Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 23860787-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de recurso- la resolución del 23/4/2021 dictada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación; y
2Tratar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada el 8/6/2021 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, cuyo monto -en cuanto fue materia de recurso- se confirma (Considerando VII).
///nos Aires, 15 de noviembre de 2022.-
VISTOS estos autos 21.130/2021 caratulados “Sila Argentina SA (TF 23860787-A y BLSG 39229413-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución AD CORD 34/2020, en cuanto aquí importa, el administrador de la división Aduana de Córdoba (ver esp. fs. 11/14 del hipervínculo incluido en este párrafo):
-condenó a la firma Sila Argentina SA al pago de una multa de $481.685,04 por comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero y la emplazó a su pago (conf. sus artículos 1° y 2°); y -intimó a Sila Argentina SA y a Chubb Argentina de Seguros SA, en su condición de garante de la operatoria fiscalizada, por los tributos adeudados, que ascendían a U$S11.355,14 y $430.621,11 (conf. su artículo 3°).
Sila Argentina SA solicitó la revisión del acto aduanero por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (ver esp. fs. 5/9 del hipervínculo incluido en este párrafo).
Durante su tramitación, Sila Argentina SA hizo saber al tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales que se había adherido al régimen de regularización de deudas aduaneras realizado, conforme el plan “O300212” respecto de la pretensión fiscal vinculada a estos actuados y, en consecuencia, solicitó que se tuviera por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal, por acogida al régimen establecido por resolución general AFIP 4816/2020, se regularan, de corresponder, los honorarios de los letrados intervinientes así como se determinaran las costas del juicio y, oportunamente, se procediera, de conformidad con lo artículo 10 de la citada resolución y se archivaran las actuaciones (ver esp. fs. 171/181 del hipervínculo incluido en este párrafo).
Al respecto, el Fisco Nacional solicitó que se rechazara la condonación y archivo de la causa solicitados, se supeditaran ambos beneficios al efectivo cumplimiento del plan de facilidades de pago y la cancelación total de la obligación resultante y, oportunamente, se tuviera a la importadora por desistida de todo derecho, acción y reclamo, incluso el de repetición, en lo que refiere a estos actuados, se impusieran las costas y gastos causídicos del proceso a cargo de la actora y se regularan los honorarios profesionales correspondientes a su parte (ver esp. fs. 187/197 del hipervínculo incluido en este párrafo).
En este sentido, resaltó -en sustancial síntesis- que lo solicitado resultaba improcedente dada la falta cancelación total de las obligaciones resultantes del plan de pagos, exigida por la normativa como condición sine qua non para acceder a los beneficios establecidos por el régimen bajo trato, sumado a que se encontraba pendiente determinar quién haría frente a las costas y gastos causídicos del caso, así como regular los honorarios a favor de su parte.
A pedido del vocal instructor, la importadora acompañó el formulario AFIP “F.1003” (ver esp. fs. 206 del hipervínculo incluido en este párrafo).
El 23/4/2021, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, por unanimidad (ver esp. fs. 221/224 del hipervínculo incluido en este párrafo):
-tuvo por allanada formalmente a Sila Argentina SA con relación a la multa y los tributos exigidos por la resolución AD CORD 34/2020;
-tuvo por desistida de toda acción y derecho, con el objeto de adherirse al régimen de “regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera” establecido en el Título IV de la ley 27.541; e -impuso las costas a cargo de la importadora, conforme lo normado por el artículo 9° de la ley 27.541 y el artículo 12, literal b), de la resolución general AFIP 4816/2020.
Para así decidir, tras referir el alcance de la normativa rectora en la especie y los antecedentes del caso, el tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales, consideró que atento el estado procesal de la causa y las constancias arrimadas por la actora, correspondía tenerla por allanada formalmente con relación a la multa y a los tributos exigidos por resolución AD CORD 34/2020, y desistida de toda acción y derecho, con el objeto de adherirse al régimen de “regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera” establecido en el título IV de la ley 27.541.
II. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional solicitó aclaratoria y, en subsidio, apeló (ver esp. fs. 229/234 del hipervínculo incluido en este párrafo).
Peticionó que se aclarara y/o se ampliara el alcance del pronunciamiento dictado, disponiendo que también se refiriera al plan de facilidades de pago código “O568461”, ello en tanto el “O300212” no se encontraría vigente.
Al punto, explicó que, consultada la agencia - sede 2 de la ciudad de Córdoba (Provincia de Córdoba), se advirtió que el plan de facilidades de pago “O300212” fue reformulado el 8/1/2021 conforme al régimen de reformulación de planes "condicionales" de deuda aduanera, según lo previsto por el artículo 43 de la resolución general AFIP 4816/2020; siendo el número identificatorio del nuevo programa de pago el “O568461”. Refirió que resultaba esencial que el pronunciamiento abarcara el cambio en el número de plan, caso contrario el servicio aduanero no podría procesar administrativamente la decisión adoptada si indica un número que se encuentra reformulado y por ende sin vigencia.
III. Por resolución del 8/6/2021, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación desestimó la aclaratoria solicitada, concedió, en los términos de los artículos 1172 y 1173 del Código Aduanero el recurso de apelación interpuesto en subsidio por el Fisco Nacional, y reguló en la suma de $85.946 -equivalentes a 20,7 UMA- los honorarios de la representación fiscal (ver esp. fs. 240/242 del hipervínculo incluido en este párrafo). Para así decidir, en cuanto aquí interesa destacar, el nombrado tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales sostuvo que los extremos invocados por la representación fiscal no fueron puestos a su consideración con anterioridad al dictado del pronunciamiento a aclarar o ampliar; no correspondiendo efectuar una ampliación del objeto procesal, máxime cuando los asertos invocados no fueron informados ni acreditados por la importadora.
Al punto, resaltó que por el pronunciamiento del 23/4/2021 se expidió en función de los datos y la documental obrante en ese entonces; no advirtiéndose la existencia de puntos oscuros, errores materiales ni puntos incluidos en el litigio y omitidos en la sentencia sobre los que correspondiera efectuar aclaratoria alguna.
Por lo demás, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación agregó que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 166 del CPCCN, norma de aplicación supletoria, su competencia concluyó con el dictado del pronunciamiento bajo referencia.
IV. El Fisco Nacional apeló la regulación de honorarios practicada, por entender baja la retribución dispuesta a su favor (ver esp. fs. 249/250 del hipervínculo incluido en este párrafo).
Resta señalar que, corrido el pertinente traslado de la apelación deducida subsidiariamente por el Fisco Nacional contra la resolución del 23/4/2021, la importadora no presentó contestación alguna en el término de ley. V.- Precisado lo anterior, evaluado el caso, esta Alzada considera, tal como fuera puesto de manifiesto por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación por medio de la resolución del 8/6/2021, que el pronunciamiento del 23/4/2021 -por medio del cual se tuvo por allanada formalmente a Sila Argentina SA con relación a la multa y a los tributos exigidos por la resolución AD CORD 34/2020 y por desistida de toda acción y derecho, con el objeto de adherirse al régimen de “regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera” establecido en el Título IV de la ley 27.541-, respondió a la cuestión puesta a su conocimiento, conforme los lineamientos y términos propuestos tanto por la importadora como por el Fisco Nacional.
En efecto, según resulta del relato que antecede, la decisión adoptada por el tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales, se ajusta a la pretensión esbozada por Sila Argentina SA, quien informó en autos haberse acogido al régimen de “regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera” establecido por ley 27.541, acompañando constancias del plan de facilidades de pago código “O300212” que tramitara al fin de hacer frente a la pretensión fiscal vinculada a estos actuados, asociada a la destinación temporaria de importación (DIT) código “18 017 IT14 000055 X”, solicitando que se tuviera por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal y por acogida al régimen en cuestión.
Y si bien el Fisco Nacional, al tiempo de contestar el traslado que le fuera conferido de dicha petición, se opuso a la condonación y archivo de la causa -pretendiendo, en cambio, que se supeditaran ambos beneficios al efectivo cumplimiento del plan de facilidades de pago y la cancelación total de la obligación resultante y, oportunamente, se tuviera a la importadora por desistida de todo derecho, acción y reclamo, incluso el de repetición, en lo que refiere a estos actuados, se impusieran las costas y gastos causídicos del proceso a cargo de la actora y se regularan los honorarios profesionales correspondientes a su parte-; en modo alguno cuestionó la vigencia del plan código “O300212”, omitiendo -por consiguiente- cualquier tipo de referencia al plan código “O568461”. Es decir, el Fisco Nacional no advirtió ni hizo saber -en la oportunidad debida- la circunstancia que, por vía de aclaratoria con apelación en subsidio, pretende introducir.
Así las cosas, en la medida en que, lo atinente al “nuevo”
plan de facilidades de pago y la pérdida de vigencia del anterior, código “O300212” resultan cuestiones introducidas en autos recién al tiempo de solicitar aclaratoria de la decisión adoptada y apelarla en subsidio, lo resuelto se ajusta indefectiblemente a la plataforma fáctica sujeta a conocimiento de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
A ello, añádase que el apelante no alegó -ni mucho menos demostró- que lo denunciado resultase sobreviniente al pronunciamiento del 23/4/2021, es decir, que se hubiera verificado con posterioridad a su dictado.
Por tanto, a la luz de los argumentos recursivos formulados, no se advierte error o desacierto en la decisión adoptada. Por lo demás, el recurrente no invocó extremos que revelen la existencia de un perjuicio irreparable para su parte, encontrándose más bien dentro de su propia órbita la resolución de la cuestión requerida al Tribunal Fiscal de la Nación. De hecho, conforme los e-mails acompañados, la propia aduana división de Córdoba tendría conocimiento del “cambio” de plan de pagos.
De este modo, al margen de lo previamente indicado en orden a la adecuación de la decisión adoptada a la cuestión litigiosa traída a conocimiento del Tribunal Fiscal de la Nación, se advierte que la cuestión requerida bien podría ser resuelta internamente por la propia AFIP - DGA, sin requerir de un pronunciamiento judicial en tal sentido.
VI. Lo dicho, basta para desestimar la pretensión recursiva intentada por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN), y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de recurso- la resolución del 23/4/2021 dictada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
VII. Decidido lo anterior, al fin de tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios practicada, cabe recordar que mediante dicha tarea se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito. Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etcétera (conf. esta Sala, en autos 29.975/2013 “Securitas Argentina SA c/PNA - Disp. 647/12 (Expte. S02: 38.567/12)”, resol. del 18/3/2014 y su cita; entre otros).
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (conf. CSJN, Fallos: 270:388; 296:124, entre otros).
Sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto involucrado -conf. resol. 34/2020, formulario “F4”, convertido a pesos al tipo de cambio correspondiente a la fecha de interposición de recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y lo resuelto el 23/4/2021 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante la etapa cumplida, corresponde confirmar -en lo que fue materia de recurso- los honorarios regulados a favor de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional (conf. artículos 16, 20, 21, 29, 44, inciso b), y concordantes de la ley 27.423 - decreto 1077/2017), El importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA) integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala, en autos “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.", resol. del 16/7/1996).
Para el supuesto en que el profesional no hubiera denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre los honorarios regulados, correrá a partir de la fecha en que lo hiciera.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de recurso- la resolución del 23/4/2021 dictada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación; y 2º) tratar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada el 8/6/2021 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, cuyo monto -en cuanto fue materia de recurso- se confirma (Considerando VII).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia