Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-77549763-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Agosto de 2021 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN El Expediente EX-2019-80859090- -APN-SGAI#TFN, caratulado “SIMA S.A.”a resolución de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que, mediante IF-2019-80852715-APN-SGAI%TFN la parte actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 1385/19 (DV JSAL) de fecha 21 de Agosto de 2019, suscripta por la Jefe (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se le aplica una multa de $ 362.056,76 (pesos trescientos sesenta y dos mil cincuenta y seis con setenta y seis centavos), equivalente a dos (2) veces el Impuesto al Valor Agregado evadido en los períodos fiscales julio a septiembre (inclusive) y diciembre del 2017, encuadrada en los artículos 46 y 47 incs. a) y b) con la reducción prevista en el artículo 49 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Como primera medida, la recurrente afirma que ha presentado las DDJJ rectificativas a instancias de la inspección resultando claro que los inspectores actuantes arribaron a tales cifras mediante el uso de presunciones genéricas del artículo 18 de la ley 11.683, es decir que no contaban con pruebas ciertas del ajuste en absoluto, acudiendo en consecuencia al remedio presuntivo que la ley les otorga.
Aclara que, en ese momento, siguiendo un criterio pragmático, rectificó aun sabiendo que todas las operaciones observadas son reales motivado por la necesidad de evitar prolongados procedimientos administrativos y judiciales. A su vez, considera que en el IVA al Fisco Nacional no le interesa la realidad económica en sí o la existencia de la operación comercial relativa a la factura, sólo analiza el comprobante de la operación observando si está confeccionado conforme a todas las formalidades legales y, sólo en caso afirmativo, procede a validarlos como créditos fiscales de las DDJJ de IVA.
Señala que las operaciones fueron reales y sus comprobantes podrían eventualmente a criterio del Fisco Nacional haber poseído carencias en sus diferentes formalidades resultando evidente que todas esas potenciales carencias obedecerían a acciones u omisiones de terceros, es decir, de los propios proveedores emisores. Destaca que estaban correctamente inscriptos y habilitados para efectuar facturas electrónicas, fue el propio Organismo Fiscal quien validó tales comprobantes y creó en esta parte una legítima confianza en ellos.
Considera que este criterio formalista del Fisco Nacional encontraría asidero jurídico sólo para el cálculo del tributo, pero no es apropiado para la sustanciación de sumarios sancionatorios como el presente, en los que resulta fundamental que el sancionado haya obrado con dolo o culpa.
Cree que ese dolo debe existir al momento de presentar las DDJJ cuestionadas, es decir que en ese momento es donde se “activa” la tipificación dolosa que pretende aplicarse en el caso. Opina que para que exista dolo, resulta indispensable que en ese especial momento tuvieran conocimiento de todas estas falencias de los comprobantes o de los emisores (que en aquel momento estaban doblemente validados por AFIP).
Recuerda que se trata de facturas electrónicas emitidas y validadas informáticamente en tiempo real vía web por la AFIP emitidas por sujetos que no estaban en la “Base Apoc” que utiliza el Fisco Nacional para advertir a los ciudadanos de la posibilidad de que determinados emisores sean “usinas de facturas falsas o apócrifas”. Aclara que tuvo un deber de diligencia normal y aceptable para un buen hombre de negocios dado que nada le indicaba que estábamos ante facturas cuestionables o cuestionadas.
Indica que fue el propio organismo recaudador quien le generó una confianza legítima en tales facturas, este elemento por sí mismo excluye todo dolo en el caso y torna inaplicable el artículo 46 de la ley 11.683 al estar frente a un ajuste “presunto”, lo que llevaría a encuadrar el presente en la figura culposa del artículo 45 y no el 46 de la ley ritual. Por ende, muestra que, así las cosas, existe un claro caso de “error excusable” del mencionado artículo 45, debiendo archivarse el presente sin aplicación de multa.
Reflexiona que, si aplicáramos el tipo penal del artículo 46 de la ley 11.683 con las presunciones del artículo 47 de dicha ley, estaríamos frente a un supuesto de “cadena de presunciones” porque primero se presumiría el ajuste y luego sobre tal presunción se aplicaría la presunción de dolo del artículo 47 de la ley 11.683. Sostiene que en la jurisprudencia se ha planteado el problema de establecer si, cuando el Fisco determina sobre base presunta la obligación tributaria del sujeto pasivo las presunciones utilizadas a tal efecto son suficientes para tener por configurado el elemento subjetivo que exigen los ilícitos de omisión de impuestos (culpa) y de defraudación (dolo).
Por otro lado, dice que una factura es “apócrifa” o “falsa” cuando no existe una operación comercial real que documente, se trata de un comprobante que exhibe como real una operación que nunca se concretó. Entonces, opina que el centro neurálgico del tema es que el Fisco Nacional alega la inexistencia de operaciones comerciales descriptas en las facturas de compras, pero no posee ninguna prueba que sustente tal afirmación. Muestra que tal falta de prueba tiene su razón de ser en que las operaciones son reales, lo que se demuestra por la vinculación ente las compras con las ventas declaradas que fueron aceptadas por A.F.I.P. Comprende que la relación cualitativa entre las compras y las ventas evidencian una situación razonable y proporcionada frente al impuesto, desde un punto de vista jurídico y económico, lo que evidencia la falta de perjuicio fiscal. Destaca que el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta resulta cuestionado por diversas escuelas doctrinarias, coincidiendo la mayoría de los especialistas en que esta metodología debe ser considerada como excepcional. Por ende, entiende que su utilización debe ser realizada solamente en forma subsidiaria y cuando resulte imprescindible dado que la presunción es un intento de obtener la verdad y su dimensión, a partir de un hecho cierto, concreto y comprobado del cual se parte. Es necesario que el fisco exhiba un hecho inferente cierto, real y probado.
Entiende que, desde el punto de vista probatorio la principal consecuencia que se deriva de la utilización de presunciones por parte del Fisco es que cambia el objeto de la prueba, pero no significa que la Administración haya quedado relevada de probar. Cree que, en este supuesto, el hecho inferente no es un hecho cierto y probado, sino que se trata de una simple sospecha formulada por un inspector que no es juez administrativo (artículo 16 segundo párrafo de la ley 11.683), en casos donde no hay determinación de oficio.
Además, sostiene que los informes finales de inspección, no son actos con presunción de legitimidad de actos administrativos y su virtualidad jurídica se agota en el ámbito interno de A.F.I.P. en atención de que son simples actos internos del ente recaudador que ni siquiera proyectan efecto alguno sobre las declaraciones juradas de los contribuyentes inspeccionados, las que conservan su presunción de veracidad mientras no sean impugnadas mediante el procedimiento de determinación de oficio de la deuda tributaria, mientras ello no ocurra, debe estarse a la veracidad de las DDJJ auto determinativas presentadas.
Sostiene que no existen constancias en el expediente de los antecedentes y pruebas que dan sustento a los informes finales ni están agregados los expedientes administrativos. Afirma que no participó en estas inspecciones ni siquiera pudo conocer las pruebas y demás elementos de esas fiscalizaciones por el denominado “secreto fiscal” establecido en el artículo 101 de la ley 11.683. Dice que también debe tenerse en cuenta la posibilidad que estos proveedores no se hayan defendido adecuadamente o simplemente no se hayan defendido, esta negligencia de terceros no tiene que proyectar sus efectos sobre él.
En cuanto a la naturaleza penal de las infracciones administrativas, indica que no existe prueba alguna que sostenga que se ha actuado con una intencionalidad reprochable al presentar las declaraciones juradas en cuestión. Con respecto a la culpabilidad como requisito de las infracciones, dice que no ha existido una intensión defraudatoria ni omisiva al momento de declarar el impuesto, razón por la cual no existe el elemento subjetivo requerido para una sanción. En este sentido afirma que, se observa que se pretende graduar una sanción de dos a diez veces el tributo insinuado por la Fiscalización, evidenciando una graduación exagerada y desproporcionada, lo que contraría el principio penal de proporcionalidad de la pena, también aplicable en materia sancionatoria. Declara que tuvo una clara voluntad de colaborar con el fisco en atención a que los ajustes fueron realizados por el contribuyente sin que se haya puesto en movimiento el procedimiento de determinación de oficio gracias a una rectificación voluntaria (espontánea).
Por último, cita jurisprudencia y doctrina en respaldo a su criterio, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada.
II. Que, bajo el IF-2020-07068583-APN-DTD%JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, y solicita su rechazo por las razones de hecho y de derecho que expone, acompaña las actuaciones administrativas referidas al sumario infraccional, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que, posteriormente, con el dictado de la Ley N° 27.541, este Tribunal dispuso intimar al Fisco Nacional para que el referido organismo informara si la sanción discutida en las presentes actuaciones se encontraba alcanzada por el beneficio establecido en el art. 12 párrafo cuarto de la Ley N° 27.541 (PV-2020-64143002-APN- VOCVI%TFN).
Bajo el IF-2020-65132588-APN-DTD%JGM, el Fisco Nacional evacua la intimación practicada, manifestando que la parte actora no ha cancelado la obligación principal y que no registra certificado MiPyme vigente. Por lo que la multa apelada en autos no se encontraría alcanzada por el beneficio de condonación establecido en el cuarto párrafo del art 12 de la Ley N° 27.541.
Mediante PV-2020-65960625-APN-VOCVI%TFN, este Tribunal dispuso correr vista a la recurrente de lo manifestado por el Fisco Nacional la cual no fue contestado por la parte actora.
IV. Que, inmediatamente se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y seguidamente se ponen los mismos para sentencia.
V. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, así ello, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2016, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos “a” y “b” de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Tal como como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
En lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que la presentación de la declaración jurada rectificativa lo que revela, y así ha quedado plasmado en el acto que aquí se recurre, es que el contribuyente primitivamente no ha declarado el impuesto en su justa medida, siendo dicha declaración defectuosa la que, al no haberse producido prueba en contrario, lleva a estos juzgadores a tener por configurado el aspecto objetivo de la infracción que se endilga.
En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, sin más, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si decide invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
A ese efecto, corresponde analizar que conforme surge del informe final de inspección (fs.11/20 de los Antecedentes Administrativos acompañados), el origen del cargo -esto es, haber operado con proveedores apócrifos- fue conformado por el contribuyente al presentar la declaración jurada rectificativa y abonar el gravamen no ingresado oportunamente en su justa medida.
No surge cuestionamiento alguno por parte de la parte actora, respecto del ajuste practicado, ni ha ensayado ésta defensa o agravio respecto de su obrar, procediendo sin más a conformar el referido ajuste e ingresar las sumas debidas al erario público.
En el particular, el Fisco Nacional aplica las presunciones del art. 47 de la ley procedimental, incisos a) y b) en virtud de los cuales se presume la existencia de voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, libros y demás antecedentes con los datos de las declaraciones juradas y cuando en los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.
En el caso concreto, los datos inexactos consignados en los libros contables provienen de una serie de facturas que fueran observadas por el organismo recaudador. Del informe final de inspección se observa que los proveedores cuestionados se encuentran calificados como “sin capacidad económica”, “sin capacidad financiera”, “con irregularidades en la cadena de comercialización” y “con resistencia a la fiscalización”. Asimismo, se observa un detalle de las conclusiones de las fiscalizaciones efectuadas, sin que la actora haya aportado ningún argumento que permita a este Tribunal considerar, o pruebas que evaluar, en aras de proceder al reencuadre de la sanción, mucho menos ensayado alegación alguna que demuestre la existencia en el caso concreto de un error excusable.
En resumidas cuentas, y sin perjuicio de las aseveraciones vertidas por la recurrente en su recurso de apelación en torno a su buena fe, corresponde señalar que las presunciones se encuentran correctamente aplicadas por el organismo fiscal y la multa aplicada se ajusta a la realidad de los hechos acaecidos, toda vez que se verifica la grave incidencia requerida por la norma anteriormente apuntada sobre la determinación de la materia imponible, que permita aseverar sobre la existencia de un actuar doloso de parte de la aquí apelante, motivo por el cual se confirma la resolución apelada, con costas.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el vocal preopinante en los Considerandos I a III.
II. Entrando al análisis de la multa por defraudación aplicada en el caso, debe dejarse sentado, en primer lugar, que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Ahora bien, para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco. En efecto el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Con respecto al cuestionamiento de la parte actora en autos, en cuanto a que en la presente litis existió una “cadena de presunciones” ya que, según su entender, primero se presumió el ajuste (por aplicación del art. 18 de la ley de rito fiscal) y sobre tal presunción se aplicaron las presunciones del dolo contenidas en el artículo 47 de la ley señalada; cabe señalar sobre el particular, que en autos no existió determinación de oficio (ni sobre base cierta ni presunta), es decir, de acuerdo con los antecedentes del caso, la diferencia de impuesto cuya evasión se le reprocha en el presente proceso sumarial, surge de la autodeterminación del impuesto mediante presentación de las declaraciones juradas rectificativas presentadas por el propio contribuyente, luego de que la fiscalización actuante constatara la maniobra evasiva puesta en marcha por el recurrente.
Al respecto la Sala V de la Alzada in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) señaló que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la Ley 23314. En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe aclarar que si bien la sola rectificación de las Declaraciones Juradas no implica de por sí la aplicación directa de sanción, por considerar tal conducta como demostrativa de una voluntad previa de defraudar, tampoco pueda ser entendida como eximente de toda pena. En efecto, la previsión legal contenida en el artículo 13 de la Ley Nº 11.683 señala que el declarante es responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad.
Es dable destacar que la presentación de las rectificativas no tiene relevancia exculpatoria. Por el contrario, la presentación de estas últimas por montos mayores que los consignados en las declaraciones juradas originales no hace más que corroborar el reconocimiento de que éstas no reflejaban la realidad económica de la sociedad que si estaría exteriorizada por las rectificaciones.
Que, por otra parte, en el caso particular no puede dejar de considerarse que la actora ha rectificado las declaraciones juradas por la presencia y acción del Fisco y no en forma espontánea, lo que implica un reconocimiento del ocultamiento que se le imputa. En efecto, la actora conformó el criterio de la inspección presentando las declaraciones juradas correspondientes. Si hubiera estado tan convencida de haber declarado correctamente sus impuestos no hubiera consentido el criterio fiscal, sino que lo hubiera cuestionado a través del procedimiento de determinación de oficio y, de tal manera, hubiera podido discutir no sólo la procedencia del impuesto sino también de la sanción. (cnf. Manzino, Silvia Blanca, Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. Sala IV, 22/05/2008).
Continuando con el análisis del encuadre legal de la conducta de la recurrente de autos, las observaciones relativas al carácter de apócrifos de los proveedores impugnados se exponen tanto en el Informe Final de Inspección como en el acto apelado, concluyendo entonces que de los antecedentes del caso, los proveedores reputados apócrifos no poseen capacidad económica para el desarrollo de las actividades declaradas, tornándose evidente que las operaciones facturadas, de haberse efectivamente prestado no fueron realizadas por aquéllos. En este marco, corrresponde señalar que el ente recaudador concluyó que la recurrente incluyó crédito fiscal por comprobantes improcedentes provenientes de los contribuyentes AEB Servicios SRL CUIT 30 71552879-3, Cargas y Estructuras SA CUIT 30- 71548490-7 y Punta La Roca SA CUIT 30-71552997-8, El Tope SRL CUIT 33- 71162349-9, Punto Norte SRL CUIT 30-71252048-1 y Pintar Santiago SRL CUIT 30-71082740-7, en los periodos 08/2017 a 10/2017 correspondiendo su impugnación.
Que en este sentido, el informe técnico, obrante a fojas 11 a 21 de las actuaciones administrativas da cuenta de la labor de fiscalización que fuera realizada respecto de los proveedores cuestionados, donde en síntesis se desprende que:
- El proveedor AEB Servicios SRL no declara empleados en relación de dependencia, no cuenta con bienes relacionados con la actividad, no posee inmuebles ni demuestra locación de los mismos para el desarrollo de actividad.
- Cargas y estructuras S.A.: la inspección concluye que la verificada no posee capacidad económica y no posee capacidad financiera, para el desarrollo de las actividades declaradas. Asimismo agrega que posee resistencia a la fiscalización.
- Punta la Roca S.A.: el contribuyente no posee capacidad económica, financiera y/o estructura organizativa para efectuar la venta de bienes ni prestar los servicios en los que se encuentra inscripto, se considera que el mismo es un eslabón más en una cadena de personas fiscales y/o físicas interpuestas (insolventes/empresas de papel) con el fin único de crear créditos fiscales.
- Punto Norte SRL: No posee bienes registrables, ni maquinaria para el desarrollo de las supuestas actividades que habría desarrollado, los integrantes de la sociedad carecen de capacidad económica, patrimonial y financiera para ser parte de una sociedad que realizó una facturación considerable.
- EI Tope SRL: solo se pudo contactar al apoderado, Sr. Gramajo, quien manifestó hacer sólo algunos trámites y que no percibe retribución a cambio de sus servicios. La empresa no posee bienes registrables a su nombre y desde 2017 no registra acreditaciones bancarias; concluyendo la fiscalización que se trata de una sociedad insolvente.
- Pintar Santiago SRL: la inspección concluye que la verificada no posee capacidad económica / patrimonial para realizar las prestaciones de servicios o venta de bienes que han facturado. Asimismo, agrega que la verificada fue adquirida únicamente con el propósito de ser usada como Usina Generadora de Crédito Fiscal Apócrifo. Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, computando facturas de proveedores apócrifos, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del Fisco.
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que resulta adecuado el encuadre de la conducta de la actora en la presunción prevista en los incisos a) y b) del citado artículo 47 y, ante la falta de prueba idónea en contrario, corresponde -al igual que el Vocal instructor- confirmar la sanción impuesta con sustento en el artículo 46 de la Ley Procedimental la que, por otra parte, aparece razonablemente graduada en el mínimo legal con la reducción prevista en el artículo 49 de la ley procedimental. Con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2021.08.20 21:01:37 ART Date: 2021.08.23 10:17:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.08.23 12:15:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.08.23 12:15:18 -03:00
Fin de la sentencia