Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 122774
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas de alzada por su orden.
Expte: SI-122774
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 2 Dptal
Juicio: FAGALDE CLAUDIO ESTEBAN Y OTRO/A C/ CHIOZA ROBERTO LUIS Y OTRO/A S/ SIMULACION
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac. 3971 de la Excma. SCBA) se reúnen en Acuerdo telemático continuo los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y GABRIELA ANDREA ROSSELLO , (designada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial nro. 1709 del 29/07/25 y Ac. extraordinario de esta Cámara del 19/09/25), con la intervención del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-122774 , en los autos: “FAGALDE CLAUDIO ESTEBAN Y OTRO/A C/ CHIOZA ROBERTO LUIS Y OTRO/A S/ SIMULACION”.
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C..
1ª) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Gabriela Andrea Rossello
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fecha 28/02/25 es apelada por la parte actora, que expresa agravios el 17/04/25, los que no son contestados.
II.- 1.- La sra. Estela Mendoza y el sr. Claudio Esteban Fagalde promovieron demanda contra el sr. Roberto Luis Chiozza y la sra. María Virgina Fagalde por simulación de las compraventas de la unidad funcional n° 363 (lote 97) y del 50 % indiviso de la unidad funcional nro. 108 (lote 98) del consorcio Club de Campo Estancia La Tradición, sito en Francisco Alvarez, Partido de Moreno, celebradas el 23/05/2001 por escritura pública n° 189 ante el escribano Eduardo Leber.
Dijeron que en 1989 adquirieron la parcela 97 y la mitad de la parcela 98 (contiguas), y desde entonces ejercían la posesión en forma pública, pacífica, continua y sin oposición de terceros. Expresaron que era la vivienda única, de ocupación permanente de la actora Mendoza y también lo fue de Fagalde y de sus dos hijos, y que pagaban la totalidad de los gastos de conservación y mantenimiento (crédito hipotecario, impuestos, expensas del consorcio, gas natural, servicios públicos, televisión por cable, jardinería, etc.).
Continuaron narrando que en 2001 el actor padeció los efectos de la crisis económica del país y le cancelaron la mayoría de sus trabajos de su emprendimiento particular. Como necesitaba financiación y no podía acceder al crédito bancario o particular por ese motivo, le propuso a su hermana María Virgina Fagalde y a su cónyuge Roberto Luis Chiozza celebrar en forma conjunta una venta simulada y un mutuo hipotecario en cabeza de los demandados para poder obtener el dinero que necesitaba.
Dijeron que los accionados accedieron al pedido y ellos se hicieron cargo de todos los gastos y honorarios de la operación, de manera que la simulación fue absoluta. Aclararon que la hipoteca fue parcialmente real dado que ellos afrontaron los pagos de devolución del capital con los intereses; en este caso la simulación fue respecto de quienes tomaron el crédito y lo devolvieron.
Destacaron que no se firmó contradocumento por la confianza existente con motivo del parentesco, y que los demandados no tenían hijos, por lo que los actores eran los eventuales herederos, además de que Chiozza en esa época trabajaba con Fagalde. Aclararon que Chiozza no retiró de la escribanía el título antecedente ni el testimonio de la escritura, y tampoco se tramitó la cancelación de la hipoteca dado que para Fagalde “operaba como resguardo” y para los demandados no revestía interés alguno.
Manifestaron que una vez hecha la escritura la familia Fagalde continuó viviendo en el inmueble y los demandados en su casa de la calle Tulipaneros n° 1742 de Francisco Alvarez. El único ingreso del matrimonio Chiozza provenía de su trabajo como agrimensor, lo que no le permitía ahorrar como para comprar la casa del country. Los demandados eran propietarios de la casa donde vivían, que estaba hipotecada a favor del Bank Boston, luego de 2002 dejaron de pagar las cuotas y les iniciaron una ejecución hipotecaria, que culminó con la subasta y desalojo de la propiedad.
Expresaron que esa pérdida provocó el distanciamiento entre las partes, y también que los demandados durante años estuvieron impedidos de “restituir” la casa de Estancia La Tradición porque estaban inhibidos por el saldo remanente del juicio hipotecario.
Relataron que el consorcio les pidió que firmaran unos papeles para unificar los dos lotes de las unidades funcionales, a lo que Chiozza se negó. Como le explicaron al consorcio lo de la operación simulada, les generaron en 2017 una cuota social de ingreso, que se cobraba a los nuevos propietarios.
Motivados por los requerimiento de la administración el letrado de los actores envió a Chiozza una carta-documento intimándolo a instrumentar el acto que dejara sin efecto la venta simulada, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales, reclamando también por los daños y perjuicios provocados por la negativa a unificar los lotes y por la cuota adicional generada, más los gastos por honorarios. Chiozza contestó negando la simulación e intimándolo a abonar el alquiler por el contrato verbal incumplido. El letrado contestó a su vez negando la relación locativa y recordando los daños generados por su negativa a unificar los lotes y por la cuota adicional ya mencionada.
Finalmente dijeron que hubo un intercambio de cartas documentos con la administración del country, donde ésta reconoció que en 16 años nadie le había informado el cambio de titularidad de los lotes.
Sintetizaron todos los elementos que demostraban la simulación alegada e hicieron reserva de accionar por daños y perjuicios, como de pedir, en el caso de que los demandados triunfaran en el presente juicio, el reintegro de lo pagado por el crédito hipotecario.
2. Corrido el traslado de ley, resultó negativo el intento de notificación de los demandados en el domicilio denunciado, el mismo informado luego por el RNP (Martínez Melo 75 de Moreno). También resultaron infructuosos otras citaciones (Victoria 216 de Moreno, y Tulipaneros 1742 de Francisco Alvarez). Se publicaron edictos, y finalmente se dio intervención al Defensor Oficial.
3. Luego de explicar los intentos frustrados de comunicarse con los accionados, el Defensor Oficial contestó la demanda. Negó todo salvo los instrumentos públicos y la CD del 13/09/17, y dijo que la simulación debía probarse por medio de contradocumento, no siendo justificación suficiente su no existencia debido al vínculo familiar (que no eran de primer grado ni tampoco sólidos, y tampoco la relación laboral denunciada). Destacó que por CD los accionados habían desconocido el carácter simulado de la operación y reafirmado su carácter de propietarios.
3. Producida la prueba y presentado el alegato por la actora, se dictó sentencia rechazándose la demanda, con costas.
Para así decidir, el juez entendió que estaba plenamente probado que la compraventa había sido simulada y el mutuo hipotecario parcialmente en relación a los verdaderos contrayentes del préstamo. No obstante, consideró que la acción no podía prosperar dado que se trataba de una simulación ilícita toda vez que la operación se había hecho para eludir las reglas administrativas que impedían a los actores acceder a préstamos hipotecarios de acuerdo a su situación personal y patrimonial. Por tal motivo utilizaron a los demandados para obtener de una entidad bancaria un préstamo, cuya cancelación no purgaba el perjuicio y la ilicitud original.
Dijo el juez que con tal solución se beneficiaba a los cómplices que se quedaban con el inmueble sin haberlo pagado, pero que la ley elegía el mal menor, impidiendo alegar la propia torpeza para desalentar esta clase de maniobras. Añadió que le causaba malestar fallar de esa manera dado que eran beneficiarios quienes no sólo habían sido cómplices del acto ilícito sino que habían desconocido la simulación sin haber afrontado gasto alguno, pero que era la solución que propiciaba la doctrina. Dijo que el principio de que nadie es oído cuando alega su propia torpeza inspiraba al art. 959 del C.C. y al actual art. 335 del CCC., y que no podía analizarse el contexto del ilícito aún cuando los terceros cuyo interés se tutelaba estuvieran indeterminados y el daño llegara o no a concretarse. Añadió que ninguna relevancia tenía que los actores vivieran en el inmueble o que se hubiese cancelado el mutuo dado que la excepción que la norma preveía era que no pudieran obtener beneficio alguno de la nulidad. Sostuvo que en el caso se intentaba revertir la situación precisamente cuando el perjuicio al banco o a terceros ya se había concretado.
III. El actor Claudio Fagalde, por medio de apoderado, expresa agravios. Argumenta que la simulación no fue ilícita dado que no tuvo por finalidad eludir reglamentaciones estatales para operaciones de crédito, que no eludieron ningún tipo de normativa y que no obtuvieron un crédito hipotecario por parte de una entidad financiera.
Dice que el juez confunde el crédito hipotecario celebrado con un particular (Crespi) sobre los inmuebles de autos con el que habían contraído los demandados con el Bank Boston respecto de su vivienda de la calle Tulipaneros 1742 de Francisco Alvarez (que luego resultó subastada). Por el contrario, en la operación que motiva el juicio el mutuo hipotecario se contrató con la sra. María Cristina Crespi, que fue cancelada en su totalidad por los actores (conf. prueba producida). Expresa que es obvio que al contratarse ese mutuo con una persona particular no se violó normativa bancaria alguna.
Afirma que su parte ha probado acabadamente el carácter simulado de la compraventa de su vivienda, y que la causa fue lícita dado que se obtuvo un préstamo de un particular, el que fue devuelto. O sea, no ha habido perjuicio a terceros. Dice que los demandados “rebeldes” no se han opuesto y que la defensoría no ha producido prueba alguna, no hay terceros interesados que se hayan opuesto, los demandados no iniciaron ningún juicio pese a sus amenazas de desalojo pasados seis años, no hay daños que determinen la antijuridicidad del acto, está justificada la inexistencia de contradocumento por el parentesco entre hermanos, la relación de empleo y la falta de descendientes. Dice que la posesión de la vivienda permaneció siempre en manos de los vendedores y los demandados carecían de capacidad económica para comprarla.
IV. Como ha sido referenciado, el juez rechaza la demanda porque entiende que se trató de una simulación ilícita y el art. 959 del C.C. (vigente a la fecha de la operación) claramente prohibía ejercer la acción para dejar sin efecto el acto si las partes pueden obtener algún beneficio de ello (previsto también en el art.335 del C.C.C.).
El apelante sostiene que no se violó ninguna reglamentación cambiaria (como dice la sentencia) dado que el crédito se contrajo con una persona particular (la sra. María Cristina Crespi), a quien se le devolvió íntegramente el préstamo, como surge del recibo extendido por el Dr. José María Vera de cancelación total de la deuda de fecha 2/04/04 (agregado con la demanda), que fue reconocido por el Dr. José María Vera en contestación a oficio, agregada el 4/07/22 en Cuaderno de Prueba Actora.
Es cierto esto último y surge de la escritura que se cuestiona (n° 189 del 23/05/2001), que la sra. María Cristina Crespi otorgó poder especial al Dr. José María Vera para percibir las cuotas del crédito hipotecario, pero según surge del informe de dominio agregado el 25/11/24 del cuad. de prueba, la hipoteca hasta el día de hoy no ha sido cancelada.
No es un tema menor porque declarar absolutamente simulada la compraventa del 23/05/01 (escritura n° 189) implicaría resolver que los propietarios de los inmuebles son Claudio Esteban Fagalde y Estela Mendoza y no Roberto Luis Chiozza y María Virgina Fagalde, lo que no puede hacerse sin la conformidad expresa de la acreedora hipotecaria María Cristina Crespi, que no ha sido parte en estas actuaciones (litisconsorcio necesario, art. 89 CPCC). La cancelación de una hipoteca requiere ser hecha en escritura pública con la conformidad del acreedor (art. 1184 inc. 11 C.C. y art. 2204 inc. a) C.C.C.)
Ello es suficiente para rechazar la demanda, pero la razón de fondo es la que ha esgrimido el juez. El actor en la demanda dijo que se llevó a cabo la venta simulada porque necesitaba financiación y no podía acceder al crédito debido a los inconvenientes por los que atravesaba. Si ello ocurría era porque el actor tenía deudas impagas y probablemente figuraba en la Central de Deudores del Banco Central y en los organismos autorizados a proveer tal información (Veraz, Nosis). Es decir, tenía acreedores a quienes se pretendió eludir haciendo la venta simulada. Es así que el mismo actor dijo en la demanda que nunca se tramitó la cancelación de la hipoteca que pagó “ya que operaba como resguardo y para los demandados no revestía interés alguno”. Es decir, resguardo de la persecución de acreedores.
Coincido con el juez “a quo” en cuanto a que produce escozor que los demandados, partícipes en el acto simulado ilícito y que no afrontaron los gastos ni el crédito hipotecario (lo cual doy por probado) se queden con el inmueble, pero es la solución inexorable que se desprende del art. 959 del C.C. Entre dos males la ley elige lo que entiende que es el mal menor, ya que, de lo contrario podrían habilitarse actos en fraude de terceros con sólo dejarlos sin efecto pasado un tiempo. En el caso, está reconocido por los propios actores que pretenden obtener un beneficio de la declaración de simulación. Como ha dicho la Sala C de la C.N.Civ., interpretar otra cosa sería una gravísima inmoralidad, significando un verdadero aliciente a para la ilicitud de ciertas simulaciones (sent. del 19/11/98, en TR LaLeyAR/JUR//1864/1998; también: CNCiv., Sala B, sent. del 27/03/01, TR LaLey 20012922). Basta para la ilicitud de la simulación la intención de perjudicar a terceros, aunque se trate de acreedores indeterminados y no esté probado que el daño se haya producido (SC de Mendoza, Sala 1, “Barros c. Barros de Lasanta", sent. del 8/08/95, en TR LaLey AR/JUR/1498/1995).
Por lo expuesto, propugno que se confirme la sentencia apelada, con costas de alzada por su orden por no haber mediado oposición (art. 68 2do. párr. CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
La señora jueza Dra. Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es: Confirmar la sentencia apelada, con costas de alzada por su orden.
ASI LO VOTO.
La señora jueza Dra. Gabriela A. Rossello , por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido..
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de alzada por su orden.
NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-). Y DEVUELVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2026 14:03:54 - IBARLUCIA Emilio Armando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2026 14:13:18 - ROSSELLO Gabriela Andrea - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2026 09:30:55 - LLANOS Maria Marcela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 29/04/2026 11:44:24 hs. bajo el número RS-30-2026 por LLANOS MARIA MARCELA.
Fin de la sentencia