Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36084-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada y, en consecuencia, ordenar la devolución de las actuaciones a la instancia de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Costas de ambas instancias en el orden causado (artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web de la Corte Suprema.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 22.383/2025 “SILKESTONE INTERNATIONAL SA (TF 36084-
A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2025.- NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa Silkestone SA, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de cintas adhesivas papel y plásticos, realizó la importación de mercadería. La Dirección General de Aduanas al detectar presuntas irregularidades ordenó la instrucción de un sumario administrativo que finalizó con el dictado de la resolución por medio de la cual se le impuso a la firma actora una multa conforme el artículo 970 del Código Aduanero y formuló los cargos en concepto de tributos adeudados. Ante dicha situación, la empresa Silkeston SA interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que declaró la nulidad del auto de apertura del sumario así como la prescripción de las potestades tributarias y punitivas del fisco.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 31/10/2024 –obrante a fs. 73/76–, declaró la nulidad del auto de apertura de sumario y declaró prescriptas las acciones del fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la operación Nº 03001IT14003461W, con costas.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación luego de efectuar una análisis de las actuaciones administrativas, determinó que de las mismas surgía que no resultaba procedente la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de los tributos por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero por encontrarse la misma prescripta, debido a la nulidad del auto de instrucción de sumario.
En este orden de ideas, puntualizó que si bien la nulidad no formaba parte del elenco de agravios esgrimidos por la parte actora, quien solamente había planteado la nulidad del acto de forma genérica, correspondía su tratamiento de oficio, toda vez que se trataba de una cuestión de orden público, que se produce de pleno derecho.
A continuación, señaló que si bien en el auto de apertura de sumario del 14/12/2009 se había hecho referencia a la presunta infracción imputada a la firma actora, el mismo no cumplía con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto. Así las cosas, puntualizó que en el auto en el cual se había dispuesto la instrucción de sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero, el mismo se encontraba en contradicción con lo establecido en el artículo 1094 del mencionado Código, en tanto el servicio aduanero está obligado a determinar, a clasificar y a valorar la mercadería y a liquidar los tributos que correspondan.
En este orden de ideas, puso de manifiesto que del simple cotejo de las actuaciones administrativas surgía que el aforo de la mercadería se había efectuado el 26/3/2014 y, que con posterioridad, se encontraba la liquidación tributaria.
Ello así, y de conformidad con el criterio establecido en la causa “Cearca SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, consideró que por carecer el acto de apertura de sumario del 14/12/2009 de los requisitos esenciales, el mismo era nulo de nulidad absoluta, en tanto resultaba violatorio de la ley por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el artículo 1094 del Código Aduanero.
En concordancia, destacó que al ser el acto de apertura de sumario nulo, carecía de aptitud para surtir los efectos que la legislación aduanera le atribuye.
En consecuencia, concluyó que debido a que el vencimiento de la temporal en trato había operado el 30/5/2004 (fecha de comisión de la infracción), que conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de cinco (5) años tanto para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por parte del fisco, que dicho plazo había comenzado a correr a partir del 1/1/2025, y que no habían mediado causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma había operado el 31/12/2009.
III. Agravios de la parte demandada Contra dicha sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación el 17/12/2024 –confr. fs. 86–, y expresó agravios el 12/2/2025 –confr. fs. 88/97–, los cuales no merecieron réplica de la contraria.
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En primer lugar aduce que, contrariamente a lo sostenido en la sentencia apelada, la instrucción de sumario no puede reunir todos y cada uno de los elementos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero, por una simple cuestión de sentido común.
En este sentido, postula que el momento de dictarse el auto de apertura de sumario se encontraban individualizados los hechos, los presuntos responsables, la operación aduanera en cuestión, la infracción endilgada, y se habían realizado dos liquidaciones de tributos. Así, alega que el auto de apertura de sumario es plenamente válido y produce los efectos que el Código Aduanero le otorgó.
Asimismo, manifiesta que el solo dictado del auto de apertura de sumario resulta suficiente para la suspensión del plazo de prescripción de la acción, sin necesidad de que para tener virtualidad interruptiva o suspensiva requiera ser puesto en conocimiento del sumariado.
En concordancia, expresa que el plazo de prescripción se encontraba suspendido e interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario.
Seguidamente, alega que debido a que el auto de apertura de sumario es válido, surge que no acaeció la prescripción de las acciones del fisco. Al respecto, puntualiza que el plazo quinquenal comenzó a correr a partir del 1/1/2005, por lo que la acción para el cobro de tributos precribiría el 31/12/2009, pero al haberse instruido sumario dentro del plazo legal, se había suspendió la prescripción.
Por último, se agravia en tanto considera que el Tribunal Fiscal se expidió respecto de una cuestión que no había sido planteada por la parte actora en su escrito inicial.
Así, destaca que la firma actora no solicitó la nulidad del acto de apertura de sumario ni en el expediente administrativo ni tampoco lo requirió en el escrito de apelación correspondiente.
Por lo tanto, entiende que la declaración de nulidad efectuada por el Tribunal Fiscal resulta totalmente arbitraria, violatoria de la normativa del Código Aduanero y del debido proceso adjetivo, lo que afecta el derecho de defensa de la parte demandada, quien no tuvo oportunidad de introducir la defensa pertinente, en tanto la actora nunca solicitó la nulidad declarada en la sentencia recurrida. Ello así, sostiene que se violó el principio de congruencia que se sustenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, “LDC Argentina SA (TF 138542079-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 17645/2024, del 10/4/2025, entre otros).
V. Circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, me parece conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197- 5921-2009:
(i) El 16/9/2009 mediante Nota Nº 5857/2009 (SE PRTE) la División Registro de Importación formuló la denuncia de la importación temporaria, en tanto consideró que se estaba en presencia de una transgresión al régimen de destinación suspensiva, penado por el artículo 970 de la Ley Nº 22.415, en relación con el DIT 03001IT14003461W (confr. fs. 1/9)
(ii) El 14/12/2009 el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, dispuso la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero por la presunta configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del mencionado Código (confr. fs. 10). (iii) El 19/3/2014 la División Secretaría de Actuación Nº 4 de la AFIP solicitó a la División Verificación Sección B que informe el valor en aduana, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 22.383/2025 “SILKESTONE INTERNATIONAL SA (TF 36084-
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posición arancelaria y demás tributos que gravaren la importación de la mercadería amparada por la destinación involucrada (confr. fs. 22).
(iv) El 26/3/2014 se efectuó la determinación de tributos y multas (confr. fs. 23/26).
(v) El 23/4/2024 se ordenó correr vista a la firma actora, para que en el plazo de 10 días de notificado esté a derecho, evacue su defensa y ofrezca todas las pruebas de que intente valerse respecto de la infracción tipificada en el artículo 970 de Código Aduanero en relación a la destinación 03 001 IT14 003461 W (confr. fs. 27).
(vi) El 30/5/2014 la firma actora contestó la vista y manifestó que debido a que había cumplido con las obligaciones requeridas por el régimen de importación temporal, se la debía eximir de la multa y de los tributos imputados (confr. fs.61/64).
(vii) El 17/10/2014 se dictó la Resolución DE PRLA Nº 6941 en la cual el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros resolvió condenar a la firma Silkestone International SA al pago de una multa igual a una vez y media el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación 03 001 IT14 003461 W, la cual ascendía a la suma de $15.447,16.-por encontrarse incursa en la infracción tipificada por el artículo 970 del Código Aduanero. Asimismo, formuló cargo a la aquí actora por los tributos adeudados, cuyo monto ascendía a la suma de U$S 5.826,99.- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, derecho adicional e IVA y por la suma de $7.178,34.- en concepto de IVA Adicional e impuesto a las ganancias (confr. fs. 71/73).
Con posterioridad, el 4/6/2015 la firma Silkestone SA interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (confr. fs. 28/31).
VI. Afectación al principio de congruencia En primer lugar, es preciso señalar que, si bien el artículo 1143 del Código Aduanero le otorga al Tribunal Fiscal de la Nación “amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes”, el ejercicio de esas atribuciones tiene como límite infranqueable la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado en la causa y el respeto al principio de la reformatio in peius. Por ello, si la decisión del Tribunal Fiscal involucra cuestiones que no habían sido materia de agravio ante esa sede, aquélla incurre en una evidente afectación al principio de congruencia, con mengua del derecho de defensa en perjuicio de la recurrente, lo que la hace pasible de la tacha de arbitrariedad (confr. esta Sala, in rebus: “Metalúrgica Bonano S.A. TF 22593-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 39.768/2019, del 12/8/2020 y sus citas; “Arimex Importadora S.A. (TF 90248306-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 52.675/2022, del 10/2/2023; “C Y A S.R.L. – TF 28517-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 44.401/2023, del 25/4/2024; “Colgate Palmolive Argentina S.A. (TF 36188-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 317/2024, del 13/9/2024, entre muchos otros).
Sobre el punto, vale recordar que, de acuerdo con la Corte Suprema, el principio de congruencia exige la existencia de conformidad entre la sentencia y las pretensiones y defensas deducidas por las partes en juicio; en otras palabras, debe mediar correspondencia entre, por un lado, el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes, y la respuesta que surge del órgano jurisdiccional en su pronunciamiento, por el otro (Fallos: 336:2429). Tal es la trascendencia de este principio que la Corte federal le ha reconocido carácter constitucional (CSJN, Fallos: 229:953; 230:478; 248:549; 302:263; 313:528, 983; 319:2933; 325:603; 330:4015; 341:1091; 342:1580; 343:1657; 344:1857), como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad, integrando el sistema de garantías constitucionales del proceso que se encuentra orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos (CSJN, Fallos: 315:106; 317:1333; 321:469; 329:5903; 338:552). Desde esa perspectiva, procede destacar que, en el marco de las actuaciones administrativas, una vez notificada su citación y emplazamiento, la firma actora presentó su descargo sin efectuar consideración alguna a la prescripción de la acción tributaria y punitiva de la Aduana ni a la nulidad del auto de apertura del sumario (confr. fs. 61/64).
Así, pues, cabe señalar que el artículo 1104 del Código Aduanero establece que, dentro del plazo previsto en el artículo 1101 del citado Código para contestar la vista y presentar sus defensas, “los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo” (énfasis añadido). De tal modo, si no se invoca la existencia de vicios de esa índole en dicha oportunidad, se consentirá lo actuado y luego no podrá discutirse en el futuro por aplicación del principio de preclusión (Alsina, Mario Á. et. al., Código Aduanero Comentado, T. III, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, p. 628-629; esta Sala, in CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 22.383/2025 “SILKESTONE INTERNATIONAL SA (TF 36084-
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rebus: “Pirelli Neumáticos SAIC (TF 20099759-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 42.746/2023, del 12/3/2024, y “Odjell Argentina SA – TF 31740-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 7871/2024, del 14/11/2024).
Por lo demás, adviértase que, tras el dictado de la Resolución DE PRLA Nº 6941, del 17/10/2014, la firma Silkestone SA interpuso su recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación sobre la base de hechos y defensas distintos a la prescripción de las potestades del Fisco y a la nulidad del auto de apertura del sumario por no cumplirse los recaudos del artículo 1094 del Código Aduanero. Ciertamente, en esa oportunidad, la actora puso de resalto que el hecho infraccional no había existido, y que la operación aduanera DIT había sido realizada correctamente, lo cual constaba en los registros de la Aduana (confr. fs. 28/31). Pese al contenido de los agravios y planteos de la recurrente en sede administrativa, lo cierto es que el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la prescripción de la acción de la Aduana para perseguir el cobro de tributos e imponer penas, así como la nulidad del auto de apertura del sumario por cuanto “el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A.”, lo que no había sido oportunamente introducido por la actora y, por lo tanto, en exceso del thema decidendum sometido a su consideración.
En consecuencia, en la medida en que la actora en ninguna de sus presentaciones realizadas en sede administrativa propuso —siquiera de manera tangencial— el reproche de nulidad del acto de apertura del sumario ni la posibilidad que se encontrara prescripta la acción del Fisco, puede concluirse que el Tribunal Fiscal se expidió más allá de lo peticionado por las partes, vulnerando el principio de congruencia —establecido en los artículos 34, inciso 4º, y 163, inciso 6º, del CPCCN—, puesto que, para arribar a la decisión recurrida, el tribunal a quo se apartó de los términos en que la cuestión había quedado delimitada, definida por la propia empresa actora (arg. esta Sala, in rebus: “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (TF 21603-A) c/ DGA”, Causa Nº 7854/2008, del 24/10/2008; “Blufstein, Oscar Ángel c/ TF-DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 63.715/2014, del 30/6/2016; “Gibaut Hnos Manufacturas de Cuero S.A. TF 25387 y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6172/2016, del 2/3/2017; “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. – TF 31744-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6064/2022, del 1/9/2022; “Federal Express Corporation (TF 30587-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 22.937/2023, del 5/9/2023; “C Y A S.R.L. – TF 28517-A”, ya citado).
En conclusión, el Tribunal Fiscal abordó pretensiones que no habían sido propuestas en oportunidad de formular el descargo ni al momento de interponer el recurso de apelación en los términos del artículo 1133 del Código Aduanero. Por tal motivo, corresponde revocar la sentencia apelada y devolver las presentes actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación para que, previo sorteo de otra Sala por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento acerca de las cuestiones efectivamente sometidas a su conocimiento.
VII. Costas Por último, teniendo en cuenta el modo en que se decide y las particularidades de la presente causa, corresponde distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (confr. artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, ordenar la devolución de las actuaciones a la instancia de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Costas de ambas instancias en el orden causado (artículos 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web de la Corte Suprema.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, al Sr. Fiscal General – mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta Alzada ([email protected]; [email protected]; [email protected]; y dvocosmpf.gov.ar)– y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia