Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.416-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 6059/2017, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 09/08/2017, en la actuación SIGEA Nº 12210-130-2009 en cuanto condena a la actora al pago de una multa equivalente a PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 30/100 CVOS. ($ 165.550,30) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 06073TG14000083G. Costas a cargo de la actora.
3Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 6059/2017 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 64/100 CVOS. (U$S 21.292,64) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 64 % a cargo de la actora y en un 36 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-69146257-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Junio de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “SIDERCA S.A.I.C. c/ DGA s/ recurso de apelación” Expediente N° 38.416-A, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 6059/2017, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 09/08/2017, en la actuación SIGEA Nº 12210-130-2009, en cuanto dispone condenar a la actora al pago de una multa equivalente a $ 165.550,30 y formularle cargo en concepto de tributos adeudados, por la suma de U$S 21.292,64 (Derechos de importación, Estadística e IVA) y $ 37.982,89 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias) con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la destinación N° 06073TG14000083G, con vencimiento el 28/07/2007.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 42/54 se presenta por apoderado SIDERCA S.A.I.C. e interpone recurso de apelación. Inicialmente, relata los hechos del caso y, posteriormente, desarrolla sus agravios. Plantea la nulidad del auto de apertura de sumario y, como consecuencia, la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco. Cita jurisprudencia. Sostiene que la destinación temporal fue debidamente cumplida, a través de los permisos de embarque y el CTC acompañados en oportunidad de contestar la vista conferida. Cuestiona que el área técnica haya considerado inapropiada dicha documentación a los fines de efectuar la descarga. Se agravia del agravamiento de la pena, por carecer de antecedentes infraccionales. Considera que la rectificación de la corrida de vista resulta ilegítima que no puede admitirse, en el caso de confirmar el acto apelado. Para concluir, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 92/95 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Explica los alcances del régimen de importación temporal, el funcionamiento de la carga de la prueba y las consecuencias de su incumplimiento. Defiende la plena vigencia de las acciones del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Puntualiza que el accionar de la DGA resultó acorde a derecho y que se cumplieron los elementos propios de la figura prevista en el art. 970 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-130-2009 se inician a fs. 1/3 con la denuncia N° 22/09. A fs. 4 se agrega el sobre original de la DIT. A fs. A fs. 6/7 se efectúan el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 11, en fecha 14/08/2012, se instruye sumario. A fs. 12 se determinan los tributos y la multa mínima. A fs. 15, en fecha 11/11/2016, se corre vista de lo actuado. A fs. 25/38 la actora se presenta y contesta vista y acompaña documental. A fs. 52 se emite la Nota N° 2003/2017 (SE OPRE). A fs. 53 se efectúa nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 54 se rectifica la corrida de vista, notificada a fs. 55. A fs. 56/58 la actora realiza una nueva presentación. A fs. 59/61 se incluyen constancias del Registro de Infractores. A fs. 63/66 se dicta la resolución apelada. A fs. 68/69 la recurrente da cuenta del recurso interpuesto y acompaña formulario F4.
V. Que a fs. 96, en fecha 16/03/2018, se declaró la causa como de puro derecho. En fecha 11/06/2025 se elevaron los autos a la Sala “G” (PV-2025-63236478-APN-VOCXXI#TFN). En fecha 12/06/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-63794185-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, previo a todo, corresponde tratar los planteos de nulidad del auto de apertura y, vinculado a ello, la prescripción de las acciones del Fisco, opuesta por la actora en el punto IV. I del escrito inicial. Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 11 de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se efectuó, en forma previa a su dictado, el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos (fs. 6/7).
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 28/07/2007 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2008 y rechazado el planteo de nulidad por los fundamentos antes expuestos es que corre la misma suerte el relativo a la prescripción, atado al primero.
Que, por lo expuesto, no cabe más que rechazarlos, sin costas, atento al tratamiento integrativo con el fondo de la causa.
VII. En cuanto al planteo de ilegitimidad de la rectificación de la corrida de vista, si bien este juzgador en reiteradas oportunidades resaltó la importancia de la corrida de vista como paso procedimental intrínsecamente vinculado a la tutela administrativa efectiva y al ejercicio del derecho de defensa, no puede obviarse que en autos se efectuó una rectificación (a fs. 54 de las act. adm.) de la original (fs. 15 y vta.), teniendo causa en un error de cálculo que el servicio aduanero advirtió en la liquidación de fs. 14. Que, al respecto, cabe precisar que la actora fue notificada de dichos actos y pudo ejercer debidamente el derecho de defensa (fs. 56/58), razón por la cual no cabe dar favorable acogida al agravio.
VIII. Que corresponde abordar el fondo de la cuestión y determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Mediante la destinación bajo análisis- oficializada ante la Aduana de Ezeiza (en fecha 28/07/2006)- SIDERCA S.A.I.C. importó- bajo el régimen del Decreto N° 1439/96- 6.400 kgs. de manufacturas de plástico (P.A. 3926.90.90).
Que a fs. 52 la Sección Operativa y Registral de la Aduana de Ezeiza emitió la Nota N° 2003/17 (SE OPRE) analizó la documentación aportada por la importadora en oportunidad de contestar la vista y concluyó que “(…) la unidad de medida declarada para el producto en el CTC, no se corresponde con la unidad de medida declarada en los P.E aportados (…) Asimismo, no se declara informáticamente en hoja continuación de dichos P.E, el detalle de la “declaración a cancelar”, por lo que no se puede constatar la reexportación de la mercadería.”
Que en cuanto al CTC aplicable (2926/06) se desprende que fue elaborado para el insumo importado bajo la P.A. 3926.90.90 (bastidores portatubos, para embajadas de tubos de acero sin costura-casing-de 5 y 1/2) con una relación insumo/producto de “0,2860/1” y 7,15 % de pérdida (para productos de la P.A. 7304.29.39).
Que preliminarmente, cabe precisar que las copias de los permisos de embarque incluidas a fs. 37/50 de las actuaciones administrativas no cuentan con el respectivo “conforme declarado” ni fueron incorporadas al expediente principal impresiones de pantalla que los puedan complementar. Tampoco medió impulso ni actividad probatoria por parte de la recurrente a los fines de su incorporación.
Que, sin perjuicio de ello, y si bien es cierto que en las hojas de descarga de los aludidos permisos sí se identifica la DIT en trato, no lo es menos que el CTC aplicable incluye una relación insumo/producto expresadas en unidades.
No obstante, las descargas efectuadas-tanto en la declaración jurada de fs. 39 de las act. adm. como en los respectivos permisos figuran en metros, totalizando una cantidad de “410”. Ahora bien, del cotejo del apartado “información del ítem” del despacho surge que la mercadería importada totalizó 6.400 kgs. y consigna “410 unidades” en el acápite “valor de la mercadería”.
Que, por lo expuesto, se verifica una imposibilidad de efectuar la descarga, sin que ello implique incurrir en un excesivo rigor formal, ya que-como ya se expresó con anterioridad-las unidades de medida empleadas en el CTC para la relación insumo/producto (unidades) no coincide con aquella incluida en las descargas (metros), obstaculizando el cruce de rigor.
XI. Corresponde referirme a la multa impuesta, que según se desprende de la resolución apelada, a los fines de determinar el quantum, se tuvieron en cuenta las impresiones de pantalla del Registro General de Infractores obrantes a fs. 59/61 de las actuaciones administrativas, de la que resultarían antecedentes infraccionales (razón, por la cual se graduó la pena en dos veces y media).
Al respecto cabe destacar que, según resulta de las referidas constancias, las numerosas resoluciones con condena por infracciones han quedado firmes-en su totalidad- con anterioridad a la fecha de la infracción de autos (años 2004 y 2005).
Que es por ello que resultan aptas para configurar la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero.
Por ello, la graduación de la sanción debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor.
Que, a la luz de lo expuesto, no cabe más que confirmar el art. 1° del acto apelado.
XII. Que, en relación a los tributos, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 53 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (conf. a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TRIBUTOS ADEUDADOS EN VIRTUD DE LA DIT N° 06073TG14000083G SON DÓLARES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 64/100 CVOS. (U$S 21.292,64)
Que, respecto de los intereses, corren desde el 01/08/2017 (cfr. constancias de notificación de fs. 55 de las act. adm., en fecha 18/07/2017), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 6059/2017, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 09/08/2017, en la actuación SIGEA Nº 12210-130-2009 en cuanto condena a la actora al pago de una multa equivalente a PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 30/100 CVOS. ($ 165.550,30) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 06073TG14000083G. Costas a cargo de la actora.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 6059/2017 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 64/100 CVOS. (U$S 21.292,64) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 64 % a cargo de la actora y en un 36 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero a las consideraciones realizadas en el voto preopinante, dejando a salvo mi opinión respecto de la prescripción de la acción del fisco para per-seguir el cobro de multa y tributos, conforme la doctrina fijada en las causas 33.461-A “SPICER EJES PESADOS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”; 37.816-A “ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”; 32.061-A “COMPAÑÍA REGIONAL DE ACEROS FORJADOS MERCEDES S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”; entre otras.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).-CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 6059/2017, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 09/08/2017, en la actuación SIGEA Nº 12210-130-2009 en cuanto condena a la actora al pago de una multa equivalente a PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 30/100 CVOS. ($ 165.550,30) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 06073TG14000083G. Costas a cargo de la actora.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 6059/2017 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 64/100 CVOS. (U$S 21.292,64) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 64 % a cargo de la actora y en un 36 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.06.26 09:42:46 ART Date: 2025.06.26 11:00:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.26 15:09:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.26 15:10:07 -03:00
Fin de la sentencia