366,5996 De esta manera, se corrobora que el cálculo efectuado sobre la base de 46.709 toneladas húmedas arroja un precio FOB total de USD 3.929.366,60, lo cual resulta consistente con la información documentada en la destinación y con la factura emitida por ITABIRA.
En segundo término, corresponde calcular el precio FOB en toneladas secas. Este paso resulta indispensable, en la medida en que permite establecer la cantidad de material efectivamente comerciable, depurada del porcentaje de humedad, y constituye la base sobre la cual se determina el precio de la operación. Con tal propósito, debe calcularse la cantidad de toneladas secas de la destinación, restando el porcentaje de humedad consignado en la factura.
Concepto Precio Toneladas métricas (TM) 46.709,000 Humedad 2,52 % -1.177,067 Resultado (Toneladas secas) 45.531,933 De este modo, la cantidad resultante coincide con la consignada en la factura emitida por ITABIRA, lo que permite corroborar que, al descontar el porcentaje de humedad, se obtiene correctamente la cantidad de toneladas secas. En tercer término, corresponde calcular el precio unitario por toneladas secas. Para ello, se toma el precio DMTU consignado en la operación (1,2706) y se lo multiplica por el porcentaje de hierro (67,92 %) que surge de la factura comercial.
Concepto Precio Precio DMTU 1,2706 % Fe (factura comercial) 67,92 % Precio unitario por tonelada seca 0,862992 ≈ 86,2992 A continuación, al multiplicar la cantidad de toneladas secas previamente obtenida (45.531,933) por el precio unitario de la tonelada seca (86,2992), se arriba al precio FOB total en toneladas secas.
Concepto Precio Toneladas secas 45.531,933 FOB unitario (USD/TS) 86,2992 FOB total en toneladas secas (USD) 3.929.367,206 En consecuencia, se corrobora que las 45.531,933 toneladas secas arrojan un precio FOB total de USD 3.929.367,206. El desarrollo aritmético anteriormente efectuado permite apreciar que el precio unitario de las toneladas secas difiere del correspondiente a las toneladas húmedas. No obstante, en la destinación la actora declaró el precio FOB total en función de toneladas secas, mientras que el precio unitario en divisa fue consignado tomando como referencia las toneladas húmedas.
De este modo, como el cálculo unitario se aplicó a las toneladas húmedas, el precio FOB total se mantuvo inalterado. En términos prácticos, el mismo resultado se habría alcanzado si se hubiera diferenciado el peso bruto del peso neto y a este último se le hubiera aplicado el precio unitario de 86,2992. En ambos supuestos, el precio FOB total asciende a USD 3.929.367,21.
La conclusión previamente expuesta no se ve alterada al incorporarse el ajuste a deducir previsto en el contrato, en el cual se estipula que los pellets al momento del embarque podrán tener un contenido de humedad máximo de 2,5 %, garantizado por el vendedor, conforme a la norma ISO 3087/87.
En tal sentido, al descontarse el excedente de humedad garantizada, equivalente al 0,02 %, se obtuvo una deducción de USD 92,48 que coincide exactamente con el ajuste consignado en la destinación.
De esta manera, la diferencia entre el precio total de la factura (USD 3.929.274,73) y el precio FOB declarado en la destinación (USD 3.929.367,21) obedece únicamente a la aplicación aritmética de dicho ajuste, confirmando la coherencia de la operatoria declarada.
A mayor abundamiento corresponde mencionar la respuesta brindada por ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. en el informe contable correspondiente al año 2005, acompañado a fs. 538. En dicho informe se consignó que el rango de precios pagados por tonelada de pellet durante ese período fue de USD 80 a USD 95 en base natural y de USD 82 a USD 97 en base seca. De la comparación con los precios documentados por la apelante SIDERCA no surge, entonces, una diferencia considerable respecto de los precios abonados por otra empresa local que importaba mercadería idéntica en el mismo período.
Asimismo, y considerando la relevancia de dicho informe para la resolución del caso, dispuse que se certifique por Secretaría una copia de la respuesta que el Instituto Argentino de Siderurgia ofreció en los autos ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. c/ DGA s/ apelación, Expte. 36.164-A, que tramitan por la vocalía de la 19ª Nominación a mi cargo. Allí se indicó expresamente que las empresas que utilizan pellets de mineral de hierro para reducción directa en el país son Acindar y Siderca. Tal manifestación constituye un nuevo indicio objetivo en la medida en que acredita que los importes cuestionados no difieren sustancialmente de los declarados por otras firmas radicadas en la República Argentina que importaban mercadería idéntica en el mismo período.
En síntesis, el ejercicio aritmético efectuado sobre la base de la respuesta del Instituto Argentino de Siderurgia y de la información que surge de la destinación cuestionada demuestra el modo en que se obtiene el precio FOB, tanto unitario como total, partiendo del precio en DMTU pactado por las partes para el año 2005. De esta manera, se corrobora que lo declarado ante el servicio aduanero en torno al precio FOB, las cantidades de hierro importadas y el precio total de la destinación responde al precio contractualmente acordado.
De lo expuesto se concluye que el precio de la operación se encuentra determinado conforme a parámetros objetivos fijados con anterioridad, lo que permite corroborar su corrección a partir de la documentación obrante en autos. En este marco, corresponde destacar que la diferencia detectada por el sistema INDIRA constituyó un indicio inicial de particular relevancia, aunque la prueba producida en el expediente ha permitido desvirtuarlo en este caso concreto. En consecuencia, aquella divergencia no puede sostenerse como fundamento autónomo para cuestionar la veracidad de la declaración aduanera y endilgar la infracción imputada.
XI.-De la reconstrucción exhaustiva de los hechos y del análisis integral de la prueba producida, se desprenden las siguientes consideraciones finales.
En primer término, el servicio aduanero no logró acreditar la existencia de vinculación alguna entre la actora y las demás firmas intervinientes en la importación bajo examen, lo que implica una deficiencia probatoria sustancial. Según surge de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero dirigió parte de su investigación a esclarecer la sospecha de una posible vinculación entre las empresas intervinientes —SIDERCA como importador, CVRD como exportador e ITABIRA como responsable de la facturación de la destinación cuestionada—. Sin embargo, tal hipótesis no logró ser confirmada a partir de las indagaciones efectuadas sobre la operatoria de la importadora, por lo que no se pudo determinar relación alguna entre SIDERCA y las otras empresas mencionadas.
En línea con lo expuesto, la acreditación de la vinculación entre CVRD e ITABIRA no resulta suficiente, por sí sola, para extender sus efectos a SIDERCA, ya que la ausencia de elementos que permitan demostrar un nexo directo entre la importadora y las restantes empresas intervinientes impide trasladar automáticamente tales conclusiones. Esta afirmación adquiere relevancia al considerar que, de la traducción de la adenda obrante a fs. 223, surge la existencia de un vínculo entre la firma exportadora CVRD e ITABIRA, circunstancia que introduce una diferencia sustancial respecto de lo resuelto en otras oportunidades, como aconteciera en mi voto en los autos ‘Helm Argentina S.R.L. c/DGA s/recurso de apelación’, expediente 35.233-A, sentencia del 28 de septiembre de 2022.
En segundo lugar, la prueba reunida demuestra que los importes cuestionados no difieren sustancialmente de los declarados por otras firmas radicadas en la República Argentina que importaron mercaderías idénticas durante el mismo período, lo que robustece la veracidad de los precios informados por la apelante. Este extremo, unido a la ausencia de elementos objetivos en contrario, impone la aceptación del precio de la transacción como expresión válida del declarado. A mayor abundamiento, los cálculos aritméticos efectuados en autos constituyen un elemento de convicción de especial relevancia. En efecto, tanto el análisis del precio en toneladas húmedas como en toneladas secas, junto con la aplicación del ajuste contractual por humedad, demostraron que el precio FOB total declarado coincide con el que surge de parámetros previamente establecidos en el contrato y verificables en fuentes de referencia del mercado internacional. La convergencia de estos resultados numéricos refuerza la objetividad del precio pactado y confirma que la operatoria se ajustó a precios transparentes y comprobables.
A ello se añade que, del examen del contrato celebrado entre las partes, en particular de la cláusula relativa al precio pactado, surge claramente que el mismo fue fijado conforme a referencias objetivas del mercado internacional, extremo corroborado con la prueba documental del THE TEX REPORT, que refleja el precio internacional del año 2005 y coincide con el efectivamente abonado por la actora. Esta circunstancia pone de manifiesto que el precio no fue el resultado de una negociación encubierta o de un vínculo societario, sino de la aplicación de parámetros previamente establecidos y verificables en el mercado internacional. En este punto, resulta claro que el ajuste pretendido por la Aduana desconoció la incidencia de factores económicos globales y pretendió imputar a la importadora una conducta que se explica por una causa exógena plenamente documentada.
Del mismo modo, carece de sustento la sospecha del servicio aduanero respecto del incremento del precio FOB en las destinaciones de 2005. En efecto, como se acredita a fs. 283 con la revista ACERO Latinoamericano N° 493, pág. 64, gráfico 9, el precio del mineral de hierro (finos de hierro) experimentó un aumento del 80% a partir de abril de 2005. La variación de precios registrada en las operaciones de SIDERCA no obedece, entonces, a una manipulación del precio declarado, sino a una fluctuación objetiva del mercado internacional.
En consecuencia, los fundamentos del servicio aduanero resultan desprovistos de prueba idónea y objetiva, mientras que la apelante ha logrado justificar razonablemente la exactitud de los precios declarados. Tales circunstancias obligan a desechar los argumentos de la aduana tendientes a desconocer el precio de la transacción objetado y conducen, en definitiva, a la revocación del acto cuestionado. De este modo, las conclusiones alcanzadas tornan irrelevante el examen de las consideraciones presentadas en torno a la configuración de la infracción de declaración inexacta prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c), del Código Aduanero.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución Fallo N° 04/11 (AD CAMP) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Campana el 21 de enero de 2011 en las Actuaciones SIGEA N° 12645-10-2006, y, por ende, dejar sin efecto la multa intimada.
2. Con costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución Fallo N° 04/11 (AD CAMP) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Campana el 21 de enero de 2011 en las Actuaciones SIGEA N° 12645-10-2006, y, por ende, dejar sin efecto la multa intimada.
2. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.08.24 14:11:38 ART Date: 2026.08.24 17:30:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.24 17:46:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.24 17:46:21 -03:00
Fin de la sentencia