Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.530-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar, parcialmente, la Resolución (AD CORD) N° 672/2019, de fecha 4 de noviembre de 2019, con costas a la recurrente; con excepción de la exigencia tributaria por las percepciones del Impuesto a las Ganancias, que se dejan sin efecto, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-58884450-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Junio de 2026 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SILA ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación, EX–2019-109114896- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta, mediante apoderada, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD CORD) N° 672/2019, de fecha 4/11/2019, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Córdoba, en el marco de las Actuaciones SIGEA N° 12657-8569-2019, por la que se resolvió rechazar el procedimiento de impugnación impetrado contra la liquidación manual n° 18017LMAN012017B y confirmó la exigencia, en concepto de tributos, por la suma de U$S 14.607,06, con más los intereses de los artículos 794, 795, 799 o 926 (según el caso) del CÓDIGO Aduanero.
Manifiesta que importó materias primas, provenientes del Brasil, para la fabricación de autopartes, clasificadas en la posición arancelaria que se indica en el despacho de importación n° 18017IC05001047Z, siendo el proveedor de la misma firma “Sila Do Brasil LTDA”, es decir, una empresa vinculada a la suya.
Indica que por causas ajenas a su gestión, y motivos que no se han podido precisar, la obtención de los certificados de origen se vió afectada y demorada. Es por ello, agrega, que comenzó a despachar la mercadería garantizando los tributos aduaneros correspondientes. Comenta que, pese a los intentos de la firma, no se obtuvieron los respectivos Certificados.
Menciona que la fabricación de la mercadería tuvo lugar en Brasil y que de allí mismo procede. Asegura que ello es un hecho conocido por el servicio aduanero e incluso constatado en diversos despachos que fueron verificados según canal de selectividad rojo. Sostiene que la procedencia y país de origen y elaboración de los productos puede determinarse sin dificultad con la simple lectura de la declaración de origen correspondiente al despacho, que se acompaña.
Considera que deben contemplarse como admisibles otros elementos que demuestran el origen el origen de la mercadería cuando por causas administrativas no se ha presentado ante el organismo de control (Aduana) el certificado exigido, en especial cuando la falta de presentación no es más que un incumplimiento leve que no afecta en esencia el origen de los productos nacionalizados.
Entiende que la resolución recurrida no sólo desconoce los acuerdos fundacionales del Mercosur, sino que además crea una especie de barrera encubierta al comercio, al exigir a “Sila S.A.” el pago de tributos que sí discriminan el origen de la mercadería ingresada al territorio aduanero.
Formula reserva de caso federal y solicita que se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que, a su turno, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y ofrece las actuaciones administrativas. Niega todas y cada uno de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y/o copias que contenga el escrito en traslado que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte.
Expresa que, en referencia a la mercadería destinada por la destinación nro. 18017IC05001047Z, la actora reconoce que, ante la imposibilidad de obtener tempestivamente los certificados de origen zonal de la misma, garantizó los tributos aduaneros, procediendo al despacho de los bienes a plaza. Posteriormente, la Dirección General de Aduanas, ante la falta de acreditación documental del origen zonal, la condenó al pago de la diferencia tributaria.
Señala que la actora recurre a meras argumentaciones teóricas en su intento de mejorar su situación infraccional, pretendiendo se la excuse de incumplir sus obligaciones ante el Servicio Aduanero, por considerarlo incuso en excesivo ritualismo. Afirma que el “excesivo ritualismo” endilgado a la DGA, es nada más ni nada menos que pretender se acompañe el documento que permite acreditar el origen zonal de la mercadería y, con ello, acceder al beneficio arancelario previsto, en lugar de resultar exigible la tributación por régimen general. Manifiesta que la actora, al pretender el abono de los tributos aduaneros por régimen especial, sabe que ello es consecuencia de la acreditación del origen zonal, a su cargo, y que dicha comprobación surge del certificado de origen, y no de otras pruebas a validarse, como por ejemplo el hecho de que el vendedor extranjero sea SILA BRASIL, una firma vinculada con la quejosa. Arguye que bien es sabido que el llamado “pie de origen” resulta, muchas veces, fácil de falsificar, y que el hecho de exigirse la presentación del certificado de origen obedece a la intervención de organismos especializados en ello, que se encuentran facultados para su expedición. Por ende, asevera que la exigencia de comprobación de origen mediante el certificado, implica la intervención de organismos públicos y privados especializados en acreditar orígenes zonales, base para el acceso al beneficio tributario.
Continúa manifestando que en las actuaciones aduaneras luce la nota nro. 322/19 de la Sección Inspección Simultánea de la Aduana de Córdoba, expidiéndose en el sentido de que el origen zonal de la mercadería se acredita obligatoriamente mediante la presentación del certificado de origen, ya que el mismo “… detalla las reglas y requisitos de origen necesarios para que el productor o fabricante pueda justificar el origen, cumpliendo de esa manera con los requisitos de origen establecidos por los Acuerdos y normas supranacionales a los que se encuentran sometidos…”; por lo que la actora no puede pretender la acreditación del origen zonal mediante la producción de pruebas múltiples, sino que corresponderá exigirle la presentación del certificado hábil y aplicable correspondiente.
Advierte, además, que la contraria no demuestra, en modo alguno, la razón que le ha impedido obtener el certificado de origen, ni tampoco agrega ningún elemento de prueba sobre el particular.
Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se confirme la resolución recurrida, con expresa imposición de costas.
III. Que habida cuenta el estado de la causa, siendo que la letrada apoderada de la firma recurrente ha renunciado con fecha 28 de junio de 2022, como así también se ha decretado la rebeldía de la apelante en fecha 14 de febrero de 2024; y toda vez que la DGA no ha acompañado en su totalidad las actuaciones administrativas SIGEA N° 12657-8569-2019, pese a las sucesivas prórrogas que se le han otorgado en la litis, corresponde –de conformidad con el apercibimiento cursado en fecha 25/3/2025- resolver la presente con las constancias obrantes en autos, en especial con las piezas que fueran debidamente acompañadas del SIGEA de referencia, con la documentación aportada como prueba en fecha 10/12/2019, mediante RE-2019-109114781- -APN- SGASAD#TFN y, especialmente, RE-2019-109114649- -APN- SGASAD#TFN, que contiene la Resolución nro. 672/2019 (AD CORD), de fecha 4 de noviembre de 2019, que es objeto de apelación en estos obrados.
Asimismo, corresponde recordar que esta Sala “F” ha resuelto numerosas causas sustancialmente análogas a la presente, seguidas entre las mismas partes, donde la plataforma fáctica guardaba absoluta similitud (confr. Expte. Nro. 39.530-A, de fecha 27 de abril de 2022; entre muchos otros); siendo que similar temperamento ha adoptado la Alzada (confr. Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “SILA ARGENTINA SA -TF 39531-A- c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, del 13 de noviembre de 2024; entre muchos otros), por lo que corresponder mantener dicha doctrina en toda su extensión, sin perjuicio de la postura sustentada en su oportunidad por el suscripto en las causas de esta Sala nros. 39.368-A, 39.350-A, 39.382-A, 39.3524-A y 39.359-A –entre otras-, en relación a la improcedencia de la multa automática y la tasa de interés requerida por la DGA, la que, atento la posición mayoritaria de este Tribunal en la materia y la falta de agravio concreto y orfandad probatoria de la parte recurrente, por razones de celeridad y economía procesal no corresponde aplicar en esta litis.
IV. Que, bajo tales premisas, corresponde analizar si la resolución apelada en autos se ajusta a derecho, en cuanto rechaza el procedimiento de impugnación impetrado por la firma importadora “SILA ARGENTINA S.A.” contra la liquidación manual n° 18017LMAN012017B y, en consecuencia, confirma la exigencia tributaria por la suma de U$S 14.607,06, con más los intereses de los artículos 794, 795, 799 o 926 (según el caso) del CÓDIGO Aduanero, atento la presunta falta de presentación del Certificado de Origen con el que se pretendió amparar la operación en trato.
Que la empresa recurrente considera que el servicio aduanero no puede desconocer el origen real de la mercadería, toda vez que el proveedor de la misma es una firma vinculada y la elaboración de los productos puede determinarse sin dificultad, con la simple lectura de declaración de origen correspondientes al Despacho de marras. Además, considera que el certificado de origen puede reputarse como un incumplimiento formal o leve. Que la firma documentó, mediante destinación n° 18017IC05001047Z, oficializada el 8 de febrero de 2018, ante la Aduana de Córdoba, la importación para consumo de mercadería clasificada en la posición arancelaria nro. 3917.32.90.100V: “Cortados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. Los demás –Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios – Los demás tubos: TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES (RACORES)), DE PLÁSTICO”, que según declaró, sería procedente y originario de Brasil.
Que es necesario aclarar que la recurrente invocó en el campo “Lista” de la destinación de importación a consumo n° 18017IC05001047Z la leyenda “14/R.AUTOMOTRIZ” haciendo referencia a la preferencia arancelaria del Acuerdo de Complementación Económica N° 14 suscrito entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Además, indicó en la misma destinación, en el campo “Documentos a presentar”, que se acompañaría el Certificado de Origen del Mercosur. Con base en dicha preferencia, la firma recurrente garantizó los tributos y la multa automática por la falta de documentación complementaria, es decir, por la falta del certificado de origen al momento de oficializar la destinación.
Que el mencionado Acuerdo en su Trigésimo Octavo Protocolo Adicional “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil” establece en su artículo 20 lo siguiente “A efectos del control y verificación de Origen de los Productos Automotores establecido en este Acuerdo, se aplicarán, en aquello que no fuere contrario al mismo, los procedimientos del Régimen de Origen del MERCOSUR (Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional al ACE N° 18 o aquél que, en el futuro, lo modifique o lo sustituya)”.
Que el artículo 14 de la Decisión 1/04 CMC, referente al Régimen de Origen del Mercosur correspondiente al citado ACE 18, define al Certificado de Origen como “el documento que permite la comprobación del origen de las mercaderías, debiendo acompañar a las mismas en todos los casos sujetos a la aplicación del Régimen de Origen del MERCOSUR. Tal certificado deberá satisfacer los siguientes requisitos:”-Ser emitido por entidades certificantes habilitadas; identificar las mercaderías a que se refiere; Indicar inequívocamente, que la mercadería a la que se refiere es originaria del Estado Parte de que se trate en los términos y disposiciones del presente régimen”.
Que, a los fines de acreditar sus extremos, es decir, que el origen de la mercadería es Brasil, la recurrente ofreció en estos autos, oficios a la Aduana de Córdoba, sin que lo haya diligenciado, siendo que en causas sustancialmente análogas a la presente, que tramitaran por ante esta misma Sala “F”, la propia Aduana de Córdoba había informado que no se acompañaron los certificados que amparaban dicha mercadería, sino que la misma había sido garantizada (confr. Expte. Nro. 39.530; entre muchos otros).
Que de la compulsa de la documentación acompañada en autos y de la que obra en las actuaciones administrativas no surge que se haya dado cabal cumplimiento con la normativa antes referida. Los datos que se encuentran declarados en otros documentos comerciales como así también la vinculación entre las firmas importadora y exportadora no necesariamente indican que el origen de la mercadería es de la República Federativa del Brasil, pues la misma pudo haber sido elaborada en otro país, para luego ser exportada desde la República Federativa del Brasil a la República Argentina.
Que la norma antes citada indica que de no cumplirse con el requisito mencionado, es decir, el certificado de origen, la administración aduanera denegará el tratamiento preferencia y exigirá el tratamiento arancelario aplicable en el ámbito extrazona. Es que no se trata en el caso de un incumplimiento meramente formal, sino del incumplimiento de un requisito que hace la existencia misma del certificado, lo cual impediría tener por acreditado el origen de la mercadería. Por ende, solo cabe concluir que el palmario incumplimiento con lo estipulado en la normativa en cuestión, excluye a la actora de cualquier tratamiento arancelario preferencial Que, de lo expuesto, cabe colegir que no puede considerarse a la mercadería importada mediante la destinación en trato como originaria de intrazona (en el caso, de República Federativa del Brasil), por lo que corresponde confirmar ese aspecto de la Resolución (AD CORD) n° 672/2019, en cuanto exige el pago de la diferencia de los tributos a la importación respecto de las operaciones involucradas en la presente causa.
V. Que, por lo demás, no resulta inoportuno aclarar que, por la forma en que se resuelve, que se arribaría a la misma conclusión si se hiciera aplicación en autos del Acuerdo de Complementación Económica N° 14, habida cuenta de que su Anexo V, Capítulo II, en forma específica, regula lo referido a la declaración, certificación y comprobación respecto del origen de la mercadería negociada. Así en el artículo 10 se dispone “Para que la importación de los productos incluidos en el presente Acuerdo pueda beneficiarse de las reducciones de gravámenes y restricciones otorgadas entre sí por los países signatarios, en la documentación correspondiente a las exportaciones de dichos productos deberá constar una declaración que acredite el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos conforme a los dispuesto en el capítulo anterior.”. Y en el artículo 11 se aclara que “La declaración a que se refiere el capítulo precedente será expedida por el producto final o el exportador de la mercadería y certificada por una repartición oficial o entidad gremial con personalidad jurídica, habilitada por el Gobierno del país signatario exportador…”. Ello así, está claro que la empresa recurrente tampoco ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, en lo que se refiere a la acreditación del origen de la mercadería, para gozar de la preferencia arancelaria.
VI. Que, por último, corresponde referirse a las percepciones del Impuesto a las Ganancias, que fueran exigidas por el servicio aduanero en la litis, pese a que no se advierte agravio alguno de la recurrente en tal sentido. Que cabe señalar, como consideración preliminar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el art. 116 de la C.N., habiéndose calificado a sí misma como “intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia”, como lo son, v.gr., la ley 22.412 (Código Aduanero).
Que, en efecto, pese a que la Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos […]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia…” (C.S., “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, “fallos”, 307-1094 y sus citas).
Ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100. C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1194], y art. 14. Ley 48, “Fallos”, 212-51); extremo que corresponde extender a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantivas o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa. Que a lo expuesto se agrega que más recientemente la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ellas en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, “pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional”. (“García, Sixto E.” del 30 de junio de 1999; Suplemento de Jurisprudencia Penal de “La Ley”, del 27/9/99, p. 30).
VII. Que, en consecuencia, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las referidas percepciones que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la que se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dicho concepto tributario.
Por lo expuesto, VOTO por:
Confirmar, parcialmente, la Resolución (AD CORD) N° 672/2019, de fecha 4 de noviembre de 2019, con costas a la recurrente; con excepción de la exigencia tributaria por las percepciones del Impuesto a las Ganancias, que se dejan sin efecto, con costas por su orden.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar, parcialmente, la Resolución (AD CORD) N° 672/2019, de fecha 4 de noviembre de 2019, con costas a la recurrente; con excepción de la exigencia tributaria por las percepciones del Impuesto a las Ganancias, que se dejan sin efecto, con costas por su orden.
Regístrese. Notifíquese a la Dra. Mariela Laura Ferreira (27-26402262-8), a la Dra. María Antonella Migliore (27-33415206-0) y a la firma recurrente, mediante edicto. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.06.12 17:07:38 ART Date: 2026.06.12 17:54:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.12 17:56:16 -03:00
Fin de la sentencia