Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide.
2Diferir la regulación del honorario de los profesionales intervinientes hasta que exista regulación en la instancia de grado.
3Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 22953226.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8541/24 Sentencia: Definitiva Actor: Montone Daniela Ayelén Demandada: Yan Shiling Objeto: Laboral Fecha: 01-08-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los once días del mes de septiembre de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos: “SILVA, Alfredo Antonio c/ EXPERTA ART S.A s/accidente de trabajo” Expte. Nº 38.611/23 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de esta ciudad que ingresaran en la instancia con el Nº 9418/26. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández y para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que Alfredo Antonio SILVA, con el patrocinio de los Dres. Fernando Hernán Kustich, Julián Michavila y Ramiro Esteban Castillo promueve acción sistémica contra EXPERTA por cobro de la suma de $8.557.525,29 con más sus intereses en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas del régimen del art. 1 de la ley 26.773 por las razones de hechos que expone.
Plantea inconstitucionalidades, detalla antecedentes de la relación laboral con la empresa San Antonio S.A., indica remuneraciones y cálculo del IBM y acompaña certificado médico del Dr. José Daniel Dell Colle y antecedentes de la enfermedad actual transcribiendo el diagnóstico y las tareas realizadas. Da cuenta del reclamo realizado a la aseguradora y el detalle de las prestaciones. Funda en derecho, reserva el caso federal y ofrece pruebas. En PE 856916/2023 el Dr. Castillo comparece como apoderado acompañando acta de poder.
II. Que en PE 868580/2023 se presenta la Dra. Mariana Clément como apoderada de EXPERTA ART S.A. En tal carácter contesta la demanda formulando una serie de negativas de hechos expuestos en la demanda, desconoce la documentación acompañada, impugna la liquidación, contesta los planteos de inconstitucionalidad, ofrece prueba y reserva el caso federal. Para el caso que la demandada proceda hace reserva de recuperar del F.F.E.P.. Pide se rechace la demanda con costas.
En PE 913249 se abre la causa a prueba y producida la obrante en autos se lo clausura. Oído el Agente Fiscal en PE 179281572025 se fija la audiencia del art 70 en PE 995970/2025 a la que no concurren las partes. Alega sobre la prueba por escrito sólo la parte actora. En PE 1814964/2025 se dispuso el pase a Sentencia concediéndose por este tribunal prórroga para su dictado. La sentencia obra en PE 2270847/2026 con la aclaratoria de PE 1349850/2026. En la sentencia se resolvió: 1.-Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley 24.557, Decreto 771/96 y art. 20 de la ley 27.348. 2.- Abstracto el tratamiento de inconstitucionalidad de enfermedades profesionales articulado por el actor. 3.- Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y determinar la aplicación del art. 12 inc. 2 según la reforma introducida por el art. 11 de la ley 27.348. 4.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por Alfredo Antonio Silva en contra de la demandada EXPERTA ART S.A. condenándola al pago de la indemnización que corresponde por aplicación del art 14 ap.2 inc. a) de la ley 25.557 y art. 3 ley 26.773 por la incapacidad sufrida del 7,49 (aclarado al 7,49 en aclaratoria) de la T.O. a consecuencia de la enfermedad profesional padecida cuya primera manifestación invalidante tuvo lugar en el 10/08/2022, debiéndose abonar en el plazo de diez (10) días de encontrarse notificada y firme la liquidación practicada. 5.- Pase al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar liquidación final, teniendo en consideración los parámetros dados en la sentencia. A los fines del cálculo de ingreso base y actualización de las sumas adeudadas, teniendo presente la fecha de la primera manifestación invalidante 10/08/2022, y la redacción establecida para el art. 12 de la ley 24.557 en el art. 11 de la ley 27.348. 6.- Diferir la regulación de honorarios y determinación de la tasa de justicia al momento procesal oportuno. 7.- Costas a cargo de la parte demandada en calidad de vencida y con los alcances dispuestos en el art. 277 de la LCT. (art. 68 y cctes. del CPCC). El punto 8 es de forma. Por aclaratoria registrada en PE 13459850/2026 se deja consignado que el porcentaje de incapacidad sufrido es del 7,49% de la T.O. a consecuencia de la enfermedad profesional y no del 7.47% de la T.O. cómo se expresara por error material en la parte resolutiva de la sentencia.
III. Que disconforme la parte actora interpone y funda un recurso de apelación contra la sentencia en PE 2273985/2026 que se le concede libremente y con efecto suspensivo por providencia de PE 1351276/2026 que corre traslado. La demandada contestó los agravios con el memorial de PE 2295326/2026. Los autos se elevaron con la certificación de estilo identificada como PE 2314144/2026. Recibidos en PE 1387654/2026 se dicta el llamado de autos a sentencia y se establece el orden de estudio.
IV. Que en el memorial de agravios de PE2273985/2026 el actor se agravia por la aplicación de la tasa de interés activa cartera general nominal y anual vencida a 30 días tras transcribir los términos de la sentencia respecto de la tasa de interés se queja por que esa tasa no recompone adecuadamente el capital por cuanto sus índices se encuentran por debajo de los índices inflacionarios imperantes en nuestro país.
Dice que para ello la sentencia declara la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y aplica el art. 11 de la ley 27.348 y por ello es el momento de plantear la inconstitucionalidad de esta última norma toda vez que señala en negritas que la tasa de actualización dispuesta no recompone adecuadamente el capital de condena vulnerando normas constitucionales: arts. 14 bis, 16, 17 y tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Analiza las vulneraciones y sostiene que el daño sufrido por un trabajador o el sufrido por un accidentado es el mismo por lo que se afecta la igualdad discriminando. Encuentra afectada la propiedad al sostener, en negritas, que la tasa de interés aplicada al caso concreto atenta contra la integridad de la indemnización diferida a condena licuando el crédito del trabajador afectando su derecho de propiedad. Entiende que el deudor debe pagar un importe que equivalga al poder adquisitivo que tenía la obligación cuando ella nació. Realiza cálculos para poner de resalto la insuficiencia de las tasas y el Índice de Precios al Consumidor e invoca jurisprudencia que se tienen presente. Pide se disponga actualizar las sumas adeudadas conforme ley 27.802 aplicando la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina para el cálculo de los intereses moratorios sobre créditos laborales judicializados o en subsidio la pasa pasiva promedio de dicha entidad a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos.
V. Que la apoderada de la demandada al contestar los agravios en PE 2295326/2026 se refiere al agravio y expresa que en el argumento se incurre en contradicción y violación del principio de congruencia al pretender incorporar en la instancia un cuestionamiento constitucional contra la tasa de interés legal no invocado en la demanda, pretendiendo los intereses de ley al no objetar el sistema tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo ni planteó la insuficiencia o necesidad de indexación y transcribe el objeto de la demanda.
Dice por otra parte que el argumento de la inflación ha perdido vigencia toda vez que no cursamos, en estos tiempos, un proceso inflacionario que distorsione la indemnización dineraria. Afirma que, en estos momentos, más bien cursamos lo contrario, pues las tasas y los índices se mantienen a la baja desde mayo 2024 y pone de ejemplo el RIPTE.
Expresa que la tasa activa de interés es propia del mercado financiero como es la ordenada en el texto legal y como tal contempla en su composición el componente inflacionario. Sostiene que por ello no puede descalificarse al legislador al establecerla como interés legal por la sola comparación del mayor resultado a obtenerse con otras pautas de actualización. Hace notar que el Índice de Precios al Consumidor es un índice, no una tasa de interés. Cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 315:2558; 316:1972) y explica que es el interés legal como precio por el uso del dinero que el legislador establece para brindar mayor seguridad y previsibilidad a un régimen jurídico y como normativa de orden público que no puede depender de la voluntad del juzgador y cita el art. 768 del CCyC.
Hace notar que el interés que se dispuso modificar en ese precedente “LINARES, Daniel Ándres c/ EXPERTE ART S.A. s/ accidente laboral” de esta Cámara que si bien no recurrió no significa que comparte sus fundamentos toda vez que en materia de Riesgos del Trabajo rige un interés legal y se trata de una normativa de interés público. Se refiere al precedente “BALDERAS, Fabián Marcelo c/ EXPERTA ART S.A. s/ accidente de trabajo” en términos que se tienen presente y niega estar frente a una laguna que habilite la aplicación del art. 768 inc. c) del CCyC. Entiende que el derecho que nos rige dispone tanto el interés legal compensatorio que se devenga desde la ocurrencia del siniestro e adelante como el moratorio desde el vencimiento del plazo de pago.
Vuelve sobre lineamientos de la Corte en cuanto a que los jueces no pueden dejar de lado la ley. Señala que los argumentos con remisión a garantías constitucionales alegados por el actor no se compadece con el tipo de acción aquí entablada. Recuerda que la automaticidad, con sustento en la sola responsabilidad objetiva de este seguro, tiene como contracara el límite tarifario. Por ello si el trabajador pretendía una reparación superadora de la respuesta que la ley de Riesgos del Trabajo tenía para darle, debió promover una acción civil con todo el peso probatorio y el mayor riesgo que implica. Es inaceptable su actual pretensión que supone incrementar la condena por fuera de los límites del seguro y que, de admitirse, afecta el derecho de propiedad de su mandante, con un agravio de amparo constitucional. Mantiene la reserva del caso federal.
Afirma que por ello se impone el rechazo del recurso, con costas.
Mantiene la reserva del caso federal.
VI. Que a los fines de mi voto entiendo suficiente el resumen de los antecedentes de la causa y los argumentos vertidos por las partes en agravios y contestación. Con ello nos ponernos en materia En agravios en resumen se pretende en negritas que tutelando los derechos laborales (al haber declarado la sentencia oficiosamente la inconstitucionalidad del DNU 669/19 sin agravios) se disponga actualizar las sumas adeudadas conforme ley 27.802 aplicando la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina para el cálculo de intereses moratorios sobre créditos laborales judicializados o subsidiariamente la tasa pasiva promedio de dicha entidad bancaria a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos. Quiero antes de iniciar el análisis de los agravios hacer un mea culpa antes de seguir. En los autos “BALDERAS, Fabián Marcelo c/ Experta ART S.A. s/ accidente de trabajo” Expte. Nº 38.843 del año 2023. Ya explique en otras causas que un nuevo estudio me había llevado a apartarme de la adhesión formulada al emitido en primer término por la Dra. Griselda I. Bard en los autos “Linares, Daniel Andrés c/ Experta ART SA s/ accidente laboral” número de Cámara 8919/25 T.CII, reg. 134/139 y aplicar el art. 55 de la ley 27802 para resolver la cuestión. Hoy releyendo el voto de mi distinguida colega en esos autos me convencen que estaba equivocado por las razones que ella expuso respecto de que la ley de accidentes de trabajo se rige por una ley especial. Y, como dos errores no hacen una verdad, debo rectificarme no mantenerme en un error.
Qué fue lo que me indujo a equivocarme: la búsqueda de una solución equitativa en la lucha entre la tasa pasiva promedio del Banco Central y la llamada tasa activa hoy día con varias variantes. La primera es (no para los calculadores que utilizan la tasa estadística del Comunicado 14290 BCRA) un promedio entre las tasa que perciben quienes invierten depositando en Bancos. Mientras que la tasa activa es la que cobran los bancos al invertir el dinero de los depositantes; por lógica debe ser una tasa mayor pues debe contener la tasa que se abona a los inversionistas, los costos administrativos y la ganancia del banco. Empezó a darse en algunas de las liquidaciones la paradoja que la tasa pasiva era más alta. Los peritos me informaron que se debía al distinto año de inicio del cómputo para cada tasa lo que acepté. Pero en la actualidad no hay excepciones y siempre es más conveniente la tasa activa para el deudor, lo cual no tendría sentido. Consulté al Contador Público José Rodiño decano del Gabinete Contable y me dijo que en el gabinete se utilizaba el calculador judicial del Consejo Jusbaires-gob-ar entre las muchas de la red. Le pedí que me aclarara esta anomalía y se puso en la tarea de investigarla. Me informó que, aparentemente, en algún momento desde la justicia se ordenó al Banco Central colocar un factor de corrección de inflación futura en el cálculo. En resumen, el ahorrista no recibe más que el tomador del crédito en la ventanilla del banco sino que la anomalía se produce dentro de la serie estadística actualizada del Comunicado P 14.290 del BCRA para uso de la justicia. Los calculadores judiciales de tasa pasiva o bien ajustan por inflación o bien capitalizan en forma compuesta (interés compuesto o anatocismo) mientras que la tasa activa en el calculador puede estar aplicándosela de manera lineal y sin coeficientes (interés simple) de actualización, quedando, por ello, rezagada. Los calculadores oficiales y judiciales aplicarían la tasa pasiva efectiva diaria acumulada utilizando la fórmula de interés compuesto. Esto se debe a que la serie que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo el Comunicado 14290 (y sus actualizaciones) para uso judicial es una serie de factores diarios. Cada día tiene un coeficiente que ya incorpora la capitalización, por lo que el cálculo entre dos fechas no se realiza sumando tasas (interés simple) en largas sábanas, sino dividiendo los factores de ambas fechas.
En realidad esta evolución comenzó con el (comunicado P 14290 del BCRA) donde en Agosto de 1991 con la publicación de una serie de estadísticas de tasas de interés para el uso de la justicia que reflejaría diariamente la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo -en australes- correspondiente al segundo día anterior a la fecha informada, según la encuesta que diariamente lleva a cabo el Banco Central, de acuerdo con la metodología prevista en el punto 1 del Anexo a la comunicación “A” 1845. Se recomendó la siguiente expresión:
100 ./. tm I= [---------------- -1 ] . 100 100 + to Donde i= tasa de interés expresada en tanto por ciento tm = valor de la serie de interés promedio ponderada de depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo correspondiente al día hasta el cual deben devengarse intereses to = valor de la serie de tasa de interés promedio ponderada de depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los intereses.
El 1º de septiembre de 2024 el BCRA anuncia que ya está disponible una calculadora que simplifica la tarea del cómputo de los intereses y que encuadra en lo estipulado en el art. 768 del CCyC y entiende que refleja la realidad económica existente en cada momento. El 7 de enero del corriente año el Directorio del Banco Central de la República Argentina resolvió difundir en el marco de lo previsto en el inciso c) del art. 768 del Código Civil y Comercial una nueva serie estadística de tasas de interés en pesos denominada Tasa de Intereses Moratorios (TIM) la cual se calcula con base en la metodología descripta en el anexo (F 200-00002786-GDEBCRA-GEM # BCRA) el cual forma parte de esa resolución.
En la actualidad todos saben que en las liquidaciones judiciales al acreedor le conviene la tasa pasiva y al deudor le resulta ventajosa la tasa activa, pero no saben por qué es más conveniente una u otra, ni cómo hacer el cálculo manualmente, siendo más cómodo utilizar sin cuestionarlos los calculadores, por la proliferación de ellos. Aclarado porque las tasas pasivas no son lo que eran, vuelvo a la cuestión a resolver.
La sentencia en crisis estableció que el Gabinete Contable a los fines de liquidar tener en cuenta el coeficiente para ajusta desde la fecha de la primera manifestación invalidante. Siguiendo la pauta de actualización establecida en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557, redacción según ley 27.348, la suma será actualizada desde la primera manifestación invalidante (10/08/2022). Se estableció que las sumas deberán ser depositadas con más los intereses calculados según la fórmula antes mencionada y que para el caso de mora devengarán un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina de acuerdo a lo previsto en el art. 768 inc. 2 del CCyC y siguiendo lo establecido en el inc. 3 del art. 12 de la ley 24.557 según redacción de la ley 27348. La sentencia ha aplicado la ley y si bien no se ha tachado de inconstitucional la actual reforma del inc. 3 del art. 12 de la ley 24.557, redacción según ley 27.348, ni del art. 768 del CCyC se puso en tela de juicio lo perjudicial de la formula por la desvalorización monetaria alta en la época de la primera manifestación y de la promoción de la demanda y que ahora ha descendido notoriamente.
La demandada hace hincapié en que la tasa activa es propia del mercado financiero pero en él, los intereses se van capitalizando.
Estamos en un supuesto en que la ley ha establecido la tasa y sería por lo tanto aplicable esa tasa de conformidad con lo dispuesto en el art. 768 inciso b) del Código Civil y Comercial. Pero la aplicación de la tasa activa llevaría a un notable perjuicio patrimonial que afecta la integralidad de la indemnización que puede y debe repararse oficiosamente por la aplicación de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) utilizada por los calculadores de interés usual. Ello no perjudica a la parte actora y la demandada ha utilizado el capital durante este tiempo obteniendo un veneficio. Entiendo que en este caso el esfuerzo compartido de ambas partes lleva a una solución justa.
En tales condiciones los agravios vertidos por la parte actora deben tener parcial y favorable acogida. En atención a que se trata de una cuestión discutida donde cada parte pudo creerse con derecho a litigar propongo imponer las costas de la instancia en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCC). Es mi voto A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. Comparto el resumen de los hechos y agravios realizado por el Dr. Monelos así como la solución propuesta al caso. Entiendo que si bien analiza cuestiones que no se habrían señalado en agravios, la solución propuesta al caso coincide con el criterio sostenido por la suscripta en los precedentes señalados por el recurrente y el preopinante, lo que reitero en el presente. Advierto que utilizar la tasa activa en los presentes es contrario a los intereses del trabajador cuyo crédito laboral es de indudable naturaleza alimentaria; entiendo que corresponde aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos siendo ello además la doctrina casatoria del Tribunal Superior de la Provincia y habiendo quedado acreditada la insuficiencia de los intereses que propone el juzgador de grado (arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la CN; 768 inc. c) del CCyCN; arts. 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Por tal razón adhiero a la propuesta que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que en función de las consideraciones vertidas precedentemente propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide. 2º) Diferir la regulación del honorario de los profesionales intervinientes hasta que exista regulación en la instancia de grado. 3º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 22953226 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Por la forma que me expedí al tratar la cuestión anterior adhiero al voto propuesto por el Dr. Monelos.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 11 de septiembre de dos mil veintiséis.
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide.
2. Diferir la regulación del honorario de los profesionales intervinientes hasta que exista regulación en la instancia de grado.
3. Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 22953226.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Fernández no vota por no existir disidencia a dirimir y constituir mayoría los abajo firmantes. Fdo. Humberto E. Monelos – Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 064 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3235 Folio Nº: 085/091 Secretaria: 1
Fin de la sentencia