Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.510-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 101.200 (pesos ciento un mil doscientos), equivalente a 15,65 (quince con 65/100) UMA, y por el patrocinio letrado la suma de $ 252.999 (pesos doscientos cincuenta y dos mil novecientos noventa y nueve), equivalente a 39,12 (treinta y nueve con 12/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 28/21 (21/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-25040804-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 16 de Marzo de 2022 s/recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”.
En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´ Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 48.510-I (y acumulado N° 48.511-I) caratulado “SILVA, MATIAS LEONARDO s/recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 32/41 y 103/112 Matias Leonardo Silva interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 226/2017 (DV RRES) y N° 227/2017 (DV RRES) ambas de fecha 24 de noviembre de 2017 dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinó su obligación en el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales enero a marzo 2015, mayo 2015 y agosto 2015 a diciembre 2015 y en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015 con más intereses resarcitorios, dejando en suspenso, en ambos casos, la aplicación de sanción según el art. 20 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Explica que su actividad es la producción agropecuaria dedicada al cultivo de cereales y oleaginosas en la Pcia. del Chaco y hace saber que el ente fiscal practicó las determinaciones de oficio recurridas con argumentos carentes de consistencia fáctica y jurídica, sin mérito de las pruebas arrimadas a la inspección. Critica que se hayan rechazados los pasivos declarados para aplicar la presunción contenida en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal referida a incrementos patrimoniales no justificados.
Manifiesta que en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015 declaró un pasivo de $ 2.203.834,76; el que tenía origen en una deuda debidamente documentada por facturas impagas por el total de U$S 141.271,47 con la firma Agrofina S.A. por la compra de productos agroquímicos.
Señala que el pasivo impugnado tuvo origen en un convenio de refinanciación y reconocimiento de deuda suscripto por su parte con el acreedor, Agrofina S.A. el 01/10/2014, en el que por las operaciones de compraventa de mercadería se reconoció originariamente una deuda de U$S 235.360,21 a esa fecha.
Alega que el convenio se agregó en las actuaciones administrativas, y que del mismo surge que la suma de U$S 26.483,45 fue cancelada mediante la entrega de cuatro cheques por un total de $ 212.200 que fueron entregados en el acto y que el saldo de U$S 208.876,76; o sea la suma de $ 1.760.831,09; se debía pagar el 15/10/2014 pero debido a problemas económicos y financieros no pudo cancelar ese saldo, para cuyo cobro la firma acreedora inició un juicio ejecutivo.
Rechaza que no se hayan ofrecido pruebas certificadas al sostener que acompañó el acuerdo homologado al que arribó con la firma y el nuevo convenio de pago, que comprendía un pago de $ 400.000 equivalentes a U$S 45.766,59 a pagar el 21/4/2015 y otro saldo de U$S 163.110,17 a pagar en tres cuotas de U$S 54.370,05 a cancelar en mayo, junio y julio de 2015.
Aclara que los pagos debían hacerse a la cuenta de Compagnie Francaise D Assurance Pour Le Commerce Exterieur (COFACE) ya que Agrofina S.A. había cubierto el riesgo de pago con esa compañía de seguros. Apunta que en el año 2015 solo abonó la cantidad de $ 650.000 a COFACE y que al 31/12/2015 existía un saldo deudor de U$S 141.271,47.
Entiende que la circunstancia que COFACE sea el directo acreedor de la deuda de su parte con Agrofina S.A. es lo que provocó las diferencias en el informe de circularizaciones, ya que solo se informó una deuda de U$S 25.902,76 debido a la cancelación parcial que había hecho COFACE directamente a Agrofina S.A. de la deuda originaria, lo que fue informado luego. Explica que la suma de U$S 25.902,76 es el saldo resultante de su estado de cuenta corriente, luego del pago de la indeminización que hace a Agrofina S.A. la empresa COFACE S.A. por la póliza del seguro y que impactó en su cuenta corriente.
Concluye en que ha quedado debidamente acreditada la procedencia del pasivo declarado el que se correspondía a obligaciones no canceladas por mercadería adquirida por su actividad agropecuaria.
Pone de relieve las respuestas dadas por las firmas involucradas que apoyan lo explicado como así también el informe pericial contable, y tacha de nulidad a las determinaciones de oficio al haber ignorado las pruebas aportadas al presumir que se trata de copias simples, cuando no pudo cumplir con el aporte de la documentación original debido al exiguo plazo que se le dio para el cumplimiento.
Hace saber que también se impugnaron pasivos por la suma de $ 383.140 por cheques librados a proveedores, cuando los cheques fueron librados a su principal proveedor de combustible, Petrogar S.R.L., por cancelaciones de compra durante el año 2015.
Advierte que dada las falencias incurridas para el análisis de las probanzas producidas durante la instancia administrativa las resoluciones carecen de motivación y fundamentación, por lo que afirma que deben ser declaradas nulas de nulidad absoluta al afectar su derecho constitucional de defensa en juicio. Al respecto, hace saber que dicho planteo no fue resuelto por el Juez Administrativo.
En subsidio, peticiona que se aplique la doctrina de la mora no imputable y error excusable, es decir que no se le apliquen los intereses resarcitorios reclamados al no haber existido de su parte culpa ni dolo. Por último, pide que se agreguen como prueba las actuaciones administrativas y por los argumentos que desarrolla pide que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 49/60 y 124/135 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos. Sobre la pretendida nulidad aducida afirma que los actos apelados resultan plenamente válidos al ajustarse a la normativa vigente sin que se haya ocasionado ningún perjuicio que la haga procedente al haber sido dictados con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho y reunir todos los requisitos exigidos.
Apunta que el recurrente pretende justificar la diferencia de deuda entre lo declarado y el importe que surge de la circularización efectuada a la firma Agrofina S.A. con simples dichos sin aportar prueba alguna. Mientras que con relación al segundo de los cargos formulados, remarca que en la deuda declarada como “Valores librados proveedores CUIT 27-00000000-6 por $ 383.140,00” se consignó un CUIT inexistente, sin acompañar probanzas que respalden la deuda.
Expone que se verificaron los pasivos declarados y de la respuesta de los proveedores y de la falta de aporte de documentación probatoria de los saldos de las deudas comerciales declaradas se procedió a impugnar el pasivo declarado y a aplicar lo dispuesto por el art. 18 inc. f) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Critica que el recurrente pretenda justificar el pasivo con documentación sin autenticar, al carecer de valor probatorio las fotocopias simples que arrimó, sin perjuicio de lo cual también pone de resalto que dicha documentación presentaba distintas irregularidades.
Concluye en que no se pusieron a disposición medios de prueba que tengan la suficiente fuerza convictiva para ratificar la deuda declarada, sin que tampoco se hayan reunido los extremos requeridos para aplicar la doctrina de la mora no imputable y el error excusable.
Agrega que los intereses resarcitorios son accesorios de naturaleza indemnizatoria que se devengan por la falta de pago en término de los tributos, sin que deban ser entendidos como una sanción, y al haber sido calculados según el art. 37 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) deben ser confirmados.
Por lo expuesto, por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 145 se acumuló el Expte. Nº 48.511-I.
Que ello así, a fs. 150 se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y a fs. 153 se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que en primer término es pertinente tratar el planteo de nulidad formulado con fundamento en las irregularidades que sostiene se presentan con relación a la consideración de las probanzas documentales ofrecidas durante el procedimiento administrativo, objetando que las resoluciones apeladas carecen de motivación y fundamentación al haberse vulnerado su derecho al debido proceso.
Que de la lectura de los actos recurridos se desprende que el Juez Administrativo realizó un completo análisis de la prueba documental oportunamente aportada, incluso también al resultar la misma insuficiente se recabó información por parte de los terceros proveedores, de manera que no se percibe ninguna lesión de su derecho de defensa como arguye. Que además, a contrario de lo sostenido por el recurrente, dicho planteo también recibió recepción en sede de la Administración.
Que se advierte que los razonamientos sobre los que sustenta este agravio constituyen una discrepancia con el criterio fiscal seguido para el dictado de las resoluciones apeladas en autos, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo debatida, ello así debido a que no se observa un proceder por parte del organismo fiscal que invalide el procedimiento al no lesionarse el derecho de defensa en razón de que los actos recurridos han sido dictados en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que fundan los mismos Por lo expuesto, cabe concluir que la nulidad invocada no es procedente, debiendo desestimarse este planteo.
V. Que corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que el recurrente se encuentra inscripto en la actividad principal de venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y en la actividad secundaria de cultivo de soja.
Que conforme surge del Informe Final de Inspección (fs. 23/27 de act. adm. que corren por cuerda, y fs. 100/104, cpo. IVA Nº 1, act. adm.,) y de las resoluciones recurridas en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015 el Sr. Silva consignó pasivos con distintos proveedores. En especial, la inspección hizo hincapié en la deuda con Agrofina S.A. por $ 2.203.834,76 y en “Valores Librados” por $ 383.140. Que con la finalidad de verificar el pasivo declarado se circularizó a los proveedores Agrofina S.A., Bayer S.A., Agrofacil S.A. y Rotam de Arg. S.A., advirtiéndose notables diferencias respecto a la primera de las firmas mencionadas.
La firma Agrofina S.A., la que representa la deuda de mayor importe, informó que no tuvo movimiento comercial con el recurrente durante el período fiscal 2015 y que al 31/12/15 el saldo pendiente de pago ascendía a la suma de U$S 25.902,72 (act. adm. cpo. IVA Nº 1, fs. 59/60); importe que según tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina equivalía a $ 344.506,7; en contraposición a la suma de $ 2.203.834,76 declarada por el contribuyente.
Ante el requerimiento formulado el recurrente hizo saber que la deuda con Agrofina S.A. había sido refinanciada y que la compañía aseguradora de créditos COFACE se había hecho cargo de la deuda y asimismo comunicó que no poseía documentación respaldatoria.
Sobre el otro de los cargos practicados, se dejó constancia que al analizarse la deuda declarada como “Valores librados proveedores CUIT 27-00000000-6” se advirtió que se consignó un CUIT inexistente, sin que el recurrente haya aportado alguna probanza en respaldo de la deuda.
Durante la inspección el actor acompañó un Convenio de Refinanciación y Reconocimiento de Deuda de fecha 01/10/14, Inicio de Juicio Ejecutivo, Solicitud de Homologación fechada en 16/04/15, Homologación de fecha 27/05/15 autenticados, un detalle de cuenta corriente del cliente “Agrofina 2017”, Convenio de Refinanciación y Reconocimiento de Deuda del 09/03/16, constancias de pago de indemnización COFACE, constancias de pagos sin autenticar y detalle de compras que titula “libro de IVA” también sin autenticar. Se dejó constancia que se pidió que dicha documentación fuera acompañada debidamente autenticada, lo que no fue cumplido. Que debido a las inconsistencias advertidas se impugnaron los pasivos declarados y se aplicó lo establecido en el art. 18 inc. f) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
VI. Que en autos se encuentran en discusión la procedencia del cómputo de dos pasivos declarados en el Impuesto a las Ganancias, que al ser impugnados tuvieron impacto tanto en dicho impuesto como en el Impuesto al Valor Agregado al ser considerados como un incremento patrimonial no justificado.
Que según el Sr. Silva uno de los pasivos, el correspondiente a la firma Agrofina S.A., tuvo origen en el convenio de refinanciación y reconocimiento del 01/10/2014 en el que por las operaciones de compraventa de mercadería según facturas detalladas se reconoció originariamente una de deuda de U$S 235.360,21. Que dicho convenio se encuentra agregado en las actuaciones administrativas y el recurrente explicó que el saldo de U$S 208.876,76; se debía pagar el 15/10/2014 pero alegó que por razones económicas y financieras no pudo cancelarlo. (cpo. IVA 1, fs. 144/147).
Que con motivo del saldo impago la empresa Agrofina S.A. inició un juicio ejecutivo, en virtud del cual las partes arribaron a un acuerdo debidamente homologado, en el que el Sr. Silva se obligó a efectuar un pago de $ 400.000 equivalentes a U$S 45.766,59 a pagar el 21/4/2015 y otro saldo de U$S 163.110,17 a pagar en tres cuotas de U$S 54.370,05 a cancelar en mayo, junio y julio de 2015 (act. adm., cpo. IVA N 1, fs. 149/151, 152/153, 156). Finalmente en atención al incumplimiento del acuerdo homologado mediante un nuevo convenio de fecha 9/03/2016 las partes reestructuraron la deuda, la que ascendía a U$S 141.271,47 (act. adm., cpo IVA N 1, fs. 160/163).
Dicho saldo deudor según el recurrente se mantenía al 31/12/2015, al tomar el tipo de cambio de $15,60 para arribar así al pasivo declarado con Agrofina S.A. de $ 2.203.834,76.
Por su parte, dicha firma acreedora informó que en el período enero a diciembre de 2015 no hubo operaciones con el Sr. Silva, y que se trata de un deudor en gestión judicial, haciendo saber que el saldo de cuenta corriente al 31/12/2015 era de U$S 25.902,76. (act. adm., cpo. IVA Nº 1, fs. 59/60).
Según el recurrente la diferencia entre el pasivo declarado y lo informado por Agrofina S.A. se debe a que como la deuda debía ser abonada a COFACE, Agrofina S.A. informó una deuda de U$S 25.902,76 por la cancelación parcial que COFACE le había hecho. Explica que la suma de U$S 25.902,76 es el saldo resultante de su estado de cuenta corriente, luego del pago de la indeminización que hace a Agrofina S.A. la empresa COFACE S.A. por la poliza del seguro y que impactó en su cuenta corriente.
VII. Que el recurrente articula su defensa sobre la falta de consideración por parte del organismo fiscal de las distintas constancias documentales aportadas, las que a su entender permitían justificar los pasivos declarados, por lo que corresponde considerar sus agravios junto con el análisis de la prueba documental agregada en las actuaciones administrativas y el informe pericial contable allí producido.
Que en sede de la Administración se admitieron todas las probanzas ofrecidas: documental, informativa - librándose oficios a Agrofina S.A. y COFACE- y pericial contable, conforme Resolución Nº 184/17 (DV RRES) (act. adm., cpo IVA Nº 1, fs. 183/189).
Que durante el procedimiento administrativo se intentó verificar la diferencia de deuda entre lo declarado y el importe informado por Agrofina S.A. al responder la circularización cursada, lo que según el recurrente no se corresponde a la realidad de los hechos.
Que el principal reproche que recae sobre la documentación es la falta de autenticación de las copias simples acompañadas, ya que el recurrente no aportó copias originales ni certificadas de la documental ya mencionada con la que pretende justificar la diferencia advertida por la inspección. Si bien alega que la diferencia con lo informado por Agrofina S.A. se debe a que los pagos se hicieron a COFACE, quien actuaba como aseguradora del crédito, lo cierto es que la información fue suministrada por aquella firma en el año 2017, por lo que se asume que se han tenido en cuenta los distintos convenios de refinanciación y reestructuración de deuda que datan de los años 2014 y 2016 para calcular el saldo deudor al 31/12/2015, más aún teniendo en consideración que el recurrente no adjuntó la documentación respaldatoria sobre la asunción de la deuda por COFACE.
Que ante un nuevo requerimiento la firma Agrofina S.A. no rectificó el importe deudor informado, sino que acompañó los distintos convenios suscriptos con el Sr. Silva, mientras que la firma COFACE aportó un “Informe de Gestión de Siniestro” (fs. 217 y 226/228, Cpo. IVA Nº 2, act. adm.), el que se agregó en copias simples y si bien en el mismo se informan pagos, todos ellos son posteriores al 31/12/2015.
Que el restante pasivo cuestionado se refiere al concepto de “Valores Librados” por $ 383.140; el que según el recurrente corresponde a cheques emitidos a proveedores, sobre lo que aclaró que el cheque N 5869809 por $ 126.140 fue librado para el pago de operaciones con el proveedor Petrogar S.R.L.
Que para respaldar dicha deuda aportó un detalle de compras que titula “Libro de IVA Compras”, respecto del que se corroboró que no figura la CUIT consignado en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias (act. adm., Cpo IVA Nº 1, fs. 170/182).
Que la pericia contable producida en sede administrativa tampoco logró apoyar lo sostenido por el recurrente en razón de que la profesional actuante respecto del primer pasivo cuestionado explicó que en fecha 27/4/2015 el Sr. Silva formalizó un acuerdo judicial por la deuda de U$S 208.876,76, de los que solo canceló el importe de $ 650.000, quedando un saldo pendiente de $ 2.203.834,76; que representa el valor del nuevo convenio firmado en marzo de 2016 conforme el tipo de cambio a $ 15,60 BNA. Aclara además que esta información no estaba disponible cuando se le confirió vista al contribuyente y por eso no consta en el cuerpo de inspección, sin proporcionar razones ni mayores precisiones sobre la composición del pasivo declarado, ni ahondar en las diferencias que surgen de lo informado por la firma Agrofina S.A (fs. 80/81 act. adm. por cuerda y fs. 215/216, cpo. IVA N 2). Con relación a la deuda por “Valores librados” en el informe pericial la perito no se manifestó al respecto.
VIII. Que a pesar de lo afirmado, la prueba documental aportada fue debidamente valorada por el Juez Administrativo, incluso durante el procedimiento se lo instó al recurrente para que acompañe ya sea copias originales o copias autenticadas, a pesar de lo cual ello no fue cumplido, sin que tampoco ante esta instancia, haya intentado salvar tales inconsistencias, al no acompañar otras constancias documentales ni tampoco ofrecer la producción de un informe pericial contable con puntos que permitan reconstruir la composición y secuencia de los pasivos.
Que las inconsistencias advertidas recaen no solo sobre aspectos formales, como bien puso de resalto el ente fiscal, sino también se observa la falta de demostración de aspectos sustanciales que debilitan los argumentos del recurrente. Ello así no se incorporaron constancias de los pagos que dice haber efectuado, ni tampoco de aquellos que debió haber efectuado COFACE, en su carácter de aseguradora, ni copia de la póliza, de la que surja el alcance del acuerdo entre el asegurador y el tomador.
Que el recurrente mencionó y aportó copias de convenios de refinanciación de la deuda de fechas con la firma Agrofina S.A., cuando a la vez sostiene que los pagos los hacía COFACE, por lo que se presenta el interrogante de sí COFACE cubrió la totalidad de la deuda pendiente de pago, lo que no llega a ser acreditado. Sobre la base de estas consideraciones resulta que haber acudido al mecanismo previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal como ha hecho el Fisco atento las falencias constatadas resulta ajustado a derecho en atención a la falta de elementos probatorios que justifiquen ambos pasivos, de lo cual subyace que habrían existido otros fondos para cancelar las deudas originales.
Que correspondía al Sr. Silva demostrar que no se trata de un incremento patrimonial no justificado, lo que no ha sucedido en autos, al no lograr refutar la presunción aplicada, conforme se desprende de todo lo expuesto. Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que por lo tanto, resulta procedente el cargo practicado por el Fisco Nacional, por lo que, corresponde convalidar los ajustes efectuados en el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias.
IX. Que con relación a los intereses resarcitorios exigidos, el recurrente peticiona que se aplique la doctrina de la mora no imputable y del error excusable, por lo que cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora incurrida por el contribuyente o responsable de la cancelación de sus obligaciones tributarias.
En ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisó la doctrina del fallo “IKA Renault” al exponer “que si bien en el precedente de Fallos - 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del CC -que exime al deudor de las responsabilidades derivadas de la mora cuando ésta no le es imputable-, las particularidades del derecho tributario -en cuyo campo ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio o secundario los que pertenecen al derecho privado (art. 1 de la ley 11683, t.o. 1998 y Fallos - 307:412, entre otros)-, que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos - 308:283 - 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor -que deben ser restrictivamente apreciadas- han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto -o que lo ha hecho por un monto inferior al debido- en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley en su actual redacción y lo puntualizó la Corte, entre otros precedentes, en el ya citado de Fallos - 304:203, se trata de la aplicación de intereses resarcitorios, cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. C.S.J.N., Citibank NA (TFN, 15.575-I) c/DGI, 01/06/2000).
Por lo que teniendo en cuenta que los intereses resarcitorios pretendidos han sido liquidados conforme las prescripciones del art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, cabe disponer su confirmación.
X. Que por lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O´Donnell dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 101.200 (pesos ciento un mil doscientos), equivalente a 15,65 (quince con 65/100) UMA, y por el patrocinio letrado la suma de $ 252.999 (pesos doscientos cincuenta y dos mil novecientos noventa y nueve), equivalente a 39,12 (treinta y nueve con 12/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 28/21 (21/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.03.16 09:12:14 -03:00 Date: 2022.03.16 11:11:19 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.16 14:02:56 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.16 14:02:57 -03:00
Fin de la sentencia