Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 47.358-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2Confirmar la resolución apelada, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-26587825-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 21 de Marzo de 2022 En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Ruben Alberto Marchevsky (Vocal Titular de la 3° Nominación) para resolver el expediente N° 47.358-I, caratulado: “SIMMERMACHER JORGE AUGUSTO s/ recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 22/32 el Sr. Simmermacher interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 15 de septiembre de 2016, dictada por el jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, por la que se determina de oficio en su carácter de responsable solidario de la firma “Sueños Trasandinos S.A.”, el impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2009, con más intereses resarcitorios y se deja en suspenso el sumario instruido par la eventual aplicación de sanciones contempladas en la ley de procedimiento Tributario, atento lo establecido por el art. 20 de la ley 24.769.
Explica que fue apoderado de la firma antes mencionada y tenía la firma en los bancos donde la sociedad disponía de cuentas corrientes, precisando que ello no implica un reconocimiento de la deuda que se le atribuye. Analiza la figura del responsable solidario, concluye que la responsabilidad endilgada, establecida por la ley tributaria es represiva y condicional, y que a raíz del incumplimiento de un deber fiscal por parte del deudor principal es que nace la responsabilidad solidaria y que no basta el mero incumplimiento sino que éste debe ser imputable. Manifiesta que durante el período en cuestión no tuvo participación ni poder de decisión en la gestión social, y más allá de reconocer que fue apoderado bancario de la empresa, dice que ello no significó la liberalidad de la disposición de fondos sino que su accionar se circunscribió al mandato específico de las directivas del Directorio, esto es de acuerdo a las órdenes de pago previamente autorizadas. En tal sentido, plantea la nulidad del acto recurrido por considerarlo carente de causa y motivación respecto de la extensión de responsabilidad solidaria efectuada a su parte en tanto no tuvo injerencia en la administración o representación social de la firma y pide que se haga lugar a la excepción opuesta.
Se agravia que en la resolución sólo se indica que le correspondería aplicar una sanción pero no se trata el elemento subjetivo de culpabilidad, haciendo un análisis del tipo contenido en el art. 45 de la ley de procedimiento tributario.
Asimismo, impugna la intimación de intereses resarcitorios en cuanto ello conlleve el devengamiento más allá de la fecha de presentación en concurso de la sociedad.
Por las razones que expone pide que se haga lugar al recurso intentado y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 41/58vta el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso. Manifiesta que según surge de los sistemas informáticos, durante el periodo bajo análsis, el recurrente se desempeñó como titular de las cuentas bancarias y fue firma autorizada, administrador y representante de la “Sueños Trasandinos SA” , por lo que tuvo una activa participación en la administración de la empresa, sin que haya demostrado que no tenía facultades de decisión en el manejo de fondos, lo que implica que poseía el control de la administración de la sociedad. Señala que la resolución N 338/12 (DV RRME) del 27 de noviembre de 2012 por la que se determinó la obligación fiscal al deudor principalquedó firme señalando que le corresponde al apelante demostrar que existen circunstancias que lo eximen de la responsabilidad personal y solidaria que la ley presume.
Rechaza el planteo de nulidad, afirmando que la resolución atacada cuenta con todos los elementos necesarios para su validez, haciendo notar que el recurrente no expone cuál es el perjuicio concreto ocasionado ni el interés jurídico que procura salvaguardar, invocando la defensa intentada de manera abstracta e infundada. En cuanto a la cuestión de fondo en sí, manifiesta que la actora se limita a reiterar los argumentos vertidos en el escrito de contestación de vista sin rebatir los argumentos considerandos en el acto apelado. Sostiene que, en el presente caso se ha constatado que el Sr. Simmermacher, revestía la calidad de Representante legal, apoderado y firmante de las cuentas bancarias (administrador) de la firma Sueños Trasandinos S.A., por el períodos traídos a discusión. Remarca que al no haberse ingresado la deuda que surgió de la determinación de oficio practicada oportunamente a la firma antes citada, es que se determinó al recurrente, en su carácter de responsable solidario, la obligación fiscal con más sus intereses, en virtud de lo normado por los art. 6º y 8º de la ley 11.683. Explica que, en punto a los intereses resarcitorios intimados la mora en el pago del impuesto resulta imputable a la apelante, toda vez que la mora se produce de manera automática y habiéndose acreditado la omisión de ingresar el impuesto reclamado en tiempo oportuno.
Remarca que en el acto apelado no se aplicó sanción alguna, dejándose en suspenso la instrucción del sumario por aplicación al caso de las previsiones del art. 20 de la ley 24.769.
Por las razones que expone pide que oportunamente se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la parte actora y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que a fs. 60 punto 3°) se dispuso diferir el tratamiento de la excepción de nulidad para el momento de resolver la cuestión de fondo.
A fs. 65 la recurrente solicitó la remisión de los presentes autos al Juzgado que se decretó su quiebra. A fs. 67 se resolvió no hacer lugar a la remisión requerida, continuando el trámite de las presentes actuaciones poniendo en conocimiento del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 del Departamento Judicial de San Isidro la existencia de los presentes autos y de lo aquí resuelto a efectos de que el síndico interviniente se presente a tomar intervención en los mismos. El oficio fue diligenciado conforme constancia de fs. 700, no habiendo comparecido el mismo a tomar intervención.
Que a fs. 73 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “A” y a fs. 84 se ponen los mismos para dictar sentencia.
IV. Que corresponde tratar en primer término el planteo de nulidad articulado por la actora como de previo y especial pronunciamiento, cuyo tratamiento fue diferido para esta oportunidad procesal.
Que de la lectura de la resolución determinativa atacada se evidencia que la misma cumple con los requisitos esenciales estatuidos por el artículo 7° de la ley 19.549. En tal sentido, debe destacarse que es dictada con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos externos de validez, sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presupone, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas, cuestión que será analizada en los Considerandos siguientes, pero que de ninguna forma afecta la validez de la mentada resolución.
Que tampoco se advierte, que la actora haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo o defensa en juicio, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso, surgiendo de las actuaciones que en todo momento fue anoticiada de las diligencias y ajustes que proponía la fiscalización como así también de la vista corrida que dio inicio al procedimiento de determinación de oficio, haciendo las presentaciones que entendió pertinentes.
Así, “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, del 4 de junio de 1997 “Sosa Mirta Elena”). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
Por todo ello, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada por la recurrente, con costas.
V. Que corresponde dirimir acerca de la procedencia de la responsabilidad solidaria atribuida al Sr. Jorge Augusto Simmermarcher respecto de las obligaciones tributarias de la firma Sueños Trasandinos SA. Que el recurrente alega que durante el período cuestionado no tuvo a su cargo ni la representación ni la dirección de la sociedad antes mencionada, sino que solo era apoderado para el uso de las cuentas corrientes bancarias y que las gestiones realizadas lo fueron a tenor de lo dispuesto por el Presidente de la firma.
Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t. o. 1998 y modif.) dispone -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”
Que tal como fuera señalado por nuestro más Alto Tribunal en ocasión de resolver la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-1) c/DGI” con fecha 11/2/2014 se observa que la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente "Brutti" (Fallos: 327:769). En efecto, allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador "una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena"....” para luego agregar “Que, en síntesis, no corresponde que al interpretar el citado art. 8°, inc. a, se incorpore un recaudo -la firmeza del acto que determina el impuesto del deudor principal- no contemplado en esa norma, máxime si se considera que en el ordenamiento de la ley 11.683 -en el que aquella disposición está incluida- se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman- que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.”
Que en el caso de la figura bajo examen -responsabilidad solidaria- concurren dos obligaciones distintas, una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
Que no debe perderse de vista que la responsabilidad personal y solidaria del artículo 8 de la ley N.°11.683 “ha sido establecida a título represivo, desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al fisco con lo recursos que administran o de que disponen (del voto del Dr. Francisco Martínez en la causa N° 2457, “Quatrocchi, Antonino S. y otros” de este Tribunal, de fecha 27/09/66), lo que no sólo implica atribuir a la norma una interpretación restrictiva, sino tener siempre presente que no es lo mismos un “responsable solidario” que un “deudor solidario”.
En este sentido, el fallo dictado el 8/6/70 por la Sala I en lo Contencioso Administrativo de la Cámara Federal de la Capital en la causa “Monasterio da Silva, Ernesto s/ apelación" (confirmado por la C.S.J.N. el 2/10/70), el Dr. Freytes expuso que "...no basta que una persona sea director, gerente o representante de una persona jurídica, para que se considere responsable en los términos de la ley. Es decir, que no se trata de una responsabilidad objetiva, sino subjetiva y derivada de una conducta que importe el incumplimiento de los deberes impositivos a cargo del director o representante."
"Para que éste tenga a su cargo deberes impositivos de la sociedad, debe administrar bienes de ésta o disponer de ellos en ejercicio de sus funciones".
"Sólo así puede incurrir en el incumplimiento de los deberes a que se refiere la ley, de los que deriva su responsabilidad".
"Los miembros de la sociedad, que no tienen asignadas sus funciones -dice la Cámara- no son, en principio, responsables en la misma medida" ("Responsabilidad Personal y Solidaria de los Directores de Sociedades Anónimas", Freytes, Roberto Oscar: Derecho Fiscal, T. XX, pág. 412/414).
Que dicho autor también expresa que "El presupuesto legal de la responsabilidad a título personal de los directores es, siempre, el incumplimiento de sus deberes. Si no hay incumplimiento, no hay responsabilidad". "Mientras la causa determinante de la obligación fiscal del contribuyente del impuesto es el haberse verificado a su respecto el hecho imponible previsto por la ley, la causa determinante de la obligación personal del responsable por deuda ajena es el no haber cumplido con sus deberes frente a la ley fiscal. Es una responsabilidad que se le impone como consecuencia de una acción o de una omisión, de su parte, que importe incumplimiento de "cualesquiera de sus deberes impositivos", que debió cumplir como responsable de deuda ajena".
"Pero no basta que haya incumplimiento: es menester que éste le sea imputable, a título de dolo o a título de culpa. Si no hay dolo ni culpa en el incumplimiento, tampoco hay responsabilidad" (Determinación de Responsabilidad Tributaria por Deuda Ajena - Roberto Oscar Freytes- DF XVII-A, 15/20).
Que así las cosas debe concluirse que la responsabilidad recae en aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales que son quienes se encuentran obligados a cumplir con los deberes tributarios y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley, por lo que, en razón de tratarse de un incumplimiento ocurrido en ocasión de desempeñar una función que supone responsabilidad subjetiva y no haber demostrado el inculpado encontrarse en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente los deberes fiscales confiados a su custodia, concurren en cabeza de la apelante de autos los supuestos antes señalados, por lo que resultaría en principio, aplicable en este caso la responsabilidad establecida por la ley fiscal.
Que no resulta controvertido que el recurrente era apoderado de las cuentas bancarias de las que la firma era titular y administrador de la sociedad en el año bajo examen (vide fs. 26 y 29 de los antecedentes), quedando plasmado en el Acta de Directorio N° 4 de fecha 12 de octubre de 2009, la ratificación por parte el Presidente de la firma del “Poder General Amplio de Administración y Disposición de bienes” otorgado mediante Escritura del 18 de febrero de 2009 a favor del Sr. Jorge Augusto Simmermacher para que “en nombre y representación de la sociedad intervenga en todos sus negocios y asuntos de orden administrativo, comercial, industrial, judicial y bancaria, cualquiera sea su naturaleza y la jurisdicción que corresponda” (sic, fs. 32 ant. adm) Que ello así, cabe concluir que el recurrente participaba activamente en el giro comercial de la empresa, por lo que no puede abstraerse de la responsabilidad generada por el incumplimiento de obligaciones tributarias durante su gestión. Que a ello cabe agregar que no se ha ofrecido prueba alguna en autos (vide auto de fs. 60 punto 5°). Que, en este contexto, es importante destacar que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrefutable y concluyente para desvirtuar la responsabilidad -desde el plano de la imputación subjetiva- que recae en aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales que son -como se dijera- quienes se hallan obligados a cumplir con los deberes tributarios y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley. En virtud de lo expuesto, y en la medida en que la accionante no ha demostrado circunstancia alguna que, a tenor de las consideraciones desarrolladas en los Considerandos precedentes, permita excusarla de responsabilidad, corresponde confirmar la resolución apelada en tanto extiende la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Simmermacher respecto a obligaciones tributarias determinadas a la contribuyente Sueños Trasandinos SA en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2009.
VI. Que sobre los agravios que formula por la liquidación de intereses resarcitorios, cabe señalar que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio".
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses . Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005)
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
VII. Por último, en cuanto a las consideraciones que formula por la instrucción del sumario que fue suspendida, al no existir perjuicio concreto sobre el derecho de defensa del recurrente, por haberse aplicado las previsiones contenidas en el art. 20 de la ley 24.769, la cuestión planteada por la actora sobre este punto resulta abstracta.
VIII. Atento a las consideraciones expuestas, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Los Dres. Guzmán y Marchevsky dijieron:
Que adhieren al voto de la Dra. Gómez Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes al Fisco Nacional y archívese. Date: 2022.03.18 15:51:38 -03:00 Date: 2022.03.18 16:38:51 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.21 09:49:31 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.21 09:49:32 -03:00
Fin de la sentencia