Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-77880302-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 499/2019, dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015, en cuanto condena a la firma actora con fundamento en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de las destinaciones N° 15017IT16000183J y N° 15017IT16000306G.
2Declarar la nulidad parcial del acto de apertura de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción de la Dirección General de Aduanas para exigir tributos e imponer multa a la firma importadora y a la aseguradora, únicamente en relación con la destinación N° 15017IT16000349N, en el marco del procedimiento infraccional tramitado bajo las actuaciones SIGEA N° 12757-29-2015.
3Confirmar parcialmente la Resolución N° 499/2019, de fecha 14/08/2019, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015, en cuanto exige a las firmas “SILA ARGENTINA S.A.” y “CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A.” el pago de tributos en relación con la destinación N° 15017IT16000351G, por la suma de SEIS MIL TREINTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 6.035), más los intereses establecidos en el artículo 794 del Código Aduanero, los que deberán calcularse desde el 17/12/2018 hasta la fecha de efectivo pago. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-101700146-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales de la Sala “F” a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SILA ARGENTINA SA c/DGA, s/recurso de apelación”, Expediente EX-2019-77880302- -APN-SGASAD#TFN y su acumulado “CHUBB SEGUROS ARGENTINA SA c/DGA s/ recurso de apelación”, Expediente EX-2019-
82618818--APN-SGASAD#TFN
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta, por apoderado, la firma importadora “SILA ARGENTINA SA” (en adelante SILA), e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 499 de fecha 14 de agosto de 2019, dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29- 2015, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $ 330.474,28 por la presunta comisión de la infracción prevista y sancionada en el artículo 970 del Código Aduanero. Asimismo, se le exige el pago de la suma de U$S 34.146,96 (treinta y cuatro mil ciento cuarenta y seis dólares estadounidenses con noventa y seis centavos) en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA, y $ 199.116,14 (ciento noventa y nueve mil ciento dieciséis pesos con catorce centavos) en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, más los intereses que correspondan conforme lo dispuesto en el artículo 794 del Código Aduanero (véase IF-2019-
77878328-APN-SGASAD#TFN)."
Admite que no reexportó la mercadería importada temporariamente por la cancelación del negocio que le dio origen y por un error operativo (no informar a Aduana ni al despachante que los insumos no ingresarían a la cadena productiva), pero sostiene que la exigencia tributaria y la sanción resultan desproporcionadas frente a la infracción cometida.
Plantea la nulidad por falta de motivación. Tilda de arbitraria la decisión administrativa por no analizar los descargos ni fundar la subsunción típica.
Denuncia que dos (15017IT16000183J y 15017IT16000306G) de los cuatro despachos involucrados ya fueron objeto de otras resoluciones sancionatorias (N° 307/2019 y 310/2019) que aplicaron multas y tributos por los mismos hechos, generando doble exigencia prohibida constitucionalmente. Agrega que ambas resoluciones fueron apeladas y tienen expedientes separados en este Tribunal Fiscal.
Solicita que se recalcule la pretensión fiscal excluyendo esos dos DI y circunscribiéndola únicamente los otros dos despachos 349N y 351G.
Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba documental e informativa, y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la demandada.
II. Que se presenta, por apoderado, la firma denominada "CHUBB SEGUROS ARGENTINA SA" (en adelante CHUBB) e interpone recurso de apelación contra la decisión del Administrador de la Aduana de Córdoba, plasmada en la Resolución Nro. 499 de fecha 14/08/2019 dictada en el marco de la actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015 , que le exige en concepto de tributos la suma de U$S 34.146,96 (treinta y cuatro mil ciento cuarenta y seis dólares estadounidenses con noventa y seis centavos de dólar) en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA y $ 199.116,14 (ciento noventa y nueve mil ciento dieciséis pesos con catorce centavos) en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, todo ello más intereses. Dicha suma se le atribuye en su condición de garante de la firma importadora SILA, a la que se le endilgó la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero en virtud del presunto incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria llevada a cabo a través de las destinaciones nros. 15017IT16000349N, 15017IT16000351G, 15017IT16000183J y 15017IT16000306G.
Plantea la nulidad del reclamo aduanero con fundamento en que se no se encuentra agregada a las actuaciones administrativas labradas, la póliza de caución de cada despacho en virtud de la cual sería responsable de los tributos por la supuesta importación irregular de la mercadería en trato. Agrega que la única prueba que, a los fines de realizar el reclamo , necesariamente debe aportar el servicio aduanero es el original o al menos una copia certificada de la garantía en relación a la cual se la hace responsable del pago de tributos.
Subsidiariamente, señala que responsabilidad de la aseguradora está limitada por el monto máximo asegurado a la Aduana, determinado en pesos, aunque no incluya los intereses que se devenguen en los términos del art. 794 del Código Aduanero.
Advierte que en las condiciones particulares de cada póliza se indica el monto máximo asegurado y se señala que, ante el acaecimiento del siniestro, el asegurador procederá a hacer efectivo a la AFIP el importe pertinente, hasta la suma máxima fijada en las condiciones particulares.
Ofrece prueba y solicita que se decrete la nulidad del reclamo tributario formulado y de las actuaciones labradas en consecuencia, con costas.
III. Que la Dra. Paula Gabriela Pescio, en su carácter de representante fiscal, se presenta en legal tiempo y forma para contestar el traslado del recurso interpuesto por la firma SILA.
Expone que la propia empresa reconoció en su escrito recursivo que incumplió con la obligación de reexportar la mercadería, atribuyendo tal omisión a un supuesto “error” consistente en no haber informado la cancelación del negocio que motivó la importación. En tal sentido, sostiene que dicho reconocimiento torna innecesario cualquier análisis adicional respecto de la configuración de la infracción.
Señala que el artículo 970 del Código Aduanero tipifica una infracción de carácter objetivo, por lo que no resulta exigible la demostración de dolo o culpa, siendo suficiente la verificación del hecho infraccional —esto es, la falta de reexportación en término— para su configuración.
Afirma que la carga de acreditar el cumplimiento del régimen recae exclusivamente sobre el importador, y que en el caso de autos, SILA no ha demostrado ni la reexportación de la mercadería ni la existencia de alguna causal que justifique su incumplimiento.
Rechaza el planteo de la actora relativo a una supuesta desproporción en la sanción impuesta, argumentando que el régimen de importación temporaria constituye un beneficio excepcional y voluntario, cuya inobservancia acarrea expresas consecuencias previstas por la normativa vigente.
En cuanto al planteo de nulidad articulado por la recurrente, considera que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada en hechos debidamente constatados y, en muchos casos, reconocidos por la propia firma. Añade que SILA no ha demostrado de qué manera concreta se habría visto afectado su derecho de defensa, extremo indispensable para la procedencia de la nulidad conforme al principio de instrumentalidad de las formas. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso interpuesto, confirmándose la resolución aduanera recurrida, con expresa imposición de costas a la parte actora.
IV. Que la Dra. María Celeste Arias, en su carácter de apoderada fiscal, se presenta en tiempo y forma para contestar el recurso de apelación interpuesto por CHUBB.
Manifiesta que dicha compañía garantizó, mediante pólizas de caución Nros. 959858, 952752 y 954748, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de destinaciones de importación temporaria. En consecuencia, al haberse configurado la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero por parte del importador, CHUBB debe responder en su carácter de garante en los mismos términos y con el mismo alcance que el tomador.
Sostiene que la obligación asumida por CHUBB tiene origen contractual, derivada expresamente de las pólizas emitidas, y no en forma directa de la ley. En tal sentido, acompaña copia certificada de dichas pólizas y enfatiza que fue la propia aseguradora quien las suscribió, por lo cual no puede alegar su desconocimiento ni desentenderse de las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Afirma que la liquidación de los tributos en moneda extranjera resulta válida y se encuentra conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 23.905, norma aplicable a las operaciones de comercio exterior. Asimismo, aclara que las percepciones correspondientes a IVA adicional e Impuesto a las Ganancias se encuentran incluidas dentro del alcance de la cobertura otorgada por las pólizas, en tanto forman parte de la obligación tributaria garantizada en el marco del régimen aduanero.
Rechaza el planteo de nulidad articulado por la recurrente, por cuanto no se ha acreditado afectación alguna al derecho de defensa, y destaca que la resolución aduanera impugnada se encuentra debidamente fundada en hechos y normativa aplicables.
Finalmente, ofrece prueba documental, formula reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas, y se confirme la resolución recurrida en todos sus términos.
V. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015 se originan en el Informe N° 260/15 elaborado por la Sección Análisis y Selección de la Dirección Regional Aduanera de Córdoba, en el marco de la comprobación del destino de la mercadería ingresada bajo el régimen de importación temporaria, documentada por la firma SILA (véase fs. 33/35). A fs. 38, se formula denuncia en los términos del artículo 970 del Código Aduanero por la presunta comisión de una infracción al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria, en relación con las destinaciones N° 15017IT16000349N, 15017IT16000351G, 15017IT16000183J y 15017IT16000306G. Mediante proveído de fecha 29/10/2018, se dispone la apertura del sumario infraccional conforme al artículo 1090, inciso c), del citado cuerpo normativo. A fs. 55 obra la liquidación de tributos y multa (véase fs. 47/49). A fs. 56 y vta., mediante Disposición N° 1786/18 (AD CORD), se confiere vista a la firma importadora —notificada a fs. 57 a través del SICNEA en fecha 3/12/2018— y se cita, asimismo, a la firma “CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria. La firma importadora comparece y contesta la vista a fs. 58/59, mientras que la aseguradora lo hace a fs. 72/73. Finalmente, a fs. 91/93, obra la Resolución N° 499, de fecha 16/08/2019, dictada por el Jefe de la División Aduana de Córdoba, la cual es objeto de apelación.
VI. Que corresponde abordar, en primer término, el planteo de nulidad articulado por la actora, quien sostiene que la resolución aduanera nro. 499/2019 se encontraría viciada por ausencia de motivación, así como por haber incluido destinaciones (15017IT16000183J y 15017IT16000306G) ya alcanzadas por resoluciones aduaneras anteriores, lo que, en su criterio, configuraría una duplicación indebida de imputaciones.
VII. Que respecto del primer agravio —esto es, la supuesta ausencia de motivación del acto apelado— cabe señalar que la resolución recurrida contiene una exposición de hechos, valoración normativa y conclusión jurídica que constituyen una motivación suficiente a los fines de su validez formal.
Que aun cuando la recurrente no comparta las razones brindadas por la Administración o considere que no se ha valorado adecuadamente su descargo, lo cierto es que el acto atacado contiene fundamentos jurídicos y fácticos que excluyen la configuración de una nulidad por omisión de motivación.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que, para que un acto sea considerado motivado, no es necesario que se analicen uno por uno todos los argumentos de las partes, sino únicamente aquellos que sean razonablemente conducentes para la decisión del caso (Fallos 251:39, entre otros). Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de nulidad fundado en la supuesta falta de motivación.
VIII. Que sí corresponde, en cambio, ingresar al análisis del segundo agravio expuesto por la firma SILA, vinculado con la inclusión en la resolución aduanera nro. 499 de fecha 14/08/19 de dos destinaciones —N° 15017IT16000183J y N° 15017IT16000306G— respecto de las cuales ya se habían dictado previamente las resoluciones aduaneras nros. 307 y 310, respectivamente, ambas de fecha 7/05/19, apeladas en tiempo y forma ante este Tribunal Fiscal, conforme constancias de los expedientes electrónicos Nros. 2019-63243796 y 2019- 64049475, siendo que la primera se encuentra actualmente en trámite (Vocalía 13) mientras que la segunda es objeto de sentencia firme (véase la sentencia de la Vocalía de la 15a. Nominación de fecha 20/02/25 en IF-2025-
18663146-APN-VOCXV#TFN ).
Que la validez del acto administrativo debe evaluarse en función de los elementos esenciales exigidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos —sujeto, objeto, causa, finalidad y forma— conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley N° 19.549.
Que, en el caso de autos, el dictado de la resolución aduanera N° 499/2019 respecto de hechos ya alcanzados por las resoluciones N° 307/2019 y N° 310/2019 —ambas de fecha 7/05/2019, apeladas en tiempo y forma ante este Tribunal Fiscal mediante los expedientes electrónicos N° 2019-63243796 y N° 2019-64049475, respectivamente— configura un supuesto de vicio en los elementos esenciales del acto, particularmente en su objeto y en su causa.
Que, en cuanto al objeto, el acto administrativo aquí impugnado reproduce decisiones sancionatorias ya contenidas en actos administrativos anteriores válidamente dictados, reiterando así el contenido decisorio —esto es, la condena por infracción al artículo 970 del Código Aduanero respecto de las mismas destinaciones— lo cual vulnera el principio de juridicidad que rige el contenido del acto. Tal irregularidad constituye un vicio del objeto en los términos del artículo 7, inciso e) de la Ley N° 19.549, que exige que el objeto del acto sea cierto, posible y jurídicamente válido.
Que, por su parte, en lo que hace a la causa, el acto se funda en los mismos antecedentes fácticos y jurídicos que motivaron las resoluciones N° 307/2019 y 310/2019, sin aportar nuevos elementos de hecho ni una distinta fundamentación normativa, lo que implica la reiteración de una causa ya agotada por la propia Administración. En este sentido, se configura un vicio de causa conforme lo previsto en el artículo 7, inciso d) de la Ley N° 19.549, que establece que la causa del acto debe consistir en los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.
Que la reiteración en un nuevo acto de imputaciones ya contenidas en resoluciones anteriores válidamente apeladas no puede considerarse un mero defecto subsanable, sino que se trata de una irregularidad sustancial que afecta directamente la validez del acto administrativo en ese tramo, debiendo declararse su nulidad parcial. Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la resolución aduanera N° 499/2019 en lo que respecta a las destinaciones N° 15017IT16000183J y N° 15017IT16000306G, por encontrarse comprendidas en los actos administrativos mencionados, actualmente en trámite ante este Tribunal, uno de ellos con sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada.
Que, por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al planteo de nulidad formulado por la actora, en los términos señalados precedentemente.
IX. Que corresponde analizar ahora las restantes destinaciones incluidas en la resolución impugnada, a saber: N° 15017IT16000349N y N° 15017IT16000351G.
Que de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que no se encuentra agregada la carpeta original ni copia certificada correspondiente a la DIT N° 15017IT16000349N, respecto de la cual se exige a la firma recurrente el pago de tributos y multa. Esta omisión imposibilita verificar la fecha de oficialización de la destinación, determinar el vencimiento del plazo otorgado, constatar si se concedió o no prórroga, y —fundamentalmente— identificar el Decreto bajo el cual la mercadería habría ingresado temporariamente al país. Que la ausencia de la carpeta original de la destinación o su copia certificada también impide realizar el análisis de descarga, es decir, verificar qué porcentaje de la mercadería ingresada bajo el régimen de importación temporaria fue efectivamente reexportada o nacionalizada mediante importación para consumo. Dicha documentación resulta esencial para evaluar el cumplimiento o incumplimiento del régimen de destinación suspensiva, ya que contiene los datos técnicos necesarios para tal corroboración.
Que el procedimiento infraccional fue sustanciado exclusivamente con el informe N° 260/15 elaborado por la Sección Análisis y Selección de la Dirección Regional Aduanera de Córdoba, sin que se hayan acompañado siquiera las impresiones de pantalla del Sistema Informático María correspondientes a las destinaciones involucradas.
Que el deber de conservación y resguardo de la documentación original recae sobre el servicio aduanero, más aún cuando —como en el presente caso— la misma resulta central para la determinación de una presunta infracción administrativa. El administrado actúa como colaborador en la medida en que puede aportar la documentación que obre en su poder o en poder de su despachante de aduana, pero tal colaboración no exime a la Administración de su obligación de incorporar la documentación original o su copia certificada cuando pretende sustentar una imputación infraccional como la prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
Que, en consecuencia, la falta de incorporación de la documentación mínima indispensable, exigida por el artículo 1094 del CÓDIGO Aduanero, torna inválido el acto de apertura de sumario y todo lo actuado con posterioridad, en relación con la destinación N° 15017IT16000349N, configurando un supuesto de nulidad absoluta.
Que en sentido concordante se han pronunciado las Salas I y II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en las causas “Henkel Argentina S.A.” (sentencia del 12/12/2017) y “Ferrero Argentina S.A.” (sentencia del 28/12/2017), entre otras, donde se declaró la nulidad del acto de apertura del sumario por no haberse acompañado la carpeta original o su copia certificada.
Que, sentado ello, corresponde analizar el sub-lite frente a las disposiciones específicas del Código Aduanero sobre prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas respecto de la mencionada destinación.
Que respecto de los tributos como así también de la multa intimada por la resolución apelada, el plazo de prescripción es de 5 años conforme los artículos 803 y 934 del CÓDIGO Aduanero respectivamente, que comenzó a correr el 1° de enero de 2017 (el hecho gravado tuvo lugar en el año 2016 al vencerse el plazo de la importación temporaria) en los términos de los arts. 804 y 935 del CA y de no mediar causales suspensivas e interruptivas, operaba el 31 de diciembre de 2021. Y no obstante de entenderse que el referido acto de apertura del sumario debe evaluarse de modo integrado con el auto de corrida de vista, es decir que a ese momento el servicio aduanero pudo cumplir con las formalidades que requiere el art. 1094 a los efectos de subsanar las irregularidades de las que adolecía la apertura del sumario y proseguir con la investigación sumarial, ello, sin embargo, no ocurrió. Así las cosas, al ser nulo el auto de apertura del sumario del 29/10/2018 (véase fs. 47/49 de las actuaciones administrativas) no pudo suspender ni interrumpir la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) y 937, inc. a), respectivamente del CA.
X. Que, en atención a lo señalado en los considerandos anteriores, el análisis de fondo en esta causa debe circunscribirse exclusivamente a la destinación Nro. 15017IT16000351G.
Que en el caso se imputa a la firma SILA la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, en virtud del incumplimiento de la obligación de reexportar o, en su defecto, importar a consumo, en tiempo y forma, la mercadería ingresada al país bajo el régimen de destinación suspensiva de importación temporaria.
Que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, así como de las manifestaciones vertidas por la propia actora en su escrito recursivo, surge acreditado que la mercadería amparada por dicha destinación no fue reexportada dentro del plazo otorgado, ni se ha invocado ni probado circunstancia alguna que justifique dicho incumplimiento.
Que la firma reconoció expresamente la omisión, atribuyéndola a un supuesto “error” derivado de no haber informado a la Aduana la cancelación del negocio que había motivado la importación temporaria. Tal explicación no resulta suficiente para eximir de responsabilidad, no solo porque implica el reconocimiento del incumplimiento de las obligaciones asumidas voluntariamente, sino también porque no se configuran en el caso los presupuestos de caso fortuito o fuerza mayor exigidos por el ordenamiento para eximir de la aplicación de la sanción.
Que tanto el caso fortuito como la fuerza mayor exigen que el hecho que impide el cumplimiento sea imprevisible e inevitable. La eventual interrupción del negocio, así como la inadecuada comunicación interna de dicha circunstancia dentro de la estructura organizativa de la empresa, son contingencias propias del giro comercial que no pueden eximir de responsabilidad ante el servicio aduanero.
Que corresponde recordar que el régimen de importación temporaria reviste carácter excepcional y de adhesión voluntaria, y que su acceso por parte del operador exige el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias, entre ellas la reexportación en el plazo otorgado o, en su defecto, la importación a consumo de la mercadería.
Que, en función de lo analizado y teniendo en cuenta la naturaleza del régimen, no cabe sino concluir que la firma SILA ha incumplido las obligaciones asumidas frente al servicio aduanero toda vez que no habría reexportado o importado a consumo la mercadería importada temporariamente mediante la destinación nro. 15017IT16000351G y que, a su vez, no ha logrado acreditar ni la configuración ni la concurrencia de causales eximentes de responsabilidad, tales como el caso fortuito o la fuerza mayor.
XI. Que, respecto de esta última destinación, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
XII. Que en razón de lo expuesto en los Considerandos precedentes y teniendo en cuenta las pautas de la liquidación de fs. 55 de las act. adm. SIGEA N° 12757-29-2015, la reformulo de la manera siguiente:
VALOR EN ADUANA U$S 14.731,45 DERECHO DE IMPORTACIÓN (16%) U$S 2357,03 TASA DE ESTADÍSTICA (0,5%) U$S 73,66 BASE DE IVA U$S 17.162,14 IVA U$S 3.604,05 TOTAL DE TRIBUTOS U$S 6.035
XIII. Que, en relación con los agravios formulados por la firma aseguradora, cabe precisar que las destinaciones nros. 15017IT16000349N, 15017IT16000183J y 15017IT16000306G han sido excluidas del análisis en virtud de lo resuelto precedentemente, limitándose el examen a la destinación nro. 15017IT16000351G.
Que la póliza en virtud de la cual la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora es la nro. 959858 (véase IF- 2019-103826914-APN-DTD#JGM), y que fue extendida por CHUBB a favor de la Dirección General de Aduanas, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma SILA mediante la destinación nro. 15017IT16000351G (véase la impresión de pantalla de la consulta del identificador de garantías nro. 15 017 004826 Z que coincide con la que obra en la DIT que luce a fs. 64/66 de las act. adm.), y ello por la suma máxima de $ 170.000, que cubriría el importe total de los tributos liquidados -a “garantizar”- en la referida destinación. En consecuencia, debe entenderse que la firma CHUBB es la garante de la destinación en vista y, por ende, resulta responsable de la exigencia aduanera sobre la cantidad de la mercadería en infracción ingresada temporariamente al amparo de la destinación nro. 15017IT16000351G dentro de los límites de su responsabilidad que surgen única y exclusivamente de la póliza.
XIV. Que, en relación al límite máximo garantizado por la recurrente, cabe señalar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el límite máximo asegurado en la póliza nro. 959.858 que totaliza la suma, en concepto de capital, de $ 170.000 (ciento setenta mil pesos). A dicha suma deberán adicionarse los intereses previstos en el artículo 794 del CÓDIGO Aduanero.
Por ello VOTO por:
1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 499/2019, dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015, en cuanto condena a la firma actora con fundamento en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de las destinaciones N° 15017IT16000183J y N° 15017IT16000306G.
2. Declarar la nulidad parcial del acto de apertura de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción de la Dirección General de Aduanas para exigir tributos e imponer multa a la firma importadora y a la aseguradora, únicamente en relación con la destinación N° 15017IT16000349N, en el marco del procedimiento infraccional tramitado bajo las actuaciones SIGEA N° 12757-29-2015.
3. Confirmar parcialmente la Resolución N° 499/2019, de fecha 14/08/2019, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015, en cuanto exige a las firmas “SILA ARGENTINA S.A.” y “CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A.” el pago de tributos en relación con la destinación N° 15017IT16000351G, por la suma de SEIS MIL TREINTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 6.035), más los intereses establecidos en el artículo 794 del Código Aduanero, los que deberán calcularse desde el 17/12/2018 hasta la fecha de efectivo pago. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscrita por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de CIENTO SETENTA MIL PESOS ($ 170.000) monto al que deberán adicionársele los intereses del art. 794 del C.A. calculados del modo ya señalado.
4. Revocar parcialmente la Resolución N° 499/2019, de fecha 14/08/2019, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015, en cuanto exige a las firmas mencionadas el pago de tributos en concepto de percepción del IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias, respecto de la destinación N° 15017IT16000351G.
5. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 85% a cargo del Fisco y un 15% a cargo de la firma actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que si bien comparto la propuesta del Vocal instructor plasmada en los puntos 1, 3, 4 y 5 de su voto, disiento con su posición nulificante plasmada en el punto 2.
El Dr. Garbarino plantea declarar la nulidad de la apertura del sumario con base en la ausencia formal de la destinación de importación temporal.
Que el principio procesal rector, confirmado en reiterada jurisprudencia de la CSJN, establece que no hay nulidad sin perjuicio. Sólo procede la anulación de un acto cuando se acredite un menoscabo concreto al derecho de defensa.
Que el Alto Tribunal ha afirmado con claridad que las nulidades no son un fin en sí mismas, sino un medio para restablecer garantías constitucionales, y no deben prosperar ante su falta de afectación real (Fallos: 306:1892; 307:821; 308:1489; 311:410; 312:2467; entre otros).
Que, en el presente caso, la importadora reconoce expresamente el incumplimiento del régimen cuestionado, lo que implica plena conciencia y admisión del objeto del sumario, desvirtuándose la existencia de una verdadera indefensión, aun frente a una falta de agregación normal del documento.
Que la finalidad del procedimiento – dar conocimiento al afectado y permitir la defensa – ha sido cumplida, por lo que sería exclusivamente formalista e innecesario declarar nulidad en perjuicio del avance del proceso y de la economía procesal.
Que, en virtu de lo expuesto, no corresponde declarar la nulidad en los términos esbozados en el punto 2 del Dr. Garbarino.
Así lo voto.
El Dr. Segura dijo:
Que, en relación al punto 2 que torna necesaria mi intervención en el caso, adhiero a la postura adoptada por el Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 499/2019, dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015, en cuanto condena a la firma actora con fundamento en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de las destinaciones N° 15017IT16000183J y N° 15017IT16000306G.
2. Declarar la nulidad parcial del acto de apertura de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción de la Dirección General de Aduanas para exigir tributos e imponer multa a la firma importadora y a la aseguradora, únicamente en relación con la destinación N° 15017IT16000349N, en el marco del procedimiento infraccional tramitado bajo las actuaciones SIGEA N° 12757-29-2015.
3. Confirmar parcialmente la Resolución N° 499/2019, de fecha 14/08/2019, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015, en cuanto exige a las firmas “SILA ARGENTINA S.A.” y “CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A.” el pago de tributos en relación con la destinación N° 15017IT16000351G, por la suma de SEIS MIL TREINTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 6.035), más los intereses establecidos en el artículo 794 del Código Aduanero, los que deberán calcularse desde el 17/12/2018 hasta la fecha de efectivo pago. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscrita por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de CIENTO SETENTA MIL PESOS ($ 170.000) monto al que deberán adicionársele los intereses del art. 794 del C.A. calculados del modo ya señalado.
4. Revocar parcialmente la Resolución N° 499/2019, de fecha 14/08/2019, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12757-29-2015, en cuanto exige a las firmas mencionadas el pago de tributos en concepto de percepción del IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias, respecto de la destinación N° 15017IT16000351G.
5. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 85% a cargo del Fisco y un 15% a cargo de la firma actora.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Date: 2025.09.11 18:20:29 ART Date: 2025.09.11 18:50:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.12 13:21:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.12 13:22:51 -03:00
Fin de la sentencia