Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 39524-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, modificar la sentencia de fs. 94/97, manteniendo la liquidación manual 17017LMAN024572J, emitida en concepto de multa automática y diferencia de tributos, confirmada en la resolución (AD CORD) 275/2018, dictada en las actuaciones SIGEA 12657-4817-2017, excluyendo – únicamente– la percepción del impuesto a las ganancias e IVA adicional. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 39766/2019/CA2; SILA ARGENTINA SA (TF 39524 –A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
DVP Buenos Aires, de julio de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 18/04/2023, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, resolvió confirmar parcialmente la Resolución (AD CORD) 275/2018, dictada en las actuaciones SIGEA 12657-4817-2017, mediante la que se confirmó la liquidación manual 17017LMAN23889T, emitida en concepto de multa automática y diferencia de tributos. Para así decidir, luego de reseñar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, rechazar el planteo de nulidad impetrado por la firma actora y destacar la relevancia que el Certificado de Origen tiene para casos como el de autos, advirtió que el cargo determinado por el servicio aduanero incluía la percepción del impuesto a las ganancias y el IVA adicional.
Así las cosas, consideró que en virtud del criterio sustentado por el Máximo Tribunal en la causa 22.930/2009/CA1-CS1 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA – resol 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, correspondía revocar dichos rubros de la exigencia tributaria.
En consecuencia, declaró que el importe adeudado por la firma Sila Argentina SA, por la falta de presentación del certificado de origen vinculado al DI 16017IC04003967D ascendía a la suma de U$S 1.639,78 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, declarando que dicho importe debe ser convertido a pesos conforme el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones correspondientes al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del CA, computados desde el 9/08/2017.
Seguidamente, e invocando las amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, redujo la multa automática a $1.082,18 pues consideró que la RG AFP 3271/12 (BO 10/02/2012) estableció que el tipo de cambio aplicable para la determinación de multas posteriores a la sanción de la ley 25.561 -caso de autos- es aquél que rija en el momento establecido por el artículo 926 del CA, vale decir, la fecha de la configuración de la infracción.
De manera que concluyó que correspondía convertir a moneda nacional el importe de la multa impuesta a la fecha en que vencía el plazo de la intimación para presentar el certificado de origen –01/06/16 conforme fs. 3 de las actuaciones administrativas; esto es $14,2 por cada dólar–. A su vez, también de oficio y luego de citar el art. 924, expuso que los intereses por multas recién se computan a partir de quedan firmes, al cumplir una función punitiva y no recaudatoria.
Impuso las costas en un 95% a cargo de la parte actora y en un 5% a cargo del Fisco Nacional.
II. Contra dicha sentencia se alza la parte demandada, interponiendo el recurso de apelación el 05/06/2023, expresando sus agravios el 29/06/2023, los que no fueron replicados por la contraria Sostiene que la resolución apelada le causa un gravamen irreparable al haber fallado el Tribunal Fiscal de la Nación de forma extra petita, toda vez que la firma importadora no se agravió de la multa. Añade que la sentencia interpreta erróneamente la RG AFIP 3271/12. Recuerda que la determinación en dólares estadounidenses de los tributos que gravan a las operaciones de importación y de exportación y su conversión a pesos al tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905, no implican necesariamente una repotenciación de la deuda.
Cita el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en autos “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179 -A) c/DGA”, del 23/08/2011, en el que quedó establecido que los importes de las determinaciones tributarias suplementarias deben ser calculados en dólares estadounidenses hasta el momento de su efectivo pago y que, sobre ellos, deben calcularse los intereses previstos en el art. 794 del CA.
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Alega que, si la deuda en concepto de tributos no fuera calculada tomando el tipo de cambio del día anterior a la fecha del efecto pago, tal como lo establece el art. 20 de la ley 23.905, quedaría licuada por el mero transcurso de tiempo, ya que la firma actora quedaría obligada a pagar la misma cantidad al tipo de cambio del día en que se configuró la infracción, que ya ha dejado de ser representativa del respectivo porcentaje del valor en dólares de la mercadería importada.
Recalca que la RG 3271/12 siempre se refiere a la conversión del capital adeudado a pesos al momento del efectivo pago y en ningún momento menciona una conversión distinta (al tipo de cambio histórico). Solicita que se revoque la decisión en cuanto a la reliquidación de la multa.
III. En función de los agravios esgrimidos por el Fisco Nacional la cuestión que debe resolver esta Sala ha quedado circunscripta a determinar si por conducto de una liquidación corresponde reducir, de oficio, una multa automática que no ha sido cuestionada por la firma actora. A fin de resolver si la sentencia apelada constituye el dictado de un pronunciamiento ultra petita, resulta atinado recordar los lineamientos que surgen de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos CAF 30.796/2016 “Codorniu Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 26/12/2017.
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal, al compartir y hacer suyos los términos del dictamen de la señora Procuradora General de la Nación, confirmó el pronunciamiento dictado por la Sala IV de este Fuero por medio de la cual, a su vez, había validado la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que, en lo que aquí importa, había revocado de oficio la resolución DE PRLA 1373/2011, en cuanto exigía el pago del denominado "derecho adicional" fijado en el artículo 23 del decreto 1439/1996 respecto de la mercadería ingresada temporalmente por DIT “02 001 IT6199 J”, posteriormente regularizada en forma extemporánea. Alcanzó tal conclusión tras considerar que:
si bien determinar el alcance de las cuestiones comprendidas en la litis resultaba materia privativa de los magistrados que entienden en cada contienda, tal regla reconocía excepción cuando lo decidido, con mengua de la defensa en juicio, significase un apartamiento de las pretensiones enunciadas al trabarse el diferendo, incorporando temas no introducidos por las partes en el pleito (Fallos, 239:442; 252:13; 255:237, entre otros);
asistía razón al Fisco Nacional cuando señalaba que el Tribunal Fiscal de la Nación no se encontraba habilitado para expedirse sobre cuestiones que no fueran requeridas por la actora al interponer su recurso de apelación, ni tampoco objeto de controversia durante el curso del proceso;
si bien el artículo 1143 del Código Aduanero establece que el Tribunal Fiscal de la Nación impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y "resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes", lo cual implicaba encuadrar el requerimiento de los contendientes en su adecuado fundamento de derecho (Fallos, 306:303, disidencia de los Dres. Fayt y Belluscio), pudiendo en esa tarea, incluso, aplicar una norma no invocada por ellos (Fallos, 335:2333, cons. 10 y su cita), tales atribuciones no podían ser empleadas para introducir pretensiones que los litigantes no hubieran efectuado, ya que reconocer y acordar a una de las partes derechos no debatidos, resultaba, como principio, incompatible con el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos, 237:328; 239:442; 267:419; 284:47); y la allí actora, en su escrito de inicio, solicitó que se revocara in totum la resolución DE PRLA 373/2011, sin exclusión ni salvedad alguna, lo cual conducía forzosamente a concluir que impugnó, además de los otros conceptos cuyo pago allí se exigía, también el derecho adicional.
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Respecto de esto último, destacó la señora procuradora fiscal de la Nación, que ello se veía corroborado por el formulario F.4 elaborado por la propia accionante, en el cual se dejaba en claro que no consentía importe alguno sino que cuestionaba la suma total intimada por el acto administrativo recurrido; concluyendo que si bien el Tribunal Fiscal de la Nación había resuelto el caso independientemente de las normas alegadas por las partes, lo hizo sin apartarse de las pretensiones planteadas al trabarse el diferendo IV. Sentado todo ello, bajo los parámetros fijados en el precedente supra reseñado, en resguardo del debido proceso adjetivo y analizando con detenimiento las pretensiones esgrimidas por las contendientes, resulta evidente que, en la especie, si bien al cuestionar el acto aduanero, Sila Argentina SA solicitó que se declarara la improcedencia de los cargos que le fueran impuestos o bien, subsidiariamente, fueran reformulados en los mínimos posibles, otorgando un plan de facilidades de pago; al tiempo de completar el formulario F.4, indicó cuestionar únicamente los tributos reclamados, mas no la multa automática aplicada; y nada dijo en su recurso respecto de esta o la moneda en la que fue fijada (cfr. fs. 39/41). La conversión a moneda nacional del importe de la multa impuesta al tipo de cambio vigente a la fecha del vencimiento del plazo para presentar el certificado de origen, en modo alguno constituyó motivo de cuestionamiento por parte de Sila Argentina SA.
En efecto, como fue dicho, la multa automática aplicada por el acto aduanero no fue siquiera mencionada en el recurso de apelación intentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como tampoco referida al tiempo de completar el formulario F4 antes mencionado; limitándose a cuestionar los tributos involucrados en autos (cfr. fs. 1y fs. 39/41). Así las cosas, se considera que la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación se avocó a revisar la moneda en la cual fuera expresada la multa automática aplicada por resolución AD CORD 275/2018, sin haber constituido ello un capítulo en función del cual la importadora pretendiera que se revocara o, cuanto menos, modificara el acto aduanero y, por consiguiente, respecto del cual el Fisco Nacional articulara su defensa. De este modo, tal como fuera previamente apuntado, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación revisó de oficio la moneda en la que fuera expresada la multa aplicada, disponiendo con referencia a lo normado por el artículo 1143 del Código Aduanero y a la resolución general AFIP 3271/2012, que correspondía estar al tipo de cambio aplicable al momento establecido por el artículo 926 del Código Aduanero, esto es, la fecha de la configuración de la infracción. Esto condujo a determinar la sanción pecuniaria aplicada en pesos argentinos al tipo de cambio vigente a la fecha límite para presentar el certificado de origen, el 01/06/2016.
En el caso, se advierte que Sila Argentina SA en modo alguno abrió debate respecto de la multa y la moneda en que debía ser expresada. Por tal motivo se concluye que, en lo que al punto refiere, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación se expidió respecto de una cuestión que no fue traída a su conocimiento -así como tampoco puede siquiera considerarse tácita o globalmente alcanzada por la postulación recursiva-, afectando así el principio procesal de congruencia que necesariamente corresponde preservar, y, por consiguiente, el derecho de defensa del Fisco Nacional (cfr. en igual sentido, CNACAF, esta Sala, in re “Sila Argentina SA (TF 39382-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, expte. 62952/2019, sentencia del 26/06/2025; Sala II, expte. 55.380/2019, in re “Sila Argentina SA c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 24/09/2024).
Al respecto, esta Sala ha expresado que “si bien el Código Aduanero otorga al Tribunal Fiscal de la Nación ‘amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...’ (art. 1143 ver texto C.A.), el ejercicio de esas atribuciones tiene como valladares la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado en la causa y el respeto al principio de la reformatio in pejus” (esta Sala, in re “Jaime Bernardo Coll S.A. [TF 14.047-A]”, del 8/08/2006 y “Volkswagen Argentina S.A. [TF 20417-A]”, del 17/04/2012)”. Y que “debe entenderse, tal como lo ha efectuado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la decisión del a quo, al resolver sobre cuestiones que no Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 39766/2019/CA2; SILA ARGENTINA SA (TF 39524 –A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
habían sido materia de agravio, se apartó del principio de congruencia, con mengua del derecho de defensa en juicio de una de las partes, lo que la hace pasible de la tacha de arbitrariedad (Fallos: 326:1027)”.
Ello sentado, deben ser admitidas las quejas que expone el Fisco Nacional en sustento de su recurso, respecto de la improcedente inclusión de oficio por parte del Tribunal Fiscal de una cuestión no alegada por la firma importadora, lo cual torna inoficioso pronunciarse respecto del agravio del Fisco Nacional relativo a la aplicación de la resolución general AFIP 3271/2012.
De este modo, corresponde mantener la liquidación manual 17017LMAN23889T, emitida en concepto de multa automática y diferencia de tributos, confirmada en la resolución (AD CORD) 275/2018, dictada en las actuaciones SIGEA 12657-3988-2017, excluyendo –únicamente– la percepción del impuesto a las ganancias e IVA adicional decidida bajo el criterio sentado por el Cimero Tribunal en los autos “Cladd Ita SA”, del 26/11/2019.
V. En punto a las costas, conforme lo dispuesto por el art. 279 del CPCCN corresponde que las costas de la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación sean impuestas en su totalidad a la parte actora. Con costas de alzada, por no existir mérito para la dispensa (cfr. art 68, primer párrafo del CPCCN, art. 1163 C.A)
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, modificar la sentencia de fs. 94/97, manteniendo la liquidación manual 17017LMAN024572J, emitida en concepto de multa automática y diferencia de tributos, confirmada en la resolución (AD CORD) 275/2018, dictada en las actuaciones SIGEA 12657-4817-2017, excluyendo – únicamente– la percepción del impuesto a las ganancias e IVA adicional. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia