Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 274.696
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue, con el alcance indicado en el punto V, la resolución de 11 de noviembre de 2020 debe ser revocada parcialmente (arg. arts. 33, 42, 75 inc. 22, 23 y ccs. de la Const. Nacional; art. 10, 11, 12, 38, 56 y ccs. de la Const. de la Provincia de Bs. As.; arts. 1, 11 y ccs. de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; arts.1, 3, 6, 22, 25 y ccs. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 11, 12 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 16 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 3, 11, 26 y ccs. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 2, 1092, 1093, 1378, 1384, 1393, 1394 y ccs. del Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994; arts. 1,3, 37, 53 y ccs. de la Ley 24.240 y mods. y arts. 68, 69, 246, 270 del CPCC).
POR ELLO: 1) Se rechaza el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por la Sra. Velia Mabel Simonetti a través del escrito electrónico de fecha 16/11/2020, 10:10:46, confirmándose, por los motivos expuestos, la resolución de fecha 11 de noviembre de 2020 en cuanto determinó la aplicación de las reglas del proceso sumario para el trámite de la presente causa; 2) Se admite el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por la Sra. Velia Mabel Simonetti, revocándose la resolución de fecha 11 de noviembre de 2020 en cuanto denegó la medida de tutela anticipada solicitada y 3) Se dispone ordenar al Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo …
274.696 "SIMONETTI VELIA MABEL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA / LEVANTAMIENTO".
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL
En la ciudad de La Plata, a los 6 días del mes de abril de dos mil veintiuno, reunidas en Acuerdo la señora Jueza de la Excma. Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, Dra. Irene Hooft y su Presidente, Dra. Ana María Bourimborde (art. 35 de la Ley 5.827), para dictar sentencia en la causa caratulada: "SIMONETTI VELIA MABEL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA / LEVANTAMIENTO", Causa N° 274.696 y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el que arrojó el siguiente orden de votación: Dras. BOURIMBORDE - HOOFT , resolviendo el Tribunal plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde modificar la resolución de fecha 11 de noviembre de 2020?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Presidente, Doctora Ana María Bourimborde, dijo:
I. En el sub lite, mediante resolución del 11 de noviembre de 2020, la Señora Jueza de grado imprimió trámite sumario al presente proceso y rechazó el pedido de una medida innovativa a través de la cual se ordenara al Banco de la Provincia de Buenos Aires se abstenga de retener o reclamar cuota alguna a la Sra. Velia Mabel Simonetti, vinculados a contrato de préstamo acordados por la suma de $258.000 y de adelanto de haberes por la de $9.700.
Para así decidir, la iudex a quo entendió que, en lo atinente al tipo de proceso por el que tramitaría la acción impetrada por la Sra. Simonetti, resultaban aplicables los arts. 320 y 321 del CPCC, mientras que en lo relativo a la cautelar requerida, no se hallaba demostrada la verosimilitud del derecho invocado para el dictado de la medida innovativa solicitada, juzgando insuficiente la prueba acompañada con la demanda.
II. Contra ese modo de resolver, la representación procesal de la Sra. Simonetti, a través del escrito electrónico del 16/11/2020, 10:10:46, dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio. Desestimado el primero, la Sra. Magistrada concedió el segundo en relación con fecha 24 de noviembre de 2020, arribando a esta Alzada los presentes para su resolución.
III.1. En prieta síntesis, la recurrente objeta el rechazo de la aplicación del trámite sumarísimo al proceso y de la medida requerida por los siguientes motivos:
i) La presencia de una consumidora y/o usuaria de servicios bancarios vinculada con la entidad bancaria a través de una relación de consumo, vuelve aplicable el plexo normativo consumeril, el cual, a través del art. 53 de la Ley 24.240 fija el proceso de conocimiento más abreviado - sumarísimo en el ámbito bonaerense - para el trámite de las causas iniciadas en ejercicio de los derechos reconocidos en dicha ley, remarcándose por la quejosa la ausencia de fundamentos para el desplazamiento de tal precepto.
ii) En punto a la reunión de los presupuestos de la tutela requerida, hace hincapié en la nulidad de los contratos de préstamo bancario y de adelanto de haberes que da sustento al pedido cautelar efectuado, la acreditación de la denuncia penal formulada a raíz de los hechos relatados, el detalle de movimientos de su cuenta bancaria y el estado público que ha tomado la problemática ventilada, todo ello a los fines de solventar la verosimilitud de su derecho.
En lo atinente al peligro en la demora, apunta que la eventual efectivización de las cuotas destinadas al reintegro del préstamo conduciría a una merma considerable de los ingresos con los que cuenta para afrontar sus gastos cotidianos, resaltando su condición de persona con un cuadro de salud que ubica dentro de la población de riesgo.
IV. Establecida sintéticamente la postura adoptada por la actora, encuentro conveniente indicar que la competencia de esta Alzada se circunscribe a la revisión, por un lado, de la decisión adoptada respecto del tipo de proceso aplicable a la presente causa y por el otro, del rechazo de la tutela anticipada de fecha 11 de noviembre de 2020, con prescindencia de otras cuestiones que no hubieran sido sometidas al conocimiento de la instancia de grado (art. 272 CPCC).
Aclarado lo anterior, he de abocarme al tratamiento de cada uno de los agravios en el orden fijado en el considerando anterior.
IV.1. No aplicación de las reglas del proceso sumarísimo.
De acuerdo con lo manifestado por la actora, la existencia de una relación de consumo conduce a que el tipo de proceso para encauzar la controversia de autos sea el sumarísimo, ello, por efecto de la previsión específica del art. 53 de la Ley 24.240 en la redacción dada por la Ley 26.361, su carácter de norma de orden público y lo establecido en el art. 321 del CPCC.
Ahora bien, más allá de resultar cierto que la resolución impugnada no especifica las razones que han conducido a la sentenciante de grado a aplicar al trámite de la presente causa las reglas del proceso sumario, es innegable que el Juez, según atribuciones privativas que el Código de rito le reserva, posee facultades para determinar el tipo de proceso que cabe imprimirle a la causa en base a las particularidades del caso y la naturaleza de la cuestión debatida (arg. arts. 321 y 496 del CPCC). Dicho estándar interpretativo no resulta modificado por el art. 53 de la Ley 24.240 ref. por Ley 26.361, ya que dicho precepto, en consonancia con lo establecido en el art. 23 de la Ley 13.133 ref. por Ley 14.514, admite, frente a una pretensión compleja, que el Juez determine un trámite de conocimiento más adecuado (conf. Cám. 2° Civ. y Com. de La Plata, C. 110.605, sent. 21/10/2008 - Juba B257053; en sentido coincidente esta Sala, C. 263.658, RSI 77/16 y Falco, G. E., "El juicio abreviado en la Ley de Defensa del Consumidor (L.D.C.)", publicado en DJ11/10/2006, 409 - La Ley online: AR/DOC/2848/2006).
Pues bien, en el caso de autos es insoslayable que se persigue la ineficacia de contratos bancarios celebrados electrónicamente sobre la pretendida existencia de maniobras delictivas desplegadas a través de plataformas electrónicas para operaciones bancarias, marco fáctico que ha conducido a la Sra. Simonetti al ofrecimiento de medios probatorios específicos entre los que se destaca la prueba pericial informática. Ante las particularidades del cuadro de situación detallado, no resulta equivocado sostener la conveniencia de la estructura de un proceso de conocimiento más amplio que el sumarísimo (arg. art. 53 de la Ley 24.240 y mods.; art. 23 de la Ley 13.133 y mods. y arts. 319, 320 y ccs. del CPCC).
A mayor abundamiento, corresponde destacar que la quejosa no ha precisado de qué manera la elección del tipo de proceso sumario dificulta el ejercicio de su derecho de acceso a la tutela continua y efectiva, no debiendo perderse de vista que por efecto de lo previsto en el art. 242 del CPCC, el agravio debe fundarse en el padecimiento de un perjuicio efectivo, esto es, que exista un interés concreto en el recurrente no pudiendo circunscribirse al solo enunciado de las formalidades que se dicen vulneradas.
Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para desestimar este tramo del recurso de apelación intentado, por lo que habrá de confirmarse esta parcela de la resolución atacada por las razones vertidas (arts. 242, 270 y ccs. del CPCC).
IV.2. Ausencia de los presupuestos para el otorgamiento de la medida de tutela anticipada.
Según denuncia la actora, en la especie se hallan reunidos los presupuestos para el otorgamiento de la medida solicitada, por lo que la revisión se orientará a la comprobación de la exactitud de dicha afirmación, ello, claro está, con las precisiones que impone el hecho de hallarnos frente a un supuesto de tutela anticipatoria de carácter excepcional, que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado traduciéndose en la injerencia del juez en la esfera de libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad que se dice contraria a derecho o que se retrotraigan las resultas consumadas de una actividad de igual tenor; y a diferencia de otro tipo de aseguramiento, sin que medie sentencia firme, ordena que alguien haga o deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación existente (arg. arts. 195, 197, 230, 272 y ccs CPCC; conf. CSJN in re "Camacho Acosta", sent. del 7/08/1997 y SCBA Ac 98260, sent. del 12/07/2006 - Juba B30258 y C. 92.711, sent. del 26/09/2007- Juba B29316 entre otros).
IV.2.a. La denominada "tutela anticipatoria", en cuanto la proyección de sus efectos, trasciende la mera provisoriedad propia de las cautelares tradicionales, puesto que constituye una temprana satisfacción concreta de si bien no todos, al menos parte de los derechos pretendidos por el peticionante (conf. Peyrano, J.W. "Medidas autosatisfactivas", Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 13 y ss.).
Cierto es que la doctrina tradicional establecía, entre otras premisas, que el contenido de la cautela no podía superponerse ni siquiera en parte con el que correspondía al propio objeto de la pretensión principal, ni equivaler o significar total o parcialmente lo mismo que se aspira lograr con la sentencia de mérito. Con todo, la doctrina y jurisprudencia han ido avanzando en la materia por distintos ciclos. Así, partiendo del reconocimiento de la potestad genérica del juez para dictar medidas cautelares innominadas en el marco de lo establecido por el art. 232 del CPCC dicha evolución culminó admitiendo la denominada tutela anticipatoria frente a impelentes instancias y reclamos de "efectividad" de la tutela jurisdiccional que no encontraban respuesta dentro del sistema cautelar ortodoxo. Aquélla si bien conserva las notas de accesoriedad y provisoriedad permite, bajo determinadas circunstancias, obtener el reconocimiento anticipado de todo o parte del objeto de la pretensión principal, aunque de manera interina (conf. Peyrano, J.W., Op. cit, p.735 y ss.).
Sin ánimo de agotar la cuestión, recuerdo -siguiendo a Roncoroni- que este tipo de cautelares procuran actuar aceleradamente el derecho cuyo reconocimiento se pretende del órgano jurisdiccional, frente a los efectos devastadores que el tiempo de duración del proceso podría producir sobre aquel. Hay en ello una clara conciencia de que el alongamiento del proceso en determinadas y especialísimas circunstancias y por la propia naturaleza del derecho en juego, no ha de producir en el mañana la desaparición o desvalorización de los bienes que faciliten o permitan la ejecución de la sentencia (sobre los que actúan las medidas cautelares tradicionales, vgr. embargo, secuestro, inhibición general de bienes), sino que lo que desaparecerá o resultará lesionado irremediablemente es el derecho mismo por el que se brega y peticiona en justicia. De allí que ante estas especialísimas situaciones de urgencia impostergable, desde que se corre el riesgo de que a la espera de la sentencia definitiva no sólo se ha de consumir el tiempo propio del debate, sino, también, el mismo derecho o bien de la vida que se procura proteger con la pretensión alumbradora del proceso, el juez está llamado a echar mano sobre el mismo y entrar en el fondo del asunto, sin esperar las alongaderas del proceso (del voto del Dr. Roncoroni, SCBA C. 92.711, sent. del 26/09/2007; en el mismo sentido Peyrano, J.W., "Medida autosatisfactiva y tutela anticipada de urgencia", La Ley Online AR/DOC/3753/2012; esta Sala causa 272.909, "Natale", sentencia del 1/10/2020).
En palabras de la Corte Suprema de Justicia Nacional "es de la esencia de estos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva"(CSJN "Camacho Acosta", Fallos 320:1633) en razón de que por el transcurso del tiempo y la urgencia que requiere la tutela de los derechos en juego, sus efectos podrían resultar prácticamente inoperantes (CSJN "Pardo" P. 24. XLVI/P.
37. XLVI).
Tal carácter excepcional incide en punto a sus requisitos de admisibilidad, ya que se exige una apariencia de buen derecho más acentuada que respecto a las cautelas tradicionales y el peligro que la permanencia en la situación actual cause daños inminentes o irreparables, a fin de habilitar una resolución que, al conciliar los intereses de la parte peticionante de la medida, según el grado de verosimilitud, y el derecho constitucional de defensa de la parte demandada, logre la medida necesaria y oportuna de la jurisdicción que el caso requiere, sin que tal aseveración importe una decisión final sobre el reclamo principal (arts. 230 inc. 1 y 2 y 232 del CPCC; CSJN "Camacho Acosta" y "Pardo" cit.; Morello, A. M et al., "Códigos…", 4ta. ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo- Perrot, T.° 3, 2.015, 1.620 y sgtes.; Peyrano, J.W., Op. cit.; esta Sala, causa "Natale" cit.).
Sobre el piso de marcha expuesto, conviene no perder de vista que pacífica doctrina y jurisprudencia sostienen que los requisitos de procedencia de las cautelares se hallan de tal modo relacionadas que, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigentes en la gravedad del daño y viceversa, cuando se acredita un riesgo grave de daño irreparable, el rigor acerca de la verosimilitud del derecho se puede atemperar (Monterisi, R. ob. cit., T.° II, p. 888).
IV.2.b. Pues bien, en el caso en estudio y a la luz de los elementos documentales acompañados en la demanda, encuentro atendible el embate que en este aspecto ensaya la Sra. Simonetti. Veamos. i] En lo atinente a la verosimilitud del derecho, con los extractos bancarios y la constancia de la denuncia penal acompañados ha sido demostrado, con el grado de probabilidad exigible para la materia cautelar, la existencia de contratos de préstamo bancario y de adelanto de haberes cuya eficacia se halla controvertida y cuya ejecución se traduciría, para la actora, en el pago de cuotas periódicas, a través de descuentos en la cuenta en la que percibe los haberes previsionales provenientes de la pensión que deposita mensualmente ANSES -abierta en la entidad bancaria accionadapor un importe aproximado de PESOS DIEZ MIL ($10.000) (v. detalle de movimientos de la cuenta nro. 5090-003-5122880 adjuntos a la presentación electrónica de fecha 09/11/2020, 12:25:46).
Al examinar la concurrencia del citado presupuesto no puede soslayarse que la Sra. Simonetti integra un grupo destinatario de tutela constitucional preferente como consumidora de servicios bancarios. Me explico.
La actora resulta titular de la cuenta bancaria nro. 5090-003-5122880 en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuenta en la que se depositan sus haberes mensuales como beneficiaria de una pensión otorgada por ANSES y que, según se desprende tanto del relato de los hechos efectuado en la demanda como de la documental acompañada, habría servido de plataforma para la obtención del préstamo bancario y adelanto de haberes hoy cuestionados, todo lo cual conduce, prima facie, a su encuadre como servicio bancario que la tiene como usuaria final en beneficio propio y de su grupo familiar (art. 1 y ccs. de la Ley 24.240 y mods.; arts. 1092, 1093, 1378, 1384, 1393, 1394 y ccs. del Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994).
Como es sabido, el derecho del consumo parte de un enfoque tuitivo construido alrededor de la idea de que el consumidor o el usuario participa de una relación con el proveedor o empresario asimétrica que se explica, siguiendo a Vítolo, principalmente: a) En la relación de poder - económico, financiero y social- que se presenta entre quien produce bienes o presta servicios en forma masiva - el proveedor o empresario - y quien individualmente los consume o utiliza - el consumidor o usuario o el sujeto equiparable a éstos-; b) en la información que se posee respecto del producto o servicio a ser provisto -el empresario conoce casi todo de éste, mientras que el proveedor o usuario depende de la información que el proveedor le suministre-; c) en la extensión del ámbito de libertad para contratar - pues en la mayoría de las ventas de productos o servicios de utilización masiva, la capacidad del consumidor o usuario de poder negociar las cláusulas y condiciones de la relación de consumo es prácticamente nula; d) en la necesidad, dado que el proveedor tiene la posibilidad de colocar sus productos y servicios en un amplio sector del mercado, haciéndolo, generalmente, en forma masiva, sin tener en consideración las individualidades, mientras que el consumidor solo cuenta con su necesidad o voluntad individual de consumo en un tiempo y localización determinados; e) en las consecuencias negativas derivadas de la relación, pues el proveedor es impactado por cada relación de consumo trabada con un consumidor individual solo en un valor relativo frente a la totalidad de relaciones de consumo de las que es parte - como proveedor -, mientras que para el consumidor o usuario la relación de consumo con el proveedor, es única y f) en la circunstancia de que la mayoría de la relaciones -para el consumidor o usuario- tienen su fundamento en cuestiones de subsistencia, alimentación, salud, confort, recreación, u otras que conforman -en la evolución cultural y social de cada comunidad- lo que se ha dado en llamar necesidades sociales, mientras que para el proveedor es un negocio (Vítolo, D.R., "Defensa del Consumidor y del Usuario", Ad-hoc, Bs. As., 2015, págs. 103/104).
Así, es en base a la referida relación asimétrica que cobra especial importancia el principio "in dubio pro consumidor", regla obligatoria que no solo se refiere a la interpretación del derecho, sino también a los hechos y a la prueba rendida en el ámbito jurisdiccional y que, en este estadio liminar de la causa, robustece la postura de la Sra. Simonetti (arg. arts. 42 Const. Nacional y 38 de la Const. de la Prov. de Buenos Aires; arts. 3, 37 y 53 ccs. de la Ley 24.240 y mods.; arts. 1094 y ccs Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994).
En efecto, en esta etapa inicial, la ponderación de los hechos y elementos aportados al proceso a la luz del principio "in dubio pro consumidor" abastece, con la suficiencia cautelar exigible, la verosimilitud del derecho, máxime cuando no obstante lo anunciado en el recurso, por el momento, no se han arrimado elementos que den cuenta que la entidad bancaria hubiere prevenido en concreto de los riesgos a la aquí accionante, especialmente si se repara en que el deber de información para el correcto uso de los medios electrónicos para la celebración de un contrato de consumo, contemplado expresamente por el Legislador en el art. 1107 del Cód. Civ y Com. y que recae en el proveedor, parte del supuesto de que el consumidor carece del conocimiento tecnológico que ostenta el primero y no necesariamente conoce o sabe desenvolverse en la Internet, por lo que su situación de vulnerabilidad se ve aumentada por la complejidad técnica de los sistemas y la imposibilidad que tiene de verificar todos los aspectos de la contratación en sí y del producto o servicio antes de efectuar la contratación (conf. Tambussi, C.E. en "Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial.", Bueres A.J. (dir.), Hammurabi, Bs. As., 2018, T.° 3-C, págs. 649/650; arts. 1093, 1094, 1107, 1384 y ccs. del Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994; art. 1, 3, 37 y ccs. de la Ley 24.240 y arg. arts. 195, 232, 260 y ccs. del CPCC).
ii] Con relación al peligro en la demora, no puede dejarse de lado que tomando los depósitos identificados "ANSES - SIPA" que lucen en el detalle de movimientos de la cuenta de la Sra. Simonetti, la cuota a descontar en cumplimiento del préstamo cuestionado representa casi el veinte y nueve (29) por ciento de los ingresos que percibe como beneficiaria del ANSES, circunstancia no menor que debe ser atendida con especial cuidado dado el grave marco sanitario imperante desde la aparición de virus Covid-19 y la observancia debida, por regla, a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de los ptos. 3, 5, 19, 40, 41 y ccs. de la Resol. N.° 1/20, dictada en los términos de los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18.b del Estatuto Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf ; arg. art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.; arts. 1 y 2 del Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994 y conf. CSJN "Giroldi" - Fallos 318:514, "Bramajo" - Fallos 319:1840 "Carranza Latrubesse" - Fallos 336:1024, entre otros).
Finalmente, en torno a la irreparabilidad del perjuicio, como elemento propio y característico que distingue a las medidas que nos ocupan, ha de decirse que resultan evidentes las consecuencias negativas que para las condiciones de subsistencia tendría la afectación de los ingresos de la actora en la proporción detallada y en el marco de la ya mencionada crisis sanitaria provocada por el virus Covid-19 (arg. arts. 195, 232, 260 y ccs CPCC).
iii] Llegados a este punto, la observancia de la perspectiva impuesta por el hecho de que la actora resulte beneficiaria de una tutela constitucional preferente conduce, en este estadio procesal, a valorar favorablemente los hechos relatados en la demanda para tener por configurados los presupuestos de la tutela anticipada requerida, siendo indispensable no perder de vista que, de mantenerse el esquema de pagos mensuales destinados a la cancelación de los préstamos bancarios cuestionados, los ingresos de la Sra. Simonetti se verán considerablemente reducidos, con riesgo cierto para su subsistencia en condiciones dignas (v. detalle de movimientos de la cuenta nro. 5090-003-5122880 y recibos adjuntos a la presentación electrónica de fecha 09/11/2020, 12:25:46.; arg. arts. 33, 75 inc. 22, 23 y ccs. de la Const. Nacional; arts. 10, 11, 12, 56 y ccs Const. de la Provincia de Bs. As.; arts. 1, 11 y ccs. de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; arts.1, 3, 6, 22, 25 y ccs. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 11, 12 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 16 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 3, 11, 26 y ccs. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; entre otros).
Lo hasta aquí expuesto alcanza para el acogimiento de esta parcela del embate.
V. A modo de cierre, tanto los elementos aportados por la Sra. Simonetti como la especial perspectiva tuitiva cuya observancia impone el ordenamiento jurídico para la valoración de los hechos invocados en sustento de la medida de tutela anticipada peticionada, conducen, sin que ello implique abrir juicio concretamente sobre la legitimidad o procedencia del reclamo formulado por la actora, a receptar el recurso de apelación interpuesto, (arg. arts. 33, 42, 75 inc. 22, 23 y ccs. de la Const. Nacional; art. 10, 11, 12, 38, 56 y ccs de la Const. de la Provincia de Bs. As.; arts. 1, 11 y ccs. de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; arts.1, 3, 6, 22, 25 y ccs. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 11, 12 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 16 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 3, 11, 26 y ccs. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 2, 1092, 1093, 1378, 1384, 1393, 1394 y ccs. del Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994 y arts. 1, 3, 37, 53 y ccs. de la Ley 24.240 y mods.).
Con el acotado alcance expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
La Señora Jueza, Doctora Irene Hooft, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Presidente, Doctora Ana María Bourimborde, dijo:
En atención a los fundamentos brindados corresponde acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Simonetti y revocar, con el alcance expuesto en el considerando V, la resolución de fecha 11 de noviembre de 2020, ordenándose al Banco de la Provincia de Buenos Aires - Casa Matriz-, bajo responsabilidad de la peticionante y caución juratoria que se tiene por prestada con la expresa manifestación vertida en el escrito electrónico de fecha 09/11/2020, 12:25:46, que en el plazo de cinco días cesen los descuentos a la Sra. Velia Mabel Simonetti, DNI nro. 17.755.129, en su cuenta nro. 5090-003-5122880, vinculados al préstamo acordado por la suma de $258.000 y al adelanto de haberes por la de $9.700. En lo demás que decide y fuera materia de agravios se confirma la resolución apelada. Sin costas, dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 69, 246, 270 del CPCC).
ASI LO VOTO.
La Señora Jueza, Doctora Irene Hooft, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que, con el alcance indicado en el punto V, la resolución de 11 de noviembre de 2020 debe ser revocada parcialmente (arg. arts. 33, 42, 75 inc. 22, 23 y ccs. de la Const. Nacional; art. 10, 11, 12, 38, 56 y ccs. de la Const. de la Provincia de Bs. As.; arts. 1, 11 y ccs. de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; arts.1, 3, 6, 22, 25 y ccs. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 11, 12 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 16 y ccs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 3, 11, 26 y ccs. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 2, 1092, 1093, 1378, 1384, 1393, 1394 y ccs. del Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994; arts. 1,3, 37, 53 y ccs. de la Ley 24.240 y mods. y arts. 68, 69, 246, 270 del CPCC).
POR ELLO: 1) Se rechaza el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por la Sra. Velia Mabel Simonetti a través del escrito electrónico de fecha 16/11/2020, 10:10:46, confirmándose, por los motivos expuestos, la resolución de fecha 11 de noviembre de 2020 en cuanto determinó la aplicación de las reglas del proceso sumario para el trámite de la presente causa; 2) Se admite el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por la Sra. Velia Mabel Simonetti, revocándose la resolución de fecha 11 de noviembre de 2020 en cuanto denegó la medida de tutela anticipada solicitada y 3) Se dispone ordenar al Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo responsabilidad de la peticionante y caución juratoria que se tiene por prestada con la expresa manifestación vertida en el escrito electrónico de fecha 09/11/2020, 12:25:46, que en el plazo de cinco días cesen los descuentos a la Sra. Velia Mabel Simonetti, DNI nro. 17.755.129, en su cuenta nro. 5090-003-5122880, vinculados al préstamo acordado por la suma de $258.000 y al adelanto de haberes por la de $9.700. La medida habrá de notificarse al Banco de la Provincia de Buenos Aires por oficio cuya confección y diligenciamiento quedará en cabeza de la interesada. Sin costas, dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 69, 242, 246, 270 del CPCC). Reg. Not. Dev.
Fin de la sentencia