Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-126227197-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° RESOL-2022-7755-E-AFIP-DRPLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17124-9413-2016, en cuanto condena a la actora al pago de una multa y tributos con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde 2/03/2022 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2Imponer las costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18145403-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Sábado 21 de Febrero de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos: “SIDERCA S.A.I.C. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX- 2023-126227197- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Decidir si la RESOL-2022-7755-E-AFIP-DRPLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17124-9413-2016, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa y de tributos, más intereses, por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación al DIT 10073TG14000024T, resulta ajustada a derecho.
II. Fundamentos del recurso: En RE-2023-126222450-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución mencionada. Afirma que por el despacho mencionado se ingresó mercadería al amparo del régimen de importación temporal y que cumplida la finalidad fue reexportada en tiempo y forma y sin perjuicio de ello, el servicio aduanero la condena por considerarla en infracción. En primer lugar, expresa que la resolución fue dictada vencido el plazo quinquenal y que por los arts. 934 y sigs. del C.A. la acción del Fisco para imponer penas por infracciones aduaneras se encuentra prescripta. Aduce que con la inacción aduanera se vio vulnerado su derecho de obtener un pronunciamiento dentro del plazo razonable, conforme lo establece el art. 18 de la C.N. Cita jurisprudencia. Con respecto al fondo, manifiesta que la condena se basó en la Nota N° 3048/2022 la cual consideraba 115 unidades en infracción porque en el permiso de embarque se consignó un subregimen inadecuado, sin tener en cuenta la documentación que se acompañó al contestar vista que demuestran que la mercadería reexportada fue revestida y así lo determina el CTC acompañado. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el Fallo aduanero, con costas.
III. Contestación del Fisco: En IF-2024-20511598-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado que le fuera conferido. Niega cada uno de los hechos y derecho que no sean de su expreso reconocimiento y se explaya sobre los actuados aduaneros. Explica que la destinación temporal elegida por la quejosa es un régimen excepcional ya que se ingresa mercadería y permanece temporalmente en el país sin abonarse los tributos correspondientes, siempre y cuando se cumplan rigurosamente ciertas obligaciones de lo contrario se pierden derecho y se aplican sanciones. Afirma, en este sentido, la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de Importación Temporal recae exclusivamente sobre la importadora, siendo ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido acabadamente con la totalidad de sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Cita jurisprudencia al respecto. Con relación al planteo de prescripción, aduce que la misma no corresponde atento a que el dictado de la instrucción de sumario tiene efectos interruptivos y suspensivos por lo que la resolución fue dictada en plazo y goza de validez. Ofrece prueba, hace reserva del caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Que en PV-2024-20677240-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a sentencia.
V. Que en las actuaciones administrativas 17194-9413-2016 se da tratamiento a la denuncia formulada contra la firma SIDERCA S.A. por la presunta infracción al art. 970 del C.A. con relación a la destinación N° 10073TG14000024T. A fs. 15 obra la determinación de base de tributos y multa. A fs. 16 se instruye sumario y a fs. 20 se corre vista de todo lo actuado a la importadora, quien se notifica el 14/02/2022. A fs. 31/38 contesta vista Siderca S.A. y adjunta documentación. A fs. 66 se la tiene por presentada a la actora y posteriormente la Sección Operativa Registral de Ezeiza rectifica la denuncia parcialmente, por 115 unidades. A fs. 68 se agrega la liquidación de multa y tributos. Finalmente, a fs. 72/76 se dicta la resolución N° RESOL-2022-7755-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA aquí apelada.
VI. Que en primer lugar corresponde analizar la prescripción de la multa opuesta por la actora. Que el art. 934 del CA expresa al respecto que “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del CA establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; ...”.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción respecto de la multa, comenzó a correr el 01/01/2012 la infracción se configura al momento del vencimiento de la temporal, esto es: 18/04/2011; por lo que de no mediar causales interruptivas de su curso operaría la prescripción el 01/01/2017. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario del 14/11/2016 interrumpió el plazo de la prescripción -de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a)- y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 15/11/2016 y opera el 14/11/2021 -de no haber causales interruptivas de su curso-. Que, el art. 937 inc. d) del C.A. dispone que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por “… el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”. Asimismo, el art. 17 de la ley 27.562 dispuso la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para (...) aplicar multas (...)” y que, en virtud de lo dispuesto por el art. 18 de la referida ley dicho plazo queda suspendido entre el 26/08/2020 al 26/08/2021. Que, atento a lo dispuesto en dichos artículos, y teniendo en cuenta que la Resolución aduanera apelada en estos autos fue dictada con fecha 14/11/2022 -esto es: dentro del plazo de cinco años- y se notificó el 5/10/2023, no operó la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa.
VII. Que a lo expuesto debe adicionarse que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado con fecha 17/10/2016 (ver denuncia obrante a fs. 10 de las act adm) en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el CA, la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
VIII. Que, sentado lo expuesto, corresponde resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución apelada, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa y tributos más intereses, por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
Que el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria -arts. 250 y sgtes. del CA- y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” y el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que no se encuentra discutido en autos que por el DIT N° 10073TG14000024T la importadora ingresó 413 unidades de mercadería bajo la posición arancelaria 7307.29.00.100B “…ACCESORIOS DE TUBERIAS (POR EJEMPLO: EMPALMES [RANCORES], CODOS, MANGUITOS), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO.”. El vencimiento del despacho operó el 18/04/2011.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora - única apelante- y/o en su caso de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial. Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
IX. Que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1330/04 –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos, establece que: “La mercadería importada bajo el presente régimen deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento” (Art.6). Asimismo, “El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. (...)” (Art. 15).
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (CTIT y “descarga” del D.I.T. en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que, asimismo, el CTIT es e1 documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de él, la Aduana pueda conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
X. Que mediante la Nota N° 3048/22 (SE OPRE) la aduana rectifica parcialmente la denuncia y considera en infracción 115 unidades del Item 1/Subitem1 del permiso de embarque 1008EG03000338X por no poder constatar la relación insumo/producto ni la reexportación de la mercadería.
Ahora bien, la actora explica que por la documental acompañada al contestar la vista demuestra la reexportación total de la mercadería en plazo, esto es: el DIT en cuestión, los permisos de embarque nros. 1008EG03000190E y 1008EG03000338X, el despacho de nacionalización de saldos 0003K (por 35 unidades) y el CTIT N° 7264/09.
Que en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en las actuaciones administrativas, a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT bajo análisis.
XI. Que de la documentación obrante en las actuaciones administrativas a fs. 42/vta. surge el CTIT N° 7264/09 el cual establece la relación insumo/producto (Rel I-P#) bajo la P.A. 73072900 y 73042400, respectivamente, siendo coincidentes con los datos del PE N° 1008EG03000190E por 263 unidades descargadas.
Ahora bien, el PE N° 1008EG03000338X, descarga 115 unidades de mercadería bajo la P.A. 73072900, es decir la misma mercadería que se importa en el despacho de importación temporal N° 0024T y el CTIT N°7264/09 en la Rel I-P#2 a fs. 42vta. detalla tanto en el cuadro de insumo como en el de producto la misma posición arancelaria.
Que, en autos no se cumplió con la finalidad de la mercadería en trato, esto es de recibir un perfeccionamiento industrial, y que no se cumplió con la obligación de ser reexportada a consumo a otro país bajo la nueva forma resultante.
Que en consecuencia quien importa o exporta la mercadería temporariamente asume diferentes obligaciones. Así, no solo tiene una limitación en cuanto a su permanencia, sino también debe afectar la mercadería a la finalidad para la cual el régimen fue concedido.(Cfme. Código Aduanero Comentado, M. Alsina, E. Barreira, R. Basaldua, J. Cotter Moine y H. Vidal Albarracín, Tomo III, Pag.439) Que por todo lo expuesto corresponde tener por configurada la infracción endilgada.
XII. Que, producido el hecho generador de la obligación tributaria, incumplimiento de la finalidad del régimen de importación temporal, de la mercadería documentada bajo el DIT 10073TG14000024T y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos con más los intereses del art. 794 del C.A.
XIII. Que los intereses adeudados son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario de fecha 14/02/2022, por lo cual los intereses deben computarse a partir del 2/03/2022 hasta la fecha del total y efectivo pago.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución N° RESOL-2022-7755-E-AFIP-DRPLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17124-9413-2016, en cuanto condena a la actora al pago de una multa y tributos con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde 2/03/2022 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Imponer las costas a la actora.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial a lo decidido en el voto del Dr. Segura en materia tributaria; no así en relación al tópico infraccional, por las razones que se desarrollan a continuacion, debiendo distribuirse las costas del pleito por sus mutuos vencimientos. ASÍ LO VOTO.-
II. Que, en efecto, en relación al agravio de la firma actora vinculado a la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir la multa objeto de autos, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A).
En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras, la que “...no se altera por la existencia de un interés fiscal accesorio en su percepción...”; como así también la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalando que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089). En tal orden de ideas, corresponde dejar sentado que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822).
Por último, el carácter eminentemente penal de las multas y la aplicación a su respecto de las disposiciones del Código Penal para juzgar planteos prescriptivos ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
III. Que, bajo tales premisas, cabe colegir que el principio de legalidad, de rango constitucional, debe ser interpretado de modo tal que no son aplicables las leyes penales de modo retroactivo, excepto que sean más benignas. Ello es así, puesto que, en función del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integran el bloque de constitucionalidad, expresan con toda precisión el alcance de la irretroactividad de la ley penal y de la retroactividad de la ley penal más benigna (CSJN in re “Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y otros s/ inf. art. 144 bis”, del 04/12/2018: voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
IV. Que, en tal sentido, corresponde precisar que el principio de irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que ésta debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar sólo después de su vigencia, con excepción de la ley penal más benigna en virtud de la cual debe ser aplicada toda legislación que, con posterioridad a la comisiín del delito, disponga la imposición de una pena más leve (confr. Fallos: 330:5158, de la disidencia parcial del Dr. Lorenzetti).
En efecto, al sancionar en el artículo 18 de la Constitución Nacional el principio de irretroactividad de la ley penal, nuestros constituyentes recogieron una de las manifestaciones más conspicuas de las exigencias del humanismo liberal. Pues en nuestra tradición constitucional y en toda la cultura jurídica y política en que ella se enmarca, el principio de irretroactividad penal no está sujeto a limitaciones y debe, por ello, aplicarse sin condicionamientos. Su fuerza normativa proviene del hecho de que funciona como la principal y más eficaz garantía frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo estatal. Como el principio de legalidad del cual deriva, el principio de irretroactividad disciplina y limita el poder punitivo del Estado y constituye, en última instancia, el mejor parámetro para distinguir entre un Estado de Derecho y un mero derecho de estado (Fallos: 341:1768, disidencia del juez Rosenkrantz).
V. Que, por lo tanto, resulta ajustado a derecho concluir en que la pretensión fiscal de introducir una nueva causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, como es aquella contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562 -norma que suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales-, vulnera de modo palmario el principio de irretroactividad de la ley penal contenido en el artículo 2° del Código Penal -plenamente aplicable en materia aduanera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del citado cuerpo normativo- y con jerarquía constitucional en los artículos 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en violación al derecho al debido proceso y al principio de legalidad consagrados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en tanto la garantía consagrada en el referido artículo 18 comprende la exclusión de disposiciones penales -no así de aquellas de naturaleza tributaria- posteriores al hecho infractor que impliquen empeorar o agravar las condiciones de los sumariados al momento de cometida la supuesta infracción, habida cuenta que, en el caso bajo examen, la norma en crisis fue publicada en el Boletín Oficial en fecha 26/8/2020, cuando ya había comenzado a correr el curso de la prescripción del Fisco Nacional (DGA) para aplicar “sanciones” (1/1/2016).
VI. Que, sentado ello, cabe precisar que los artículos 934 y 935 del Código Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
VII. Que de conformidad con la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del vencimiento del D.I.T en cuestión (26/03/2011) y la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2012), cabe destacar que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 14/11/2016 (la ley 22.415 hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, de acuerdo a los términos señalados por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland” S.R.L., del 12 de mayo de 2009, Fallos: 332:1109), interrumpió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 937, inc. a), de la ley 22.415.
No obstante, no debe perderse de vista que la resolución aduanera apelada en autos fue dictada el 14 de noviembre de 2022 -exactamente seis años después del auto de apertura de sumario- y notificada el 5 de octubre de 2023, es decir, ambos actos fueron realizados en exceso del plazo quinquenal legalmente previsto en la norma aduanera en debate, no resultando admisible en materia sancionatoria, conforme lo supra manifestado, la causal de suspensión contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562, por lo que resulta ajustado a derecho declarar la prescripción de la multa impuesta en el artículo 1° de la Resolución aduanera apelada en la litis. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
El Dr. Christian M González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° RESOL-2022-7755-E-AFIP-DRPLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17124-9413-2016, en cuanto condena a la actora al pago de una multa y tributos con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde 2/03/2022 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Imponer las costas a la actora.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.02.20 17:36:09 ART Date: 2026.02.20 18:04:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.21 11:03:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.21 11:04:32 -03:00
Fin de la sentencia