Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la actora, con costas
2Confirmar la resolución apelada en autos, con costas.
3Regular los honorarios de los Dres. Jorge Horacio Fraga y Carlos A. Muzzio por su actuación en autos en el carácter de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional, en las sumas de $ 4.327 (pesos cuatro mil trescientos veintisiete) y $ 10.818 (pesos diez mil ochocientos dieciocho), respecto de la cuestión previa y $ 43.271 (pesos cuarenta y tres mil doscientos setenta y uno) y $ 108.178 (pesos ciento ocho mil ciento setenta y ocho), por la cuestión de fondo, respectivamente, teniendo en consideración el moto de la causa, la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido y las pautas indicadas por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas quedan a cargo de la actora y no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-121624695-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 10 de Noviembre de 2022 En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo Alejandro (Vocal Subrogante de la 3° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1ra. Nominación) a efectos de resolver la causa N° 41.637-I caratulada: "SIMONETTI MARTA PATRICIA s/ recurso de apelación –impuestos a las ganancias y al valor agregado-”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 15/27 se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 10 de noviembre de 2014A, suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, mediante la cual se determina de oficio en forma parcial, la responsabilidad solidaria de la recurrente, respecto de las deudas correspondientes a la sociedad Aceitera del Litoral S.A., en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2009, y al valor agregado por los periodos fiscales abril a julio y noviembre de 2009, con más intereses resarcitorios. Asimismo se aplica una multa equivalente al 70% de ambos impuestos, con sustento en lo dispuesto por el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Manifiesta que durante los períodos determinados se habría desempeñado como administradora y representante legal de la sociedad y mediante Acta de Asamblea del 14 de abril de 2010, la designaron como Directora. Plantea en primer término la nulidad de la resolución apelada, por falta de causa, pues entiende que cuando se desempeñó como Directora de Aceitera del Litoral S.A., desde el 14 de abril de 2010 al 29 de abril de 2011, no puede pretender extensiva la responsabilidad personal y solidaria por una deuda que no se corresponde a los períodos fiscales involucrados en la determinación de oficio de la mencionada empresa.
Afirma que durante los períodos fiscales en cuestión, no tuvo participación, ni poder de decisión alguno en la gestión social, también considera que no se encuentra fundada la resolución atacada.
Destaca que por la presentación en concurso preventivo la sociedad no podría realizar pagos a la ÁFIP durante el proceso concursal, por lo cual tampoco resultaría jurídicamente posible la intimación previa. De ello infiere que no podría perseguirse el pago en cabeza del responsable por deuda ajena.
En ese orden, asevera que la comunicación a la Sindicatura de la deuda resultante de las determinaciones de oficio posteriores a la presentación en concurso carecería de eficacia, al no poder el Síndico realizar ningún acto fuera de lo que resultaría del acuerdo a que se arribe y de la distribución de fondos.
Señala que estos argumentos sumados a la falta de motivación del acto apelado lo viciarían de nulidad. También impugna la liquidación de intereses resarcitorios porque a su criterio no cabría pretender mayores intereses que los exigidos a la sociedad por su deuda propia.
Cita doctrina y jurisprudencia. Hace reserva del caso federal. Solicita se declare la nulidad de la resolución apelada o en subsidio se revoque la misma, con costas.
II. Que, a fs. 36/47 vta. el Fisco Nacional contesta el recurso interpuesto por la recurrente.
Niega que las resoluciones sean nulas por falta de motivación, atento quese encontraría detallada la pretensión fiscal, los elementos en que se fundamentan, los ajustes y sus motivos.
Entiende que los actos recurridos no se han transgredido las normas aplicables, encontrándose fundado los hechos y antecedentes que le sirven de causa expresándose en forma concreta las razones que indujeron a su emisión. Afirma que en el caso se habría constatado que el recurrente revestía la calidad de administradora y representante legal de Aceitera del Litoral y que asimismo mediante Acta de Asamblea del 14 de abril de 2010 se la designó como Directora de la mencionada empresa.
Sostiene que más allá de alegar de hallarse incurso en la previsión excusatoria de responsabilidad contemplada en el arts. 8º, inc. a) de la ley de rito, ninguna prueba acompaña tendiente a acreditar tal extremo. Por otro lado, hace hincapié en que es la sociedad quien se encuentra incursa en un proceso concursal y no la recurrente, con lo cual no libera a los solidarios en la medida en que se hubiera encontrado legalmente habilitados para dar cumplimiento a sus deberes y obligaciones.
Ratifica la liquidación de intereses resarcitorios por aplicación literal del art. 37 de la ley ritual. En cuanto a la sanción impuesta, afirma que los actos comprobados responden a una conducta de naturaleza culpable, al no adaptarse en su oportunidad por parte de la Sra. Simonetti, las precauciones normales y ordinariamente previsibles que hubiera evitado la inobservancia de los deberes impositivos de su administrada. Cita jurisprudencia y doctrina, acompaña los antecedentes administrativo, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 57 se abre la causa a prueba. A fs. 54 se da por decaído el derecho a la actora a producir la prueba ordenada. Que mediante PV-2022-115313008-APN-VOCIII#TF, se elevan los autos a consideración de la Sala A y mediante IF-2022-118477740-APN-VOCIII#TFN, pasan a sentencia.
IV. Que del informe final de inspección obrante a fs. 58 de las actuaciones administrativas que corren por cuerda se agregan, surge que el recurrente se desempeñó como firmante de las cuentas bancarias de la sociedad, Directora y representante legal de Aceitera del Litoral S.A. Al respecto, se acompañó en sede administrativa información de los sistemas de AFIP y copia del acta de asamblea donde surge que la apelante asume el carácter de Directora Titular de la sociedad.
En cuanto al ajuste al deudor principal, el mismo se encuentra detallado en el informe final de fs. 1/29 de los antecedentes administrativo. Allí se concluyó que la empresa Aceitera del Litoral S.A es un comprador y vendedor ficticio a las empresas de su mismo grupo económico, por lo cual no se ha configurado el hecho imponible y no corresponde el cómputo del crédito fiscal ni tampoco se validan las operaciones de venta con las empresas del grupo.
La fiscalización entendió que la modalidad operativa del grupo económico es rotar la facturación entre las empresas que lo componen a fin de que una de ellas pueda efectuar las exportaciones y solicitar el recupero de IVA, el que es facturado en su mayoría por otra empresa del grupo. Las operaciones entre las empresas del grupo son meramente documentales, pero luego de ser facturadas entre éstas, parte de las mercaderías son vendidas a terceras empresas en el mercado interno o son destinadas al mercado externo.
A fin de aclarar cuanto antecede, corresponde observar que la fiscalización halló que el deudor principal de la obligación tributaria formaba parte de un grupo económico de empresas que se dedicaba a la comercialización en el mercado interno y externo de grandes volúmenes de cereales, ya en el estado en que se encuentran o luego de un proceso productivo. Esas empresas controladas por las mismas personas humanas son: Copernaike S.A., Pitey S.A., El Pichao S.A., Sueños Trasandinos S.A. y S.A., Brumley S.A. (uruguaya).
En todas las sociedades, la actora aparece como administradora, cotitular de las cuentas bancarias y/o accionista, incluso en la sociedad uruguaya.
La investigación fiscal llevó considerar a Aceitera del Litoral S.A. como la empresa utilizada para realizar las exportaciones del grupo. La empresa fue creada el 5/11/2008 y en su primer ejercicio económico arrojó un patrimonio neto negativo y nulas las exportaciones, mientras que al segundo ejercicio dichas exportaciones superaron los cinco millones de dólares estadounidenses. Por otro lado, se constató la triangulación de facturas entre las empresas del grupo a fin de que Aceitera del Litoral S.A. realice la exportación, siendo que además, las exportaciones fueron realizadas en un 99,5% a la empresa uruguaya del grupo (Brumley S.A.).
En el impuesto a las ganancias, período 2009, se ajustaron las ventas netas en el mercado interno y las ventas por exportaciones verificadas, computándose compras y gastos relacionados con la actividad, todo lo cual arrojó un margen de utilidad del 12%. En el IVA se ajustó el débito fiscal y el crédito fiscal por los períodos enero a diciembre de 2009.
V. Que corresponde por un orden lógico de precedencia, expedirse en primer término con relación al planteo de nulidad efectuado por la recurrente, vinculado a la falta de fundamentación y motivación. Los restantes argumentos serán tratados como cuestiones atinentes al fondo de la litis.
Que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el Organismo Fiscal para encuadrar la conducta de la recurrente, no resulta sustentada en la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que no podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Que como sostuvo, la Sala B in re “Siev Publicidad S.A” (sentencia del 01/04/2004) debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto administrativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las relaciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable”.
Que, en ese orden, contrariamente a lo afirmado por la parte actora, de la compulsa de los antecedentes administrativos que dan cuenta de la tarea de fiscalización y de la lectura de los considerandos del acto apelado, surgen claramente sus fundamentos tanto de los hechos constatados como así también su sustento normativo. Que, así ello, cabe recordar que “en efecto, la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescripta para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984). Por lo expuesto, debe rchazarse el planteode nulidad, con costas.
Ello así, habida cuenta de que el supuesto que se verifica en el sub lite difiere del analizado por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013, en cuanto en aquél precedente el Máximo Tribunal señaló“Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”
En efecto, puede advertirse que en el caso bajo examen la actora introdujo la cuestión como excepción de previo y especial pronunciamiento y con el indudable fin de obtener de este Tribunal la declaración de nulidad absoluta e insanable del acto recurrido en la especie (véanse por ejemplo 26/27 y punto 3º y 6º del petitorio del escrito inicial) por cuestiones preeminentemente formales que no se vinculan con la cuestión de fondo.
VI. Que, en ese contexto, corresponde a este Tribunal en primer lugar, analizar la procedencia de la extensión de responsabilidad de la Sra. Marta Patricia Simonetti por el incumplimiento de Aceitera del Litoral S.A. en el pago de sus deudas tributarias.
El artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: “responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del artículo 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17...”. Que el Fisco Nacional acreditó que la deuda tributaria de Aceitera del Litoral S.A. fue determinada mediante las resoluciones Nºs. 326/12 y 327/12, los impuestos a las ganancias y al valor agregado -idénticos períodos fiscales a los aquí apelados- . La resolución apelada en las presentes actuaciones esta fechada 19 de noviembre de 2013 y notificada el 22 de noviembre de 2013.
En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en el caso “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 que: “...la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”
En tales condiciones, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues el acto administrativo por lo que se determinó la obligación tributaria al principal, sin que éste acreditara cumplimiento de la intimación de pago, fueron notificados cuatro años antes de la resolución que extiende la responsabilidad al solidario, vencido así largamente el plazo otorgado al deudor principal.
VII. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria de la recurrente.
En ese sentido, atañe al responsable aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
En efecto, la carga de la probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer valer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18 inc. a) de la Ley Nº 11.683...” (se hace referencia al actual art. 8º del t.o. vigente) “...se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente (cfr. “COLLEP ANZULOVIC DE ARIAS MILENA ISABEL S/RECURSO DE APELACION -IVA” Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, sentencia del 06/02/1998) Que las manifestaciones del recurrente no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de la resolución que dice causarle agravio. El agravio relacionado con la presentación en concurso preventivo del deudor principal resulta insustancial, toda vez que dicha situación jurídica no impide en modo alguno la notificación fehaciente al deudor principal de las determinaciones de oficio efectuadas por el Fisco Nacional.
Por otro lado, en este caso no cabe la aplicación alguna del concepto de “fuero de atracción” , por cuanto no se trata de su concurso preventivo s ino del deudor principal.
El Fisco Nacional, cuya facultad de determinar de oficio las obligaciones tributarias de los contribuyentes se encuentra reglada por la Ley 11.683, habiendo cumplido con los recaudos de intimación al deudor principal, respetando el plazo de 15 días y constatando que la obligación-al término de dicho plazo- continúa impaga, puede extender la responsabilidad solidaria a quien corresponda conforme a derecho.
Así las cosas, el carácter formal de responsable solidario que la actora pone en duda, se encuentra suficientemente demostrado con las constancias de fs. 50/52 (firmante de las cuentas bancarias de la sociedad), fs. 54/56 informe de la AFIP (apoderada y administradora), todas de las actuaciones administrativas.
En definitiva, conforme surge de los antecedentes mencionado, resulta que la actora a) era apoderada de la firma; b) poseia los manejos relativos a la administración y representación; c) es quien manejaba las cuentas bancarias y por ende, los fondos de Aceitera del Litoral S.A.
Por lo tanto, ha quedado demostrado del carácter con el que el recurrente actuaba por la sociedad en el período fiscalizado, de lo que se deduce que ha desempeñado las funciones inherentes a su cargo, sin que haya aportado prueba tendientes a demostrar haberse encontrado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
En función de lo expuesto cabe concluir que en el presente caso se ha configurado el elemento subjetivo requerido por la ley procedimental, por lo que resulta ajustada a derecho la atribución de la responsabilidad solidaria al apelante. Por ello se confirma la resolución apelada, con costas.
VIII. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, corresponde su confirmación y recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributaria (cfr. CSJN “Citibank NA c/DGI”, 01/06/2000). La actora se queja sin argumento ni prueba de la mera aplicación literal del art. 37 de la Ley 11.683, no siendo atendible que los intereses resarcitorios no puedan devengarse en cabeza del responsable solidario una vez intimada e incumplida la obligación tributaria.
IX. Que, finalmente, en cuanto se refiere a las multas aplicadas al responsable con sustento en el art. 45 de la Ley 11.683, cabe señalar que la objetividad del mecanismo de solidaridad por el incumplimiento no tiene análoga automaticidad en cuanto al aspecto represivo. Ello así, por cuanto la responsabilidad por deuda ajena no se establece con un criterio meramente formal sino a título represivo, que responde a los fundamentos de responsabilidad por dolo o culpa y a cuyos efectos debe valorarse la conducta del responsable.
Que a partir de la plataforma fáctica exteriorizada y la ausencia de prueba en contrario por parte de la recurrente, no existen razones para apartarse de la valoración fiscal, en cuanto considera la identidad de la conducta de la sociedad con su Presidente. En el presente caso no se advierte que el reproche infraccional haya sido extendido al responsable en forma “automática”, es decir, con ausencia de fundamentos concretos que den cuenta de su conducta exteriorizada.
Por ello, ante la constatación de impuesto omitido de ingresar, la gravedad de los hechos de fondo y la falta de acreditación de la configuración de la figura del “error excusable”, corresponde confirmar la multa impuesta al responsable solidario, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por el Vocal Instructor La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al relato de los hechos y al voto del Dr. Porporatto.
Respecto a las costas en la defensa de nulidad, adhiero a la solución propiciada por el Vocal preopinante, toda vez que entiendo que ser soportadas por la recurrente toda vez que los argumentos que la sustentan están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el art. 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposan - como quedó dicho- en la violación de su derecho de defensa por violación a la cosa juzgada administrativa, agravios que acarrean inexcusablemente aquella de declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del art. 68 del C.P.C.C.N. Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J. In re “Bolland y Cia S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo -de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto que no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como las de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la actora, con costas 2º) Confirmar la resolución apelada en autos, con costas.
3. Regular los honorarios de los Dres. Jorge Horacio Fraga y Carlos A. Muzzio por su actuación en autos en el carácter de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional, en las sumas de $ 4.327 (pesos cuatro mil trescientos veintisiete) y $ 10.818 (pesos diez mil ochocientos dieciocho), respecto de la cuestión previa y $ 43.271 (pesos cuarenta y tres mil doscientos setenta y uno) y $ 108.178 (pesos ciento ocho mil ciento setenta y ocho), por la cuestión de fondo, respectivamente, teniendo en consideración el moto de la causa, la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido y las pautas indicadas por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas quedan a cargo de la actora y no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.11.10 16:18:30 -03:00 Date: 2022.11.10 17:45:51 -03:00 Edith Viviana Gomez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.10 18:43:26 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.10 18:43:27 -03:00
Fin de la sentencia