Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122820
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.820, "Sindicatura de Cereales de Arrecifes S.A. (Quiebra) contra Ibáñez, Alejandro Javier y otro. Simulación y acción revocatoria o Pauliana", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Kogan , Pettigiani.
La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Nicolás revocó el fallo anterior que, a su turno, había rechazado las excepciones de prescripción liberatoria opuestas por ambos accionados (v. fs. 243/246).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 256/265 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 284/286 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En carácter de síndico designada en la quiebra de "Cereales de Arrecifes S.A.", en fecha 14 de diciembre de 2015, la contadora pública María Cristina Re promovió demanda de simulación y fraude -en forma subsidiaria- contra la fallida y el señor Alejandro Javier Ibáñez (v. fs. 53 vta. y 37 y vta.).
Precisó que el objeto de la pretensión así entablada consistía en que se declare nulo, por simulación, un contrato de compraventa inmobiliaria oportunamente celebrado por los accionados. Subsidiariamente, se considere fraudulento y, por ende, inoponible a la masa falencial ese acto jurídico celebrado entre Cereales de Arrecifes S.A. como parte vendedora y el señor Alejandro Javier Ibáñez como comprador, conformando el objeto de la venta un bien inmueble inscripto en la matrícula n° 2.942 del Partido de Bartolomé Mitre (010), ubicado sobre la ruta nacional n° 8, km. 179. Precisó a la vez que si bien dicho predio -en el cual se encontraba instalada la planta de silos de la cerealera- había sido adquirido por Ibáñez como comprador "en comisión" para Cerealera Granate S.A. (en formación), al no haber esta aceptado la compra el dominio quedó en cabeza del comisionista. La respectiva escritura n° 189 mediante la que se instrumentó la operatoria fue otorgada el 30 de diciembre de 2005 por ante la escribana María Verónica Lerda de Lembo (v. fs. 37 vta. y sigs.).
En sus respectivas piezas de conteste y en cuanto atañe a la cuestión traída a juzgamiento, ambos accionados opusieron excepción de prescripción liberatoria, conforme los términos y plazos de los arts. 4.030 y 4.033 del Código Civil (v. fs. 85/90 vta. y 134/140).
En la inteligencia de que dichas excepciones eran de puro derecho, el magistrado de origen dispuso llamar autos para resolverlas (v. fs. 199).
En su pronunciamiento, comenzó por establecer la aplicabilidad al caso de los referidos arts. 4.030 y 4.033 del digesto velezano, así como un único plazo bianual (conforme el establecido en el primero de tales preceptos) cuando, como en la especie, ambas acciones (de simulación y fraude) habían sido deducidas en forma indivisible, con invocación de una única causa invalidante (v. fs. 203 y vta.).
En cuanto al punto de partida para el cómputo del señalado plazo prescriptivo, y luego de descartar el conocimiento ficto devengado por la inscripción registral del bien, el juzgador lo ubicó en el día 4 de junio de 2014, fecha de celebración de una audiencia -en el marco del proceso falencial- donde el representante de la fallida había manifestado que Ibáñez era un inversionista que le había prestado dinero a la firma y que en pago de esa deuda se le había entregado en venta y escriturado el inmueble, operatoria concretada hacía diez años (v. copia del acta a fs. 30 vta.). De allí que, no habiendo transcurrido entre tal fecha y la interposición de la demanda el señalado plazo bianual, correspondía rechazar las excepciones opuestas (v. fs. 204 y vta.), descartando, a renglón seguido, los restantes argumentos ofrecidos por los excepcionantes en abono de sus posturas (v. fs. 204 vta./205 vta.).
II. Apelada la decisión por los accionados, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial departamental la revocó e hizo lugar a las referidas excepciones. Declaró, en consecuencia, la prescripción de las acciones, imponiendo las costas a la vencida masa falencial (v. fs. 243/246).
En lo que interesa destacar, comenzó por compartir el criterio del juez anterior en el sentido de que cuando la acción revocatoria se combina con la de simulación, el plazo de prescripción de la primera, que de ordinario opera al año de conocimiento del fraude -conforme el art. 4.033 del Código Civil-, se prolonga hasta los dos años previstos para la simulación (art. 4.030), "... ello, pues de nada valdría aceptar, después del primer año, la subsistencia de la acción de simulación si no sobreviviera también la posibilidad de atacar el acto oculto (Highton, Elena I., en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial. Ed. Hammurabi, T. 6B, pág. 861..." (v. fs. 244).
Por otro lado, consideró que, tratándose de un inmueble, la prescripción por conocimiento del acto debía computarse a partir de la toma de razón en el Registro de la Propiedad Inmueble. Apuntó que, en el caso, dicha inscripción registral se había llevado a cabo el 30 de diciembre de 2005. Y siendo que la presente demanda databa del 14 de diciembre de 2015, correspondía hacer lugar a las excepciones de prescripción opuestas.
A renglón seguido, puso de relieve que los supuestos de hecho ventilados en las causas Ac. 85.250, "Esker" (sent. de 24-V-2006) y C. 99.153, "Roglich" (sent. de 30-VI-2009) de esta Corte -citados en el fallo anterior- diferían del presente, motivo por el que su respectiva normatividad no resultaba aplicable al sub lite; adunó en tal contexto que la venta se había formalizado tres años antes de la fecha fijada para el periodo de sospecha y que no se apreciaba ningún acto de interrupción o suspensión del plazo prescriptivo (v. fs. 244 vta. y 245).
III. Contra este último pronunciamiento se alza la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 961, 962, 3.980, 4.030 y 4.033 del Código Civil; 120 y 124 de la ley 24.522 y de la doctrina legal dimanada de los mencionados antecedentes Ac. 85.250 y C. 99.153. Formula reserva del caso federal (v. fs. 256/265 vta.).
En síntesis, se disconforma con el inicio del plazo prescriptivo estimado por la Cámara en la fecha de toma de razón de la transmisión dominial en el registro de la propiedad inmueble (v. fs. 257 vta. y 258); pone asimismo de resalto, conforme doctrina de esta Corte (causas B. 58.054, "Vicens", sent. de 29-VI-2011 y Ac. 85.232, "M., A. A.", sent. de 1-X-2003), que dicho plazo solo puede comenzar luego de que la respectiva acción se encuentre expedita (v. fs. 258).
Con cita de doctrina especializada precisa que la prescripción de las acciones de autos corre, para los terceros, desde la fecha del conocimiento del acto impugnado y no desde su registración, pues "publicidad no es conocimiento, sino posibilidad de conocer..." (v. fs. 258 y vta.).
Puntualiza que, en el caso, han sido inescindiblemente deducidas las acciones de simulación y fraude -en subsidio-, encontrándose esta última, así ejercida, sujeta al plazo de caducidad de tres años contados desde el decreto de quiebra (art. 124, ley cit.). Siendo que este fue dictado el 21 de abril de 2014, la respectiva acción, entablada el 14 de diciembre de 2015, a su entender no se encontraba prescripta (v. fs. 258 vta. y 259).
En cuanto a la denunciada violación de la doctrina legal sentada en los citados antecedentes de este Tribunal, critica que el juzgador haya descartado su aplicabilidad al caso en razón de diferir los respectivos supuestos de hecho con la hipótesis de autos. Considera que dicho temperamento resulta absurdo pues "... Lo determinante es que se asemejen las situaciones de hecho para que la aplicación del derecho al respecto sea asimilable. En lo concreto de la causa, se trata del análisis de cuándo comienza a computarse el plazo de prescripción en la acción de un tercero que ataca por simulación y revocatoria un acto jurídico que tiene por objeto bienes inmuebles. Esto es, si la publicidad registral de ese acto jurídico es suficiente a los efectos del 'conocimiento del acto' por los terceros, o si, por el contrario, puede demostrarse que ese conocimiento efectivo del acto por parte del tercero ocurrió tiempo después..." (fs. 259 vta.).
Califica -a la vez- de absurda la ponderación de la fecha posterior de las acreencias verificadas en el concurso respecto del acto impugnado, en razón de no ser ello un requisito propio de las acciones de simulación y pauliana ejercidas en el marco de la quiebra (v. fs. 262 y vta.).
Del mismo modo, critica que en el fallo se hubiera puesto de relieve que el acto en cuestión había sido celebrado con anterioridad al periodo de sospecha, ya que lo contrario, esto es, que dicho acto se encontrase "atrapado" en los alcances de dicho periodo, no constituía un requisito para las acciones interpuestas en estas actuaciones (v. fs. 262 vta.).
En cuanto a la relevada ausencia de actos suspensivos o interruptivos de la prescripción, insiste en el erróneo cómputo del hito de inicio del plazo, debiendo tal evaluación, a su entender, haber sido llevada a cabo desde que la acción quedó expedita o desde el comienzo establecido en el marco de la quiebra. Subraya el carácter interruptivo de las diligencias preliminares agregadas por cuerda (v. fs. 262 vta. y 263).
En la misma inteligencia sobre la acción no nacida -o nacida luego del decreto de quiebra-, discrepa con la noción de "consumo" jurídico mencionada por la Cámara en relación al acto jurídico cuestionado (v. fs. 263).
Concluye que el conocimiento del acto, como requisito habilitante de las acciones promovidas, tuvo lugar el 27 de octubre de 2014, al presentar Ibáñez un informe de dominio del inmueble en el expediente principal. Eventualmente, el 4 de junio de igual año, de acuerdo al criterio adoptado por el juez liminar. En adición, reitera y abunda sobre el carácter interruptivo -en los términos del art. 3.986 del Código Civil- de las aludidas diligencias preliminares: "Cereales de Arrecifes S.A. s/concurso preventivo contra Cerealera Granate S.A. Diligencias preliminares" -Expediente 11.879-, actuaciones incoadas el 31 de octubre de 2014 (v. cargo en fs. 1 del respectivo legajo agregado por cuerda). Destaca la buena fe y la imposibilidad de conocimiento previo devengadas por su diligente actuación en el marco del proceso falencial (v. fs. 264 y vta.).
También con invocación de absurdo se queja de que la Cámara no haya reparado en que la presente causa fue impulsada en base al repertorio de acciones de recomposición patrimonial de la quiebra, cuyo decreto habría dado lugar a su respectivo nacimiento, postulando -en consecuencia- la eventual consideración del plazo trienal de caducidad previsto en el art. 124 de la ley 24.522 (v. fs. 264 vta. y 265).
IV. El recurso procede en la medida que seguidamente habré de precisar.
IV.1. Asiste razón a la impugnante en cuanto postula el quebrantamiento de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas Ac. 85.250, "Esker" (sent. de 24-V-2006) y C. 99.153, "Roglich" (sent. de 30-VI-2009).
IV.1.a. En dichos antecedentes, este Tribunal ha expresado que "... a. El art. 4033 del Código Civil establece que 'La acción de los acreedores para pedir la revocación de los actos celebrados por el deudor, en perjuicio o fraude a sus derechos, se prescribe por un año, contado desde el día en que el acto tuvo lugar, o desde que los acreedores tuvieron noticia del hecho'.
Por lo general, el acreedor conoce un negocio jurídico fraudulento después de su celebración, situación que fue prevista por el art. 4033 citado al contemplar la posibilidad de que el cómputo del plazo prescriptivo se inicie a partir del momento en que tuvo noticia del acto, para cuya admisión quien así lo arguye debe acreditar tal circunstancia (conf. Ac. 50.145, sent. 21-XII-1993; Ac. 39.125, sent. de 5-IV-1988).
b. Cuando -como en el caso- el acto que se pretende impugnar es objeto de publicidad registral, si bien la situación se aparece a primera vista como más compleja, no deja de encarrilarse por el sendero arriba señalado.
Es que la oponibilidad frente a terceros que deriva de la inscripción registral (art. 2505 del Código Civil), así como la función de publicidad que se cumple por intermedio del Registro de la Propiedad, al menos a los fines prescriptivos, no consagra una presunción iure et de iure de conocimiento, sino habilita la 'posibilidad de conocer ' [el subrayado me pertenece] .
Como se ha visto, en el específico campo de la pretensión por fraude a los acreedores, la normativa que la disciplina proporciona una solución expresa que permite al accionante demostrar que la información acerca del negocio jurídico enjuiciado fue adquirida con posterioridad a su celebración (art. 4033, C.C.)..." .
IV.1.b. Pues bien, conforme se aprecia, los pasajes transcriptos vierten inequívocamente su contenido sobre el supuesto de la acción revocatoria o pauliana reglada por el art. 961 y concordantes del digesto velezano, hipótesis ciertamente diversa de la ventilada en estos autos en los que se han deducido una acción principal de nulidad por simulación y otra de fraude en forma subsidiaria. La Cámara, si bien se hizo eco de las diferentes plataformas, no lo hizo en punto a la ponderación del "conocimiento del acto" de los legitimados activos -como hito inaugural del plazo prescriptivo- sino en relación a la temporalidad de los respectivos títulos, destacando especialmente que en los supuestos evocados los acreedores eran de fecha anterior a los actos impugnados, mientras que en autos todos los acreedores presentados en el concurso eran de fecha posterior a la inscripción registral del dominio del inmueble (v. fs. 244 vta. y 245).
A esta altura, no resulta ocioso poner de resalto que el conocimiento de los actos que se pretenden simulados o fraudulentos marca, para los terceros, el nacimiento de los plazos prescriptivos fijados por los arts. 4.030 y 4.033 del Código Civil (conf. causa C. 101.953, "Alegre", sent. de 14-IX-2011).
Lo atingente al caso de la doctrina legal transcripta que se reputa vulnerada nos permite dilucidar el momento en que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones de simulación y, eventualmente, fraude, aquí ventiladas: puntualmente, nos da la llave para decidir la naturaleza y carácter de dicho conocimiento. En esta dirección, y sin perjuicio de la elocuencia de los términos evocados, me permito remarcar que para el caso de actos cuyo objeto concierne a derechos reales sobre bienes sujetos a inscripción en un registro público, esta Corte ha interpretado que el conocimiento requerido por la norma respecto de tales actos jurídicos, en cuanto elemento legitimante de la acción deducida por terceros es el "efectivo", esto es, el temporal y sustancialmente conocido materialmente por el impugnante, y no el "ficto", emergente de la respectiva publicidad registral.
Esta solución es la que emerge sin ambages de los señalados antecedentes, cuya aplicabilidad al caso no se ve enervada por las apuntadas diferencias en el factum de los supuestos aquí involucrados, conforme bien lo esgrime la recurrente (v. fs. 258 vta.).
En este sentido, tiene dicho esta Corte que para que se considere aplicable la doctrina legal debe haber similitud entre la situación fáctica y jurídica del juicio que se pretende hacer valer y la del juicio antecedente que se funda como sostenedor de la doctrina. Sabido es que no existe en el ámbito jurídico un caso idéntico a otro: los casos son siempre diferentes en los elementos que lo componen (sujetos, objeto, causa, etc.) y, por otro lado, exigir una identidad tal haría que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad -la función unificadora de la jurisprudencia- perdiera virtualidad, dado que tornaría imposible la aplicación de la doctrina legal a casos semejantes o similares (doctr. arts. 161 inc. 3, apdo. "a", Const. prov.; 278 y 279, CPCC; causas C. 118.704, "Chiariello", sent. de 15-VII-2015 y C. 120.459, "Maffi", sent. de 21-XII-2016).
Lo brevemente expuesto alcanza, con prescindencia de las restantes alegaciones críticas desplegadas en la pieza de alzamiento, para casar el relevado tramo del pronunciamiento en el que, privilegiando el conocimiento ficto derivado de la inscripción registral, tuvo el a quo por prescriptas las acciones incoadas, conforme los términos de las excepciones opuestas (arts. 279 y 289 inc. 1, CPCC).
IV.2. Dicho lo anterior y en observancia del consabido postulado de la apelación implícita o "adhesiva", corresponde analizar los argumentos defensivos cuyo tratamiento ha sido desplazado u omitido por el sentido y alcance de la decisión de grado que se recurre.
IV.2.a. En tal cometido, cabe primeramente reparar en el carácter "indivisible" que para la Cámara revistieron las acciones promovidas en autos, en orden a la unificación de un único plazo bianual de prescripción.
Con apoyo en doctrina de autores, dicho tribunal estimó que correspondía considerar un único plazo bianual de prescripción cuando, como en el caso, la acción revocatoria se "combinaba" con la de simulación (v. fs. 244).
Pero entiendo que no ha sido correcta esta conclusión, conforme lo anticipaban los apelantes al criticar similar criterio plasmado en la decisión de primer grado (v. fs. 211 vta. y 212). En tal sentido, vale de inicio reparar en el propio ensayo doctrinario evocado por el juzgador que, con incuestionable claridad, precisa que el ámbito de aplicación de la interpretación unificadora de ambos plazos de prescripción lo constituyen aquellos supuestos de simulaciones relativas , en cuyo marco el impugnante debería primeramente descorrer el velo del negocio aparente -mostrando la verdadera faz del acuerdo oculto detrás de esa apariencia- para luego, en un segundo paso, atacar por fraude a este último acto. Ello es lógico pues no resultaría razonable la tramitación de un proceso judicial por simulación no prescripta para, una vez desbaratado el engaño, considerar ya extinguida la acción de revocación del acto oculto (Highton, Elena I. en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial , Tomo 6B, Hammurabi, 2001, pág. 861).
El propio síndico actor en autos reproduce idéntica cita en forma integral, destacando que el supuesto aprehendido por los doctrinarios que exponen sobre la cuestión se refiere al caso de la simulación relativa (v. fs. 193 y vta.).
Dicho todo ello, la referencia encarada no tiene cabida en autos, pues en la especie no nos encontramos ante una hipótesis de simulación relativa sino absoluta, en la que la compraventa otorgada en favor de Ibáñez fue tachada de nula por la actora en razón de haberse simulado o, eventualmente, calificada como inoponible por haberse orquestado en fraude de los derechos de la masa. En los términos articulados en la demanda, reitero, se trataría de un único acto jurídico que nada habría tenido de real (arts. 955 y 956, Cód. Civ.) o, en su caso, resultaría inoponible a la masa por haber sido celebrado en perjuicio o fraude de los derechos tutelados por la accionante (conf. art. 961, Cód. cit.).
Descartada, entonces, la hipótesis en que cabría, por excepción, unificar los plazos prescriptivos de las acciones ejercitadas en autos, corresponde seguidamente analizar si cada una de estas se encontraba -o no- prescripta al tiempo de interponerse la presente demanda. Debiendo recordarse, primero, que "La revisión
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