Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5924
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando el pronunciamiento de grado. Con costas a la actora vencida (art. 68/9 del CPCCBA).
2Declarar abstracto el tratamiento del recurso deducido por la codemandada Mónica Ester Santucho contra el rechazo de la excepción de prescripción. Con distribución de costas en el orden causado (SCBA cfme I. 1853, S 14-9-2005; Ac. 79.405 S 14-11-2001; Ac. 89.517 S 17-11-2004).
3Diferir la regulación para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.967).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5924-25 caratulada "VARELA HECTOR LUIS C/ SANTUCHO MONICA ESTER Y OTROS S/ SIMULACION", Expte. N° 67.189 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffía y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffía dijo:
El señor Juez de la anterior instancia falló en la presente rechazando la demanda que instaurara Héctor Luis Varela por cumplimiento de contrato, fraude y/o simulación y, subsidiariamente daños y perjuicios contra Mónica Ester Santucho, Gustavo José Lorenzo y Virginia Grilli, en su carácter de representantes legales de su hijo menor, Valentino Lorenzo y contra Silvina Vanesa Lorenzo y Luana Fica. Aplicando las costas a la parte actora, que resulta vencida y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos.
Mediante las sendas presentaciones de fechas 11/11/2025 y 18/11/2025 apelaron la parte actora y la codemandada Mónica Ester Santucho.
En fecha 8/12/2025 expresó sus agravios la parte accionante, quien solicita replanteo de prueba en esta instancia, rechazado mediante la resolución de este tribunal de fecha 12/2/2026.
A su turno, mediante el escrito de fecha 15/3/2026 expresó sus agravios el Dr. Nicolás Guerrini, en carácter de gestor de la señora Mónica Ester Santucho.
Conferidos los traslados pertinentes, contestó este último el correspondiente a su parte, dejando incontestado el suyo la parte actora, a quien se dio por perdido el derecho dejado de usar.
En fecha 7/4/2026 se dictó el llamamiento de autos, que habiendo adquirido firmeza deja la causa en condiciones de ser fallada. En sustento de su crítica recursiva, la parte actora expone los siguientes puntos de agravio:
1. Nulidad por denegación de prueba testimonial y afectación del derecho de defensa. La actora sostiene que la sentencia adversa fue consecuencia directa de la resolución del 09/04/2025, que habría denegado indebidamente la producción de la prueba testimonial en la audiencia supletoria fijada por resolución del 28/11/2024. Afirma que esa prueba era esencial para acreditar extremos centrales: toma de posesión del inmueble entregado en pago, desapoderamiento, trabajos realizados, obstáculos impuestos por Santucho y Lorenzo, y razones por las cuales Varela no pudo concluir la obra. Plantea, por ello, el replanteo de prueba y la nulidad de la denegatoria y de sus consecuencias.
2. Errónea decisión sobre la prescripción. La actora cuestiona que el juez haya negado efecto suspensivo a las mediaciones, entendiendo que confundió la suspensión derivada de la carta documento del art. 2541 CCyCN con la suspensión propia del trámite de mediación del art. 2542 CCyCN. Sostiene que el plazo debía computarse considerando que hubo mediaciones en distintas etapas, con dos mediadoras, y que el plazo recién se reanudaba desde el cierre de la mediación. También invoca que nunca permaneció inactivo: menciona intercambio epistolar, diligencias preliminares, beneficio de litigar sin gastos y trámites de mediación.
3. Omisión o valoración deficiente de prueba decisiva e imputación incorrecta del incumplimiento contractual. Aduce que el sentenciante ignoró elementos probatorios que, a su juicio, demostraban la magnitud de los trabajos ejecutados por Varela en ambos departamentos. En particular, destaca la pericia técnica practicada en el expediente “Santucho c/ Varela s/ diligencias preliminares” y la pericia rendida el 27/05/2025 en esta causa, ambas vinculadas con los trabajos efectivamente realizados y los pendientes. Asimismo, la actora sostiene que el juez colocó indebidamente sobre Varela la consecuencia de la falta de terminación de la obra, sin ponderar que Santucho debía entregar materiales y abonar $30.000, prestaciones que, según el memorial, eran necesarias para continuar y finalizar los trabajos. El agravio apunta a que la sentencia habría confundido la naturaleza de las obligaciones a cargo de Santucho y habría omitido analizar si el incumplimiento de la demandada fue la causa de la imposibilidad de cumplimiento del actor.
4. Indebido rechazo de las acciones de fraude, simulación e inoponibilidad. La actora cuestiona que no se haya admitido la pretensión dirigida a tornar inoponibles los actos de disposición posteriores sobre los inmuebles. Según su planteo, recién en 2023, a partir de diligencias preliminares e informes registrales, pudo conocer la subdivisión y las donaciones de la nuda propiedad a familiares de Santucho, actos que califica como simulados o fraudulentos y orientados a frustrar el cumplimiento del contrato o el cobro de su crédito.
Como derivación de los agravios anteriores, la actora procura que se revoque el rechazo de la demanda y se admita el cumplimiento contractual; subsidiariamente, que se reconozcan los daños derivados del incumplimiento, la restitución de bienes presuntamente retenidos y los frutos civiles del inmueble del que dice haber sido desposeído. Esta pretensión ya aparece estructurada en la demanda y es retomada como consecuencia lógica del recurso.
A su turno, la parte codemandada Mónica Santucho desarrolla los siguientes puntos de agravio:
1. Erróneo rechazo de la excepción de prescripción.
La codemandada Mónica Ester Santucho dirige su agravio central contra la decisión de primera instancia que rechazó la excepción de prescripción. Sostiene que el juez atribuyó indebidamente efecto interruptivo al beneficio de litigar sin gastos iniciado por el actor el 06/04/2017, pese a tratarse de un trámite incidental que no impedía promover la demanda principal. En esa línea, afirma que el beneficio no constituye una petición judicial idónea para interrumpir la prescripción de la acción sustancial en los términos del art. 2546 del CCyCN, invocando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que niega, en principio, ese efecto al beneficio de litigar sin gastos.
Dentro del mismo agravio, la recurrente añade que, aun cuando se admitiera alguna eficacia interruptiva, ésta no podría extenderse indefinidamente. Señala que el beneficio permaneció inconcluso durante casi nueve años y que no puede aceptarse que un trámite incidental mantenga viva sine die una acción que el actor estaba en condiciones de promover. Desde esa perspectiva, critica que la sentencia haya considerado subsistente la interrupción por el solo hecho de que el beneficio no se encontraba concluido.
También como aspecto integrante del mismo planteo prescriptivo, cuestiona el modo en que fueron ponderadas la carta documento y la mediación prejudicial. Afirma que la interpelación fehaciente sólo pudo suspender la prescripción por una vez y por seis meses, conforme el art. 2541 del CCyCN, y que la instancia de mediación no podía prolongar indefinidamente el plazo, menos aún cuando la vía judicial ya había quedado expedita. Con base en todo ello, concluye que, al momento de interponerse la demanda principal en febrero de 2024, el plazo quinquenal previsto para la acción contractual ya se encontraba vencido.
2. Cuestionamiento a la valoración de la conducta procesal del actor.
La codemandada vincula el planteo de prescripción con la conducta procesal del actor. Sostiene que Varela no estuvo jurídicamente impedido de iniciar la acción principal y, sin embargo, dejó transcurrir un lapso prolongado desde el conflicto contractual originado en 2016 hasta la promoción de la demanda. Para la recurrente, esa inactividad no puede ser neutralizada mediante la invocación de un beneficio de litigar sin gastos inconcluso ni por trámites de mediación extendidos más allá de los plazos legales.
Como consecuencia del planteo anterior, la codemandada sostiene que, prescripta la acción principal por cumplimiento contractual, tampoco correspondería avanzar sobre las pretensiones accesorias o instrumentales vinculadas con el fraude, la simulación o la inoponibilidad de actos jurídicos. En su enfoque, esas acciones carecerían de sustento si el crédito o derecho contractual que el actor pretende proteger ya no resulta judicialmente exigible.
En su hora, la codemandada, al contestar el memorial de la actora, solicita el rechazo del recurso y defiende la solución de primera instancia. En primer lugar, sostiene que el agravio referido a la prueba testimonial no debe ser nuevamente tratado, porque la cuestión ya habría sido resuelta por la Cámara mediante sentencia interlocutoria del 13/02/2026. Desde esa perspectiva, considera que el planteo de reapertura probatoria o nulidad carece de actualidad procesal.
En segundo término, responde el agravio vinculado con la prescripción. Afirma que el plazo aplicable a la acción por cumplimiento contractual es de cinco años y que su cómputo debe iniciarse desde la mora, ubicando ese punto de partida el 24/07/2016. Añade que las mediaciones invocadas por la actora no pueden computarse como sucesivas causas de suspensión, porque ya había mediado una interpelación fehaciente por carta documento y el art. 2541 del CCyCN sólo admite ese efecto “por una sola vez”. También destaca que la mediación prejudicial tiene plazos legales propios —60 días corridos, prorrogables por 15— y que no puede ser utilizada para extender indefinidamente el curso de la prescripción.
Respecto de los restantes codemandados -Gustavo José Lorenzo y Virginia Grilli, en representación de su hijo menor V.L., Silvina Vanesa Lorenzo y Luana Fica-, la contestación sostiene que fue correcto admitir la prescripción en relación con las acciones derivadas del contrato de locación de obra, porque no existía obligación solidaria a su cargo ni actos interruptivos o suspensivos eficaces respecto de ellos. En esa línea, afirma que la ampliación del beneficio de litigar sin gastos y de la demanda contra tales sujetos se produjo recién en 2023, cuando las acciones contractuales ya se encontraban prescriptas.
Finalmente, la codemandada defiende la falta de responsabilidad de Silvina Vanesa Lorenzo y de los demás codemandados ajenos al contrato. En particular, sostiene que Silvina no firmó el contrato, no asumió obligaciones frente al actor y que no se produjo prueba conducente que la vincule con la locación de obra. Bajo ese razonamiento, postula que corresponde mantener la falta de legitimación pasiva y el rechazo de los planteos de la actora dirigidos a extender responsabilidad contractual o resarcitoria a quienes no fueron parte de la relación obligacional invocada. Entrando a resolver, advierto que la cuestión sometida a revisión puede descomponerse en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, de naturaleza procesal y eventualmente condicionante del alcance de la revisión sustancial, radica en determinar si la denegación de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora en la audiencia supletoria importó una afectación relevante del derecho de defensa y del debido proceso, y si ello habilita la reapertura probatoria o la declaración de nulidad pretendida. El segundo aspecto -de carácter preliminar respecto del fondoconsiste en establecer si las acciones promovidas por el actor se encontraban o no prescriptas al tiempo de la promoción de la demanda. Esta cuestión presenta una doble proyección recursiva: por un lado, la parte actora cuestiona que la prescripción haya sido admitida respecto de determinados codemandados; por el otro, la codemandada Mónica Ester Santucho impugna que la sentencia haya rechazado esa misma defensa a su respecto, sobre la base del efecto interruptivo atribuido al beneficio de litigar sin gastos.
Finalmente, para el caso de que las cuestiones anteriores no clausuren total o parcialmente el debate, corresponderá examinar la procedencia sustancial de la pretensión articulada, lo cual comprende determinar si existió incumplimiento contractual imputable a la demandada Santucho, si corresponde ordenar el cumplimiento del contrato o admitir las consecuencias restitutorias o indemnizatorias reclamadas, y si los actos de disposición patrimonial denunciados por el actor justifican la procedencia de las acciones de fraude, simulación o inoponibilidad deducidas en la demanda.
Por razones de orden lógico, el análisis transitará sobre la secuencia indicada, adoptando un tratamiento separado o conjunto de los agravios en función del grado de interrelación que presenten con cada una de esas dimensiones.
Ya ingresando en el epicentro de la primera cuestión, entiendo que el agravio no puede prosperar.
En efecto, la cuestión introducida por el recurrente no permanece abierta al momento del dictado de esta sentencia definitiva, toda vez que el pedido de apertura a prueba en Alzada formulado juntamente con la expresión de agravios ya fue objeto de expreso tratamiento por este Tribunal mediante resolución interlocutoria de fecha 12/02/2026, registrada bajo RR-7-2026. En dicha oportunidad, esta Cámara rechazó el replanteo probatorio articulado por la actora en los términos del art. 255 inc. 2 del CPCCBA, por entender que no se configuraban los supuestos excepcionales que habilitan la producción de prueba en segunda instancia.
Allí se recordó que la apertura a prueba en Alzada tiene carácter excepcional y que el replanteo previsto por el art. 255 inc. 2 del ordenamiento procesal no constituye una vía destinada a remediar la falta de diligencia de la parte en la producción oportuna de los medios probatorios ofrecidos, sino un mecanismo de revisión de aquellas decisiones que hubieren denegado indebidamente una prueba o declarado mal su negligencia. Bajo esa pauta, el Tribunal concluyó que la situación verificada en autos no encuadraba en ninguno de esos supuestos.
En particular, se ponderó que la parte oferente no había solicitado de modo expreso que los testigos fueran citados por el órgano jurisdiccional, ni había acreditado haber cumplido personalmente con dicha carga en tiempo y forma. En consecuencia, se juzgó aplicable la regla del art. 432 del CPCCBA, según la cual, si la parte no requiere la citación judicial del testigo, asume la carga de hacerlo comparecer a la audiencia, y su incomparecencia injustificada habilita a tenerlo por desistido.
También fue expresamente considerado el argumento central de la actora relativo al alcance de la audiencia supletoria prevista por el art. 429 del CPCCBA. Al respecto, este Tribunal sostuvo que dicha audiencia presupone necesariamente la existencia de una citación válidamente diligenciada y no releva a la parte oferente de la carga procesal que pesa sobre ella cuando no solicitó la citación por intermedio del juzgado. De allí que la fijación de una fecha supletoria no habilitara, por sí sola, la producción de la prueba testimonial cuando la frustración del acto encontraba causa en la omisión de la propia parte interesada.
Por lo demás, en la resolución interlocutoria ya dictada se examinó la incidencia de las constancias médicas acompañadas por la actora para justificar la inasistencia de algunos testigos, concluyéndose que aquéllas habían sido agregadas con posterioridad a la primera audiencia y que, aun consideradas, no resultaban idóneas para subsanar el incumplimiento previo de la carga de citación ni para desplazar las consecuencias procesales derivadas de esa omisión.
En tales condiciones, la pretensión de reeditar en esta etapa el debate relativo a la producción de la prueba testimonial encuentra obstáculo en lo ya decidido por esta Alzada dentro del mismo trámite recursivo. Admitir un nuevo tratamiento pleno de la cuestión importaría desconocer los efectos de la preclusión procesal y la estabilidad de las decisiones adoptadas durante la sustanciación del recurso.
Tampoco puede prosperar el planteo de nulidad que la actora enlaza con aquella denegatoria. La nulidad procesal no procede por la sola invocación genérica de una afectación del derecho de defensa, sino que exige la acreditación de un vicio concreto, un perjuicio cierto y la demostración de que la irregularidad denunciada haya privado efectivamente a la parte de ejercer una defensa útil. En el caso, tales extremos ya fueron descartados por este Tribunal al resolver que la decisión del juez de grado contaba con fundamento normativo suficiente y que no configuraba arbitrariedad, rigorismo formal ni violación del debido proceso. En rigor, la invocación actual de la nulidad no introduce una cuestión sustancialmente diversa de la ya examinada, sino que procura reeditar bajo otro encuadre formal el mismo planteo relativo a la supuesta indebida frustración de la prueba testimonial. El cambio de rótulo -de replanteo probatorio a nulidad procesal- no altera la identidad del agravio ni habilita un nuevo examen de una cuestión que fue expresa y concretamente resuelta por esta Alzada. Admitir lo contrario importaría permitir que una parte, mediante la sola reformulación nominal de su pretensión, eluda los efectos de la preclusión y mantenga indefinidamente abierto un debate procesal ya clausurado.
Y reiteradamente este Tribunal ha dicho que "si la providencia o resolución contra la que se deduce el recurso de apelación denegado, es consecuencia de una anterior que se halla firme y consentida, aquel remedio deviene improcedente por imperio del principio de preclusión (arg. art. 36 inc.1, 155, 242 del CPCC)" (Confr. este Tribunal causas 505-10 RSI 10/11; 847-11 RSI 13/11; 975 RSI 108/11, ent. ots.).
Por ello, corresponde rechazar el primer agravio de la parte actora y mantener la validez del trámite cumplido, debiendo examinarse las restantes cuestiones sometidas a revisión sobre la base del material probatorio regularmente incorporado a la causa, sin perjuicio de las facultades instructorias que el Tribunal conserva en los términos del art. 36 inc. 2 del CPCCBA.
II. Superado el planteo procesal examinado en el apartado anterior, corresponde ingresar en el tratamiento de la crítica que la parte actora dirige contra la parcela de la sentencia que admitió la excepción de prescripción opuesta por Gustavo José Lorenzo y Virginia Grilli -en representación de su hijo menor V.L.-, Silvina Vanesa Lorenzo y Luana Fica, respecto de las pretensiones derivadas del contrato de locación de obra. A fin de encuadrar conceptualmente la cuestión en ciernes, he de referir, es dable señalar que la prescripción liberatoria suscita algunos de los problemas más delicados de la teoría general del derecho privado. Aunque su régimen aparece estructurado sobre bases normativas relativamente definidas, su aplicación concreta dista mucho de desenvolverse en un terreno de certezas. Antes bien, son numerosas las cuestiones interpretativas que se presentan en torno a sus presupuestos, su funcionamiento y sus efectos, especialmente cuando se trata de precisar el alcance de las reglas que gobiernan el curso del plazo prescriptivo. Dentro de ese conjunto de dificultades, una de las más relevantes se vincula con la determinación de su término inicial. El interrogante acerca de cuándo comienza a correr la prescripción excede, en verdad, la mera individualización de una fecha y remite a un problema jurídico de mayor complejidad: establecer en qué momento el derecho se encuentra en condiciones de ser efectivamente ejercido. Es allí donde la aparente claridad de las fórmulas legales cede frente a una casuística particularmente sensible, atravesada por matices que impiden cualquier respuesta puramente mecánica.
La cuestión adquiere singular importancia práctica. No son pocos los litigios en los que la suerte misma de la pretensión depende, en definitiva, de la respuesta que se otorgue a ese problema preliminar. De ahí que la identificación del dies a quo no constituya un aspecto secundario o accesorio dentro del régimen de la prescripción, sino uno de sus núcleos más decisivos, tanto desde el plano dogmático como desde la praxis judicial. El curso de la prescripción puede verse afectado por determinados acontecimientos a los que el ordenamiento atribuye eficacia modificatoria, sea para detener transitoriamente su avance, sea para borrar el tiempo ya transcurrido y hacer nacer un nuevo plazo. Por ello, la correcta solución del planteo exige examinar no sólo cuándo comenzó a correr el término legal, sino también si durante su desarrollo se verificaron actos o situaciones con aptitud suspensiva o interruptiva.
Entre tales institutos, la suspensión ocupa un lugar particular, pues no desconoce el tiempo ya consumido ni hace recomenzar íntegramente el plazo, sino que neutraliza temporalmente su curso mientras subsiste la causa legal que la justifica. De allí que su estudio resulte inescindible del problema del dies a quo: sólo una vez determinado que el plazo comenzó a correr, corresponde verificar si alguna circunstancia jurídicamente relevante impidió que ese curso continuara produciendo efectos útiles para prescribir.
La suspensión de la prescripción importa la paralización de su curso por causas contemporáneas o sobrevinientes a su comienzo y contempladas en la ley. Mientras actúa la causa de la suspensión, el lapso que transcurre es inútil para prescribir; pero el cómputo del plazo se reanuda cuando la causa cesa, sumándose el lapso restante al transcurrido con anterioridad (HERRERA, Marisa; CARAMELO, Gustavo D.; PICASSO, Sebastián -dirs.-, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. VI, 2ª ed. actualizada, Buenos Aires, Ediciones SAIJ-Infojus, 2022).
Su razón de ser es que la inactividad por parte del acreedor, que traería aparejada la extinción de la obligación, podría deberse o ser consecuencia de una imposibilidad material o jurídica de obrar, por lo que no sería justo castigar su pasividad con la pérdida del derecho a reclamar. Por ello, considerar las causas de suspensión, implica la posibilidad de justificar adecuadamente la inactividad del acreedor.
El CCyC conserva la mayoría de las causales de suspensión del Código de Vélez, eliminando algunas como la suspensión de las acciones contra un tercero que pudieran afectar a uno de los cónyuges, la suspensión del término de la prescripción de la acción civil si se hubiera deducido querella criminal contra los responsables del hecho. Mientras tanto, incorpora otras, como la suspensión entre los incapaces y aquellos con capacidad restringida y sus padres, y la suspensión de la acción de la persona jurídica con sus administradores o integrantes de sus órganos de fiscalización mientras duran en su cargo.
Ahora bien, tanto la suspensión como la interrupción se encuentran sujetas a límites objetivos y subjetivos. En lo que aquí interesa, no basta con verificar que el actor haya desplegado alguna actividad judicial, extrajudicial o prejudicial vinculada con el conflicto, sino que debe determinarse frente a quién fue dirigida y si, conforme al régimen legal, sus efectos podían proyectarse sobre quienes luego fueron incorporados al proceso. Esta precisión resulta decisiva, pues los actos suspensivos o interruptivos no operan de modo expansivo e indiscriminado respecto de todos los sujetos eventualmente relacionados con la controversia. En ese sentido, los arts. 2540 y 2549 del CCyCN receptan, respectivamente, la relatividad subjetiva de la suspensión y de la interrupción de la prescripción. El primero dispone que la suspensión no se extiende a favor ni en contra de los interesados, salvo que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles; el segundo establece una regla análoga para la interrupción. De allí que, salvo los supuestos legalmente previstos, los efectos derivados de una interpelación, mediación, demanda o petición judicial sólo alcanzan a los sujetos respecto de quienes el acto fue eficazmente cumplido.
Enmarcada la cuestión sobre esa base, el agravio de la actora no logra conmover el fundamento central de la decisión apelada. Aun cuando pudiera admitirse -en abstracto- que la mediación prejudicial produce un efecto suspensivo autónomo en los términos del art. 2542 del CCyCN, o que determinadas actuaciones judiciales puedan revelar la voluntad de no abandonar el derecho, ello no resuelve el punto dirimente: los actos invocados por Varela no fueron oportunamente dirigidos contra Gustavo José Lorenzo y Virginia Grilli, en representación del menor V.L., Silvina Vanesa Lorenzo y Luana Fica, ni se ha demostrado que éstos revistieran la condición de obligados solidarios o indivisibles respecto de la prestación contractual reclamada.
Enmarcada la cuestión sobre la base de estos parámetros generales, estamos en condiciones de afirmar que el agravio transita, en lo sustancial, por dos líneas argumentales. Por un lado, el recurrente sostiene que el juez de grado confundió el efecto suspensivo derivado de la interpelación fehaciente prevista por el art. 2541 del CCyCN con el efecto propio de la mediación prejudicial regulado por el art. 2542 del mismo ordenamiento, norma que -según afirma- dispone que el plazo de prescripción se reanuda recién a partir de los veinte días contados desde que el acta de cierre del procedimiento se encuentra a disposición de las partes. Por otro lado, invoca una serie de actuaciones -intercambio epistolar, diligencias preliminares, beneficio de litigar sin gastos y sucesivas mediaciones- para sostener que nunca permaneció inactivo ni abandonó el ejercicio de su derecho.
Ahora bien, aun cuando pudiera compartirse parcialmente la crítica relativa a la autonomía normativa del art. 2542 del CCyCN -en cuanto regula específicamente la suspensión de la prescripción por pedido de mediación-, ello no resulta suficiente para revertir la solución adoptada respecto de los codemandados ajenos al contrato de locación de obra. Es que el punto dirimente no radica solamente en determinar si la mediación pudo o no producir efectos suspensivos en abstracto, sino en establecer contra quiénes se promovieron los actos con aptitud suspensiva o interruptiva y si tales efectos podían proyectarse subjetivamente sobre quienes no fueron parte de ellos.
Desde esa perspectiva, la sentencia apelada estructuró su decisión sobre una premisa que no ha sido eficazmente desvirtuada: en lo concerniente a la acción por cumplimiento contractual, el beneficio de litigar sin gastos promovido en el año 2017 fue dirigido contra Mónica Ester Santucho, mientras que la ampliación respecto de Gustavo José Lorenzo y Virginia Grilli, en representación del menor V.L., fue recién del 10/05/2023. A su vez, el juez destacó que no existía obligación solidaria a cargo de esos codemandados ni actos previos con aptitud para suspender o interrumpir la prescripción a su respecto.
Este aspecto resulta decisivo. El art. 2549 del CCyCN mantiene el principio de relatividad subjetiva de la interrupción de la prescripción, de modo que ésta no se extiende a favor ni en contra de otros interesados, salvo los supuestos legalmente previstos, entre ellos las obligaciones solidarias o indivisibles.
En el caso, la pretensión de cumplimiento contractual reconoce como fuente inmediata el contrato de locación de obra celebrado entre Varela y Santucho; los restantes codemandados no aparecen como partes de dicho contrato ni como obligados solidarios a su cumplimiento. La eventual intervención posterior en actos de disposición patrimonial podrá tener relevancia para las acciones de fraude, simulación, inoponibilidad o daños derivados de tales actos, pero no convierte retroactivamente a esos sujetos en deudores contractuales de la prestación principal.
Tampoco modifica esa conclusión la invocación genérica de la falta de inactividad del actor. La prescripción no se neutraliza por cualquier actividad extrajudicial o judicial vinculada de modo amplio con el conflicto, sino por aquellos actos a los que la ley asigna aptitud suspensiva o interruptiva y en la medida subjetiva en que han sido dirigidos. Por ello, aun si se computaran las actuaciones realizadas frente a Santucho, tal circunstancia no bastaría para proyectar sus efectos sobre codemandados que no fueron oportunamente interpelados, citados a mediación o demandados dentro del plazo legal.
En ese marco, la crítica de la actora aparece insuficiente para conmover el fundamento central de la decisión apelada. El memorial insiste en que existieron mediaciones y actuaciones judiciales que demostrarían una voluntad persistente de reclamar, pero no demuestra que, antes del vencimiento del plazo quinquenal aplicable a la acción contractual, se hubiera producido un acto suspensivo o interruptivo eficaz respecto de Gustavo José Lorenzo y Virginia Grilli -en representación del menor V.L.-, Silvina Vanesa Lorenzo o Luana Fica. Tampoco acredita la existencia de una relación obligacional solidaria o indivisible que permitiera extenderles los efectos de los actos cumplidos contra Santucho.
Distinto es el plano de las acciones de fraude, simulación o inoponibilidad. Allí la propia sentencia rechazó las excepciones de prescripción, al considerar que el actor tomó conocimiento de los actos de disposición cuestionados en el marco de las diligencias preliminares promovidas en 2023 y que, al momento de interponerse la demanda el 05/02/2024, no había transcurrido el plazo bienal previsto para ese tipo de pretensiones. Por ello, el rechazo del agravio en materia contractual no implica clausurar el examen de aquellas acciones autónomas, sino únicamente confirmar que los codemandados ajenos al contrato no pueden quedar alcanzados por una acción de cumplimiento o daños contractuales ya prescripta a su respecto.
En consecuencia, corresponde desestimar el segundo agravio de la parte actora y confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Gustavo José Lorenzo y Virginia Grilli -en representación del menor V.L.-, Silvina Vanesa Lorenzo y Luana Fica, respecto de la acción de cumplimiento contractual y de los daños derivados de ese incumplimiento, sin perjuicio del tratamiento que corresponda otorgar a las acciones de fraude, simulación, inoponibilidad y daños derivados de tales actos.
III. Transitando al agravio vinculado con la cuestión de fondo, cabe señalar que la parte actora cuestiona la sentencia en cuanto tuvo por no acreditado el incumplimiento culpable de la codemandada Santucho y, sobre esa base, rechazó la pretensión de cumplimiento contractual. El recurrente sostiene, en lo medular, que el juez de grado omitió valorar adecuadamente las pruebas producidas -en especial las pericias técnicas realizadas en las diligencias preliminares y en estos autos- y que confundió la naturaleza de las prestaciones a cargo de Santucho, particularmente en lo relativo a la entrega de materiales y al aporte dinerario de $30.000 previsto en el contrato.
Adelanto que el agravio no puede prosperar.
En primer lugar, corresponde dejar sentado que la crítica del apelante vuelve a apoyarse, en buena medida, en la frustración de la prueba testimonial con la que pretendía acreditar los obstáculos que -según su versión- Santucho habría generado para impedir la conclusión de la obra. Sin embargo, tal como fue expuesto al tratar el agravio correspondiente al punto I, esa cuestión procesal ya fue resuelta por esta Alzada mediante resolución interlocutoria del 12/02/2026, oportunidad en la que se rechazó el replanteo probatorio y se concluyó que la falta de producción de la testimonial respondía al incumplimiento de cargas procesales de la propia parte oferente. Por ello, no resulta posible reintroducir indirectamente ese debate bajo la forma de una crítica a la valoración probatoria de la sentencia definitiva.
Despejado ello, la cuestión debe resolverse a partir del material regularmente incorporado a la causa. Y en tal terreno, si bien las constancias periciales permiten tener por acreditado que se realizaron determinados trabajos en los inmuebles involucrados, ello no basta para demostrar el presupuesto decisivo de la pretensión: que la falta de conclusión de la obra haya obedecido a un incumplimiento jurídicamente imputable a Santucho. La existencia de trabajos ejecutados y de tareas pendientes no equivale, por sí sola, a la prueba de que el comitente haya impedido su finalización, haya retenido materiales indispensables o haya incurrido en una conducta obstructiva causalmente adecuada para justificar el incumplimiento del contratista.
La pericia invocada por el apelante, en cuanto señala que “para poder terminar los trabajos de arquitectura se deben tener los materiales necesarios para su realización”, expresa una conclusión técnica de carácter general, difícilmente controvertible en abstracto, pero insuficiente para acreditar el concreto incumplimiento atribuido a Santucho. En efecto, de esa afirmación no se sigue necesariamente que la demandada haya omitido entregar materiales cuya provisión estuviera a su cargo, ni que esa omisión haya sido la causa determinante de la paralización o inconclusión de la obra. La prueba pericial puede ilustrar sobre el estado constructivo, las tareas realizadas, las pendientes y la necesidad material de contar con insumos, pero no suple la carga de acreditar los hechos jurídicos fundantes del incumplimiento imputado a la contraparte.
Tampoco se advierte error decisorio en la ponderación del plazo contractual. La sentencia destacó que el contrato contenía un plazo expreso de ocho meses y que la afirmación del actor relativa a un supuesto “objetivo aspiracional” no fue respaldada por prueba suficiente. Esta conclusión luce ajustada al principio general de carga probatoria, pues quien pretende apartarse del tenor literal de una cláusula contractual clara debe aportar elementos convictivos idóneos que justifiquen esa lectura. La sola alegación de una inteligencia distinta del contrato no alcanza para modificar el alcance obligacional emergente del instrumento suscripto por las partes. En ese sentido, los arts. 1061, 1063 y 1064 del CCyCN imponen interpretar el contrato conforme a la intención común de las partes y al principio de buena fe, atribuyendo a las palabras empleadas el sentido que les da el uso general -salvo que tengan un significado específico según la ley, el acuerdo de partes o los usos y prácticas del lugar de celebración- y comprendiendo las cláusulas unas por medio de las otras, según el sentido apropiado al conjunto del acto. Bajo esas pautas, la referencia contractual a un plazo de ocho meses no puede ser degradada a una mera aspiración programática por la sola afirmación posterior de una de las partes, sin apoyo probatorio bastante que permita reconstruir una intención común distinta de la exteriorizada en el documento.
A ello se suma que la interpretación contractual debe preservar la eficacia del acto y proteger la confianza y la lealtad negocial, de conformidad con las reglas que informan los arts. 1066 y 1067 del CCyCN. Por consiguiente, cuando las partes instrumentaron un plazo determinado dentro de un contrato bilateral y conmutativo, corresponde asignarle un sentido operativo compatible con la economía general del acuerdo, salvo prueba convincente de que ambas lo concibieron de otro modo.
En esa misma línea, la circunstancia de que Santucho debiera aportar determinados materiales o una suma de dinero no eximía automáticamente al actor de acreditar, con precisión, cuáles eran las prestaciones omitidas, cuándo debieron ser cumplidas, de qué manera fueron reclamadas y en qué medida su falta impidió la ejecución de los trabajos a cargo de Varela. La sentencia observó que, respecto de la provisión de materiales y del aporte de $30.000, el contrato no establecía un momento específico de cumplimiento; y, aun cuando pudiera inferirse que tales prestaciones debían integrarse dentro de la dinámica temporal de la obra, ello no libera al actor de probar el incumplimiento concreto y su incidencia causal sobre la imposibilidad de finalizar los trabajos. A mayor abundamiento, cabe adicionar que la tardanza en constituir formalmente en mora a la demandada opera como un elemento de juicio que relativiza la entidad del incumplimiento denunciado. En un contrato bilateral de ejecución material progresiva, si una de las partes afirma haber visto impedida la continuación de sus prestaciones por incumplimientos esenciales de la contraria, resulta esperable —según el curso ordinario de las relaciones negociales y las reglas de buena fe— que exteriorice oportunamente su disconformidad y requiera el cumplimiento de modo fehaciente. La ausencia de una reacción formal contemporánea no impide tener por configurado un incumplimiento si éste se acredita por otros medios, pero, en el caso, refuerza la insuficiencia probatoria advertida respecto de la relación causal entre las omisiones imputadas a Santucho y la inconclusión de la obra.
Desde esta perspectiva, podemos entonces aseverar que la crítica recursiva no logra desvirtuar el núcleo de la decisión apelada. El memorial enfatiza la magnitud de los trabajos que Varela dice haber ejecutado, pero no demuestra que el rechazo de la demanda se haya fundado en una omisión valorativa decisiva. Entiéndase bien, la sentencia no desconoció sin más la existencia de obras; lo que consideró no acreditado fue que la falta de cumplimiento total del contrato respondiera a una conducta imputable a Santucho. Esa distinción resulta central: una cuestión es probar que se hicieron trabajos y otra, distinta, probar que el incumplimiento final del programa contractual es imputable subjetivamente (por culpa o dolo) a la contraparte.
Ello se vincula directamente con la regla general del art. 375 del CPCCBA, conforme la cual incumbe la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido y, en particular, a quien invoca el presupuesto de hecho de la norma que pretende aplicar. En el caso, era la actora quien debía acreditar no sólo la ejecución parcial de los trabajos, sino también los hechos constitutivos de la responsabilidad atribuida a Santucho: esto es, el incumplimiento de las prestaciones a su cargo, su aptitud causal para impedir la terminación de la obra y la consecuente imputabilidad del resultado contractual frustrado.
La misma solución se desprende de los arts. 1734 y 1736 del CCyCN. El primero asigna la carga de probar los factores de atribución a quien los alega, salvo disposición legal en contrario; el segundo establece que la carga de probar la relación de causalidad corresponde a quien la invoca, excepto que la ley la impute o presuma. Por ello, aun cuando pudiera tenerse por acreditada la existencia de determinados trabajos realizados por Varela, ello no bastaba para desplazar sobre Santucho la responsabilidad por la inconclusión de la obra sin una prueba suficiente del nexo causal entre las omisiones que se le atribuyen y el resultado incumplido.
Por lo demás, la prueba invocada por la demandada al contestar el memorial también pone de relieve que la obra no fue concluida conforme a lo convenido, señalándose la existencia de múltiples trabajos pendientes en el inmueble de calle Italia 956, entre ellos tareas relativas al frente, cloacas, bajadas de tanque, colocación de tanque nuevo, solución de humedad, contrapiso del patio y construcción de dependencias en planta alta. Aun cuando esas referencias deban ser valoradas dentro del conjunto probatorio, contribuyen a confirmar que el eje del debate no se reduce a la existencia de algunas mejoras, sino a la ausencia de prueba suficiente acerca de la responsabilidad de Santucho en la inconclusión contractual. Ello adquiere especial relevancia cuando, como aquí ocurre, el incumplimiento invocado se inserta en el marco de una relación contractual bilateral y conmutativa, en la que las prestaciones de una y otra parte se encuentran recíprocamente vinculadas. En este tipo de vínculos, no basta con demostrar aisladamente la existencia de trabajos realizados ni la subsistencia de tareas pendientes, sino que resulta necesario establecer, con suficiente grado de certeza, cuál de las partes quebró primero el equilibrio funcional del contrato y si ese incumplimiento tuvo entidad causal bastante para justificar la conducta posterior de la contraria. Desde tal perspectiva, quien pretende atribuir responsabilidad contractual a su cocontratante debe acreditar no sólo la existencia del contrato y de la prestación comprometida, sino también el incumplimiento jurídicamente imputable de la contraparte, la relación causal entre esa conducta y el daño o frustración del interés contractual alegado, y -cuando corresponda- su propio cumplimiento, principio de cumplimiento u ofrecimiento serio de cumplir.
Ello se corresponde con la lógica propia de los contratos bilaterales, en los que el ordenamiento admite que una parte suspenda su prestación si la otra no cumple u ofrece cumplir la suya, conforme la regla que informa el art. 1031 del CCyCN, sin perjuicio de las restantes normas que disciplinan los efectos del incumplimiento contractual.
De allí que la prueba de trabajos parciales en favor del actor no resulte, por sí sola, decisiva para tener por configurada la responsabilidad de Santucho. Era preciso demostrar que la inconclusión del contrato no obedeció al propio incumplimiento o abandono de la obra por parte de Varela, sino a una conducta previa, relevante y causalmente adecuada de la demandada, consistente en omitir la provisión de materiales, impedir el acceso a la obra o incumplir prestaciones esenciales a su cargo. Ausente esa demostración, la pretensión recursiva queda reducida a una reconstrucción unilateral de la dinámica contractual, insuficiente para desplazar las consecuencias que emergen de las reglas generales sobre carga de la prueba, factor de atribución y relación causal.
En consecuencia, no advierto que el juez de grado haya incurrido en un error de valoración probatoria que justifique modificar lo decidido. El agravio se apoya en una lectura parcial de la prueba técnica y en una reconstrucción fáctica que no encuentra respaldo suficiente en los elementos regularmente incorporados al proceso. Por ello, corresponde desestimar esta parcela del recurso y confirmar el rechazo de la pretensión de cumplimiento contractual.
IV. Transitando al agravio vinculado con las acciones de fraude, simulación e inoponibilidad, cabe recordar que la sentencia de grado, antes de ingresar al análisis de la prescripción de esta parcela de la pretensión, efectuó una necesaria labor de encuadre jurídico.
En tal sentido, sostuvo que, más allá de las referencias efectuadas por el actor a la simulación, el contenido sustancial de la demanda no revelaba la existencia de un acto aparente que encubriera otro real, sino la denuncia de actos de disposición patrimonial que habrían sido realizados con la finalidad de frustrar el derecho que Varela invoca como acreedor. De allí que el juzgador concluyera que no se estaba, propiamente, frente a una acción de simulación, sino ante una acción de fraude orientada a obtener la declaración de inoponibilidad de determinados actos jurídicos. Entiendo que tal encuadre luce correcto. La simulación, en los términos del art. 333 del CCyC, presupone una divergencia deliberada entre la voluntad real y la declaración exteriorizada, sea porque se encubre el carácter jurídico del acto, porque se introducen cláusulas o fechas no sinceras, o porque se transmiten derechos a personas interpuestas. Nada de ello aparece suficientemente configurado en el caso. El propio planteo de la actora parte de reconocer la existencia formal de donaciones realizadas por Santucho a favor de sus familiares; lo que cuestiona no es tanto que esos actos oculten otro negocio distinto, sino que habrían sido celebrados para sustraer bienes de la garantía patrimonial común y dificultar el cumplimiento del contrato o el cobro de los daños pretendidos. Ese razonamiento desplaza el eje hacia la acción de inoponibilidad por fraude, y no hacia la nulidad por simulación.
Ahora bien, aun bajo esa calificación más favorable al planteo del actor, el agravio no puede prosperar. La acción de fraude regulada en los arts. 338 y siguientes del CCyC presupone, como punto de partida, la existencia de un crédito o derecho patrimonial tutelable cuya eficacia pueda verse comprometida por el acto de disposición impugnado. No se trata de una acción abstracta dirigida a revisar la conveniencia, oportunidad o justicia familiar de los actos de transmisión patrimonial, sino de un remedio de conservación de la garantía del acreedor. Por ello, si no se acredita la existencia de un crédito exigible o de un derecho sustancial frustrado por la conducta del deudor, desaparece el presupuesto que justifica declarar la inoponibilidad.
Y es precisamente allí donde el agravio encuentra su principal obstáculo. Conforme lo desarrollado en el tratamiento de la pretensión contractual, la parte actora no logró demostrar que la inconclusión del contrato de obra obedeciera a un incumplimiento jurídicamente imputable a Santucho. Tampoco acreditó, con el grado de certeza exigible, que conservara un derecho actual a obtener la escrituración del inmueble o una indemnización derivada de la conducta contractual atribuida a la demandada. La existencia del contrato y la realización de ciertos trabajos no bastan, por sí solas, para erigir al actor en acreedor de una prestación incumplida si no se prueba, además, el incumplimiento causalmente relevante de la contraparte.
Desde esta perspectiva, las donaciones invocadas por el actor -aun cuando hayan sido celebradas con posterioridad al conflicto contractual y dentro del ámbito familiar de Santucho- no pueden ser declaradas inoponibles sólo sobre la base de una sospecha o de la mera secuencia temporal de los acontecimientos. La proximidad familiar de los beneficiarios, la reserva de usufructo o la posterior subdivisión del inmueble pueden constituir indicios a valorar, pero no sustituyen la carga probatoria que pesaba sobre el actor en orden a demostrar la existencia del crédito protegido, el perjuicio concreto derivado del acto y la relación funcional entre la disposición patrimonial y la frustración de su derecho (cf. art. 338 del CCyC).
Insisto, la acción de fraude o de declaración de inoponibilidad presupone, como recaudo básico, la existencia de un crédito o derecho patrimonial que pueda ser afectado por el acto de disposición impugnado. Así surge del art. 339 del CCyCN, que exige, como requisitos de procedencia, que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado -salvo fraude a futuros acreedores-, que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor y, tratándose de actos onerosos, que quien contrató con el deudor haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba esa insolvencia. A su vez, el art. 342 del mismo cuerpo legal precisa que la declaración de inoponibilidad sólo beneficia al acreedor que la promueve y en la medida de su crédito.”
De allí que no baste con la mera sospecha derivada de la transmisión patrimonial dentro del grupo familiar ni con la secuencia temporal de los actos. A diferencia de la simulación, que presupone una apariencia negocial disociada de la voluntad real, el fraude a los acreedores parte de un acto real, pero impugnado por su aptitud para perjudicar la garantía patrimonial del acreedor. Por eso, la procedencia de la inoponibilidad exige la comprobación del crédito, del perjuicio patrimonial y de los restantes extremos previstos por el art. 339 del CCyCN.
A lo dicho se suma que la propia demanda revela que la inoponibilidad fue articulada en función de recomponer el patrimonio de quien el actor identifica como su deudora, para hacer posible el cumplimiento contractual o, subsidiariamente, la reparación de los daños reclamados. Ergo, descartada la procedencia de la pretensión principal de cumplimiento y no acreditados los presupuestos de la responsabilidad contractual invocada, la acción de fraude queda privada de su soporte sustancial. En otras palabras, no puede declararse inoponible un acto de disposición para garantizar un crédito cuya existencia, exigibilidad o fuente de responsabilidad no ha sido demostrada en el proceso.
Tampoco resulta suficiente la alegación de que el actor habría tomado conocimiento de las donaciones recién en el marco de las diligencias preliminares promovidas en 2023. Ese dato fue relevante para rechazar la excepción de prescripción de la acción de fraude, pues el plazo bienal del art. 2562 del CCyC comienza a computarse desde que se conoció o pudo conocerse el vicio del acto, conforme el art. 2563 inc. f del mismo ordenamiento. Pero una cuestión es que la acción no se encuentre prescripta y otra, muy distinta, es que se encuentren reunidos sus presupuestos de procedencia. La ausencia de prescripción no suple la falta de prueba sobre el crédito, el perjuicio y la finalidad fraudulenta jurídicamente relevante.
Por lo demás, la crítica dirigida a la falta de legitimación pasiva de los codemandados tampoco conmueve lo decidido. Respecto de quienes no fueron parte del contrato de locación de obra, su eventual vinculación al proceso sólo podía justificarse en la medida en que hubieran intervenido como beneficiarios o partícipes de actos cuya inoponibilidad resultara procedente. Pero si la acción de fraude no prospera por ausencia de sus presupuestos sustanciales, no subsiste fundamento bastante para mantener una condena o declaración adversa contra ellos con base en una responsabilidad contractual que no asumieron ni en una maniobra fraudulenta no demostrada.
En consecuencia, corresponde desestimar este agravio y confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la pretensión de simulación, fraude e inoponibilidad de los actos jurídicos cuestionados, sin perjuicio de que la acción no hubiera sido considerada prescripta.
V. Corresponde ahora abordar el recurso interpuesto por la codemandada Mónica Ester Santucho, quien como primera cuestión pone en crisis la sentencia de grado en cuanto rechazó la excepción de prescripción opuesta por su parte. La crítica se estructura, en lo sustancial, sobre la impugnación del efecto interruptivo asignado al beneficio de litigar sin gastos iniciado por el actor el 06/04/2017 para accionar por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual. Según la recurrente, dicho trámite posee naturaleza incidental, no impedía al actor promover la demanda principal y, por ello, no podía ser considerado una “petición judicial” apta para interrumpir el curso de la prescripción en los términos del art. 2546 del CCyCN.
Sin embargo, advierto que el tratamiento de la impugnación se ha tornado abstracto.
Es cierto que el recurso deducido por la codemandada Mónica Ester Santucho cuestiona la sentencia de grado en cuanto rechazó la excepción de prescripción opuesta por su parte respecto de la acción contractual promovida en su contra.
Sin embargo, en atención a la solución que se propicia al tratar el recurso de la parte actora, el examen de dicha impugnación ha perdido interés actual. En efecto, confirmándose el rechazo de las pretensiones deducidas por Varela, la codemandada conserva íntegramente el resultado dispositivo favorable obtenido en la instancia de origen, esto es, la ausencia de condena en su contra.
Es cierto que la recurrente podría invocar un interés en obtener una declaración expresa de prescripción, en tanto esa solución le resultaría, desde su perspectiva, más conveniente que el rechazo sustancial de la pretensión. Sin embargo, tal preferencia no basta para configurar un gravamen recursivo subsistente. El interés para apelar no se satisface con la mera aspiración a sustituir los fundamentos de una sentencia favorable por otros que la parte considere jurídicamente más ventajosos, sino que exige la existencia de una utilidad práctica concreta derivada de la modificación del pronunciamiento.
En el caso, el rechazo de la excepción de prescripción no produjo una consecuencia dispositiva adversa para Santucho, pues la demanda fue igualmente desestimada. La jurisdicción revisora no está llamada a emitir pronunciamientos abstractos ni a mejorar los fundamentos de una decisión que, en su resultado final, favorece plenamente a quien recurre. Lo contrario importaría transformar el recurso en una vía para obtener declaraciones meramente preventivas o académicas, desvinculadas de una afectación actual.
Desde luego, la cuestión habría recuperado plena actualidad si los agravios de la parte actora hubieran prosperado y conducido a la admisión total o parcial de la demanda. En tal hipótesis, habría correspondido examinar la defensa de prescripción articulada por Santucho como obstáculo previo a una eventual condena. Pero no siendo esa la solución que se propicia, el tratamiento de su recurso carece de utilidad práctica actual.
Recuérdese que el interés es lo que justifica la actuación ante la justicia. Así como el interés es la medida de la acción, también el interés es la medida en la apelación. El interés que justifica la apelación surge del agravio o gravamen que la resolución recurrida ocasiona a la parte recurrente. El agravio es el perjuicio que la resolución causa al recurrente; y la existencia de este agravio y la posibilidad de su reparación a través del recurso de apelación es lo que determina el interés del apelante en ese recurso (art. 242, inc. 3°, CPCC.) El agravio, para justificar el recurso de apelación, debe también ser actual, es decir, debe existir al momento de apelar y subsistir al momento de dictar sentencia. Y si desaparece el interés, la cuestión se torna abstracta y es sabido que los jueces deben decidir colisiones efectivas de derechos mas no hacer declaraciones generales o abstractas ni resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas por el transcurso del tiempo (cfr. CC0000 DO 84253 RSD-177-6 S 24-5-2006 -JUBA B903502-).
En consecuencia, corresponde declarar abstracto el tratamiento del recurso deducido por la codemandada Mónica Ester Santucho contra el rechazo de la excepción de prescripción, sin que ello implique abrir juicio sobre el acierto o desacierto intrínseco de lo decidido por el juez de grado en ese aspecto.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el señor Juez, Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffía dijo: de conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando el pronunciamiento de grado. Con costas a la actora vencida (art. 68/9 del CPCCBA).
2. Declarar abstracto el tratamiento del recurso deducido por la codemandada Mónica Ester Santucho contra el rechazo de la excepción de prescripción. Con imposición de costas en el orden causado (SCBA cfme I. 1853, S 14-9-2005; Ac. 79.405 S 14-11-2001; Ac. 89.517 S 17-11-2004).
3. Diferir la regulación para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez, Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando el pronunciamiento de grado. Con costas a la actora vencida (art. 68/9 del CPCCBA).
2. Declarar abstracto el tratamiento del recurso deducido por la codemandada Mónica Ester Santucho contra el rechazo de la excepción de prescripción. Con distribución de costas en el orden causado (SCBA cfme I. 1853, S 14-9-2005; Ac. 79.405 S 14-11-2001; Ac. 89.517 S 17-11-2004).
3. Diferir la regulación para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Fin de la sentencia