Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 64166178-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar la decisión recurrida en cuanto fue materia de agravios.
Conociendo del recurso de apelación deducido contra la regulación de honorarios, ponderando la naturaleza del juicio, su monto, la importancia de la cuestión y la entidad de la labor desarrollada en la etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE CONFIRMAN los honorarios regulados a la dirección letrada y representación del Fisco Nacional (arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 58 de la ley 27.423).
A los fines previstos en el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se deja constancia de que suscriben la presente dos vocales por encontrarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Alta en sistema: 23/08/2022
Expte. nro. 21.129/2021 - SILA ARGENTINA SA (TF 64166178-A Y BLSG 76642461-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2022.- TAR
El recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria y fundado por el Fisco Nacional el 23/12/2021, contra la sentencia del 23/4/2021, cuyo traslado no fue replicado por la parte actora; y,
I. Que el 23/4/2021, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió tener a la actora por allanada formalmente a la firma SILA ARGENTINA S.A. en relación a la multa y los tributos exigidos en la Resolución N° 312/2019 (AD CORD) dictada en el marco de la Actuación N° 17509-19-2017, y desistida de toda acción y derecho, con el objeto de adherirse al régimen de “Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera” establecido en el Título IV de la Ley 27.541, con costas a cargo de la accionante.
II. Que contra esa sentencia Fisco interpuso recurso de aclaratoria, con apelación en subsidio, a fin de que la parte dispositiva de dicho decisorio también refiriera al Plan de Facilidades de Pago (en adelante, “PFP”) N° O568461, toda vez que el PFP N° O300212 -al que hiciera alusión la actora en su solicitud de adhesión al régimen de la ley 27.541- no se encontraba ya vigente.
En primer lugar, manifiesta que, en efecto, al responder el traslado conferido respecto al desistimiento de la parte actora informó que la destinación N° 15 017 IT16000375M, involucrada en la causa, se encontraba incluida en el PFP N° O300212. Sin perjuicio de lo anterior, una vez recibida la notificación de la Sentencia, se realizó consulta a la Dependencia AFIP de la actora, AGENCIA-SEDE N° 2 CORDOBA, y se tomó conocimiento de que el PFP N° O300212 fue reformulado el 8/1/2021 -es decir, con posterioridad a que hubiera Alta en sistema: 23/08/2022 respondido el traslado conferido- conforme al régimen de Reformulación de planes "condicionales" de deuda aduanera (artículo 43 de la RG N° 4816/20), siendo el nuevo número identificatorio el PFP N° O568461. De tal manera, todas las destinaciones incluidas en el anterior PFP N° O300212 fueron incluidas en el reformulado PFP N° O568461.
Especifica que resulta esencial que la Sentencia dictada en autos abarque el cambio en el número de PFP, ello toda vez que la Aduana de Registro no podrá procesar administrativamente la sentencia si la misma refiere a un PFP que se encuentra reformulado y por ende sin vigencia. Asimismo, porque resulta trascendental a los fines de dar por finalizada la presente causa y realizar el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del régimen en trato que la Sentencia abarque correctamente los datos del PFP en el cual la actora incluyó las obligaciones derivadas del presente sumario.
Finalmente, solicita la regulación de honorarios correspondiente a su representación legal y patrocinio.
III. Que, por su parte, 8/6/2021 el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la aclaratoria. Expuso que “…los extremos invocados por la representación fiscal no han sido puestos en consideración de este Tribunal con anterioridad al dictado de la sentencia cuya aclaratoria y/o ampliación se pretende”.
En virtud de ello, concluyó que no correspondía en esa instancia efectuar una ampliación del objeto procesal, máxime cuando los asertos invocados por la representación fiscal no habían sido informados ni acreditados por la actora. En este sentido, destacó que el Tribunal se había expedido con los datos y la documental obrante en las presentes actuaciones al momento de dictar sentencia. En consecuencia, señaló que no existían puntos oscuros, errores materiales ni puntos incluidos en el litigio y omitidos en la sentencia sobre los que correspondiera efectuar aclaratoria alguna. Por otra parte, reguló los honorarios requeridos, aclaró que la única etapa del proceso se tramitó durante la Alta en sistema: 23/08/2022 vigencia de la ley 27.423, agregó que la base regulatoria se integra con el importe de la multa y los tributos cuestionados (en el caso del importe en dólares, convertido a pesos a la fecha de la sentencia dictada en autos) con más los intereses devengados, también hasta la fecha de la sentencia dictada en autos. En base a tales consideraciones determinó los honorarios de la representación fiscal, a cargo de la actora, en 3 UMA equivalentes, en dicho momento, a la suma de pesos doce mil cuatrocientos cincuenta y seis ($ 12.456), suma que no incluyó el IVA por no corresponder.
Finalmente, se apelaron dichos emolumentos por bajos.
IV. Que, preliminarmente, corresponde dejar claramente expuesto que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece, en su artículo 277 que “[e]l tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia”.
Al respecto, y teniendo en cuenta que la cuestión que ahora se ventila no fue oportunamente opuesta por la demandada, este Tribunal no se encuentra habilitado para expedirse sobre la misma. Ello es así conforme el principio de congruencia -iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium- previsto, además del mencionado art. 277, en los arts. 34, inc. 4°; 163 y 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En este sentido, tampoco puede argüirse que se encuentre configurada la excepción prevista en la última parte del art. 277 del Código ritual, toda vez que, de las expresiones vertidas por la propia recurrente, se advierte que no se trata de una cuestión derivada de hechos posteriores a la sentencia recurrida.
V. Que, en el Título II, Libro II, de la Ley Nº 27.260, se estableció, para los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP, un régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, Alta en sistema: 23/08/2022 multas y demás sanciones, siempre que se cumpla con los términos fijados en la norma (confr., art. 52, ley cit.).
Se encuentran incluidas dentro de ese régimen, las obligaciones en curso de discusión administrativa o que fuesen objeto de un procedimiento administrativo o judicial, en tanto el contribuyente se allanare incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desistiese y renunciase a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podría ser total o parcial, y procedería en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según correspondiese (confr., art. 53, ley cit.).
Por su parte, en el artículo 55 se dispuso, con alcance general, para los sujetos que se acogiesen al régimen de regularización excepcional previsto en la ley, la exención y condonación, en lo que aquí interesa: (i) de las multas y demás sanciones previstas en la Ley Nº 11.683, que no se encontraren firmes a la fecha de acogimiento al régimen (inciso a); y, (ii) de los intereses resarcitorios y punitorios previstos en los arts. 37, 52 y 168 de ese cuerpo legal (inciso c).
A fin de que procediese el beneficio, en el artículo 57 se estableció que los sujetos deberían cumplir, respecto del capital, multas firmes, e intereses no condonados, alguna de las siguientes condiciones: a) cancelación mediante pago al contado; b) cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga el organismo recaudador.
sentado lo anterior, cabe señalar que, la adhesión de la responsable al aludido régimen de regularización de deudas tributarias, implica la eximición de las sanciones y de los intereses, motivo por el cual incumbe tener por condonados los intereses resarcitorios liquidados en el artículo 2º de la Resolución (DV RJUN) Nº 13/2012, en el importe que exceda el 75% del capital adeudado, como así también la multa aplicada en el artículo 4º de la citada resolución, de Alta en sistema: 23/08/2022 conformidad con lo previsto en el art. 55, incs. a) y c), ap. 4, de la Ley Nº 27.260.
Ello es así, sin perjuicio del control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad, respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen de regularización excepcional, como así también de los extremos que debe satisfacer la actora para gozar de los beneficios establecidos en la ley. sobre tales premisas, con relación a los gastos del litigio, y tal como se anticipó en el considerando III de la presente, cabe puntualizar que el artículo 53 de la ley analizada, establece que quedan incluidas en el régimen excepcional de regularización aquellas obligaciones que -como en el caso de autos- se encuentran en curso de discusión judicial, en tanto el responsable se allanase incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desistiese y renunciase a toda acción y derecho, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. Por consiguiente, respecto del monto por el que la parte actora se allanó, las costas deben ser impuestas a su cargo, pues al presentar el Formulario Nº 408 de allanamiento asumió hacerse cargo de ellas.
En cambio, distinta resulta la solución respecto de las costas referidas a la condonación de intereses y sanciones, en los términos de la condonación prevista en el artículo 55, incs. a) y c), ap. 4, de la Ley Nº 27.260, y no con motivo del desistimiento formulado por la actora.
Ello así, en atención a que, respecto de la obligación tributaria discutida judicial o administrativamente, se exige como condición para la procedencia del beneficio, que el allanamiento o desistimiento de la acción y derecho sea “asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos”. Sin embargo, este último requisito no se exige, ni corresponde válidamente extenderlo a la eximición de los intereses y la liberación de las multas, por cuanto respecto de ellos la condonación operaría de pleno derecho, al cumplirse las condiciones que establece la ley, sin que pueda entenderse que exista un vencido en la Alta en sistema: 23/08/2022 causa, con la consiguiente imposición de costas (en igual sentido, esta Cámara, Sala II, in re: “Pérez Guillermo Néstor (TF 27725-I) c/ DGI”, del 20/09/10, y “Trumar SA (TF 16.457-I) c/ DGI” del 24/11/2009; Sala IV, in re: “Helguera Gerónimo Luis (TF 29.574-I) c/ DGI” del 19/10/2010; y esta Sala, in re: “Olavial SA (TF 21.399-I) c/ DGI” del 2/11/2010, entre otros, respecto del similar régimen instaurado por el Ley Nº 26.476; asimismo, Sala I, causa nº 41.177/2013, in re “Hidraco SA c/DGI”, sentencia del 13-07-2017; y esta Sala, causa Nº 61.557/2016, in re “Alimentos Magros SA (TF 35.164-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 26/09/2017, y causa Nº 31.038/2016, in re “Coninsa SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 17/10/2017, entre otros, con relación a la Ley Nº 27.260).
En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE:
rechazar el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar la decisión recurrida en cuanto fue materia de agravios.
Conociendo del recurso de apelación deducido contra la regulación de honorarios, ponderando la naturaleza del juicio, su monto, la importancia de la cuestión y la entidad de la labor desarrollada en la etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE CONFIRMAN los honorarios regulados a la dirección letrada y representación del Fisco Nacional (arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 58 de la ley 27.423).
A los fines previstos en el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se deja constancia de que suscriben la presente dos vocales por encontrarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Alta en sistema: 23/08/2022
Fin de la sentencia