Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 de General Rodríguez · Causa MG-15529-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda instaurada y, en consecuencia, condenar al señor BRITEZ LEZCANO PATROCINIO y a ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA -en la medida del seguro- a abonar a DAIANA MARISOL SIMONETTI la suma de $8.349.750, con más sus intereses, dentro de los diez días de quedar firme la presente.
2Imponer las costas al demandado y a la citada en garantía en calidad de vencidos (art. 68 del CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva (art. 51 ley 14.967).
General Rodríguez, en la fecha de su firma digital. PGDM
V I S T O S: Estos autos caratulados "SIMONETTI DAIANA MARISOL C/ BRITEZ LEZCANO PATROCINIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (Exp. Nº MG-15529-2023), en trámite ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, a mi cargo, venidos a despacho en estado de dictar sentencia y de cuyas constancias;
I. El día 22/5/2024, se presentó Daiana Marisol Simonetti, titular del D.N.I. N° 31.015.692, asistida por su letrado patrocinante, el Dr. José Matías Diehl (Tº XII, Fº 430 CAM). Promovió demanda por daños y perjuicios contra Patrocinio Britez Lezcano, titular del D.N.I. N° 94.417.729 y/o contra todo quien resulte propietario, usufructuario, responsable, tenedor, tomador del seguro y/o beneficiario del mismo, asegurador y/o civilmente responsable del vehículo marca Chevrolet COBALT 1.8 N LT, dominio NDR-921, el día 6 de marzo de 2023, fecha en que dicho automóvil participó de un siniestro.
Solicitó se cite en garantía a ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A (CUIT 30-50005666-1), en calidad de aseguradora del rodado Chevrolet COBALT 1.8 N LT, dominio NDR-921, al momento del siniestro.
Contó que el accidente de tránsito ocurrió en la fecha indicada, siendo aproximadamente las 14:30 hs. Describió que, en dicha ocasión, se encontraba circulando a bordo del vehículo de su propiedad dominio AC276HY por la Av. Bernardo de Irigoyen en General Rodríguez en dirección a la Estación (en sentido Moreno hacia Luján).
Aclaró que conducía el rodado de manera reglamentaria, con cinturón de seguridad colocado, a velocidad precautoria, y presentado la debida atención.
Dijo que al momento en que se encontraba cruzando la intersección formada por la mencionada Avenida con la arteria Solanet, el vehículo de la parte demandada, dominio NDR-921, conducido en esa oportunidad por el Sr. Patrocinio Britez Lezcano, intentó trasponer la citada avenida desde su derecha de forma súbita y sin cerciorarse previamente de tener el paso expedito.
Afirmó que, ante dicha maniobra, realizó una acción de esquive, pero no pudo evitar que el rodado contrario lo embistiera violentamente en el lateral delantero derecho.
Expresó que, como resultado del brusco impacto, sufrió lesiones de gravedad que motivaron su inmediata atención médica en el centro asistencial "Emer Salud 24". Dijo que el personal sanitario le realizó las curaciones de estilo y le suministró calmantes y analgésicos para paliar los intensos dolores padecidos.
Añadió que se le ordenaron diversos estudios médicos complementarios con el objeto de determinar su estado de salud y establecer el tratamiento adecuado para su correcta evolución.
Puntualizó que la colisión provocó considerables daños materiales en su vehículo automotor.
Aclaró que, en esa misma fecha, procedió a efectuar la correspondiente denuncia administrativa del siniestro ante su compañía aseguradora, "Caja de Seguros S.A.", donde poseía cobertura contra terceros mediante la póliza N°4200-0042959-10.
Imputó la responsabilidad del evento de forma exclusiva al accionar del conductor demandado.
Dedicó especial capítulo a la responsabilidad del demandado. Fundó dicho extremo en la doble condición de conductor y guardián de la cosa riesgosa, así como también en su carácter de titular registral y asegurado del rodado siniestrado.
Sostuvo que, al verificarse un siniestro vial entre dos automotores en movimiento, resulta de aplicación la norma del artículo 1.769 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Calificó la conducta vial desplegada por el conductor accionado como inexplicable, imprudente y violatoria de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449, aplicable en la provincia de Buenos Aires por imperio de la Ley N°13.927.
Destacó la operatividad de la presunción legal de culpabilidad derivada de la condición de embestidor mecánico que revistió el Chevrolet Cobalt, el cual presentó daños en su sector delantero e impactó contra el lateral derecho de su unidad. Concluyó que el Sr. Britez Lezcano violó la prioridad absoluta de paso consagrada en el artículo 41 de la Ley N° 24.449, toda vez que omitió ceder de forma espontánea el paso al arribar a una encrucijada con una arteria de mayor jerarquía vial, erigiéndose así en el protagonista activo y exclusivo de la colisión bajo examen.
Luego describió los daños y perjuicios reclamados.
En primer término, reclamó el rubro incapacidad psicofísica sobreviniente. Lo definió como el quebranto patrimonial indirecto derivado de las secuelas, limitaciones funcionales y disminución de la aptitud vital o relacional que subsisten tras el período de recuperación.
Al detallar el daño físico, relató la secuencia de atenciones médicas que inició el mismo día del siniestro -06 de marzo de 2023- en el centro asistencial "Emer Salud 24" por fuertes dolores en las zonas cervical y lumbar, oportunidad en la que se le prescribió reposo, analgésicos y pautas de alarma.
Aseveró que, ante la intensificación de las dolencias con el transcurrir de los días, acudió por una segunda consulta al mismo nosocomio, donde un especialista constató un cuadro de politraumatismo y ordenó la toma de placas radiográficas.
Precisó que, a raíz del mecanismo de aceleración y desaceleración propio del impacto, padeció un esguince cervical postraumático que derivó en secuelas permanentes tales como cefaleas, rectificación de la lordosis fisiológica, parestesias en miembros superiores, acúfenos, mareos y una marcada disminución de los movimientos de flexoextensión y rotación por contractura muscular paraventral.
Añadió que dicho cuadro persistió a pesar de haber cumplido con reposo, medicación y tratamientos kinesiológicos. Asimismo, denunció haber sufrido una lumbociatalgia bilateral postraumática que le ocasionó rigidez, intenso dolor y una marcha claudicante que la obligó a adoptar posiciones antiálgicas para desplazarse.
Explicó que los estudios radiográficos y la resonancia magnética nuclear practicados con posterioridad diagnosticaron una columna lumbar rectificada con pérdida completa de la lordosis, disminución de la altura L5-S1 y una protrusión posteromedial en dicho segmento.
Destacó que el médico tratante dispuso el uso crónico de una faja lumbar ballenada y la ingesta de analgésicos a demanda ante los magros resultados de la kinesiología.
Alegó que tales dolencias le impiden levantar peso y desarrollar sus tareas laborales habituales, por lo que solicitó la determinación del porcentaje de incapacidad física, parcial y permanente mediante la pertinente peritación médica a producirse en autos.
En lo atinente al daño psíquico, la accionante propició el tratamiento de forma diferenciada de este rubro, respecto del daño moral. Lo definió como un trastorno mental y psicológico provocado por el siniestro en su condición de agente exógeno agresor. Invocó jurisprudencia.
Manifestó que, como consecuencia directa del accidente y de los padecimientos físicos sufridos, comenzó a sufrir una incapacidad psíquica que se tradujo en un estado de angustia latente, alteraciones en su personalidad, perturbaciones en el equilibrio emocional, marcados cambios de humor, irritabilidad, ansiedad y una marcada tendencia al aislamiento.
Aseveró que dicho cuadro le generó una imposibilidad total para reintegrarse de forma armónica al medio social y familiar en el que se desenvolvía con anterioridad al evento.
Denunció que la patología se consolidó bajo la forma de un cuadro de shock postraumático de carácter crónico, circunstancia por la cual solicitó la fijación de un porcentaje de incapacidad psíquica, parcial y permanente mediante la intervención de la correspondiente asesoría pericial psicológica.
Solicitó la cuantificación de la incapacidad mediante la aplicación de fórmulas matemáticas conforme el artículo 1.746 del Código Civil y Comercial de la Nación. Detalló como parámetros de cálculo su edad al momento del hecho -38 años-, sus ingresos mensuales como empleada registrada de la Municipalidad de General Rodríguez -por un monto aproximado de $156.000-, y sus condiciones personales como bombera voluntaria, madre de dos hijas y deportista, actividades que debió abandonar a causa de las secuelas.
Requirió que se compute una proyección de vida laboral de 27 períodos anuales, más 10 años de vida económicamente útil mediante un "precio sombra", junto con un adicional del 10% por la frustración de aptitudes vitales genéricas. En subsidio, propuso la utilización del método " calcul au point " aplicado por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones de Morón, bajo un valor de referencia actualizado por punto de incapacidad. Estimó el resarcimiento de este rubro en la suma de $10.000.000, o lo que en más o en menos surja de la prueba.
Continuó por el rubro Tratamiento Futuro. Afirmó padecer como consecuencia del siniestro secuelas anatomo-funcionales de gran entidad.
Manifestó la urgencia de iniciar terapias kinésicas y psicológicas para evitar el agravamiento de su cuadro. Sustentó la procedencia legal del rubro en el principio de reparación integral, con el objeto de solventar los gastos que deba irrogar en el futuro para lograr su total recuperación.
Dentro de este rubro, reclamó un tratamiento kinésico . Alegó que la rehabilitación fisiokinésica resulta vital para reducir inflamaciones, mitigar el dolor y evitar el agravamiento de las secuelas sufridas.
Expuso que los profesionales tratantes le indicaron la realización de un tratamiento de al menos 20 sesiones en las zonas afectadas.
Estimó el costo de cada sesión en la suma de pesos quince mil ($15.000), lo que arrojó un total reclamado de pesos trescientos mil ($300.000), o lo que en más o en menos resulte de la prueba pericial a producirse en autos.
Sostuvo la necesidad de someterse a terapia psicológica para evitar el agravamiento de las lesiones psíquicas derivadas del hecho y lograr su reinserción social. Aclaró que el reclamo no versa sobre el perjuicio psíquico en sí mismo, sino sobre los desembolsos requeridos para su rehabilitación.
Señaló que, tras realizar consultas profesionales, le fue indicado un tratamiento de dos años de duración, con una frecuencia de dos sesiones semanales, a un costo estimado de $10.000 por entrevista.
Cuantificó este tramo en la suma de $2.080.000.-, o lo que resulte de la prueba de autos.
Finalmente, solicitó que los valores de ambos tratamientos sean fijados a costos actuales al momento del dictado de la sentencia, tomando como base la duración y frecuencia que aconsejen los peritos designados en autos.
Siguió por el rubro Gastos Médicos, Farmacéuticos y por Transporte. Reclamó la suma de $400.000.-, o lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos.
Fundó su pretensión en lo normado por el artículo 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación, tras sostener que dichos gastos se presumen razonables en función de la índole de las lesiones e incapacidad padecidas.
Afirmó que, como consecuencia del siniestro, le fueron recetados analgésicos, antiinflamatorios y calmantes; como así también, la realización de diversos estudios médicos tales como radiografías, ecografías, análisis clínicos y resonancias magnéticas nucleares.
Aseveró haber solventado tales erogaciones con fondos de su propio patrimonio o mediante el auxilio de familiares y allegados, incluyendo allí los gastos de traslados en remises o taxis, comidas fuera del hogar y propinas.
Sostuvo que la atención recibida en establecimientos públicos o a través de obras sociales no obsta a la procedencia del rubro, amparándose en criterios jurisprudenciales que presumen que dichas entidades no cubren la totalidad de los gastos que demanda la asistencia médica de la víctima.
Bajo el rótulo de Indemnización de las Consecuencias no Patrimoniales , peticionó el resarcimiento del daño moral sufrido. Fundó su derecho en el artículo 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Alegó encontrarse legitimada en su carácter de damnificada directa y solicitó que el monto sea fijado ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que la suma pueda procurarle.
Asimismo, sostuvo que este tipo de menoscabo afecta valores inmateriales y no requiere de prueba específica por configurarse in re ipsa . Cito doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para atribuir la carga de la prueba en contrario a la parte responsable.
En cuanto a los padecimientos concretos, afirmó que el siniestro le provocó angustias, molestias y la necesidad de soportar prolongados lapsos de reposo e inactividad, lo que generó una profunda intranquilidad económica y espiritual tanto en su persona como en su núcleo familiar.
Peticionó el resarcimiento del daño moral sufrido y solicitó que se tenga especial consideración al "Daño al Proyecto de Vida", con fundamento en el artículo 1738, segunda parte, del Código Civil y Comercial de la Nación.
Invocó doctrina que define a dicho perjuicio como futuro, cierto y duradero, capaz de comprometer de por vida a la persona y dejar una huella indeleble.
Por todo lo expuesto, estimó el rubro en la suma de pesos $6.000.000.-, o lo que en más o en menos se determine al dictar sentencia.
Continuó por el rubro Daño Emergente al Rodado. Reclamó la suma de $639.500.- con más sus intereses, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse.
Alegó que, como consecuencia del siniestro, su vehículo sufrió graves daños, viéndose en la necesidad de proceder a su inmediata reparación con fondos de su propio bolsillo para evitar privarse de su uso. Manifestó que dichas reparaciones quedaron detalladas en la factura emitida por el taller "Fassi Umberto Vicente", la cual adjuntó como prueba instrumental.
Precisó que abonó la mencionada suma el día 12 de junio de 2023, fecha desde la cual solicitó el cómputo de los intereses a la tasa más alta que fije este Juzgado.
Citó jurisprudencia.
Luego trató el rubro privación de uso del vehículo. Reclamó la suma de $500.000.-, o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos.
Alegó que, desde el día del siniestro, acaecido el 6 de marzo de 2023, hasta el 12 de junio de ese mismo año -fecha en la cual el taller mecánico le efectuó la entrega de la unidad reparada-, se vio en la obligación de incurrir en gastos de transporte mediante la utilización de remises.
Manifestó que debió afrontar dichos costos para trasladarse a su ámbito laboral, llevar a su hija a realizar sus actividades habituales y concurrir a los diversos tratamientos médicos tendientes a la recuperación de su salud.
Sostuvo que, de haber estado el vehículo en normal funcionamiento, no habría incurrido en tales erogaciones extraordinarias, por lo que solicitó el reintegro de lo abonado.
Por el rubro desvalorización venal del vehículo, reclamó la suma de $2.375.000.-, o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos.
Fundó su pretensión en que, más allá de la íntegra reparación del rodado, éste sufrió una pérdida de su valor de reventa en el mercado de automotores usados.
Alegó que los vestigios de los arreglos de chapa y pintura resultan detectables y asimilables al empleo de masilla, no logrando igualar la terminación de fábrica, lo cual genera incertidumbre en los potenciales compradores respecto a la magnitud del siniestro y la existencia de posibles vicios ocultos.
Para concluir con la estimación del perjuicio, fijó el valor de mercado contemporáneo de la unidad en la suma de $9.500.000.- y calculó la mentada desvalorización en un veinticinco por ciento (25%) sobre dicho capital, lo que arrojó el importe definitivo sometido a reclamo.
Practicó liquidación final por el reclamo en concepto de daños la suma total de $22.348.500.- los cuales se reclaman a la fecha del hecho con más los intereses, actualización monetaria si correspondiere, costos y costas y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos.
En cuanto a la aplicación de intereses, solicitó que se adicionen los accesorios correspondientes desde la fecha de producción de cada perjuicio hasta el efectivo pago, tras sostener su carácter resarcitorio, la automaticidad de la mora y su integración indisoluble al principio de reparación integral en los términos de los artículos 1738 y 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Para el tramo comprendido entre el momento del hecho y el dictado de la sentencia, peticionó la aplicación de la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
Ofreció prueba documental, informativa, confesional, pericial médica, pericial psicológica, pericial contable, testimonial, testimonial de reconocimiento y documental en poder de la citada.
Solicitó la actualización del límite de cobertura de la póliza de Seguro. Peticionó que el tope indemnizatorio contratado por el demandado sea adecuado a parámetros contemporáneos al momento de dictarse la sentencia o de verificarse el efectivo pago. Fundó tal requerimiento en el severo proceso inflacionario que atraviesa la República, tras sostener que el mantenimiento de valores históricos insertos en la póliza consagra una injusticia notoria, diluye la acreencia por el mero transcurso del tiempo y configura una inconstitucionalidad sobreviniente que deja desamparadas a las víctimas y afecta el patrimonio del propio asegurado.
Solicitó que la condena contra la aseguradora sea extendida con los alcances del artículo 118 de la Ley Nº17.418, determinando que los límites de cobertura sean los fijados normativamente pero actualizados hasta el pago mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC).
Solicitó se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todas sus partes con más sus intereses, costas y costos.
II. El 05/06/2024 se tuvo a la actora por presentada y parte.
Se proveyó la demanda, teniendo por cumplida la etapa de mediación instaurada por la ley 13951.
Se estableció que las actuaciones se desarrollarían bajo las normas del proceso sumario y en el marco del Proyecto de Implementación de la Oralidad en Procesos de Conocimiento (conf. RC 2761/16 S.C.B.A.).
A su vez, se corrió traslado a la parte demanda y se citó a "ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA".
Además se requirió a la parte demandada y a la citada en garantía, que acompañen la póliza de seguro correspondiente y/o denuncia de siniestro.
III. El 26/7/24, la actora solicitó se amplíe la demanda. Introdujo como medio supletorio prueba informativa. Peticionó el libramiento de un oficio dirigido a "Emer Salud 24 S.R.L."
En consecuencia, el 01/08/24, se tuvo por ampliada la demanda.
IV. Mediante escrito electrónico del día 21/08/24, se presentó la citada en garantía ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A, por intermedio de su letrado apoderado, el Dr. Julio César LABAKÉ (TºVI Fº305, CADJM)
En primer lugar, reconoció la Póliza de Responsabilidad Civil contra Terceros Nº 8550978 a la fecha del siniestro invocado por la parte actora, vinculaba al titular del vehículo Chevrolet Cobalt (dominio NDR921), señor Britez Lezcano Patrocinio.
Precisó que su obligación contractual se encuentra rigurosamente circunscripta al límite del riesgo cubierto por responsabilidad civil, el cual fijó en la suma de $39.000.000.- por evento, comprensiva de la totalidad de los reclamos derivados del mismo siniestro, incluidos capital, intereses y costas.
Destacó que dicho tope acota de manera taxativa el alcance de su eventual responsabilidad resarcitoria y sostuvo la plena validez y oponibilidad de tal pauta contractual frente a la víctima del accidente.
Invocó el artículo 118, párrafo tercero, de la Ley de Seguros y el artículo 109 del mismo cuerpo legal, argumentando que el contrato rige los derechos de las partes y que el tercero debe circunscribirse a sus términos.
Dejó planteada de forma subsidiaria la excepción de falta de legitimación pasiva por carecer la accionante de acción directa autónoma contra su representada, tras sostener que la garantía de indemnidad se presta únicamente a favor del propio asegurado y no del tercero damnificado.
Negó y desconoció en forma genérica la totalidad de la documentación adjunta a la demanda.
En lo tocante a la mecánica del siniestro, impugnó el relato de la demanda por considerarlo parcial y afirmó que el accidente fue provocado por la exclusiva culpa de la actora, configurándose así una eximente de responsabilidad.
Sostuvo que el día 6 de junio de 2023, siendo aproximadamente a las 13:00 horas, el señor Britez Lezcano Patrocinio conducía su automóvil Chevrolet Cobalt (dominio NDR-921) por la arteria Solanet de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, a velocidad moderada y atento a las condiciones del tránsito.
Alegó que al arribar a la intersección con el bulevar Bernardo de Irigoyen, y cuando se hallaba finalizando el cruce de la encrucijada, apareció de forma súbita y a elevada velocidad el rodado Volkswagen Gol Trend (dominio AC276HY) conducido por la accionante, quien embistió al automóvil Chevrolet en su sector lateral delantero izquierdo.
En base a dicha descripción, aseveró que la conducta de la reclamante constituyó el factor determinante y exclusivo del ilícito, por lo que encuadró el hecho generador en las previsiones del artículo 1729 del Código Civil y Comercial de la Nación, relativo a la exclusión de la responsabilidad por el hecho del damnificado.
Argumentó que la prioridad de paso de quien circula por la derecha no reviste un carácter absoluto en las bocacalles y debe ceder en supuestos donde el otro vehículo ha iniciado el cruce con anterioridad. Indicó que la referida preferencia se encuentra supeditada al deber previo de disminuir sensiblemente la velocidad al arribar a la encrucijada para conservar el pleno dominio del rodado.
Concluyó que la actitud temeraria de la conductora al lanzarse al cruce sin el debido control de su unidad operó como la causa inmediata y excluyente del evento dañoso, fracturando el nexo causal.
Solicitó el íntegro rechazo de la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.
Sostuvo que la carga de probar la legitimación, la existencia del daño y la relación causal recae exclusivamente sobre la parte actora. Aseveró que en el expediente no existen constancias certeras que demuestren los menoscabos alegados ni su vinculación con la mecánica del siniestro.
Destacó que la presentación de la accionante carece de un comprobante de ingreso a una institución pública con servicio de guardia en la fecha del evento, y subrayó que no se adjuntó ningún certificado médico emitido el día del accidente.
Argumentó que la ausencia de una causalidad adecuada determina la automática caída de la responsabilidad que se pretende asignar a su poderdante.
Solicitó que se extreme la prudencia al ponderar los medios de prueba que eventualmente arrime la reclamante, requiriendo el rechazo del reclamo ante la falta de certidumbre en la vinculación de los elementos.
Luego se dedicó a los rubros reclamados.
Contestó el reclamo patrimonial articulado por la actora y lo calificó de excesivo, infundado e irrazonable. Sostuvo la necesidad de que el pronunciamiento judicial no se aparte de la realidad económica circundante a fin de constituir un acto jurisdiccional válido.
Argumentó que el proceso de juzgar es indivisible y exige una correcta valoración de las cifras en juego, evitando fórmulas abstractas disociadas del contexto financiero que puedan tacharse de arbitrarias.
Explicó que, si bien la indemnización cumple una función de equilibrio orientada a colocar el patrimonio dañado en las mismas condiciones previas al ilícito, la misma no puede transformarse en un enriquecimiento incausado para la víctima.
Aseveró que el Juzgado debe ponderar rigurosamente las variables matemáticas, económicas y financieras presentes al momento de cuantificar los daños en dinero para evitar un desfasaje que perjudique directamente el patrimonio del deudor.
Solicitó que, en caso de estimarse procedente algún grado de responsabilidad, la determinación de los montos se atenga a tales parámetros de razonabilidad, y dejó planteada expresa reserva del Caso Federal en los términos del artículo 14 de la Ley Nº48.
En lo relativo al rubro Incapacidad Psico-Física Sobreviniente en su tramo de Daño Físico, negó y desconoció de forma expresa que la Daiana Marisol Simonetti haya sufrido traumatismo de columna cervical (cervicalgia), traumatismo de columna lumbar (lumbociatalgia bilateral postraumática), politraumatismos, excoriaciones varias o esguince cervical postraumático.
Formuló negativa respecto a que se le haya solicitado a la reclamante una radiografía indicativa de columna lumbar rectificada con pérdida completa de lordosis y pinzamiento articular, como así también que el médico tratante le haya prescrito reposo, uso de faja lumbar ballenada, analgésicos, antiinflamatorios o tratamiento kinesioterápico. Para el hipotético caso de procedencia del rubro, sostuvo que la reparación debe limitarse estrictamente al detrimento económico fehacientemente probado por la víctima.
Argumentó que, al revestir una naturaleza eminentemente patrimonial, la ponderación del menoscabo exige pautas objetivas de valoración tales como la edad, profesión, ingresos y actividad laboral anterior y posterior al hecho. En ese orden, aseveró que el daño constituye un presupuesto insoslayable de la responsabilidad civil, por lo que su falta de acreditación oportuna impide la suplencia mediante la mera estimación judicial.
En lo atinente al Daño Psíquico, negó en forma expresa que a consecuencia del siniestro la actora padeciera una incapacidad psíquica traducida en estados de angustia, alteración de la personalidad, perturbación del equilibrio emocional, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad o tendencia al aislamiento.
Desconoció que la accionante se encuentre afectada psicológicamente a raíz del infortunio o que requiera de un tratamiento terapéutico de las características descritas en la demanda.
Argumentó que, ante una eventual acreditación de perturbaciones, debían excluirse aquellas afecciones previas derivadas de la personalidad de base de la reclamante, debiendo el causante responder únicamente por las secuelas directas del hecho.
Planteó la falta de autonomía del daño psicológico frente a las esferas patrimonial y extrapatrimonial de la responsabilidad civil.
Impugnó por exorbitantes e infundadas las sumas pretendidas bajo el concepto de "Daño Psico-Físico Sobreviniente" y solicitó el rechazo de los $10.000.000.- solicitados por la contraparte.
Impugnó la procedencia del rubro Tratamiento Futuro . En lo concerniente al tramo de tratamiento kinésico, negó de forma expresa que la parte actora deba someterse a terapias de rehabilitación y, de manera particular, que requiera un tratamiento de fisiokinesioterapia de al menos 20 sesiones a un costo de pesos $15.000.- por cada una de ellas.
A todo evento, desconoció que la reclamante deba afrontar erogaciones futuras con motivo de la persistencia de dolencias en las zonas supuestamente afectadas o en su sistema nervioso.
Argumentó que la demandante exigió el pago de sumas futuras sin acompañar el debido respaldo médico ni certificaciones que acreditaran la efectiva necesidad de realizar tales desembolsos.
Sostuvo que, en caso de haberse efectuado gastos asistenciales previos, la oportunidad procesal para reclamar su reintegro precluyó con el escrito de inicio, debiendo haberse adjuntado allí los respectivos comprobantes de pago.
Por todo lo expuesto, rechazó el importe denunciado de $300.000.- .
Opuso formal rechazo a la procedencia del tratamiento psicológico futuro. Negó de modo expreso que la accionante deba someterse a una terapia de salud mental y, fundamentalmente, que resulte necesaria una práctica de la extensión y frecuencia pretendidas, consistentes en dos años de duración con dos sesiones semanales a un costo de pesos $10.000.- por entrevista.
Desconoció que la necesidad de una asistencia psicológica guarde un nexo de causalidad directo y exclusivo con el infortunio de autos.
Resaltó la improcedencia de convalidar un doble reclamo por daño psicológico y por tratamiento específico.
Argumentó que, si una patología psíquica se califica como permanente e irreversible para justificar una incapacidad sobreviniente, resulta lógicamente contradictorio sufragar un tratamiento curativo, toda vez que este último presupondría que la afección puede ser superada o revertida.
Reiteró la falta de autonomía del daño psicológico frente a las tradicionales órbitas patrimonial y extrapatrimonial de la responsabilidad civil, por lo que impugnó por injustificado el monto global reclamado por la contraparte bajo este concepto, ascendente a $2.080.000.-, y solicitó su íntegro rechazo.
En cuanto al rubro Gastos Médicos, Farmacéuticos y por Transporte reclamado, negó de manera expresa que la parte accionante haya tenido que solventar erogaciones vinculadas a medicamentos, atenciones facultativas o estudios complementarios como radiografías. Sostuvo que el monto peticionado no guarda relación con la naturaleza de las lesiones descritas en el escrito de inicio.
Asimismo, argumentó que el amplio criterio de reconocimiento debe ceder si la asistencia fue brindada en organismos públicos de carácter gratuito o mediante coberturas de obras sociales que otorgan importantes beneficios.
Solicitó el íntegro rechazo de la pretensión o, en su defecto y de forma subsidiaria, una moderación judicial que adecúe estrictamente las sumas a los medicamentos requeridos por el cuadro clínico real de la víctima.
Por tales motivos, rechazó el importe denunciado de $400.000.- por considerarlo infundado e injustificado.
Luego contestó el rubro Consecuencias no Patrimoniales. Negó de modo expreso que la parte accionante se encuentre afectada moralmente a raíz del siniestro o que se le hayan provocado las dolencias, sensaciones y molestias descritas en el escrito de inicio.
Sostuvo que, por tratarse de un concepto netamente espiritual que exige mensurar el dolor mediante parámetros subjetivos, el Juzgado debe extremar la prudencia y el cuidado al momento de su eventual cuantificación para no incurrir en resoluciones arbitrarias que consagren un enriquecimiento incausado.
Negó que la reclamante haya sufrido menoscabos psicofísicos que afectaran su proyecto de vida o su proyección social como persona. Argumentó que para la configuración del mentado perjuicio vital, se requiere la frustración cierta de planes objetivos que comprometan el destino mismo del sujeto y que ya se estuviesen gestando con afianzadas perspectivas de continuidad, excluyendo las meras aspiraciones posibles. Planteó la falta de autonomía del daño al proyecto de vida frente a las tradicionales órbitas resarcibles. Aseveró que dicha interferencia irrumpe en el destino de la persona pero debe desenvolverse satisfactoriamente dentro del carril del daño material o del daño moral, según la especie de sus efectos.
Finalmente, rechazó por inaplicable la jurisprudencia transcripta por la contraria, impugnó por excesivo e injustificado el monto pretendido de $6.000.000.- . Solicitó su íntegro rechazo.
En cuanto al daño emergente al rodado, negó de manera expresa la existencia y extensión de los deterioros materiales invocados respecto del automóvil Volkswagen Gol Trend (dominio AC276HY), como así también su eventual relación de causalidad con el siniestro de autos.
En particular, desconoció la autenticidad de la factura y presupuesto emitidos por el taller "Fassi Umberto Vicente" y negó que las reparaciones allí descritas se correspondan con el hecho de marras, tras destacar que los daños materiales alegados podrían provenir de eventos diferentes y ajenos a esta litis.
Argumentó que los presupuestos mecánicos unilaterales no bastan para acreditar de manera fehaciente que los deterioros de la unidad sean consecuencia directa del accidente.
Sostuvo que la carga de probar la cuantía y el nexo causal recae exclusivamente sobre la parte demandante, por lo que, ante la falta de documentación idónea y debidamente constatada. Rechazó por completo el monto pretendido de $639.500.-.
Se opuso a la procedencia y extensión del concepto privación de uso del vehículo. Negó de manera expresa que correspondiera el reintegro de las sumas reclamadas y calificó el importe pretendido de excesivo e irrazonable. Para el hipotético caso de que se hiciera lugar al rubro, solicitó que la indemnización se restrinja única y exclusivamente al lapso temporal estrictamente necesario para efectuar las reparaciones del rodado que deriven del siniestro de marras.
Rechazó el monto reclamado de $500.000.- por considerarlo improcedente.
Respecto del rubro desvalorización venal del vehículo., negó de manera expresa que el automóvil Volkswagen Gol Trend (dominio AC276HY) haya padecido desvalorización alguna en el mercado automotor a consecuencia del siniestro. Aseveró que la real entidad del accidente jamás pudo haber producido deterioros de tal magnitud.
Argumentó que este tipo de menoscabo resulta procedente única y exclusivamente ante la existencia de daños estructurales que afecten de forma directa partes vitales de la unidad y dejen secuelas de significación. Señaló que el rubro resulta inviable cuando las roturas recaen sobre elementos fácilmente reemplazables, tal como lo que aconteció con el rodado de marras.
Invocó jurisprudencia. Rechazó el importe reclamado de $2.375.000.- por considerarlo improcedente, excesivo y carente de sustento justificativo.
A modo de cierre de su responde, negó y rechazó el derecho invocado por la contraparte, la jurisprudencia esgrimida en los distintos rubros del escrito de inicio, la autenticidad de la documentación acompañada y toda otra circunstancia que no fuera motivo de expreso reconocimiento a lo largo de su presentación.
Rechazó la suma total de $22.348.500.- reclamada por la actora con motivo del siniestro debatido en autos.
Opuso formal resistencia a las pautas de liquidación peticionadas por la contraparte. Solicitó que, para el hipotético supuesto de dictarse un pronunciamiento condenatorio, los accesorios se fijen mediante la aplicación de una tasa pura.
Fundó tal requerimiento en que el crédito de autos constituye una deuda de valor que se justiprecia a costos de actualidad al momento de la sentencia, por lo que la utilización de tasas comerciales o activas -propias de operaciones financieras- superaría la función de mitigar la depreciación monetaria, provocando una repotenciación exponencial del capital y un enriquecimiento indebido de la víctima.
Argumentó que, el resarcimiento moratorio, procura compensar el lucro perdido por la falta de disponibilidad oportuna del capital, meta que se cumplimenta acabadamente con el interés legal puro.
Rechazó la aplicación de la tasa activa o de depósitos del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y solicitó desestimar las pautas financieras requeridas por la accionante.
Subsidiariamente, para el caso de aplicarse fórmulas matemáticas o se dicte sentencia a valores actuales solicitó que, en caso de utilizarse fórmulas matemáticas o determinarse los rubros indemnizatorios a valores actuales, se adopte una tasa de interés puro.
Alegó que la imposición concomitante de la tasa pasiva digital desde la fecha del hecho, acarrearía una doble actualización y una acumulación desproporcionada que quebrantaría toda norma de razonabilidad, encubriendo un mecanismo de indexación vedado por el ordenamiento legal.
Requirió se intime a la parte actora denunciar A.R.T. y si recibió prestaciones dinerarias derivadas de la Ley Nº24.557.
Ofreció prueba documental, confesional, informativa, pericial mecánica, pericial médica y psicológica.
Solicitó el rechazo de la actualización del límite de cobertura de la póliza de seguro. Sostuvo que la pretensión de extender los efectos de una eventual condena hacia sumas ulteriores jamás pactadas, y respecto de las cuales no se percibió prima alguna, quebranta el principio de irretroactividad de las normas, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y vulnera de manera directa sus derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio.
Explicó que su incorporación al proceso en los términos del artículo 118 de la Ley Nº17.418 se formalizó estrictamente bajo las pautas de la póliza efectivamente celebrada y reconocida en autos, descartando que deba responder por estipulaciones ajenas a su voluntad.
Solicitó el rechazo definitivo del planteo de actualización y requirió que se determine que la condena solo le será ejecutable hasta el monto máximo original de $39.000.000.- para la totalidad de los reclamos derivados del siniestro.
Solicitó, se rechace la demanda, con costas.
V. El Juzgado tuvo al Dr. Julio Cesar Labake, por presentado y parte, en carácter de apoderado de la citada en garantía Orbis Compañia de Seguros S.A..
Se tuvo por contestada la demanda a la citada en garantía.
A su vez, se ordenó el traslado de los documentos acompañados a la parte actora.
Por último, se intimó a la actora si al momento del accidente se encontraba trabajando en relación de dependencia, y en su caso, denuncie el nombre de su empleador y el de la aseguradora de riesgos de trabajo, conforme art. 386 del CPCC.
VI. El 3/9/2024, la actora contestó el traslado conferido sobre la documentación acompañada por la citada en garantía.
Al respecto desconoció la documentación aportada. En particular impugnó el instrumento titulado ampliación de denuncia de fecha 8/08/2024. Alegó que dicho documento fue confeccionado diecisiete meses después del hecho y con posterioridad a la notificación de la demanda a fin de preconstituir una causal fáctica ajena a la realidad, al tiempo que destacó la omisión de acompañar la denuncia de siniestro originaria.
Denunció que al momento del siniestro no prestaba servicios en relación de dependencia, por lo que careció de cobertura por parte de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).
VII. El 6/9/2024 se tuvo a la parte actora por contestado en legal tiempo y forma los traslados conferidos y por contestada la intimación efectuada.
VIII. El 03/02/25 se presentó el señor Britez Lezcano Patrocinio, a través de su letrado apoderado, el Dr. Julio César Labaké, quien invocó su calidad de gestor procesal en los términos del art. 48 del C.P.C.C.
Contestó demanda solicitando su rechazo con costas.
Negó los hechos y formuló adhesión a lo que fue expresado por la citada en garantía en el escrito de contestación de demanda; inclusive, en cuanto a la prueba ofrecida.
Planteó la cuestión del caso federal.
En otra presentación, del mismo día, el señor Britez ratificó la gestión realizada por el Dr. Labaké en su calidad de gestor procesal.
IX. El 05/2/25 se tuvo al señor Britez Lezcano por presentado y parte.
X. El 28/3/25 se rechazó un pedido de caducidad de instancia.
XI. El 25/4/25, tras haber adjuntado la cédula de traslado de demanda dirigida al señor Britez Lezcano, diligenciada 11.12.2024, teniendo en cuenta la presentación del 03/2/25, se desestimó por extemporánea la contestación efectuada.
XII. El 14/5/25, la parte actora solicitó la apertura a prueba de las actuaciones.
XIII. El 21/5/26 se ordenó que previamente, la actora, debía indicar si desistía contra el demandado genérico.
En la misma fecha, la parte actora manifestó su desistimiento contra el demandado genérico.
XIV. El 30/5/26 se ordenó la citación de los liquidadores de la citada en garantía en los autos caratulados: "SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION c/ ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. s/LIQUIDACION JUDICIAL DE ASEGURADORAS", Expediente: COM 008807/2025, que tramitan por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°19, Secretaría N°38, de CABA.
XV. El 2/7/25 toda vez que el Juzgado oficiado había informado que, hasta la fecha, no se encontraba decretada la liquidación de la citada en garantía, se dejó sin efecto la citación de los liquidadores que fuera ordenado el 30/05/2025.
Se recibió la causa a prueba (art. 487 del C.P.C.C.).
A su vez, se señaló fecha de audiencia preliminar.
XVI. El día 14/8/25 se celebró la audiencia preliminar.
En dicha oportunidad, se proveyó la prueba ofrecida por las partes; como así también, se señaló fecha de audiencia de vista de causa.
XVII. El día 18/12/25 se celebró la audiencia de vista de causa. A dicho acto compareció únicamente por la parte actora José Matías Diehl (TºXII, Fº430 C.A.M.). Se certificó la prueba producida. A su vez, se pospuso el llamamiento de autos para sentencia toda vez que existía prueba pendiente de producción, cuya demora no le era imputable a las partes.
XVIII. Tras confirmar la liquidación de la citada en garantía "ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.", y citar a sus liquidadores, Sres. Ignacio Leyro Diaz, Oscar Guillermo Carreras y Marcelo Agustín Parisi , el 19/6/26 se decretó su rebeldía.
XIX. - Finalmente, luego de encontrarse notificada por cédula la rebeldía aludida, el 25/8/26, pasaron los autos para dictar sentencia, decisión que, al haber sido consentida a partir del día 07/09/26 -luego de las cuatro primeras horas-, dejó convalidada cualquier posible deficiencia procesal anterior a dicha etapa, y, por ende, cerrado el debate para los litigantes (arg. art. 482 del C.P.C.C.).
1. En función de los hechos denunciados, corresponderá el análisis de acuerdo a las reglas del Código Civil y Comercial de la Nación que regulan la responsabilidad objetiva o sin culpa.
En efecto, resulta relevante indicar que el artículo 1769 del C.C. y C. prevé para los accidentes de tránsito la aplicación de las normas referidas a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas.
A su vez, el artículo 1757 trata la responsabilidad objetiva, no presumida por el riesgo de la cosa. Dispone que "[t]oda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención".
Por su parte, en cuanto a los legitimados pasivos, el artículo 1758 apunta como sujetos responsables concurrentes al dueño y al guardián del daño causado por las cosas, fijando como causal de exculpación el uso en contra de su voluntad expresa o presunta.
Debe especificarse que el cuerpo normativo, al referirse a los factores de atribución, detalla que resulta ser objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad; y explica que, en tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario (art. 1722 C.C. y C.). Así, es consagrada la responsabilidad objetiva cuando de las circunstancias de la obligación, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado (art. 1723 C.C. y C.).
En tanto la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño configura un elemento indispensable de la responsabilidad civil (cfm. arts. 1726, 1727 y 1728 C.C. y C.), el accionado podrá exonerarse total o parcialmente del deber de resarcir si acredita la interrupción del nexo causal. En este aspecto, la causa ajena a la que alude la norma descripta puede radicar en el hecho del damnificado, de un tercero por el que el accionado no debe responder, o ante caso fortuito o fuerza mayor (arts. 1729, 1730 y 1731 C.C. y C.).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado reiteradamente que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión jurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas. Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (conf. SCBA, causa L. 88.330, "C., E. contra Fisco Provincia de Buenos Aires. Indemnización daños y perjuicios", sentencia del 31 de agosto de 2.007, entre otros).
Además, se recuerda que la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega (arts. 1734 y 1736 del C.C.y C. y 375 del C.P.C.C.).
Sumo a los criterios de ponderación señalados con los que habré de abordar el tema sometido a mi decisión, que en el proceso rige el principio de apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica (art. 384 del CPCC); en cuanto a tales reglas, destaco que "son aconsejadas por el buen sentido aplicado con recto criterio, extraídas de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia, y en la observación para discernir lo verdadero de lo falso" (SCBA, Ac. y Sent., 1.959, V. IV, pág. 587).
Por su parte, puntualizo que en materia de prueba el juzgador tiene un amplio margen de apreciación, por lo que puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado. No está obligado, por ende, a seguir a las partes en todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes para resolver lo planteado (CSJN Fallos 258: 304; 262:222; 272: 225; 278:271 y 291: 390 entre otros).
2. Efectuado el encuadre normativo, puntualizaré que la controversia del sub examine radica en la mecánica del hecho y los daños alegados relativos al accidente invocado, ocurrido en la intersección de la Avenida Bernardo de Irigoyen y Solanet de esta ciudad.
La actora manifestó que el accidente de tránsito ocurrió 6 de marzo de 2024, siendo aproximadamente las 14:30 hs. Describió que se encontraban circulando a bordo del vehículo VW Gol Trend de su propiedad, dominio AC276HY, por la Av. Bernardo de Irigoyen en General Rodríguez en dirección a la Estación (en sentido Moreno hacia Luján). Dijo que al momento en que se encontraba cruzando la intersección formada por la mencionada avenida con la arteria Solanet, el vehículo Chevrolet Cobalt de la parte demandada, dominio NDR-921, conducido en la oportunidad por el Sr. Patrocinio Britez Lezcano, intentó trasponer la citada avenida desde su derecha de forma súbita y sin cerciorarse previamente de tener el paso expedito. Afirmó que, ante dicha maniobra, realizó una acción de esquive, pero no pudo evitar que el rodado contrario lo embistiera violentamente en el lateral delantero derecho. Expresó que, como resultado del brusco impacto, sufrió lesiones de gravedad que motivaron su inmediata atención médica en el centro asistencial "Emer Salud 24".
A su turno, la citada en garantía sostuvo que el día 6 de junio de 2023, siendo aproximadamente a las 13:00 horas, el señor Britez Lezcano Patrocinio conducía su automóvil Chevrolet Cobalt (dominio NDR-921) por la arteria Solanet de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, a velocidad moderada y atento a las condiciones del tránsito. Alegó que al arribar a la intersección con el bulevar Bernardo de Irigoyen, cuando el asegurado ya se hallaba finalizando el cruce de la encrucijada, apareció de forma súbita y a elevada velocidad el rodado Volkswagen Gol Trend (dominio AC276HY) conducido por la accionante, quien embistió al automóvil Chevrolet en su sector lateral delantero izquierdo.
El demandado, adhirió a los argumentos vertidos por la citada en garantía.
Es menester referir que del plexo probatorio desplegado en autos resulta que el hecho que nos ocupa ocurrió el día 6.3.23. En efecto, la fecha mencionada en la demanda luce respaldada por la denuncia de siniestro efectuada por el demandado ante la citada en garantía el día 7/3/23, quien denunció como fecha del hecho el día 6/3/23 a las 13.00 hs., describiendo el lugar del siniestro descripto por la actora (ver denuncia adjunta a la contestación de la citada en garantía, Nº897709 en relación a la póliza 8550979).
Dicho momento es coincidente con lo informado por Emersalud 24 S.R.L. el día 2/9/25 (ver presentación del 19/9/25), de donde se desprende: "según nuestras constancias, la Sra. Simonetti Daiana fue atendida el día 6/3/25 por la Dra. Marcela Tellez de este Servicio de Emergencias presentando Traumatismo Encefalo Craneal sin pérdida de conocimiento como consecuencia de accidente en la vía pública ".
En cuanto a la mecánica del hecho, destaco la pericia, efectuada por el Ingeniero Mecánico Oscar Alberto Molinari, sorteado por la Receptoría General de Expedientes Departamental (ver pericia presentada el día 15/12/25). En lo que importa para la litis, pondero el croquis confeccionado, y las fotografías aportadas del lugar del accidente. El Perito estableció: "Sí bien la parte actora señala como hora del accidente las 14:30 y la citada en garantía las 13:00 horas, en ambos casos el hecho habría ocurrido en horario de iluminación natural (asimismo en el lugar hay iluminación artificial), no existiendo elemento físico fijo alguno que impida u obstruya la visibilidad (...) Resultaría posible que: El VW GOL se hubiera desplazado por el BOULEVARD Bernardo de IRIGOYEN en sentido de Este a Oeste, hacia la intersección con la calle SOLANET. Por la calle SOLANET se hubiera desplazado el CHEVROLET COBALT en sentido de Norte a Sur, hacia la intersección con el BOULEVARD Bernardo de IRIGOYEN Al llegar los vehículos a la intersección no se detendría ninguno de ellos. En tales circunstancias entrarían en contacto la zona del ángulo delantero derecho del VW GOL con la zona del ángulo delantero izquierdo del CHEVROLET COBALT. Por lo señalado razonablemente podría haberse tratado de una colisión de tipo "punta con punta"."
Entiendo que la pericia aludida, se ha llevado a cabo sin deficiencias procesales; cuenta con el debido fundamento científico, contiene conclusiones claras, firmes y lógicas; no existen otras pruebas que le resten eficacia, sus conclusiones son convincentes como consecuencia lógica de sus fundamentos; apreciados según las reglas de la sana crítica, no existe motivo para restarle valor probatorio (cf. CCAZ02 AZ 48257 RSD-132-5 S 6-10-2005, "Arla").
Partiendo del relato de la actora y los fundados términos de la pericia le otorgo al dictamen pleno valor probatorio (art. 474 CPCC).
Sumo como prueba relevante, la confesional ofrecida por la actora. Al respecto, destaco que la absolución de posiciones rendida en forma ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las pruebas para decidir la eficacia que se le acuerda como elemento de convicción (cfm art. 415 del CPCC y CC0203 LP 119207 RSD-191-15 S 15/12/2015 "Gauna"). Y el análisis general de las probanzas, otorgan importancia a las posiciones 1), 6), 7), 12) y 13), referidas a las condiciones de modo tiempo y lugar del evento (ver pliego presentado el 17/12/25).
Ahora bien, tal como se narraron los hechos, el vehículo del accionado circulaba por la derecha del automotor conducido por la actora embestida. Si bien la prioridad de paso desde la derecha se encuentra reglada por el art. 41 de la ley 24449, atendiendo a las circunstancias especiales del accidente no cabe atribuir responsabilidad exclusiva a la actora, pues también tengo por demostrado que la conducta del accionado incidió en el hecho, pues de haber circulado con la atención necesaria podría haber evitado la colisión.
Es que, aunque se demostró que la actora afectó la prioridad de paso del demandado, debemos tener en cuenta que el accionado estaba ingresando a una avenida y que la mentada prioridad no le daba un "bill de indemnidad" para encarar el cruce. Ha dicho la jurisprudencia: " Es cierto que también se ha evaluado en numerosos precedentes que no obstante su carácter absoluto, no representa ningún "bill de indemnidad" que autorice al que se aparece por la derecha de otro vehículo, a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda " (argto. SCBA Ac. 59835, S 8/11/2000; 77508 S 8/11/2000; 78531 S 28/9/2001, entre otros; DJBA 159-295; LLBA 1998/824, y ots.).
En un caso análogo, jurisprudencia que comparto ha valorado que " en lo relativo a la prioridad de paso en las avenidas recuerdo brevemente que, tal como lo decidió este Tribunal en la citada causa "López ...", "la regla normativa (art. 41 inc. d ley 24.449) debe armonizarse con el principio cardinal que rige la circulación vial y que se expresa como mandato abierto e indeterminado: "circule de manera de no dañar a otro, con la máxima cautela y previsión, de modo que tenga el control de su vehículo sin entorpecer la circulación ni afectar la fluidez del tránsito", el que se desprende de la conjugación y complementación de las conductas prescriptas y descriptas por los arts. 39 inc. b), 50, 64 y concs. de la Ley 24.449.
Todo ello en el marco de fuentes plurales del derecho privado (reglas, principios y valores), procurando su unidad sistémica y su coherencia "a posteriori" (arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN)". "En el interior de la Provincia de Buenos Aires -se añadió- en ciudades como Azul, Tandil y Olavarría, la experiencia demuestra que la mayoría de los ciudadanos actúa con el convencimiento de que la prioridad recae en quien circula por una avenida por ser de mayor dimensiones, generalmente de doble mano, de tránsito más intenso y más rápido, por lo que tiene primacía la creencia social de que quien debe frenar antes de acometer un cruce es quien accede desde una calle lateral y de menor "jerarquía" (una calle o arteria "común", es decir de una sola mano y de menores dimensiones)".
Conclusivamente: "se enfrenta una norma: "aún en las avenidas tiene paso preferente el que acomete el cruce por la derecha" (art. 41 inc. d) ley cit.) con un principio emanado de un triple enumerado normativo (arts. 39 inc. b, 50, 64 ley cit.) y que establece que "debe circularse con previsión y precaución, manteniendo el dominio del vehículo, y absteniéndose de entorpecer la circulación y la fluidez del tránsito". La labor interpretativa en caso de colisión de una norma con un principio debe "prima facie" resolverse otorgando primacía a la primera. Es decir la regla desplaza al principio y con ese entendimiento la prioridad de paso siempre e inexorablemente recaería en quien transita por la derecha y desde allí accede a la avenida (art. 41 inc. d ley 24.449 cit.).
Empero, la aplicación de la regla debe ser matizada o atenuada por el principio opuesto, esto es por la convención social, en el marco del diálogo de fuentes que tiene sustento normativo en el Código Civil y Comercial (arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN). En este sentido, y en el marco de fuentes plurales en el sistema actual de derecho privado, no puede soslayarse que ese principio se apoya en los usos, prácticas y costumbres (art. 1 CCCN)" (conf. esta Sala, causa nº 61.769, 08/06/17, "López " cit.)" (Causa N° 2-64011-2018, Cámara Civil Sala II de Azul, 12/7/2019, "Ledesma Dante Ariel c/ Dietrich Agustín Héctor y Otro s/Daños y Perjuicios").
De la pericia resulta que la actora circulaba por la vía de mayor jerarquía.
A mayor abundamiento, destaco que el razonamiento desarrollado se alinea con jurisprudencia reciente que ha expresado: "La Ley de Tránsito 24.449/95 en su artículo 41 dispone que todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha y que tal prioridad resulta ser absoluta, y sólo se pierde ante determinadas excepciones. Bajo este encuadre legal, si bien la norma actual nada dice, de forma expresa, acerca de la prioridad de paso de quien circula por una avenida en relación con quien ingresa a dicha arteria por la derecha, lo cierto es que esa prioridad ha de formar parte de un ordenamiento lógico del tránsito, por lo que, quien se dispone a cruzar una arteria de mayor jerarquía ingresando desde la derecha por una calle, debe extremar la precaución y conservar el más absoluto dominio del vehículo" (conf. CC0003 SM 83127 D-237/2025 S 18/09/2025, Cristaldo, Iván Leonel C/ Alcaráz, Andrés Eloy Y Otro/A S/ Daños Y Perj. Autom. C/ Les. O Muerte (Exc. Estado)).
Para más, si bien no resulta la modificación normativa aplicable al caso (art. 7 CCyC), sumo como argumento a esta decisión el criterio del actual del legislador en cuanto ha modificado recientemente el código de tránsito mediante la ley 15.657, estableciendo que la prioridad de paso corresponde a las vías de mayor jerarquía, dejando sin efecto la regla absoluta de la derecha en esos cruces (cfm. artículo 28 quáter; fecha de promulgación: 30/10/2026; fecha de publicación: 30/10/2026; Número de Boletín Oficial: 30353).
Por ello, teniendo en cuenta que el demandado embistente -que ingresó por una arteria de menor jerarquía- no tuvo la prudencia necesaria para detener su marcha al llegar a la intersección y retomarla cuando la Avenida estuviera en condiciones de ser atravesada, comprendo que ha infringido el artículo 39 de la ley 24449 (a la cual se ha adherido la Provincia de Buenos Aires, a través de la ley N°13927).
Ello, resaltando que la norma aludida exige "circular con el debido cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito".
La SCBA ha entendido que tal incumplimiento resulta idóneo para incidir en la producción y mecánica del evento, por lo cual no puede sostenerse su irresponsabilidad en el siniestro (SCBA LP C 120758 S 29/08/2017 "Del Palacio"). En definitiva, concluyo que la presunción legal de responsabilidad que pesa sobre el demandado (art. 1757 Código Civil y Comercial de la Nación), no ha sido desvirtuada por suficiente prueba en contrario. No obstante, ha sido sustancialmente morigerada en razón de la presunción de causación del siniestro que pesa sobre la actora atento las particularidades mencionadas, razón por la cual estimo que la incidencia causal y consecuente responsabilidad por el siniestro vial resulta compartida, y la atribuyo en un 50% al demandado y en un 50% a la actora (arts. 1721,1726, 1727, 1734, 1736, 1742 CCyC; arts. 163 inc. 5, 164, 375, 384, 456 y 474 C.P.C.C.).
En esas proporciones la parte demandada deberá responder por las consecuencias inmediatas y mediatas del hecho (arts.1742 y 1758 CCyC). en calidad de conductor y titular del vehículo dominio NDR921 (ver consulta realizada por Secretaría al RNPA el 6/6/24).
También deberá responder la citada en garantía, en la medida del seguro contratado (art. 118 ley 17418, ver póliza y demás constancias, adjuntas a la contestación de la citada).
En cuanto al límite de cobertura pactado deberá ajustarse a las normas vigentes al momento del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses, pues la indemnización por los daños padecidos fue estimada a valores actuales, momento en el que también debe ser ejecutada la garantía. Es que, visto el tiempo transcurrido entre el siniestro y el pago, y los distintos contextos económicos de tales instantes, la aplicación literal de la cláusula fijada al celebrarse el contrato se muestra ostensiblemente irrazonable.
Ello, "al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. l, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com. y 47, 92 y concs., ley 11.430 y doctr. causas C. 119.008, "Martínez", sent. de 21-II-2018 y C. 118.227, "Martínez", sent. de 22-IX-2020)" (SCBA causa C. 122.588, "González, Maximiliano Ramiro contra Acosta, Emir Dorval y otro. Daños y perjuicios", del 18.5.21).
En la misma dirección, se ha explicado que "[q]uizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás, y al efectuar el cálculo de la indemnización ésta se fija a valores actuales (.) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido (.) La actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos (.) por lo que nada obsta a que el juez, aún de oficio, pueda disponer mecanismos de actualización" (Cámara Nacional Civil, Sala J, in re "Risser, Patricia /Maldonado, Raúl y ot. s/ daños y érj.", S. 4-5-2018, LL online AR/JUR/17649/20
3. Corresponde analizar a continuación si se han acreditado los daños alegados por los accionantes, a quien le correspondía la carga de su demostración (art. 1744 CCyC), pues sin su existencia no hay reparación posible.
Establece el artículo 1716 del CCyC que la violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado. A su turno, el artículo 1737 del CCyC expone un concepto legal de daño al indicar que "[h]ay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva" .
Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente; la pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador (art. 1739 CCyC).
Según el concepto legal de indemnización, ésta comprenderá la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances; indica que incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida (art. 1738 CCyC).
La reparación deberá ser plena (art. 1740 del CCyC; Fallos: 312:2266; 308:1160; 320:2001; entre otros). Podrá ser tanto en dinero o en especie, la opción corresponde al deudor y tiene el límite de que la indemnización en dinero resulte abusiva o excesivamente onerosa.
Al respecto cabe indicar que, en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, el legislador ha estipulado el sistema de renta vitalicia para su reparación. Lo expuesto no implica que los accionados deban pagar mensualmente un monto, pues el pago del capital deberá realizarse íntegramente (CSJN M3724 XXXVIII "Milone", del 26/10/04).
La indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del actor para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se ha fijado que en el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada, procediendo la indemnización aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado (art. 1746 C.C.y C.).
Cabe partir de los ingresos acreditados de la víctima o de la valuación de las tareas no remuneradas que llevaba a cabo y se vio total o parcialmente impedida de continuar desarrollando. Para realizar la estimación, deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación. Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio, que no es arbitrariedad judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte o incapacidad permanente (cfm. Ricardo Luis Lorenzetti Director, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal-Culzoni Editores, 2015, Tomo VIII pág 528).
En este sentido, se ha dicho que las "(p) autas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa" (cfm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, "D., L. E. c. K., S. D. y otros s/ daños y perjuicios", sentencia del 31/8/15; en igual sentido, ver Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, "O. F., R. c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios", causa Nº61.029, del 21/2/2017).
En lo relativo al daño físico, la accionante pormenorizó la secuencia de asistencia médica que comenzó el 6 de marzo de 2023 en el centro "Emer Salud 24" por dolores agudos en las regiones cervical y lumbar. Detalló que, frente al agravamiento de los síntomas, regresó a dicho nosocomio donde se le diagnosticó un cuadro de politraumatismo, requiriéndose estudios radiográficos.
Precisó que el mecanismo de "latigazo" (aceleración y desaceleración) le provocó un esguince cervical postraumático, el cual consolidó secuelas permanentes tales como cefaleas, rectificación de la lordosis fisiológica, parestesias, acúfenos, mareos y limitación funcional por contractura muscular. Asimismo, denunció una lumbociatalgia bilateral postraumática que alteró su marcha y requirió el uso crónico de faja lumbar ballenada, conforme acreditarían las resonancias que muestran una protrusión posteromedial en el segmento L5-S1.
Alegó que este cuadro le impide realizar sus tareas laborales y pidió que se determine el porcentaje de incapacidad física, parcial y permanente mediante pericia médica
Por otra parte, respecto al daño psíquico, solicitó su tratamiento autónomo respecto del daño moral. Definió al primero como una alteración patológica de la psiquis y al segundo como la lesión a los sentimientos legítimos. Manifestó que el siniestro operó como un agente exógeno agresor, desencadenando un cuadro de shock postraumático crónico manifestado en angustia, ansiedad, irritabilidad y tendencia al aislamiento, impidiéndole la reinserción armónica en su medio familiar y social. En consecuencia, peticionó la fijación de un porcentaje de incapacidad psíquica por la vía pericial correspondiente.
Realizado el encuadre mediante el cual se fijará la indemnización del caso, verificaré la afectación concreta que ha producido el accidente.
En dicha tarea, observo que la pericia médica fue practicada por el Dr. Víctor Oscar García, sorteado por la Receptoría General de Expedientes Departamental (ver pericia del 11/12/25).
El experto informó que : "A la fecha del examen médico legal, se estima que SIMONETTI DAIANA MARISOL, como resultado del examen clínico, físico y exámenes complementarios presenta una Incapacidad Física Parcial y Permanente tomando en consideración el Baremo General para el fuero civil de los Dres. Altube y Rinaldi, editorial García - Alonso, Buenos Aires, 2015, 2° edición, tal como se detalla a continuación: Cervicalgia con contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis en las radiografías y reducción del rango de movilidad de la columna: 4% Total de incapacidad: 4% (cuatro por ciento) de la T.V. (...) En caso de demostrarse que el accidente que originara los presentes autos ha ocurrido tal como lo relata la actora, por su etiología, topografía, mecanismo de producción y cronología entiendo que es idóneo para producir las lesiones que devinieron en las secuelas que presenta en la actualidad, por lo que existiría una relación de causalidad adecuada cierta entre las secuelas tabuladas y el accidente por el que se reclama, salvo prueba en contrario. ".
Seguidamente pondero la pericia presentada por la Perito Especialista en Psicología, Lic. María Eugenia Cabrera Pando, sorteada por la Receptoría General de Expedientes Departamental (pericia del 18/11/25). En el dictamen sostuvo: "Que surge del análisis tanto de la entrevista como de las pruebas administradas que las vivencias experimentadas por la actora como consecuencia del trauma que le ha ocasionado el hecho que es motivo de litis, han determinado el cuadro de perturbación psicológico señalado. Que, si bien también pueden vincularse por otro lado a su estructura de personalidad previa y a sus experiencias de vida negativos. 2. Los efectos estresores producidos como consecuencias de los hechos de autos, han incidido de forma concausal indirecta y confluyen entre sí, donde su Yo no logra recomponerse para solucionar la situación de conflicto generado. Se considera que estos aspectos inciden al momento de encontrarse ante una situación crítica que supera la resistencia y capacidad del Yo que se altera dando lugar al conflicto actual. 3. l efecto producido por el hecho de autos debe pensarse desde una perspectiva estructural y dinámica, entendiendo la personalidad como una entidad biopsicosocial que ante una situación traumática como la vivenciada por el actor se vio afectada en un todo, pudiendo generar un efecto negativo en las esferas afectivas, intelectual, volitiva y limitaciones en sus capacidades de goce individual, familiar, laboral, social y recreativas. Respecto al porcentaje de incapacidad psíquica, debo señalar que el ser humano en este aspecto no es mensurable motivo por el cual se torna difícil establecer un parámetro exacto. No obstante, teniendo en cuenta el grado de perturbación detectado, su edad, a la sintomatología descripta como así a la incidencia producida tanto en su mundo de relación personal, social y laboral y al tiempo que demandará el tratamiento y siguiendo los parámetros utilizados en otros fueros, es que se estima un porcentaje en el orden del 10%. ."
Ello así, tengo por acreditada una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 13,16%. Todo, aclarando que en materia civil la incapacidad no se determina en función de baremos de aplicación matemática, sino en razón de la índole de las lesiones y sus secuelas, y de la incidencia discapacitante que ellas tienen en la situación personal y concreta de la víctima, atendiendo al principio de reparación integral que gobierna la materia de daños.
Remarco que el grado de incapacidad sólo juega aquí como pauta de referencia pero no determinante de la indemnización.
En cuanto a la actividad laboral de la accionante luce acreditado que labora en calidad de empleada de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Rodríguez, habiéndose adjuntados recibos de sueldo por parte del Municipio el 1/10/25. Sentado ello, para definir el monto a reconocer utilizaré una fórmula de cálculo de renta constante no perpetua. Resulta ser C = A. (1 + i)ª - 1 / i . (1 + i)ª (de Acciari-Yrigoyen Testa, cfm. López Herrera Edgardo, comentario art. 1746, en Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, 1era. edición, 1er reimpresión, dirigido por Rivera Julio C, Medina Graciela y coordinado por Esper, Mariano, Thompson Reuters - La Ley, Bs. As., 2015, T° IV, p. 1088). Puntualizo que "C" es el capital a percibir; "a" es la ganancia afectada por período anual; "i" es la tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado (aplicaré el 4%, decimalizada); "a" es la cantidad de años restantes hasta la edad jubilatoria de 60 años; y 1=1.
Al mismo tiempo, habré de verificar, que la indemnización que en definitiva se fije resulte superior a la prestación mínima que habría correspondido conforme al sistema especial de reparación de los accidentes laborales (art. 14 inc. 2, ap. "a", de la ley 24.557, https://www.argentina.gob.ar/srt/art/pagos-art/incapacidad-laboral-permanente-50, cfm. CSJN, in re "Grippo", del 2/9/2021).
Pondero que la actora es argentina, nació el 09/8/84 por lo que al momento del accidente que nos ocupa contaba con 38 años de edad y actualmente tiene 42 años.
Al establecer la indemnización a valores actuales, se ha explicado que "no se puede negar el fenómeno inflacionario que afecta a nuestro país en los últimos veinte años, y porque responde mejor a resguardar el principio de la reparación integral (art. 1038 Código de Vélez, y art. 1740 Código Civil y Comercial). Sobre todo, cuando se trata de deudas de valor, como el daño moral, la incapacidad o la pérdida de chance de ayuda económica (art. 772 CCC). Numerosos fallos de la S.C.B.A., por otro lado, han seguido igual criterio (SCBA LP A 75704 RS-211-21 S 22/12/2021; B 64394 RSD-157-21 S 31/08/2021; A 74770 RSD-159-21 S 31/08/2021; C 122687 S 17/11/2020; B 65621 RSD-21-21 S 23/02/2021 - estos dos últimos votos del Dr. Pettigiani-, entre otros)" (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mercedes, in re "Bentancour Sergio Marcelo c/ Díaz Adriana Patricia y otros s/ Daños y Perjuicios", SI-119854, del 7.12.22).
En tales condiciones, apreciando la fórmula de Acciari-Yrigoyen Testa como pauta orientadora, considerando que "la cuantificación final debe guardar correspondencia y ajustarse a los antecedentes del Tribunal para casos análogos (casos próximos, decía la Dra. Highton de Nolasco como integrante de la Sala F de la Cámara Nacional Civil), e incluso a los montos conferidos por otros tribunales y a la actual realidad económica" (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, "O. F., R. c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios", causa Nº 61.029, del 21/2/2017; SCBA LP L. 117933, "Costoza", sentencia del 11/06/2020, voto del Dr. de Lazzari), y ajustando el monto a las condiciones personales y a la verdadera repercusión económica que las menguas son susceptibles de generar a Simonetti reconozco por incapacidad psicofísica la suma de $12.000.000 (art. 165 del CPCC). Sin perjuicio de lo cual, considerando el 50% de responsabilidad en el siniestro adjudicado a la víctima, la parte demandada responderá por la suma de $6.000.000.
5. Continuó por el rubro Tratamiento Futuro.
En cuanto a la pretendida kinesiología, el Perito Médico designado no prescribió tratamiento alguno.
A su turno, la perito psicóloga Cabrera Pando, en su informe del 18/11/25 dictaminó: "Se sugiere un tratamiento psicológico, con una frecuencia semanal y una duración inicial estimada de diez (10) meses, sujeta a reevaluación posterior. El abordaje debe centrarse en la reparación del impacto psíquico derivado del evento, la elaboración simbólica del daño y el fortalecimiento de las capacidades adaptativas. En cuanto al valor de las sesiones, se recomienda tomar como referencia los aranceles orientativos establecidos por el Colegio de Psicólogos de la jurisdicción correspondiente. A la fecha, el valor sugerido por sesión ronda los $25.000 pesos argentinos, pudiendo variar según profesional y lugar de atención. El tratamiento podría mitigar de manera significativa la sintomatología reactiva, reduciendo el nivel de interferencia en la vida personal, social y laboral. Sin embargo, no puede hacer desaparecer completamente la incapacidad, ya que la modalidad reactiva y las vulnerabilidades emocionales emergentes del hecho han configurado una incapacidad psíquica parcial y permanente. Pese a cualquier posible intervención quedara un remanente, compatible con lo esperable para cuadros adaptativos de evolución crónica. Esto se fundamenta en que el tratamiento psicoterapéutico actúa sobre la sintomatología reactiva, pero no modifica la impronta subjetiva del hecho dañoso ni el impacto estructural en la esfera emocional, razón por la cual el remanente incapacitante persiste aun luego de una evolución terapéutica adecuada."
La jurisprudencia ha considerado, en este tópico, que " en tanto las secuelas incapacitantes detectadas por la perito interviniente revisten el carácter de permanentes -lo que implica que en modo alguno la integridad psicológica en el caso resulta recuperable-, el tratamiento aconsejado reúne la condición de necesario como elemento paliativo de tales secuelas, pero no curativo. Se trata, a través de dichas entrevistas psicológicas, de mejorar la calidad de vida de la actora, su estado anímico, el que en modo alguno podrá ser recuperado íntegramente. Siendo así no hay obstáculo para indemnizar, por un lado, las secuelas incapacitantes y, por el otro, el tratamiento necesario para mejorar el estado psicológico general de la víctima afectado como consecuencias de tales secuelas" (CC0100 SN 6214 RSD-139-10 S 04/11/2010, Choi Gab Yeol y otra c/Club de Pescadores y Náutica de San Pedro s/Daños y perjuicios).
En consecuencia, ponderando la duración y frecuencia estimadas por la experta (10 meses de tratamiento psicoterapéutico a razón de una sesión semanal), y tomando como referencia, para la psicoterapia, el arancel mínimo fijado actualmente por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento psicológico individual (6 UP, a razón de $5.250 la UP, esto es, $31.500 por sesión, ver https://colegiodepsicologos.org.ar/matriculados/valor-up/ " style="text-decoration:underline ;"> https://colegiodepsicologos.org.ar/matriculados/valor-up/ ), estimo justo y equitativo fijar a valores actuales por el tratamiento psicoterapéutico la suma de $1.260.000 (arts. 1740 y 1746 del C.C.yC. y 165 del C.P.C.C.). Sin perjuicio de lo cual, considerando el 50% de responsabilidad en el siniestro adjudicado a la víctima, los accionados responderán por la suma de $630.000.
A diferencia del resto de los rubros del asunto, el monto del tratamiento señalado no llevará intereses desde que el perjuicio se produjo, sino a partir de la notificación de esta decisión judicial, habida cuenta de que las sumas aplicadas a solventar erogaciones que todavía no han sido realizadas (conf. C.S.J.N. 311:744. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2º "Cajal, María Magdalena y otros v. Estado Nacional s/ daños y perjuicios", Causa Nº 1749/1998, sentencia del 31 de mayo de 2.001").
En el punto es de aplicación la doctrina legal de la SCBA que surge del precedente C. 122.711, caratulado "Acosta, Evaristo contra Soler, Roberto Oscar y otros. Daños y perjuicios", del 30.12.20. En dicho caso se ha explicado que, en tanto no se ha efectuado el desembolso toda vez que el monto otorgado corresponde a un "tratamiento psicológico futuro", conceder intereses desde el momento del hecho configuraría un enriquecimiento sin causa (art. 1.794 CCyC).
Por ello los intereses de este rubro correrán a partir de esta sentencia a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día del efectivo pago (conf. doctr. causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sents. de 21-X-2009 y C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15-VI-2016; art. 289, CPCC).
6. Corresponde que me expida sobre los Gastos Médicos, Farmacéuticos y por Transporte reclamados.
Al respecto el art. 1746 del C.C. y C., dispone: "En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado."
En este contexto, la jurisprudencia ha sostenido que "[e]s procedente el resarcimiento de los gastos de atención médica, farmacéuticos y de traslados cuando existe daño psicofísico, aun a falta de comprobantes, pues se presume la necesidad de su erogación aun cuando la víctima cuente con cobertura por obra social o se atienda en establecimientos públicos" (CC0002 SM 49092 RSD-170-1 S 15-5-2001, "Taranto, Carlos y otra c/ Di Meo, Mirta Susana y otros s/ Daños y perjuicios").
Claro está que ha de limitarse la presunción de los gastos -y el consecuente relevo de la carga probatoria-, a aquellos supuestos en que la persona lesionada, o, en su caso, los familiares o allegados, no ha podido muñirse de los elementos que justifiquen debidamente haber efectuado erogaciones por tales conceptos a raíz de la urgencia y de las circunstancias inmediatas a la producción del accidente y a lo imprevisto de la situación, que imposibilitan requerir, por parte del paciente, la obtención de la documentación respectiva (cfm. CC0201 LP 96996 RSD-84-2, "Rosiano, Miriam Beatriz c/ Quiñones, Katia V. s/ Daños y perjuicios", sentencia del 8-5-2002).
En dicho marco, sin perjuicio de que no se ha acreditado documentadamente la existencia de dichos gastos, atento las comprobadas lesiones y secuelas, con los gastos que las mismas conllevan, entiendo justo y razonable reconocer en calidad de gastos de gastos de curación y farmacia y gastos de traslados, la suma actualizada de $200.000 para cada actor (art. 165 del CPCC). Sin perjuicio de lo cual, considerando el 50% de responsabilidad en el siniestro adjudicado a la víctima, los accionados responderán por la suma de $100.000.
7. Bajo el rótulo de Indemnización de las Consecuencias no Patrimoniales , la parte actora peticionó el resarcimiento del daño moral al que me dedicaré.
Al respecto, prevé el artículo 1741 del CCyC que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.
La jurisprudencia ha entendido que el daño se configura por el conjunto de sufrimientos, padeceres de orden espiritual y angustias causadas por el ilícito (C. Civ. y Com. San Martín, causas Nº48.469, 48.402, 49.269, 534.59, entre otras). Y explicitó que la fijación de sumas indemnizatorias en este concepto no está sujeta a reglas fijas, correspondiendo su cuantía -en principio- al arbitrio judicial (SCBA, C 85.381, "Valentín, Norma B. y González, Juan C. c/ Durisotti, Rodolfo; Hospital Municipal y Municipalidad de Daireaux s/ Daños y perjuicios", sentencia del 7 de mayo de 2.008).
La S.C.B.A. ha señalado que al fijar esta cuantía los jueces debemos actuar con prudencia y mesura, evaluando los alcances de nuestro pronunciamiento y sopesando sus consecuencias, porque debemos evitar, por un lado, que lo que debe ser un resarcimiento se transforme en un injustificado o irrazonable enriquecimiento, y por otro, que la reparación resulte algo así como una limosna más destinada a acallar conciencias que a restañar una herida (SCBA LP L. 117933, "Costoza", sentencia del 11/06/2020, voto del Dr. de Lazzari).
Tengo en cuenta que Daiana Marisol Simonetti quien contaba en ese momento con 38 años de edad (y actualmente posee 42), a raíz del accidente sufrió lesiones (físicas y psicológicas), circunstancias que denotan los padeceres e incomodidades que hubo y debe de soportar en su vida luego del evento. Entiendo procedente reconocer en concepto de daño moral la suma de $2.500.000 (art. 165 CPCC). Sin perjuicio de lo cual, considerando el 50% de responsabilidad en el siniestro adjudicado a la víctima, los accionados responderán por la suma de $1.250.000.
Cabe aclarar que, si bien dentro de este rubro se adicionó un reclamo por afectación al proyecto de vida, éste no se ha demostrado.
En efecto, el daño es el presupuesto central de la responsabilidad (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por Daños", Tº I, pág. 139).
El presupuesto básico de la responsabilidad consiste en la existencia del daño, el cual debe ser probado para que adquiera sustantividad para el derecho. Esa prueba debe producirse a instancias de quien lo invoca (art. 375, CPCC; doct. causa B. 57.993, "Cejas", sent. del 27-IX-2006). Así, para que el daño sea susceptible de indemnización, debe ser cierto respecto de su existencia. De allí que el daño cuya existencia no está acreditada de modo cierto no es un daño jurídico y por lo tanto no es resarcible (SCBA LP B 55095 S 28/03/2012, B. 51.288, "Nieto", sent. del 23-X-1990; B. 48.618, "Pérez, Gustavo R.", sent. del 10-III-1992; B. 52.871, "Fernández", sent. del 22-XII-1998; B. 54.012, "Oholeguy", sent. del 28-VI-2000; D.J.B.A." t. 116, p. 399; causas Ac. 32.098, sent. del 24-V-1983; Ac. 32.573, sent. del 6-IX-1983; causa B. 50.864, sent. del 29-VIII-1995; entre muchas otras).
En dichos términos, especificaré que no se ha acreditado la afectación al proyecto de realización personal de la accionante -ni siquiera fueron alegados los destinos esperados ni las opciones que aquella pudiera tener para conducir hacía allí su vida-, por lo que no se configura el daño cierto necesario para la indemnización pretendida (art. 375 del CPCC).
8. En cuanto al rubro Daño Emergente al Rodado, encuentro mérito suficiente para reconocer el monto que surge de la factura presentada, por reparaciones por la suma de $639.500 (cfm. trámite electrónico del 19.9.25). Ante el 50% de responsabilidad en el siniestro adjudicado a la víctima, los accionados responderán hasta la suma de $319.750.
9. Respecto del rubro privación de uso del vehículo , ha dicho la jurisprudencia : "La privación de uso del automotor constituye, in re ipsa, la evidencia de un daño efectivo, salvo prueba en contrario, a rendir por el accionado, en su contingencia y especificidad, y la falta de prueba del monto por parte del damnificado no obsta la apreciación del daño en uso de las prudentes facultades judiciales para su determinación" (CC0002 SM 82869 86 S "Berdun Julián Eduardo c/ Guardamaña Nair Cynthia y otro/a s/ daños y perj. autom. c/les. o muerte (exc.estado)" del 18/04/2024).
Si bien en autos se encuentra probado que el vehículo de propiedad de la actora tuvo que someterse a reparaciones, lo cierto, es que no se encuentra comprobada la cantidad de tiempo que debió permanecer en el taller. En atención ello, y a la carencia de pruebas sobre los viajes en concreto que se realizan diariamente con el vehículo, estimo prudente fijar con parquedad la suma de $100.000 Ante el 50% de responsabilidad en el siniestro adjudicado a la víctima, los accionados responderán hasta la suma de $50.000.
10. El rubro desvalorización del vehículo no ha sido acreditado en autos (art. 375 del CPCC).
La jurisprudencia explicó que: "(l)a desvalorización del rodado es un menoscabo que se configura por el menor valor de reventa que tiene un vehículo chocado y luego reparado, comparándolo con otro similar, es decir de la misma antigüedad, marca y modelo, en razón de que aquel evento, pese a la reparación, le ha dejado huellas, que la experiencia enseña lo desmerecen frente a sus partes libres de aquéllas en cuanto a su valor venal se refiere"(CC0002 MO 32343 RSD-29-95 S 28-2-1995).
En tanto el Ingeniero que efectuó la pericia del caso no informó tal afectación, el rubro no procede.
11. De acuerdo a la doctrina legal de la Suprema Corte corresponde la aplicación de intereses puros a la tasa del 6% anual para los montos establecidos -en tanto los rubros han sido fijados a valores actuales-, desde el hecho (6.3.23) y hasta el dictado de esta sentencia, y desde aquí la tasa pasiva digital (arts. 772 y 1748 del C.C. y C.; SCBA en causas N° C. 120.536, "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", sentencia del 18/04/2018, y N° c. 121.134, "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", sentencia del 03/5/2018).
Conforme a lo desarrollado con anterioridad se excluyen los montos relativos a los tratamientos futuros.
12. Las costas se imponen a la parte demandada y citada en garantía ante el carácter de vencidas (arts. 68 y ccs. C.P.C.C.; S.C.B.A, Ac. 35.790, Ac. 45.427; Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mercedes, causa Exptev: SI-118099 "Ortellado", del 22.10.20).
En esas condiciones, dicto la siguiente
S E N T E N C I A : 1°) Hacer lugar a la demanda instaurada y, en consecuencia, condenar al señor BRITEZ LEZCANO PATROCINIO y a ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA -en la medida del seguro- a abonar a DAIANA MARISOL SIMONETTI la suma de $8.349.750, con más sus intereses, dentro de los diez días de quedar firme la presente. 2°) Imponer las costas al demandado y a la citada en garantía en calidad de vencidos (art. 68 del CPCC). 3°) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva (art. 51 ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE de manera automatizada (conf. Ac. 4013/21, S.C.B.A.) y a los liquidadores de la citada en garantía rebeldes por cédula (conf. art. 135, C.P.C.C:).
LEANDRO NAHUEL JOANDET JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: JOANDET Leandro Nahuel - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 751-2026
Fin de la sentencia