Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aceptar la excusación de la Dra. Bard al estar comprendida en la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa.
2Declarar desierto el recurso diferido concedido en PE 503477/2023 y recordar al Despacho que se debe consignar estos recursos en la certificación de elevación.
3No admitir el pedido de nulidad formulado en PE 1239417/2024, último párrafo del primer agravio de la demandada.
4Recomendar al apoderado del actor un mayor cuidado en la redacción de los agravios evitando la repetición textual de páginas.
5Dejar aclarado que el magistrado no delegó su facultado jurisdiccional como se acusa.
6Rechazar parcialmente los agravios vertidos por las partes y proveyendo a las restantes críticas modificar la sentencia disponiendo que se debe admitir la procedencia de la parte porcentual del adicional por pago único correspondiente al aumento de indemnización que reclama el actor y la actualización del pago efectuado por la demandada en el trámite administrativo en la misma forma que el crédito que se acuerda al actor en la etapa de liquidación que se encomienda al Gabinete Contable dependiente de esta Cámara para luego realizar la compensación.
7Las costas de la instancia se imponen a la demandada por el principió objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC.
8Regúlense los honorarios profesionales del Dr. Arturo Raúl Sabbatella, letrado apoderado de la parte actora en un 25%de lo que se le regule en primera …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8455/24 Sentencia: Definitiva Actor: SILVA AGUIRRE, Ramón Antonio Demandada: Prevención ART S.A Objeto: Accidente de Trabajo Fecha: 05-11-2024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los cinco días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “SILVA AGUIRRE, Ramón Antonio c/ PREVENCIÓN ART S.A. s/ accidente de trabajo” Expte. 19669 del año 2019 que tramitan en el Juzgad de Primera Instancia Nº2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que ingresaron en la instancia bajo el Nº8455. A estos fines de estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio Fernández y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard? SEGUNDA: ¿Es procedente el recurso diferido concedido en PE503477/2023? TERCERA: ¿Es nula sentencia? CUARTA: ¿Es justa la sentencia recurrida? QUINTA: ¿En su caso que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE 1367137/2024 la Dra. Griselda I. Bard se excusa de intervenir en autos por cuanto su esposo el Dr. Eduardo Rubén González actúa profesionalmente en los mismos. Invoca como fundamento lo dispuesto en los arts. 17 inc. 1 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial.
Demás está señalar que es de público conocimiento, que nuestra distinguida colega se encuentra unida en matrimonio con el Dr. Eduardo Rubén González y por ende, que su situación encuadra en lo dispuesto en el art. 17 inc. 1 del CPCC. Ergo resulta procedente la excusación y por ello corresponde aceptarla y apartar a la Dra. Grisel I. Bard del conocimiento y trámite de esta causa. Así lo propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
II. Que es de público conocimiento que el Dr. Eduardo Rubén González es el esposo de nuestra colega, y actúa en autos representando a la demandada. Por ello la causal de excusación invocada por la Dra. Bard se encuentra configurada y resulta procedente. Adhiero el voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que la actora en PE 794266/2023 interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el auto que no le permitió ampliar la prueba con la pericia psiquiátrica. En PE 503477/2023 se rechaza la reposición y se concede la apelación en subsidio en relación y efecto diferido conforme los arts. 80 in c y 84 de la Ley 1444.
Y toda vez que en la oportunidad del art. 90 no se sostuvo el recurso corresponde declararlo desierto como indica el último párrafo de dicha norma. Es de lamentar que en el certificado de elevación no se haya consignado este recurso diferido y cabe recomendar al despacho consignar estos recursos. Así lo propongo.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
IV. Al no haberse sostenido el recurso diferido corresponde declararlo resuelto como dispone la norma. Adhiero al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
V. Que los apoderados de la demandada al finalizar su discurso en el primer agravio entiende que al omitir el juez el tratamiento de lo concerniente a la determinación del IBM cuando las partes tienen posturas contrarias “cae en arbitrariedad e impone que VE la revoque por ser nula”.
En primer lugar debo señalar que nuestro código del rito en su art. 254 establece que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Por el recurso de nulidad se busca subsanar errores in procedendo o sea de las formas que se deben observar para obtener un acto procesal válido y a través de él se persigue la anulación o invalidación de una resolución viciada, pero no la revocación como pretende la demandada en el último párrafo del primer agravio en PE 1239417/2024. No se advierte en la sentencia errores in procedendo y por lo tanto no se debe admitir el pedido de nulidad de la sentencia formulado. La omisión que se imputa a la sentencia en aspecto que, de existir, constituiría un error in iudicando y ello tiene solución en el art. 277 del CPCC y se analizará al tratar la próxima cuestión. Así lo voto.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VI. Concuerdo con el primer votante. La omisión de dirimir el procedimiento para determinar el IBM no constituye un error in procedendo y por ende no causa la nulidad de la sentencia. Esta situación si se da, como indica el preopinante, tiene su remedio en el art. 277 del código ritual. Adhiero a la propuesta que antecede.
A LA CUARTA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que el Sr. Ramón Antonio Silva Aguirre con el patrocinio del Dr. Arturo Raúl Sabbatella promueve demanda contra Prevención A.R.T. S.A. por cobro de $9.354.346,39 o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse, con más sus intereses, actualización costos y costas desde que cada rubro es debido y hasta su efectivo pago. El reclamo es en concepto de indemnización de pago único (art. 14 bis LRT) por incapacidad permanente parcial y definitiva resultante de un accidente de trabajo. Plantea inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 redacción original y propicia aplicar el criterio del nuevo art. 12 con la modificación art. 11 ley 27348para conformar el Ingreso Base. Reclama la diferencia entre el monto abonado por la demandada que señala y lo que se debió abonar que detalla, como acción y no como recurso y detalla sus reclamos y cuestiona la competencia de las Comisiones Médicas y hace referencia a la no adhesión de la Provincia de Santa Cruz al sistema de la ley 27348. En el relato de los hechos se refiere al accidente sufrido el 6 de agosto de 2015, por un tapón ciego de un equipo que por la presión de desprende y provoca un traumatismo craneano y le provoca la perdida total de la visión del ojo derecho. Relata el tratamiento médico y a determinación del cese, por la ART, de una ILT hasta que la Comisión Médica 20 en expediente SRT120110/17 dictamina un grado de incapacidad del 52,40% de la T.O. percibiendo el l3 de noviembre por parte de la SRT la suma de $1.450.833,56 en concepto de incapacidad laboral permanente parcial definitiva y señala su falta de acuerdo con lo dictaminado por la C.M. y se funda en el porcentaje del Baremo General para el fuero civil de José Luis Abate y Carlos Alfredo Rinaldi que le otorgaría un porcentaje del 67%. Plantea la legitimación pasiva de la ART y distintas inconstitucionalidades y la inexistencia de los actos realizados bajo el sistema administrativo de la ley 24.557 por violación de la defensa en juicio e inaplicabilidad de la teoría de los actos propios.
Detalla los rubros reclamados. Funda las inconstitucionalidades planteadas, se refiere como, a su entender se debe liquidar el IBM, como se liquida la prestación dineraria, cuáles son los criterios de aplicación de ajuste de los salarios y realiza una comparación de liquidaciones. Propicia la declaración de deudas de valor y con ello la declaración de la inconstitucionalidad de la ley 27398 arts. 7 y 10 y art. 4 ley 25.561. Ofrece prueba funda en derecho y deja planteado el caso federal. Pide se haga lugar a la demanda con costas.
VIII. Que la contestación de la demanda obra a fs.99/102 es presentada por los Dres. Gustavo A. Salso y Esteban M. Angielinic, como apoderados de PREVENCIÓN ART SA a formularla y solicitan el rechazo de la acción. Formulan una serie de negativas de los hechos y desconocen la autenticidad de la documentación salvo la que sea materia de reconocimiento, lo que se tienen presente. Afirman que su mandante no incumplió norma legal que la pueda situar como responsable frente al actor ni le adeuda ningún concepto. Explican que las obligaciones de Prevención ART S.A. se encuentran delimitadas por la LRT, los decretos vinculados, y el contrato de afiliación suscripto con la empleadora. Sostienen haber cumplido plenamente respondiendo por las obligaciones que las leyes y el contrato le exigen.
Determinada la incapacidad del actor se procedió a otorgar la prestación dineraria que correspondía abonando $ 1.450.833,56 incluyendo la indemnización adicional de pago único y habiendo ajustado por el RIPTE el piso mínimo del decreto 1694/09, pago reconocido en la demanda. Expresan que otorgó las prestaciones en especie que correspondía y su parte se sometió a la incapacidad determinada por las Comisión Médica. Sostienen la aplicación del Baremo de la LRT pues la propia actora delimitó su acción dentro de la ley 24.557 y se violenta las garantías constitucionales entablar una acción sistémica para reclamar las prestaciones de la LRT pero sostener que las mismas se deben estimar dejando de lado el baremo de la ley.
Explican que si se pretende la aplicación de un baremo diferente se debe instar una acción civil. Citan doctrina y dejan planteada la obligatoriedad del Baremo de la LCT. Analizan el pedido de inconstitucionalidad del art.12 de la ley 24.557 y señalan que, si se hace lugar a esto, no se podría aplicar intereses a la formula del art. 14 al momento del cálculo con un sueldo actualizado al generarse un aumento injustificado. Señalan por otro lado que pretender que se tome en cuenta los conceptos no remunerativos implica desconocer que el art. 23 de la ley 24557 establece que las prestaciones a cargo de la ART se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador y que para determinar la base imponible se aplicarán las reglas del art 9 de la ley 24.241 incluyéndose todas las prestaciones con carácter remunerativo a los fines del SIJP.
Por ello concluyen que aplicar el art. 12 tal como se solicita implica desvirtuar todo el sistema creado por la LRT en detrimento de las ART, al no tener estas la posibilitar de extender las cotizaciones tomando los conceptos no remunerativos y se explayan en términos que se tienen presente. Recalcan que se viola un principio rector en materia de seguros tal la equilibrada y lógica relación entre la prima a pagarse y el riesgo asegurado. Piden se rechace este planteo. Fundan en derecho la posición de su representada. Ofrecen la prueba de la que intentaran valerse y reservan el caso federal. Solicitan que oportunamente se rechace la demanda.
IX. Que a fs. 112 vta. se señala audiencia preliminar y a fs. 115 se ajusta a la emergencia sanitaria. A fs. 121 se determinan los hechos controvertidos y se fija audiencia de prueba proveyendo la ofrecida por las partes. Producida la obrante en el expediente papel y en forma digital. En PE 532247/2023 se señala audiencia a fin de que las partes aleguen en los términos del art. 70 de la ley 1444. Sólo hizo uso de este derecho únicamente la parte actora mediante la pieza ingresada como PE 933732/2023. Previo oír al Agente Fiscal se dicta sentencia que se instrumentó en PE 1209636/2023, y que resuelve: Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 8 apartado 3, 21. 22, 46 inc. 1º y 50 de la ley 24.557 y las disposiciones pertinentes de los decretos Nº 717/96, Nº 1278/00 y Nº 410/01; Declara abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26.773; art. 12 de la ley 24.557 (redacción anterior a la modificación por la ley 27.348y art. 20 de la ley 27.348 y Declara la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 669/19 en los términos establecidos en los considerandos. Hace lugar a la demanda impuesta por Ramón Antonio Silva Aguirre en contra de Prevención ART SA. condenándola al pago de diferencias por indemnización conforme art. 14 inc. 2º apartado b) de la ley 24.557 y art. 3 ley 26.773 por incapacidad sufrida del 55,44% de la T.O. a consecuencia del accidente ocurrido el día 6 de agosto de 2015, debiéndose abonar dentro del plazo de 10 días de encontrarse notificada y firme la liquidación a practicarse por el Gabinete Contable Oficial quien deberá proceder a descontar las sumas indicadas en el considerando respectivo y en la forma allí establecida. Ordena el pase al Gabinete Contable Oficial a fin de practicar la liquidación final conforme las pautas dadas en los considerandos; difiere la regulación de los honorarios e impone las costas a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCC) y ordena el registro, notificación y el oportuno archivo.
X. Que esta sentencia no deja conforme a ninguna de las partes que interponen sendos recursos de apelación. La parte actora lo hace con la pieza PE 1229676/2024 en la que funda además su recurso que en PE 757550/2034 le es concedido libremente y con efecto suspensivo en providencia que también corre traslado de los agravios. La demandada apela y funda el recurso contra la sentencia en PE 1239417/2024 que le es concedido en PE 7611825/2024 libremente y con efecto suspensivo corriendo traslado a la contraria de los agravios. Ninguna de las partes contesta los agravios de la contraria por lo que los autos se elevan con la certificación de estilo formulada en PE 1335444/2024. En PE 818819/2024 se reciben los autos y en PE1367137/2024 se excusa la Dra. Griselda I. Bard que fuera aceptada al responder a la primera cuestión. En PE 1371767/2024 se integra Cámara con el Dr. Olivera. Firme la integración se dispone el pase a sentencia y se establece el orden de estudio en PE 1381315/2024.
XI. Que la parte actora funda su recurso y en el primer agravio ataca la sentencia por no haberse autorizado la aplicación de anatocismo conforme lo regla el art. 770 inc. b y c) del CCyC por lo que entiende debe recalculada la suma de la condena para evitar la pérdida del poder adquisitivo y un agravio al derecho a una indemnización justa.
Incurre el Dr. Sabbatella en la repetición de dos páginas al comienzo de su discurso, lo que me provocó confusión y superada la repetición es recién en la página sexta que comienza el ataque a la sentencia. Empieza su agravio con la transcripción del art. 770 inc. b del CCyC para hacer un resumen cronológico de lo ocurrido e invoca el art. 7 del CCyC para referiste a la eficacia temporal por lo que sostiene la vía expedita, para acto continua una cita de un trabajo del Dr. Roberto Pompa para justificar su aplicación al caso capitalizando intereses con periodicidad semestral para evitar la pérdida del poder adquisitivo del actor y califica de yerro del magistrado en la sentencia no aplicarlo. Insiste en la procedencia de la capitalización de intereses en caso de liquidarse judicialmente la obligación y el juez manda pagarla y el deudor es moroso en hacerlo por aplicación del inciso c del art. 770 del CCyC y se queja por cuanto se ha omitido su aplicación en el caso. Sostiene que el peso argentino quedó como la moneda que más se devaluó en el mundo. Reitera su solicitud de que se aplique en materia de intereses lo dispuesto por los incisos b y c del art. 770 del CCyC previo aplicar la Tasa Activa del Banco de la Nación Cartera General Nominal Anual Vencida a 30 días desde la fecha del siniestro e indica que se debe aplicar primero a intereses y luego a capital (art. 900 CCyC) para la correcta imputación del pago parcial al que califica de no cancelatorio de la ART y afirma que continuará devengando intereses desde el día posterior al pago efectuado por la ART hasta la fecha de notificación del traslado de la demanda en que se debe aplicar la Tasa Activa (art. 12 LRT mod. por art. 11 de la ley 27.348). Entiende que a partir de allí se deben acumular los intereses al capital con capitalización semestral con Tasa Activa hasta el día que se practica liquidación. En un segundo agravio se queja por cuanto el juez no especifica la aplicación del adicional de pago único del art. 11 inc. 4, apartado A de la LRT. Explica y desarrolla el cálculo en el caso, que se tiene presente.
Practica sendas liquidaciones siguiendo la sentencia y el procedimiento que él considera correcta obteniendo una diferencia de $68.574.492,54 con la que entiende queda demostrada la procedencia de sus agravios.
Dedica párrafos a demostrar lo que considera correcta imputación del pago de la ART en Comisión Médica que califica de parcial no cancelatorio con cita del art. 903 del CCyC y aplicación analógica del art. 260 de la LCT y el carácter irrenunciable que revisten las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 art. 11, y estima que no se debe imputar a capital y cita jurisprudencia.
Para fortalecer su discurso hace una comparación sobre la totalidad de canastas básicas alimentarias en noviembre de 2023 y se refiere a la cantidad de canastas básicas que debería obtener el actor con el capital de condena y sus intereses. Pide se haga lugar a sus planteos y hace reserva del caso federal.
XII. Que la demandada en dos agravios refiere la omisión de determinar el IBM que se utilizará para determinar el quantum indemnizatorio y de cuantificar el monto total de la condena lo que podría derivar en otro juicio por las diferentes posturas de las partes. Lo califica de sorpresivo por cuanto en otros litigios el magistrado precisó los parámetros y practicando la liquidación sin necesidad de recurrir al Gabinete contable. Recuerda que el art. 164 inc. 6º del CPCC se lo impone pues en autos ambas partes se han referido a la forma del Cálculo del IBM con posturas diferentes. Pide se la revoque por ser nula. Esta pretensión de nulidad de la sentencia ha sido rechazada al responder a la segunda cuestión sometida al Acuerdo. Este agravio será tratado como toda apelación más adelante como error in iudicando. En el segundo agravio considera incompleta la sentencia por haber delegado la facultad jurisdiccional en el perito contable dando por verdad absoluta los cálculos que se realizarán en el expediente.
Critica que la sentencia mande actualizar las sumas liquidadas por la tasa activa y no hace lo propio con los pagos efectuados pues ambos se vieron afectadas por la depreciación monetaria y consideran que deben ser traídas a la operación aritmética siguiendo la misma pauta que se utilizó para cuantificar la condena y así pide se haga.
Deja planteado el caso federal. Pide se modifique la resolución recurrida en aquello que haya sido materia de agravio en el presente memorial.
XIII. Que antes de ingresar al examen de los agravios quiero señalar que el memorial en el que los recurrentes fundan su recurso y expresan sus agravios se trata de un discurso jurídico. Como tal debe ser concreto, preciso y claro. Ello por propia satisfacción de demostrar que ha sido una pieza con la que se ataca la sentencia y por respeto a su pupilo e incluso en atención al tribunal con un discurso meditado, cuidado, con una prosa cuidada señalando lo que es cita entre comillas, respetando principios tales como son la claridad la economía y la precisión que faciliten su lectura y demuestren una cuidadosa elaboración. Por ello me llamó la atención que las páginas 2 y 3 aparecieran repetidas en las páginas 4 y 5 de la transcripción en el Siped, circunstancia que complica la comprensión del texto toda vez que me obligó a tratar de desentrañar si existía de esa repetición una intención en el memorial de poner de resalto un argumento o se trató de un descuidado uso de la función de “copiar y pegar” seguido de la omisión de una lectura de repaso y corrección.
Creo que no es mucho pedir un mayor cuidado en una expresión de agravios evitando que no sea entendida. Por otro lado se sostiene en forma liviana se invoca la devaluación del peso argentino “que quedó como la moneda que más se devaluó en el mundo” lo que es impreciso y vale aclarar. En mediados de 2023 si llegó a tener ese triste privilegio pero en todo el año 2023 fue segundo al ser superado por la libra libanesa. Pero ello no quiere decir que desdeñe la inflación que ha sido y es un cáncer en nuestro país. Al salir de la conversión en 1935 nació el peso moneda nacional que aguantó hasta los setenta en que lo reemplaza el peso ley 18.188 que equivalía a 100 pesos m/n y se llegaron a imprimir billetes de un millón.
Desaparecen en 1983 reemplazados por los pesos argentinos que eran igual a 10.000 pesos ley. Los australes los reemplazaron y un austral equivalía a 1000 pesos argentinos. Carlos Menen reemplazó los australes por el peso convertible equivalente a 10.000 australes. Estamos entre los países más castigados por la devaluación monetaria, es cierto pero no somos los más devaluados. Nos hemos acostumbrados a vivir en inflación por largos periodos mientras que otros países tuvieron explosiones inflacionarias. Entre los casos más destacados si nos remontamos al siglo XX a la actualidad tenemos que Hungría en 1945/1946 llegó a imprimir billetes de 100 trillones de pengö. Zimbawe en 2009 llegaron a emitir billetes de 100 billones (14 ceros) de dólares de Zimbawe.
Alemania por el costo del conflicto en 1923 llegó a también a imprimir billetes de 100 billones (14 ceros) que, por los costos de impresión, se imprimían de una sola cara. La República Federal de Yugoeslavia llegó a imprimir billetes de 500 millones (11 ceros) en 1994. Grecia por le guerra llego a tener billetes de 100 millones con una inflación diaria del 18%. Por ello entiendo que se puede utilizar un argumento pero sin llevarlo a límites extremos. Es cierto que a partir del peso ley 18188 nuestra moneda ganó trece ceros para tener el valor de un peso moneda nacional, pero ello ocurrió a lo largo de sesenta años en que también se han desvalorizado las otras monedas (un lingote de 400 onzas oro alcanzó el millón de dólares estadounidenses) pero en los últimos años hubo una fuerte inflación que no afectó sólo al actor sino a toda la población en mayor o menor medida.
Y la medición del daño depende de lo que se use como índice.
XIV. Que a fin de desbrozar las cuestiones propuestas se debe señalar que en el segundo agravio la parte demandada se queja sosteniendo que el Juez ha delegado la facultad jurisdiccional en el perito contable de la Cámara, acusación grave, por estar prohibida esta delegación en la Constitución provincial (art. 31). Pero no es como se lo pretende pintar. El art. 166 CPCC ley 1418 al que remite el art. 121 de la ley 1444 establece en su primer párrafo:
“Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación….”
Y la sentencia establece claramente, en el punto 5º) del fallo:
“Pasen las presentes actuaciones al gabinete contable oficial a los fines de practicar la liquidación final conforme las pautas dadas en los considerandos respectivos.”
Es decir que no se ha delegado la facultad jurisdiccional del magistrado en el gabinete contable oficial como se sostiene.
Podría sostenerse que el art. 99 de la ley 1444 encomienda esta tarea al Secretario y no al gabinete, pero el cúmulo de tareas en la práctica retardaría esta tarea. Ello sin perjuicio de señalar que el Gabinete Contable se ha especializado a lo largo de los años en esta y otras funciones y se trata de simples operaciones. No es exacto que el magistrado haya dado por “verdad absoluta los cálculos que se realizarán en el expediente”. De toda liquidación que realiza el Gabinete se corre traslado a las partes que pueden impugnarla como se realiza con las que confecciona el secretario, cuando existen errores aritméticos en el cálculo. Los contadores se encuentran en su zona de confort en esta tarea y en la práctica no cometen errores. Luego, este ataque a la sentencia no merece ser atendido desde que no hubo delegación de la facultad jurisdiccional. Se podrá estar o no de acuerdo con las pautas establecidas en la sentencia pero ello no implica delegar funciones jurisdiccionales, sino ejercerlas.
XV. Que ingresando en el tratamiento del recurso tenemos que el actor ataca la sentencia por la ausencia de aplicación del art. 770 inc. b del CCyC y explica que sigue al Dr. Roberto Pompa en un artículo titulado “La capitalización de intereses dispuesta por el Acta 2764 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”. Pero he aquí que la citada acta, de la que extrae sus argumentos la parte actora en su agravio que, demás está recordarlo, no es de aplicación obligatoria para los tribunales de esta provincia. Pero además este acta ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa “Olivia, Fabio Omar c/ Coma S.A. d/ despido” en sentencia dictada el 29 de febrero del corriente año que tuvo amplia repercusión. Es estos autos, en resumen, sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la capitalización periódica establecida en el Acta referida y ordenada por el tribunal en el caso contradice el art. 770 del CCyC que prohíbe los intereses sobre intereses; que la capitalización periódica y sucesiva carece de fundamento en las disposiciones invocadas por el tribunal. Afirmó que, aunque los jueces tienen discreción en la aplicación de intereses en causas laborales, ello no justifica resultados desproporcionados ignorantes de la realidad económica. Señaló que el art. 770 del CCyC establece que no se deben intereses sobre intereses salvo excepciones que consideró no se daban en el caso. Sostuvo que, en el fallo y en el Acta 2764 se ignoró el principio general que estableció el legislador y se creó una excepción no contemplada. Explica que esa capitalización periódica y sucesiva de intereses ha resultado en un incremento desmesurado de la deuda, sin justificación económica excediendo, sin justificación, los límites razonables que establece la ley. Por ello entendió que al aplicar el acta referida no se basó en una interpretación de la doctrina establecida por la Corte Suprema en los casos de sentencias arbitrarias. En la mencionada causa “Olivia, Fabio Omar c/ Coma SA. a/ despido” determinó la Corte Suprema de Justicia se excedieron los límites razonables toda vez que, sobre un capital que al 27 de febrero de 2015 arrojaba un total de $2.107.531, el 24 de noviembre de 2023 se aprobó una liquidación que con capitalizaciones semestrales progresivas de intereses arrojó la suma de $165.342.185,66 o sea un incremento del capital de 7.745,30%.
Se dice que los jueces nos encontramos en una torre de cristal que nos aleja de la realidad y por ello resulte fácil en algunos casos otorgar la capitalización semestral de intereses. Pero al resolver en abstracto no se tiene una idea de lo exorbitante que resultan los incrementos a los que lleva el anatocismo. En el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia referido con una capitalización anual la liquidación aprobada se multiplicó por 77 veces. Y en estos autos la parte pretende, cual un moderno Shylock, una capitalización semestral. Para resolver este agravio debemos tener en cuenta que la Comisión Médica otorgó un 52,40% de incapacidad (ver fs. 44). Después de recibir como indemnización la suma de $ 1.450.833,56 (ver fs. 53) el actor promueve esta demanda reclamando la diferencia entre lo abonado en concepto de pago único resultante de la sumatoria de ILP art. 14 inc. 2 de la ley 24.557, adicional del 20% del art. 3 de la ley 26.773 habiendo tomado como ingreso base mensual $ 20.751 sobre un ingreso base mensual que debió ser $ 26.046,33.
Y que en autos, en pericia del Dr. Aybar, que fuera impugnada pero sostenido su dictamen por el forense, se determinó que la incapacidad era de 55,44%. Es decir un porcentaje de incapacidad total permanente del 3,04% mayor y discutirse una diferencia de $5.295,33 en el IBM aspecto este último materia de agravio por la demandada. Y sobre esa diferencia el actor pretende llegar a una condena de $88.669.919,34 con una diferencia de $68.574.429,54 con el resultado que arrojaría la operación aritmética siguiendo las pautas de la sentencia conforme la liquidación que el apoderado del actor realiza en agravios. Y no olvidemos que debemos tratar los agravios de la parte demandada pues son las cuentas del actor.
Es, como se sostiene por la Corte Suprema de Justicia en la referida causa, que se exceden sin justificación los límites razonables para obtener un incremente desmesurado un una aspiración recursiva inaceptable. A esta altura debo señalar a mayor abundamiento que, si la intención del legislador ha sido sancionar al deudor moroso, no se la safisface aplicando, en este caso los incisos b y c del art. 770 del CCyC, toda vez que a mi juicio no puedo afirmar racionalmente que la demandada incurrió en mora. Y lo entiendo así aplicando el primer párrafo del art. 886 del mismo cuerpo legal cuando legisla sobre la mora automática del deudor y establece en lo que nos interesa para resolver el caso: “La mora del deudor se produce por el transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación….”.
Las excepciones a la mora automática legisladas en el art. 887 del CCyC en el caso no son de aplicación.
Con este marco legal tengo establecido que hasta tanto una sentencia judicial firme establezca una obligación a cargo de la demandada, la Aseguradora de Riesgos de trabajo PREVENCIÓPN ART SA, no existe mora imputable a esa parte.
Debemos tener presente que, hasta esta la promoción de este demanda, ella había cumplido con los pagos y prestaciones a su cargo. Y estos pagos y prestaciones no habían sido establecidos por ella caprichosamente, sino determinados por la Comisión Médica en un todo de acuerdo con el sistema y pautas establecidas por ley. El mayor porcentaje de incapacidad fue reconocido en esa instancia y no está firme. Por ello, con independencia de lo que aquí pueda resolverse sobre los aspectos de la sentencia atacados por las partes, la demandada había cumplido con los pagos correspondientes al dictamen de la Comisión Médica y la diferencia que determinó la sentencia en crisis tenía un plazo de cumplimiento a contar de los diez días de notificada de la liquidación a practicar por el Gabinete Contable del Poder Judicial dependiente de esta Cámara.
Es decir, ese plazo no ha comenzado a correr. Por ello podemos afirmar que no existe un incumplimiento deliberado de la demandada. Tengo en cuenta que ella es una compañía aseguradora de un tipo especial creado por una ley especial de riesgos de trabajo y por ello sujeta a controles por normas reglamentarias del sistema para evitar el desfinanciamiento del sistema y su accionar como aseguradora tiene un limitado campo de acción. Trae el actor en apoyo a sus fundamentos el argumento de la cantidad de Canastas Básicas Alimentarias que podría adquirir al 6/8/15 con la suma que conforme sus cálculos le debió abonar (2777,50 canastas) y que con la liquidación del sentenciante ahora pude comprar la cantidad de 335,56 canastas básicas alimentarias para sostener que la indemnización es paupérrima.
Esta invocación de una pérdida al no haber podido invertir en Canastas Básicas Alimentarias no conmueve la conclusión a la que arribo pues se trata de un cálculo simplista que parte de tomar un índice que le otorga un mayor monto toda vez que los productos de la canasta no son aptos para una inversión al ser muchos de ellos perecederos. Con este argumento se pretende introducir un capítulo no propuesto al magistrado de primera instancia. Con el índice RIPTE se obtiene un índice sensiblemente menor. Esa cuenta parte de un error al desarrollar la fórmula pretendida pues no toma en cuenta las canastas básicas alimentarias que pudieron adquirirse al realizar la ART el pago y descontarlo. La parte está pidiendo una indexación pero sin ajustar las tasas de interés y con anatocismo y tomando como intereses el pago recibido.
Pretende la parte actora que se impute el pago percibido a intereses en primer lugar pedido que considero no atendible. Ello habida cuenta que la demandada abonó el 13 de noviembre de 2017 la suma de $1.450.833,56 en concepto de incapacidad suma determinada por la Comisión Médica sin disconformidad ni el reclamo que ahora nos ocupa, conforme la legislación vigente que estaba obligada a cumplir.
En estos autos se ha determinado un crédito existente que a la época del anterior pago (13/11/17) no se había ni siquiera insinuado. Por ello no se puede pretender que ese pago se impute a intereses de un crédito que hasta la sentencia no se había exteriorizado y que es declarado en la sentencia. Rechazo esta pretensión que se lo impute a intereses y se lo debe tener como capital abonado y recibido sin observaciones. Y reitero, también rechazo el primer agravio toda vez que ha sido justa la sentencia en no aplicar en esta altura del debate la aplicación del anatocismo como pretende la parte actora al no darse las condiciones de aplicación toda vez que hasta que un pronunciamiento judicial firme determine una obligación por parte de Prevención ART SA que aquí fue demandada, no existía mora de su parte toda vez que había cumplido con los pagos correspondientes al dictamen de la Comisión Médica. Así se da respuesta al segundo agravio de la parte demandada. Que por tratar el segundo agravio de la parte actora relativo al pago del adicional de pago único que entiende se le adeuda; dirimir la cuestión del IBM en que las partes discrepan sobre la forma de calcularlo y la actualización del pago realizado en la misma medida que el saldo impago determinado en autos.
El primer agravio de la demandada respecto del IBM y la alegación de no haber sido tratado por el magistrado la pauta para su determinación no se puede atender. En la carilla 14 de la sentencia del SIPEC se advierte que se pronuncia por incluir en el IBM las sumas no remunerativas por considerarlo más justo que adoptar el criterio del salario previsional siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la definición amplia del art. 1º del Convenio 95 de la OIT. Y estas consideraciones no han sido materia de crítica concreta y razonada, limitándose la parte a invocar una falta de tratamiento que no es tal. Propongo rechazar este primer agravio. Por una razón de lógica se debe atender al segundo agravio de la demandada. Tomar lo abonado sin actualizar y abonar el crédito que determina la sentencia es un resultado asimétrico. Es como decir la suma que entregaste lo tomo a pesos y lo que me debes lo expreso en divisas. Por ello es justo actualizar las sumas pagadas del mismo modo que se actualiza el crédito de condena habida cuenta que proceder de otra forma lleva a un enriquecimiento indebido del actor. Al resolver así damos también respuesta al segundo agravio del actor. Se debe calcular sólo el porcentaje de adicional por pago único correspondiente al porcentaje impago que resulta de la sentencia. Como es lógico al actualizar lo abonado dentro de este resultado se encuentra actualizado el adicional por pago único, y al actualizar a la misma fecha el crédito de condena tenemos que se actualizará también el porcentaje de adicional por pago único. Al compensar ambas sumas ninguna de las partes es perjudicada. En cuanto a las costas de la instancia dado el éxito sólo parcial de los recursos deben imponerse por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) a la parte demandada que mantiene el carácter de vencida.
XIII. Que por estas razones y con ese limitado alcance respondo a la cuarta cuestión en forma negativa por lo que se deberá modificarla. Así lo voto.
A LA CUARTA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XIV. Por las mismas razones expuestas por el preopinante considero que la sentencia deberá ser modificada en los aspectos señalados. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA QUINTA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XV. Que en función de las razones y fundamentos de mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar la excusación de la Dra. Bard al estar comprendida en la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa. 2º) Declarar desierto el recurso diferido concedido en PE 503477/2023 y recordar al Despacho que se debe consignar estos recursos en la certificación de elevación. 3º) No admitir el pedido de nulidad formulado en PE 1239417/2024, último párrafo del primer agravio de la demandada. 4º) Recomendar al apoderado del actor un mayor cuidado en la redacción de los agravios evitando la repetición textual de páginas. 5º) Dejar aclarado que el magistrado no delegó su facultad jurisdiccional como se acusa. 6º) Rechazar parcialmente los agravios vertidos por las partes y proveyendo a las restantes críticas modificar la sentencia disponiendo que se debe admitir la procedencia de la parte porcentual del adicional por pago único correspondiente al aumento de indemnización que reclama el actor y la actualización del pago efectuado por la demandada en el trámite administrativo en la misma forma que el crédito que se acuerda al actor en la etapa de liquidación que se encomienda al Gabinete Contable dependiente de esta Cámara para luego realizar la compensación. 7º) Las costas de la instancia se imponen a la demandada por el principió objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. 8º) Regúlense los honorarios profesionales del Dr. Arturo Raúl Sabbatella, letrado apoderado de la parte actora en un 25%de lo que se le regule en primera instancia y los honorarios profesionales de los Dres. Federico Gabriel Pereyra y Eduardo Rubén González en conjunto y proporción de ley en un 25% de lo que se le regule en primera instancia. (conf. Arts.13, 18, 19, 20, 24 y concordantes de la ley 3330) 9º) Téngase presente las reservas del Caso Federal formuladas por ambas partes en PE1229676/2024 y PE1239417/2024. 10º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA QUINTA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XVI. Por considerar justa y equitativa la propuesta que antecede adhiero a la misma.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 05 de noviembre de dos mil veinticuatro.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial
1. Aceptar la excusación de la Dra. Bard al estar comprendida en la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa.
2. Declarar desierto el recurso diferido concedido en PE 503477/2023 y recordar al Despacho que se debe consignar estos recursos en la certificación de elevación.
3. No admitir el pedido de nulidad formulado en PE 1239417/2024, último párrafo del primer agravio de la demandada.
4. Recomendar al apoderado del actor un mayor cuidado en la redacción de los agravios evitando la repetición textual de páginas.
5. Dejar aclarado que el magistrado no delegó su facultado jurisdiccional como se acusa.
6. Rechazar parcialmente los agravios vertidos por las partes y proveyendo a las restantes críticas modificar la sentencia disponiendo que se debe admitir la procedencia de la parte porcentual del adicional por pago único correspondiente al aumento de indemnización que reclama el actor y la actualización del pago efectuado por la demandada en el trámite administrativo en la misma forma que el crédito que se acuerda al actor en la etapa de liquidación que se encomienda al Gabinete Contable dependiente de esta Cámara para luego realizar la compensación.
7. Las costas de la instancia se imponen a la demandada por el principió objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. 8º) Regúlense los honorarios profesionales del Dr. Arturo Raúl Sabbatella, letrado apoderado de la parte actora en un 25%de lo que se le regule en primera instancia y los honorarios profesionales de los Dres. Federico Gabriel Pereyra y Eduardo Rubén González en conjunto y proporción de ley en un 25% de lo que se le regule en primera instancia. (conf. Arts.13, 18, 19, 20, 24 y concordantes de la ley 3330).
9. Téngase presente las reservas del Caso Federal formuladas por ambas partes en PE1229676/2024 y PE1239417/2024.
10. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.
El Dr. Olivera no firma por no existir disidencias. Fdo. Humberto E. Monelos- Juez de Cámara- Presidente; Horacio Fernández- Juez de Cámara; ANTE MI: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.
Protocolización: A201043S.241 Tomo: CI Sentencia: 3083 Folio Nº: 104/114 Secretaria: 1
Fin de la sentencia