Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.150-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución 124/14 dictada por El Subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas en el expediente administrativo SIGEA N° 13289-30940-2008/5.
2Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-67916912-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Junio de 2024 apelación”, expediente nº 35.150-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Juan M. Soria —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación—, a fin de resolver en los autos caratulados “SIDERCA S.A.I.C. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente nº 35.150-A.
El Dr. González Palazzo dijo:
A fs. 16-25 vta. se presenta por apoderado la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 124/14 de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas (SDG OAM), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-30940-2008/5, que rechazó el pedido de devolución del importe abonado por la recurrente en concepto de derechos de importación y tasa de estadística por ella abonados en oportunidad del registro de la destinación de importación para consumo (DI) 08001IG04012132X. Sostiene que solicitó la anulación de la destinación que fue autorizada por el servicio aduanero. Afirma que el desistimiento conforme lo establece el art. 237 del Código Aduanero (CA) no puede solicitarse una vez abonados los tributos.
Hace referencia a que el art. 237 del CA plantea una condición que en la actualidad carece de sentido, dado que los tributos se liquidan y se pagan simultáneamente a la oficialización de la destinación, por lo que el desistimiento solo puede solicitarse antes de dicho pago y no habría posibilidad alguna de ello. Cita doctrina. Sostiene que el principio en el que se basa la repetición es que nadie puede enriquecerse sin causa. Cita el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos: “Petroquímica Argentina S.A.” (fallos 297:500). Alega que la Aduana incurre en un excesivo rigor formal en la aplicación del art. 237 del CA, puesto que realiza una interpretación literal y dogmática, carente de razonabilidad, la cual enerva el derecho del particular en pro de la discrecionalidad del Estado.
Afirma que en el caso de autos no se configuró el hecho gravado que genera la obligación de pago de los tributos. Invoca el art. 32 de la Decisión N° 50 del Consejo del Mercado Común (CMC) del 16/12/04, aprobada como anexo de la Resolución General (RG) AFIP 2090/06 y el art. 44 del Código Aduanero del Mercosur incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante Ley 26.795. Ambas normas establecen la posibilidad de anulación de una declaración aduanera, a pedido del declarante. Afirma que la resolución apelada resulta arbitraria por cuanto la Aduana autorizó la anulación de la destinación de importación a consumo y luego la registración de la importación temporaria, permitiendo en un primer momento la repetición de los tributos mediante Nota 891/11 del Departamento de Técnica de Importación (DE TEIM), pero finalmente la denegó.
Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. A fs. 34-37 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Niega genéricamente las afirmaciones de la parte actora no reconocidas expresamente. Realiza una reseña de los hechos. Alega que la recurrente desvirtuó los regímenes de destinación aduanera. Realiza consideraciones en relación a lo establecido por la RG AFIP 2090/06 y lo establecido por los arts. 237 y 239 del CA. Afirma que la repetición de tributos solicitada por la actora es improcedente. Invoca el principio de despacho en confianza y la consecuente responsabilidad del operador de comercio exterior. Sostiene que la solicitud de desistimiento de la destinación no exime de responsabilidad al declarante por los ilícitos que se hubieran cometido con motivo de la declaración, con lo cual la denuncia incoada por el servicio aduanero inhibe la repetición de los tributos. Contesta en relación al pedido de la actora de devolución de los importes en dólares o su equivalente en pesos. Cita el art. 20 de la Ley 23.905 y el Fallo de la CSJN en autos: “Cencosud S.A.” (expediente N° 29.535-A). Ofrece como prueba las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-30940-2008/5 que acompaña en formato papel. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 38 se declara la causa como de puro derecho. A fs. 52 se elevan los autos al conocimiento de la Sala “F” y a fs. 53 quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa surge que a fs. 1-2 vta., el 11/11/08 la actora inició el procedimiento de repetición previsto en el art. 1068 del CA y la RG AFIP 2365/07. Solicitó la devolución de u$s 173.808 con más los intereses calculados conforme lo establecido en los arts. 811 y 812 del CA abonados el 20/10/08 en concepto de derechos de importación y tasa de estadística en relación a la DI 08001IG04012132X oficializada mediante el Sistema Informático María (SIM) el 20/10/08, correspondiente al documento de transporte ITGENMSCUGV613794. En dicha presentación, alegó que el pago de tributos fue realizado sin causa dado que por error fue registrada la destinación de importación a consumo cuando en realidad correspondía registrarla como importación temporaria. La anulación mencionada fue solicitada por la firma importadora mediante presentación de fecha 21/10/08 —es decir al día siguiente de su registración en el SIM— y tramitó por actuación 12197- 15269-2008, cuyas constancias fueron acompañadas a fs. 8-19 del expediente administrativo vinculado. A fs. 15 de las actuaciones administrativas obra la copia autenticada de la Disposición 2687/08 de la División de Registro de Importación (DV REIM) mediante la cual el 22/10/08 se autorizó la anulación del despacho de importación a consumo y se dispuso que la firma importadora debía presentar, dentro de los 5 (cinco) días de notificada, la registración de la destinación de importación temporaria en relación al documento de transporte referido.
Cabe destacar que a fs. 17 obra copia autenticada del despacho de importación temporaria (DIT) 02001TG14000457E, oficializado el 23/10/08 respecto de la mercadería amparada en el documento de transporte mencionado. Según surge de dicha documentación los tributos correspondientes fueron garantizados mediante póliza de caución 00001047950X.
Consecuentemente, a fs. 52 de las actuaciones, el Departamento Técnico de Importación mediante Nota N° 891/11 emitida conforme lo establecido en la RG AFIP 2365/07, expresó: “…habiéndose por acto dispositivo establecido la anulación de la destinación de importación a consumo, sólo resta determinar el cuántum (sic) del importe a devolver puesto que lo pagado se hubo convertido en un pago sin causa, susceptible de repetición.”
Asimismo, a fs. 57 de dichas actuaciones, mediante Dictamen N° 104/12, la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero, expresó: “…atento a lo informado por las áreas técnicas, en opinión de esta servicio jurídico corresponde acceder a la devolución solicitada por el administrado a fs. 1” Seguidamente, a fs. 63 de las actuaciones se practicó la liquidación de los montos de tributos aduaneros a devolver y a fs. 65 se constató que los fondos se encontraban afectados a la destinación aduanera que resultó anulada.
No obstante ello, a fs. 76-78, el Subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, mediante Nota N° 1675/12, consideró que correspondía reencausar el trámite según lo establecido en los arts. 236 y 237 del CA. Al respecto cabe destacar que, no obstante lo expresado en la nota referida, el acto administrativo por el cual se autorizó la anulación de la solicitud de destinación a consumo originaria no fue cuestionado ni se dispuso su revisión.
En este orden de ideas, el Subdirector General, sostuvo que en el caso en análisis se produjo un desistimiento en forma extemporánea, es decir después del pago de los tributos, por lo que el despacho en cuestión se encontraba en estado avanzado y consumado el hecho gravado que originó el crédito en favor del servicio aduanero. En consecuencia el pedido de anulación presentado por la firma importadora tendría los mismos efectos que el desistimiento.
Asimismo cuestionó los fundamentos en los que se basó la Disposición DV REIM N° 2687/08 mediante la cual se autorizó la anulación de la destinación de importación a consumo solicitada. Ello por cuanto afirmó que la normativa citada por las áreas técnicas intervinientes como fundamento de la autorización de anulación dispuesta y posterior conformidad con la devolución de los tributos, carecía de operatividad. De igual modo, dicho funcionario hizo referencia a “anomalías” en los registros informáticos, para justificar la posibilidad que tuvo la importadora de registrar las operaciones posteriores a la anulación dispuesta, a pesar de considerarlas — según lo expresa a fs. 77 de las actuaciones— prohibidas por el art. 239 del CA Por todas estas razones, el subdirector consideró, en contraposición a lo resuelto por las áreas técnicas, que debía rechazarse la repetición de tributos solicitada por la firma importadora y evaluarse la posible formulación de denuncia por presuntos ilícitos aduaneros con motivo del trámite de las destinaciones involucradas.
En efecto sostuvo que el desistimiento de la destinación implica la extinción del hecho gravado y sus consecuencias tributarias, no obstante permanecer vigente la declaración comprometida, con lo cual podrían subsistir consecuencias penales por eventuales inexactitudes, conforme lo establece el art. 238 del CA.
En consecuencia, a fs. 83 se formuló denuncia —sin especificar cuál sería la presunta infracción imputada— contra la firma importadora y su despachante de aduanas. Cabe destacar que en relación a la denuncia referida no surge de las constancias de las actuaciones vinculadas la correspondiente apertura sumarial a fin de llevar a cabo la correspondiente investigación. No obstante, a fs. 97-100 de las actuaciones, se dictó la resolución apelada en autos.
V. Sentado ello, corresponde determinar si es ajustada a derecho la resolución recurrida. Para ello es necesario analizar los alcances y efectos de los actos suscitados en el curso del trámite administrativo.
Como ya se expresó, de las constancias de las actuaciones administrativas vinculadas, surge que la firma importadora efectuó una solicitud de destinación aduanera de importación a consumo. Mediante este acto la firma exteriorizó una voluntad de someter la mercadería a determinado régimen y como consecuencia se activar el proceso tendiente a lograr la aplicación de las reglas que regulan dicho régimen, siempre y cuando la administración, por su parte, autorice dicha solicitud.
Ahora bien, la registración de la solicitud de destinación es un acto de expresión de la voluntad del solicitante, respecto del cual resultan aplicables las reglas sobre validez de los simples actos voluntarios. A su vez la voluntad expresada se encuentra regida por las reglas referentes a los vicios que puedan afectarla. En este orden de ideas, surge de las actuaciones administrativas vinculadas que al día siguiente de la registración de la solicitud en cuestión, la firma importadora presentó el pedido de su anulación. A tal fin alegó haber errado en la selección del régimen de importación correspondiente.
La anulación solicitada fue autorizada por el servicio aduanero mediante Disposición DV REIM 2687/08, no obstante encontrarse abonados los tributos aduaneros conforme el régimen erróneamente seleccionado. Ello por cuanto el sistema de registro vigente según Decreto 249/91 establece su pago previo al registro de la correspondiente solicitud de destinación aduanera.
Posteriormente, la firma importadora oficializó la destinación de importación transitoria respecto de la mercadería en cuestión, garantizó los tributos mediante póliza de caución y solicitó la repetición de los tributos abonados, conforme lo establece la RG AFIP 2365/07. A tal fin alegó falta de causa del pago, en virtud de la anulación de la destinación de importación a consumo erróneamente registrada. La repetición fue rechazada mediante la resolución aquí apelada.
VI. Para dirimir la cuestión aquí suscitada corresponde efectuar algunas consideraciones en relación al tratamiento dado por la Aduana y la aplicación de las normas invocadas como fundamente de dicho tratamiento como así también las normas alegadas como fundamento de sus pretensiones por la actora. En primer lugar, es necesario señalar que de las constancias de las actuaciones administrativas, surge que la recurrente efectuó una solicitud de anulación de una destinación de importación a consumo por error en la selección del régimen al cual debió someterse. Dicha anulación —la cual reitero no ha sido cuestionada en autos— fue autorizada por el servicio aduanero con fundamento en lo establecido en la RG AFIP 2090/06. Consecuentemente, con fundamento en lo establecido por la RG AFIP 2365/07, en un primer momento, consideró procedente la devolución de los tributos abonados en virtud de la destinación que resultó anulada.
Ahora bien, en oportunidad de resolver sobre el pedido de repetición de los tributos abonados en virtud de la destinación anulada, el área competente mediante la resolución aquí apelada, decidió su rechazo con fundamento en lo establecido en el art. 237 del CA, en claro apartamiento de los fundamentos primitivos. En su escrito de apelación la actora sostiene que la RG AFIP 2090/06, como así también el Código Aduanero del Mercosur establecen la posibilidad de la Aduana de anular una declaración ya registrada, sin embargo, mediante la resolución aquí apelada se pretende quitar operatividad al sistema que ella misma implementó, lo cual considera absurdo y violatorio de la doctrina de los actos propios.
En relación a lo establecido por el art. 237 del CA en cuanto a la condición requerida para que proceda el desistimiento de una destinación de importación a consumo, la recurrente considera que dicho requisito se justificaba cuando el pago de los tributos se realizaba posteriormente a la finalización del trámite del despacho, lo cual ha quedado vedado desde que el pago se realiza conforme lo establecido por el art. 1 del Decreto 249/91, es decir en forma previa al registro de la correspondiente solicitud de destinación. En efecto refiere a lo propuesto por el Consejo de Cooperación Aduanera —hoy denominado Organización Mundial de Aduanas— en cuanto a la posibilidad de admitir el desistimiento hasta el momento mismo de la entrega de la mercadería librada por el servicio aduanero. En el mismo sentido cita el punto 20 del Anexo B.1 de la Convención de Kioto de 1973 aprobada por Ley 27138.
De lo expuesto precedentemente se colige que el servicio aduanero ha dado un tratamiento a la solicitud de anulación de la destinación de importación en cuestión, cuyos elementos y requisitos, como así también sus consecuencias son determinadas conforme la normativa aplicada —RG AFIP 2090/06 y RG AFIP 2365/07—, mientras que en oportunidad de analizar el pedido de repetición de los tributos abonados en virtud de la destinación anulada, se dio tratamiento conforme la figura del desistimiento establecida en los arts. 236 y ss. del CA, cuyos elementos y requisitos, como así también sus efectos son disímiles conforme las normas precitadas.
Resulta entonces inapropiado confundir ambas figuras jurídicas por cuanto son instituciones que poseen sus características precisas.
Como ya se expresó precedentemente el acto voluntario por el cual la firma solicita la destinación de importación a consumo resultó anulado por encontrarse viciada la voluntad del solicitante al haber errado en la selección del régimen a aplicar.
La invalidez del acto referido interrumpió el procedimiento del despacho y evitó que se cree sobre la mercadería un determinado estado jurídico. Es decir, significó el cese de sus efectos en razón de encontrarse viciada la voluntad del solicitante desde su origen, por un error en la selección del régimen de destinación.
Se colige que en virtud de la anulación dispuesta, resulta inexistente el hecho imponible configurador de la obligación de pago de los tributos, dado que dicha anulación trae aparejada la de todos los actos cuyo mecanismo se activó con la solicitud de destinación anulada.
Cabe destacar que la circunstancia de que los tributos deban ser abonados en forma anticipada a la registración de la solicitud de destinación, conforme lo establece el Decreto 249/91 no obsta a que dicho pago resulte efectuado sin causa al haber sido anulada la destinación de importación que los motivó. Diferente es el caso del desistimiento de una destinación de importación a consumo, conforme lo establece el art. 237 del CA, mediante el cual el solicitante, posteriormente al registro de la solicitud en la que expresó su voluntad de someter cierta mercadería a un determinado régimen, cambia de parecer y decide someter dicha mercadería a otro régimen o directamente abandonar la intención primitiva. Es decir que se produce, en este supuesto, una retractación de la voluntad.
En este sentido, la norma referida precedentemente exige que el desistimiento se formule antes del pago de los tributos u otorgamiento de garantía por el pago de los mismos o bien antes de constituirse en mora de dicho pago. Se colige entonces que el legislador quiso evitar la frustración del hecho gravado que origina la obligación del pago de tributos por la modificación de voluntad de quien resulta deudor. Si bien en la actualidad el desistimiento establecido en la norma en análisis, ha quedado reducido a los casos en los que no hubiera tributos que abonar, dado que el pago de los mismos se realiza en forma previa al registro de la solicitud aduanera, conforme lo establece el Decreto 249/91, ha quedado evidenciado, conforme los argumentos vertidos en el presente considerando, que no corresponde la aplicación de dicho instituto al caso de autos.
En consecuencia, tampoco resulta de aplicación al caso en análisis lo establecido en el art. 239 del CA en cuanto a la prohibición de importar a consumo al mismo territorio aduanero mercadería que previamente había sido sometida a una destinación de importación a consumo que resultó desistida conforme lo establecido en el art. 237 del CA. Ello por cuanto, en el caso de autos, como ya se expresó, la solicitud de importación a consumo originaria quedó anulada, no desistida, por ende también han quedado anulados sus efectos propios. Asimismo la destinación de importación temporaria registrada posteriormente por la firma importadora, según surge de las constancias de las actuaciones administrativas vinculadas, resultó cancelada conforme las reglas que dicho régimen establece.
A mayor abundamiento resulta necesario destacar que una solución diferente a la aquí propuesta, conllevaría un evidente enriquecimiento ilícito en favor de la Aduana, dado que la causa generadora del hecho imponible que obligó al pago de los tributos cuya restitución fue rechazada mediante la resolución apelada, ha dejado de existir con la anulación del acto de la solicitud de destinación.
Por lo expuesto hasta aquí corresponde hacer lugar a la apelación interpuesta por la recurrente y revocar la resolución apelada.
VII. Respecto de las costas del proceso, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la demandada vencida (conf. art. 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución 124/14 dictada por El Subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas en el expediente administrativo SIGEA N° 13289-30940-2008/5.
2. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.-
El Dr. Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución 124/14 dictada por El Subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas en el expediente administrativo SIGEA N° 13289-30940-2008/5.
2. Costas a la demandada vencida.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Juan M. Soria —en su carácter de Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación— en los términos del art. 52 del RPTFN. Date: 2024.06.28 11:25:08 -03:00 Date: 2024.06.28 15:19:59 -03:00 Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.28 15:20:00 -03:00
Fin de la sentencia