Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 39.347-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 289/2018 (AD CORD) dictada en la Actuación N° 17360-159-2017, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-62309170-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 31 de Mayo de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “SILA ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 39.347-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I.-En el caso, se trata de resolver si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 289/2018 (AD CORD), dictada en la Actuación N° 17360-159- 2017 con fecha 23 de julio de 2018, mediante la cual se confirmó la Liquidación Manual Nro. 17017LMAN020300R, formulada en relación a la destinación de importación a consumo Nro. 15 017 IC05 007210 L.
II. El acto administrativo recurrido dispuso rechazar el procedimiento de impugnación impetrado por SILA ARGENTINA S.A. y confirmó el cargo en concepto de multa automática y tributos por la suma de dólares estadounidenses tres mil cuatrocientos treinta y uno con treinta y nueve centavos (u$s 3.431.39) (Liquidación Manual N° 17017LMAN020300R), vinculados a una destinación de importación a consumo, llevada a cabo durante el período fiscal 2015, cuyo dictado encuentra fundamento en la falta de presentación del certificado de origen de las mercaderías importadas.
III. Contra ese pronunciamiento administrativo, la firma importadora interpone recurso de apelación. Manifiesta que durante período fiscal 2015, importó materias primas para la fabricación de autopartes mediante Despacho de Importación a Consumo identificado como Nro. 15 017 IC05 007210 L. La mercadería provenía de Brasil, siendo el proveedor de esta, la firma "Sila do Brasil Ltda", es decir una empresa vinculada a la recurrente. Sostiene que, por problemas ajenos a su gestión, la obtención de los certificados de origen se vio afectada, razón por la cual, la apelante comenzó a despachar la mercadería garantizando los tributos aduaneros correspondientes. Manifiesta, en defensa de sus derechos y atendiendo lo que según sostiene es el origen real de la mercadería, que impugnó el cargo imputado en virtud que el lugar de fabricación y procedencia de la misma era Brasil y que esta circunstancia era conocida por la Aduana, lo que incluso fue constatado, en diversos despachos que fueron verificados según canal rojo de selectividad.
Considera además, que deben contemplarse como admisibles otros elementos que demuestren el origen de la mercadería cuando, por causas administrativas, no se ha podido presentar ante el órgano de control el certificado exigido, sobre todo cuando la falta de presentación no es más que un incumplimiento leve que no afecta en esencia el origen de los productos nacionalizados. Argumenta que es de aplicación al caso en discusión, toda vez que el vínculo entre administrados y la administración está regido por el derecho administrativo, el principio elemental de la informalidad, con lo cual colige, que se debe poner el acento en el origen genuino de la mercadería, es decir: origen MERCOSUR; lo contrario sería exigir requisitos administrativos que constituirían barreras para arancelarias, según su postura.
Insiste en que el proveedor de la mercadería, cuyos tributos se discuten, es Sila Do Brasil Ltda., empresa relacionada a la apelante, siendo que ambas firmas intercambian mercaderías en compra ventas internacionales recíprocas, procesos que se desarrollan dentro del Mercosur, elaboradas en el caso en análisis, en la República Federativa de Brasil, de acuerdo a las normas de origen. Remarca que sería demasiado gravoso para la importadora, verse privada de los beneficios del bloque cuando hablamos de productos que proceden de uno de sus miembros. Entiende que el servicio aduanero no puede desconocer el origen real la mercadería, toda vez que quien provee la mercancía, es una firma vinculada con la importadora, lo cual reitera, y sostiene que la falta de presentación del certificado de origen puede ser considerado como un incumplimiento leve o formal.
Suma en su descargo que la procedencia y el país de origen y de elaboración de los productos, se puede determinar con la simple lectura de la nota fiscal N° 000079894 (correspondientes a la factura comercial 59203), que acompañó.
Concluye que el incumplimiento de una exigencia administrativa, nunca debería significar para SILA ARGENTINA S.A. la pérdida de un derecho otorgado por la vía regional, lo contrario manifiesta, implicaría avalar un acto administrativo opuesto a la Ley Suprema, siendo igual a un acto inconstitucional. Formula reserva de caso federal. Solicita se revoque el criterio administrativo volcado en la resolución apelada dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, declarando la improcedencia de los cargos impuestos a SILA ARGENTINA S.A.; subsidiariamente se reformulen los cargos en los mínimos posibles otorgando simultáneamente facilidades de pago.
IV. De su lado, en su responde, la representación fiscal se presenta y solicita, se confirme la resolución aduanera objeto de apelación. Niega todos los hechos, el derecho y la documentación aportada por la actora, que no sean objeto de su especial reconocimiento. Manifiesta que en los considerandos de la resolución aduanera cuestionada, se liquidaron Derechos de Importación, Tasa de Estadística, junto con el IVA e Impuesto a las Ganancias ante la no presentación del Certificado de Origen, ofrecido al momento de oficializar la Destinación, sumándose la liquidación de la multa automática a raíz del mismo motivo. Agrega que al vencer los plazos establecidos por la normativa aduanera, sin que la contraria hubiera cumplido con la presentación del certificado de origen comprometido en la Destinación de Importación, ni acreditado el cumplimiento de la presentación durante el procedimiento de impugnación, al menos tardíamente, debe tenerse por no presentada dicha documentación, siendo procedente tener por confirmada la liquidación manual y proceder a la ejecución de los montos garantizados.
Expone, que surge del escrito de apelación de la firma importadora, que la mercadería importada es procedente del MERCOSUR, lo que implica la vigencia del Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 que incorpora la Decisión N°01/04 del Consejo Mercado Común, relativa al Régimen de Origen, que en su Capítulo V “Declaración, certificación y Comprobación de Origen” art. 14 reza: “El certificado de origen es el documento que permite la comprobación del origen de las mercaderías, debiendo acompañar a las mismas en todos los casos sujetos a la aplicación del Régimen de Origen del MERCOSUR”. Asimismo recalca, que teniendo en consideración la normativa supranacional citada la actora, por un lado pretendió beneficiarse del régimen MERCOSUR, con lo cual no pudo desconocer los requisitos que dicha normativa establece dentro de los cuales está la presentación del Certificado de Origen, condición esencial para demostrar el origen de las mercaderías importadas para gozar de dicho Régimen preferencial y, por ende, de la aplicación a las mercaderías objeto de importación de la preferencia arancelaria, que como se señalara más arriba, de la cual pretende ser beneficiario. Subraya, que la recurrente garantizó la diferencia de tributos entre tratamientos arancelarios correspondientes a intrazona y extrazona y el 1% del valor en Aduana de la mercadería en concepto de multa automática por falta de certificado de origen al momento del libramiento de la mercadería, ni acreditó el cumplimiento de la presentación durante el procedimiento de impugnación, lo que pudo haber hecho al menos tardíamente, concluyendo que debe tenerse por no presentado el certificado referenciado y proceder a la ejecución de los montos garantizados.
Destaca las previsiones de la Resolución General N° 2793/2010, que regla en su ANEXO II el Régimen de Garantía y estatuye en sus puntos 1, 2 y 3, la documentación garantizable, dentro de la cual se mencionan el Certificado de Origen ALADI, el Certificado de Origen MERCOSUR y los plazos para agregar estos documentos, en el caso que no se hubieran presentado en tiempo y forma y que su tratamiento sea el correspondiente a documentación faltante. En ese supuesto, para ambos tipos de certificados, la normativa prevé un plazo de quince (15) días hábiles administrativos para su presentación, período que debe computarse desde el registro de la destinación de importación. Como corolario finaliza indicando que, del análisis efectuado del Dictamen Jurídico N° 183/2018 y de los fundamentos expuestos en la Resolución Aduanera N° 289/2018 (AD CORD) corresponde estar a derecho y confirmar la misma.
V. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 17360-159-2017 se inician a fs. 1/2 con la cédula de notificación dirigida a la firma SILA ARGENTINA S.A., donde se notifica a la importadora acerca de la intimación a abonar el importe de dólares estadounidenses tres mil cuatrocientos treinta y uno con treinta y nueve centavos (u$s 3.431,39), en virtud de la Liquidación Manual referenciada en su texto Nro. 17017LMAN020300R, la que luce agregada a fs. 3 del expediente administrativo referenciado supra. A fs. 4 consta la impresión de pantalla que documentan los identificadores de las garantías constituidas en virtud de la multa automática generada y del seguro de caución derivado de la falta de presentación de certificado de origen a la operatoria de importación que oportunamente documentara la apelante. A fs. 5/6 vta. luce agregado el escrito de inicio del procedimiento de impugnación de la liquidación reseñada. A fs. 8 se agregó nueva cédula de notificación y despacho de importación que oportunamente documentara la apelante. A fs. 9/10 obra la Disposición N° 858/2018, de fecha 18 de junio de 2018, que apertura el sumario. A fs. 11/12 se glosó cédula de notificación y constancia de aviso de recepción, respectivamente. A fs. 13 se agregó el Dictamen N° 183 de emitido el día 16 de julio de 2018 y a fs. 14/15 obra la Resolución N° 289/2018 (AD CORD) dictada el 23/07/2018, la que en el artículo 1ro. de la parte resolutiva, confirma la Liquidación Manual 17017LMAN020300R, emitida para la firma SILA ARGENTINA S.A., CUIT 33-68981202-9, por falta de presentación del certificado de origen, apelada en autos. A fs. 16/17 luce nueva cédula notificatoria y su respectiva constancia de recepción, de la resolución recaída en autos. A fs. 18 consta nota dirigida a la Sección Económico Financiera de la DGA, a fin inicie, por falta de constancias de pago de los montos reclamados. El trámite de ejecución fiscal en los términos del art. 1122 y ssgts. del Código Aduanero. A fs. 19/22, obra Formulario F4, escrito de Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal y escrito de Adhesión al Plan de Pagos, que identifica como Nro. 973807 y a fs. 25, luce constancia de elevación al Tribunal Fiscal de la Nación las actuaciones administrativas.
VI. En las condiciones señaladas corresponde analizar si la resolución apelada se ajusta a derecho. Cabe recordar que la recurrente mediante la Destinación de Importación a Consumo Nro. 15 017 IC05 007210 L, cuyo vencimiento operó el día 29/06/2017, ante la Aduana de Córdoba, la importación definitiva de mercadería, que según declaró, sería procedente y originaria de Brasil. Alegó que el proveedor de la mercadería, es Sila Do Brasil Ltda., empresa relacionada a la apelante. Sumó a su defensa el argumento que ambas firmas intercambian mercaderías en compra ventas internacionales recíprocas, procesos que se desarrollan dentro del Mercosur, elaboradas en el caso en análisis, en la República Federativa de Brasil, de acuerdo a las normas de origen.
En este sentido manifiesta que con base a dicha preferencia garantizó los tributos por la falta del certificado de origen al momento de oficializar la destinación. Remarca que el servicio aduanero no puede desconocer el origen real la mercadería, toda vez que quien provee la mercancía, es una firma vinculada con la importadora. Sostiene que la falta de presentación del certificado de origen puede ser considerado como un incumplimiento leve o formal y que la procedencia, el país de origen y de elaboración de los productos, se puede determinar con la simple lectura de la nota fiscal N° 000079894 (correspondientes a la factura comercial 59203), lo que oportunamente acompañó. Es importante, en este punto del análisis recordar, que por medio del Acuerdo mencionado, a saber: “Acuerdo de Complementación Económica N° 18” que incorporó la Decisión 1/04 del Consejo Mercado Común, relativa al Régimen de Origen en su Trigésimo Octavo Protocolo Adicional "Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil" se estableció que: "A efectos del control y verificación de Origen de los Productos Automotores establecido en este Acuerdo, se aplicarán, en aquello que no fuere contrario al mismo, los procedimientos del Régimen de Origen del MERCOSUR (Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional al ACE N° 18 o aquél que, en el futuro, lo modifique o sustituya)." (art. 20).
A su vez, el art. 14 de esa misma Decisión 1/04 CMC, referente al Régimen de Origen del Mercosur correspondiente al citado ACE 18, define al certificado de origen como: "el documento que permite la comprobación del origen de las mercaderías, debiendo acompañar a las mismas en todos los casos sujetos a la aplicación del Régimen de Origen del MERCOSUR. Tal certificado deberá satisfacer los siguientes requisitos:"- Ser emitido por entidades certificantes habilitadas; identificar las mercaderías a que se refiere; indicar inequívocamente, que la mercadería a la que se refiere es originaria del Estado Parte de que se trate en los términos y disposiciones del presente régimen."
Como otro sustento normativo importante de lo hasta aquí desarrollado, lo encontramos en las previsiones de la Resolución General N° 2.793/2010 AFIP, que establece la documentación complementaria que deberá presentarse a efectos del registro de los despachos de importación, que se detalla en el Anexo I de la misma y exige que el libramiento de la mercadería bajo el régimen de garantía solo será autorizado ante la falta transitoria de la documentación complementaria conforme las previsiones contenidas en su Anexo II. Al mismo tiempo, en el Anexo I punto 1.6, se regula que al momento del registro de la destinación de importación se deberá adjuntar la documentación complementaria Certificado de Origen ya sea ALADI o MERCOSUR según el caso.
Surge, de las normas citadas, que de no cumplirse con el requisito mencionado es decir, acompañar el certificado de origen, la administración aduanera denegará el tratamiento preferencial y exigirá el tratamiento arancelario aplicable en el ámbito extrazona. No se trata en el caso “sub-examine”, de un incumplimiento meramente formal sino del incumplimiento de una condición que hace a la existencia misma del certificado, lo que impediría tener por acreditado el origen de la mercadería.
Del minucioso cotejo de las actuaciones administrativas, surge que el certificado de origen no fue acompañado por la recurrente incumpliendo lo ordenado por la norma referida precedentemente.
Siendo el certificado de origen el que sustenta la utilización de las preferencias arancelarias en el marco de un acuerdo de comercio, la falta de presentación hace perder el efecto para el fin que fue creado. Por lo expuesto, voto por:
Confirmar la Resolución N° 289/2018 (AD CORD) dictada en la Actuación N° 17360-159-2017, con costas. El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Confirmar la Resolución N° 289/2018 (AD CORD) dictada en la Actuación N° 17360-159-2017, con costas. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación –conf. art. 1162 del C.A. y art. 59 del Reglamento de Procedimiento ante el TFN.
Date: 2023.05.31 16:25:45 -03:00 Date: 2023.05.31 18:08:35 -03:00 Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.31 18:08:43 -03:00
Fin de la sentencia