Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.364-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar, parcialmente, la Resolución (AD CORD) N° 317/18 (con excepción de la percepción del Impuesto a las Ganancias) recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-5086-2017, en cuanto fue materia de agravio.
2Las costas se imponen a la vencida, salvo en relación a la percepción del Impuesto a las Ganancias, que se imponen por su orden, atento el modo en que se decide el presente (cfr. art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-30709830-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 31 de Marzo de 2022 DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 39.364-A;
/////////// nos Aires, reunidos los Señores Vocales de la Sala “F”, Dres Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SILA ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 39.364-A;
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 16/17, se presenta la Dra. María Antonella Migliore como apoderada de la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD CORD) N° 256, de fecha 20/7/18, dictada por el Ing. Jorge Fernández Administrador interino a cargo de la División Aduana de Córdoba, en el marco del expediente SIGEA N° 17360-167-2017, por la que se resolvió rechazar el procedimiento de impugnación impetrado contra la liquidación manual Nº 17017LMAN20299L y confirmó la exigencia, en concepto de tributos, por la suma de U$S 1145,27, con más los intereses del art. 794 del Código Aduanero.
Manifiesta que importó materias primas, provenientes de Brasil, para la fabricación de autopartes, clasificadas en la posición arancelaria que se indica en el despacho de importación Nº15017IC05007193V, siendo el proveedor de la misma la firma “Sila Do Brasil LTDA”, es decir, una empresa vinculada a la importadora recurrente. Indica que por causas ajenas a su gestión, y causas que no se han podido precisar la obtención de los certificados de origen se vio afectada y demorada. Es por ello, agrega, que “comenzó a despachar la mercadería garantizando los tributos aduaneros correspondientes. Pese a los intentos de la firma, los certificados no pudieron ser gestionados”(SIC).
Menciona que la fabricación de la mercadería tuvo lugar en Brasil y que de allí mismo procede. Asegura que ello es un hecho conocido por el servicio aduanero e incluso constatado en diversos despachos que fueron verificados según canal de selectividad rojo. Sostiene que la procedencia y país de origen y elaboración de los productos puede determinarse sin dificultad con la simple lectura de la nota fiscal Nº 000079940 (correspondiente a la factura comercial 59204) que acompaña.
Menciona que la fabricación de la mercadería tuvo lugar en Brasil y que de allí mismo procede. Asegura que ello es un hecho conocido por el servicio aduanero e incluso constatado en diversos despachos que fueron verificados según canal de selectividad “rojo”.
Considera que “deben contemplarse como admisibles otros elementos que demuestren el origen de la mercadería cuando por causas administrativas no se ha presentado ante el organismo de control (aduana) el certificado exigido sobre todo cuando la falta de presentación no es más que un incumplimiento leve que no afecta en esencia el origen de los productos nacionalizados” (SIC).
Entiende que la resolución recurrida no sólo desconoce los acuerdos fundacionales del Mercosur sino que además crea una especie de barrera al comercio encubierta al exigir a “Sila S.A.” el pago de tributos que sí discriminan el origen de la mercadería ingresada al territorio aduanero.
Formula reserva de caso federal y solicita que se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que a fs. 27/33vta., se presenta la representante fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Niega todas y cada uno de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y/o copias que contenga el escrito en traslado que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte.
Comenta que de la destinación 15017IC05007193V surge que el declarante en el campo Lista declaró “14/R.AUTOMOTRIZ” invocando la preferencia arancelaria del “Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 suscrito entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Agrega que también surge que fueron garantizados los tributos y la multa automática por la falta de la documentación complementaria refiriéndose al certificado de origen que otorga la preferencia arancelaria del Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 suscrito entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, Trigésimo Octavo Protocolo Adicional “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil”.
Entiende que corresponde confirma la Resolución aduanera toda vez que es el propio recurrente que, en su propio escrito de apelación, reconoce no poder precisar las causas de la no obtención del Certificado de Origen, documento que se reputa esencial para el acogimiento a un régimen preferencial arancelario.
Señala que a la fecha de oficialización del despacho de importación a consumo se encontraba vigente el Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 que incorpora la Decisión Nº 01/04 del Consejo del Mercado Común relativa al Régimen de Origen del Mercosur que en su Capítulo V “Declaración Certificación y Comprobación de Origen” artículo 14 reza: “El certificado de origen es el documento que permite la comprobación del origen de las mercaderías, debiendo acompañar a las mismas en todos los casos sujetos a la aplicación del Régimen de Origen del Mercosur”.
Considera que en atención a la normativa supranacional que rige la materia, la recurrente no puede desconocer el régimen de origen Mercosur del que trata de beneficiarse y los requisitos que dicha normativa establece y dentro de los cuales la presentación del Certificado de Origen es un requisito esencial para demostrar el origen de las mercaderías importadas bajo dicho régimen preferencial.
Formula reserva de caso federal y solicita que se confirme la resolución recurrida, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17360-167-2017 se inician a fs. 1/4 con la liquidación Manual N°17017LMAN025352G y pertinente notificación, le sigue la interposición de la impugnación, por parte de la firma “SILA ARGENTINA S.A.” (5/6vta). A fs. 9/10 el Administrador apertura la impugnación impetrada la que es rechazada a fs.14/15 mediante Resolución Nº256/18, apelada en la especie.
IV. Que corresponde analizar si la resolución apelada se ajusta a derecho en cuanto rechaza el procedimiento de impugnación impetrado por la firma importadora “SILA ARGENTINA S.A.” y, en consecuencia, confirma la liquidación manual N°17017LMAN20299L por la que se le exige el pago de una diferencia tributaria por la suma de U$S 1145,27 atento la presunta falta de presentación del Certificado de Origen con el que se pretendió amparar la operación.
Que la recurrente considera que el servicio aduanero no puede desconocer el origen real de la mercadería toda vez que el proveedor de la misma es una firma vinculada. Además, considera que el certificado de origen puede reputarse como un incumplimiento “formal o leve”.
Que, no se encuentra controvertido que la recurrente documentó mediante la destinación IC05007193V en trato, oficializada ante la Aduana de Córdoba, la importación para consumo de mercadería que según declaró, sería procedente y originaria de Brasil.
Que es necesario aclarar que tampoco es materia de controversia que la recurrente invocó en el campo “Lista” de la destinación de importación a consumo N°15017IC05007193V la leyenda “14/R.AUTOMOTRIZ” haciendo referencia a la preferencia arancelaria del Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 suscrito entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Además indicó en la misma destinación, en el campo “Documentos a presentar”, que se acompañaría el Certificado de Origen del Mercosur. Con base en dicha preferencia, la recurrente garantizó los tributos y la multa automática por la falta de documentación complementaria, es decir, por la falta del certificado de origen al momento de oficializar la destinación. Que, como bien lo destaca la representación letrada del Fisco, el mencionado Acuerdo en su Trigésimo Octavo Protocolo Adicional “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil” establece en su art. 20 lo siguiente “A efectos del control y verificación de Origen de los Productos Automotores establecido en este Acuerdo, se aplicarán, en aquello que no fuere contrario al mismo, los procedimientos del Régimen de Origen del MERCOSUR (Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional al ACE N° 18 o aquél que, en el futuro, lo modifique o sustituya).”.
Que el art. 14 de la Decisión 1/04 CMC, referente al Régimen de Origen del Mercosur correspondiente al citado ACE 18, define al certificado de origen como “el documento que permite la comprobación del origen de las mercaderías, debiendo acompañar a las mismas en todos los casos sujetos a la aplicación del Régimen de Origen del MERCOSUR. Tal certificado deberá satisfacer los siguientes requisitos:”-Ser emitido por entidades certificantes habilitadas; identificar las mercaderías a que se refiere; Indicar inequívocamente, que la mercadería a la que se refiere es originaria del Estado Parte de que se trate en los términos y disposiciones del presente régimen.”.
La cuestión sometida a debate que delimita el objeto procesal es simple y concreta ¿la recurrente ha cumplido con la exigencia normativa para hacer valer el beneficio arancelario invocado?
Que, de una sesuda y esforzada lectura de la pieza recursiva (la nimiedad del tamaño de la letra utilizada es de destacar), de la compulsa de la documentación acompañada en autos y de la que obra en las actuaciones administrativas solo cabe concluir que el palmario incumplimiento a la norma lo excluye de cualquier tratamiento arancelario preferencial, pues no se colige (y de hecho así lo reconoce la misma) que no se han presentado –ni acreditado la solicitud de su emisión, siquiera- los certificados de origen que exige el ordenamiento interno. Tampoco se han acollarado elementos o argumentos defensistas sólidos que permitan inferir alguna razón que justifique en derecho dicha omisión.
Limitarse a manifestar que la mercadería es originaria de un miembro del Acuerdo y considerar que la acreditación de que la misma fue adquirida en ese país no exime a la importadora de cumplir con lo establecido para el tratamiento arancelario preferencial.
Los beneficios establecidos para la mercadería proveniente de países que son miembros del acuerdo, tienen como contraprestación una exigencia administrativa a cumplir so pena de que ese beneficio –excepcional y con indudable incidencia fiscal en el mercado interno- no reconozca derecho alguno en el sentido pretendido por la recurrente.
Que, siquiera los datos que se encuentran declarados en la NOTA FISCAL obrante a fs. 11 del principal ni la vinculación entre las firmas importadora y exportadora –tal lo declara la letrada de la apelante-, necesariamente acreditan que el origen de la mercadería es de la República Federativa del Brasil pues la misma pudo haber sido elaborada en otro país para luego ser exportada desde la República Federativa del Brasil a la República Argentina.
Que la norma antes citada indica que de no cumplirse con el requisito mencionado, es decir, el certificado de origen, la administración aduanera denegará el tratamiento preferencial y exigirá el tratamiento arancelario aplicable en el ámbito extrazona. Es que no se trata en el caso de un incumplimiento meramente formal sino del incumplimiento de un requisito que hace a la existencia misma del certificado, lo cual impediría tener por acreditado el origen de la mercadería.
Que, de lo expuesto, surge que no puede considerarse a la mercadería importada mediante la destinación en trato como originaria de intrazona (en el caso, de República Federativa del Brasil), por lo que corresponde confirmar la Resolución (AD CORD) N° 256/18, en cuanto exige el pago de la diferencia de los tributos a la importación respecto de las operaciones involucradas en la presente causa.
V. Que no resulta inoportuno aclarar que, por la forma en que se resuelve, que se arribaría a la misma conclusión si se hiciera aplicación en autos del Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, habida cuenta de que su Anexo V, Capítulo II, en forma específica, regula lo referido a la declaración, certificación y comprobación respecto del origen de la mercadería negociada. Así en el art. 10 se dispone “Para que la importación de los productos incluidos en el presente Acuerdo pueda beneficiarse de las reducciones de gravámenes y restricciones otorgadas entre sí por los países signatarios, en la documentación correspondiente a las exportaciones de dichos productos deberá constar una declaración que acredite el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior.”. Y en el art. 11 se aclara que “La declaración a que se refiere el artículo precedente será expedida por el productor final o el exportador de la mercancía y certificada por una repartición oficial o entidad gremial con personalidad jurídica, habilitada por el Gobierno del país signatario exportador...”. Ello así, está claro que la recurrente tampoco ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, en lo que se refiere a la acreditación del origen de la mercadería, para gozar de la preferencia arancelaria.
VI. Que corresponde referirse a la percepción del impuesto a las ganancias que fuera exigida por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada, pese a que no se advierte agravio alguno de la recurrente en ese sentido.
Que cabe señalar, como consideración preliminar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el art. 116 de la C.N., habiéndose calificado a sí misma como “intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia”, como lo son, v.gr., la ley 22.415 (Código Aduanero).
Que, en efecto, pese a que la Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [...]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia...” (C.S., “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, “Fallos”, 307-1094 y sus citas).
Ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, “Fallos”, 212-51); extremo que corresponde extender a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantivas o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa. Que a lo expuesto se agrega que más recientemente la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, “pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional” (“García, Sixto E.”, del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de “La Ley”, del 27/9/99, p. 30).
Que, en consecuencia, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019 , donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución (AD CORD) N° 256/18 (con excepción de la percepción del Impuesto a las Ganancias) recaída en las actuaciones administrativas nº 17360-167-2017, en cuanto fue materia de agravio.
2. Las costas se imponen a la vencida, salvo en relación a la percepción del Impuesto a las Ganancias, que se imponen por su orden, atento el modo en que se decide el presente (cfr. art. 1163 del C.A.).
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto del Dr. González Palazzo Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución (AD CORD) N° 317/18 (con excepción de la percepción del Impuesto a las Ganancias) recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-5086-2017, en cuanto fue materia de agravio.
2. Las costas se imponen a la vencida, salvo en relación a la percepción del Impuesto a las Ganancias, que se imponen por su orden, atento el modo en que se decide el presente (cfr. art. 1163 del C.A.). Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del Código Aduanero).-
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.03.31 10:25:08 -03:00 Date: 2022.03.31 10:41:21 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.31 10:41:22 -03:00
Fin de la sentencia