Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 120853
En la ciudad de La Plata, a los 3 días del mes de Mayo de 2022 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "LEIVA, ANA INES C/ ALBARRACIN SARMIENTO, CARLOS Y OTRO S/ SIMULACION " (causa: 120853 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada resolución de fecha 28/10/2021?
2da. ¿Lo es la de fecha 10/11/2021?
3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Por resolución de fecha 28/10/2021 el Sr. Juez de la anterior instancia, dispuso la reanudación del presente proceso y procedió a homologar el convenio presentado por las partes (adjuntado en PDF y protocolizado) en los términos del artículo 308 del CPCC, distribuyendo por su orden las costas del proceso.
La decisión motivó el alzamiento del Dr. Facundo BELTRAN NEIROT, por derecho propio, y en nombre y representación del Dr. Raúl Lino BELTRAN NEIROT, mediante recurso de apelación que funda con la pieza expositora de agravios que da cuenta la presentación de fecha 03/03/2022.
Aduce en el sustancial que su parte se agravia por cuanto mediante la resolución recurrida se ha aprobado un acuerdo transaccional que da por terminado el presente proceso mediante el modo anormal de terminación del proceso -reglado por el artículo 308 del código de forma- sin haberse dado previamente cumplimiento a lo normado en el artículo 21 de la ley n°6716; lo que se encuentra taxativamente prohibido a los Jueces y Tribunales de todos los fueros de la Provincia.
Afirma, con cita de jurisprudencia, que la finalidad tuitiva que conlleva la prohibición contenida en el citado art. 21 de la ley 6716 se dirige a impedir los actos que involucren la conclusión del litigio sin antes haberse pagado o afianzado los honorarios, aportes y contribuciones de la Caja de Previsión Social para Abogados.
Expone que en las presentes intervino conjuntamente con su mandante don Raúl Lino BELTRAN NEIROT como apoderado y letrado patrocinante de la accionante Ana Inés Leiva desde la iniciación del proceso hasta la revocación del mandato, por lo que resulta claro que atento los términos del acuerdo transaccional celebrado entre las partes intervinientes en el presente proceso contencioso, la actora Ana Inés LEIVA es beneficiaria de dicho acuerdo y por lo tanto, previo a la homologación debe abonar los honorarios profesionales y aportes previsionales que a ellos corresponden desde que la norma citada tiene por objeto defender el derecho a garantizar el cobro de los honorarios -y de los aportes previsionales y contribuciones- de todos los abogados que hubieran intervenido durante el proceso en representación -o patrocinio letrado- de la beneficiaria del acuerdo transaccional.
Dice que el artículo 21 de la referida normativa resulta claro al establecer que la beneficiaria del acuerdo transaccional debe abonar los honorarios profesionales y los aportes previsionales, conforme al convenio de honorarios celebrado dentro de los términos establecidos por la ley arancelaria o alternativamente -para el caso que no existiera contrato de honorarios- afianzar el pago de los honorarios y los aportes previsionales -y demás contribuciones- mediante las cauciones reales establecidas en la mentada normativa previsional.
Manifiesta que la ausencia de regulación de honorarios definitivos no resulta óbice para el cumplimiento del artículo 21 de la referida normativa, toda vez que en dicho supuesto debe la beneficiaria del acuerdo transaccional afianzar el pago de los futuros honorarios definitivos a ser regulados. Y agrega que la razón legal del artículo 21 de la ley n°6716 propende a evitar que mediante el dictado de la resolución homologatoria del acuerdo transaccionalpueda la parte beneficiaria de dicho modo anormal de terminación del proceso eludir el pago de los honorarios profesionales de los abogados que intervinieran en su representación -o su patrocinio letrado-, y de los aportes previsionales y contribuciones que correspondan.
Refiere que mediante la resolución homologatoria del acuerdo transaccional se ha puesto fin al presente juicio contencioso mediante el modo anormal de terminación del proceso reglado por el artículo 308 del código de forma y considera evidente que mediante la resolución recurrida ninguna decisión judicial fundamental se encuentra pendiente para poder ejecutarlo, por lo que corresponde su revocación a fin de evitar que la beneficiaria del mismo pueda eludir el pago de los honorarios profesionales y aportes.
Renglón seguido, da cuenta de la existencia de otras actuaciones que ponen de relieve que se está frente a una accionante que sistemáticamente ha rehuido el pago de los honorarios regulados a su favor y de su mandante para concluir que nada puede hacer pensar que adoptará un comportamiento distinto en las presentes actuaciones al momento en que sean regulados los honorarios definitivos.
Finalmente se explaya en lo que considera debe ser tenido como monto de los honorarios en cuestión y su afianzamiento, haciendo una estimación de lo que debe ser considerado como base arancelaria.
II. La crítica llega con la réplica de ANA INÉS LEIVA DE CAMPBELL, por su propio derecho (15/03/2022) y de BERNARDO MAIZTEGUI en ejercicio de la representación invocada respecto a doña María Estela de Souza (16/03/2022).
III. Que no obstante el esfuerzo argumental que trasunta la bien fundada pieza recursiva, adelanto mi opinión contraria a la aspiración revisora, y dando las necesarias razones que me llevan a propiciar tal anticipado criterio (artículos 18, Const. Nac.; 5 y 171, Constitución Provincial, 1, 2 y 3, Código Civil y Comercial), comienzo por señalar que según se establece en el artículo 21 de la ley 6716: “Ningún juez o Tribunal, cualquiera sea su Fuero, podrá aprobar o mandar a cumplir transacciones y conciliaciones, (...) sin antes haberse pagado los honorarios y aportes y contribuciones que correspondan por la presente ley, (...) respecto a los profesionales de las partes a quienes beneficie la medida.".
Sin embargo, considero que tal directiva no permite concluir categóricamente y sin más que no es posible homologar una transacción sin el previo pago de honorarios y cargas previsionales como lo propone el quejoso.
En tal sentido destaco liminarmente que en la tarea de interpretar la ley debe comenzarse con la ley misma y adoptando como pauta hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. No debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La interpretación debe efectuarse de tal manera que las normas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (conf. SCBA causas Ac. 32.771, sent. e21/9/1984, DJBA 128-147; J.A. 1985-I, 593; "Ac. y Sent." 1984-II, 11; Ac. 32.770, 7/8/1984, DJBA 127-382, "Ac. y Sent." 1984 I, 381; Ac. 46.992, 15/3/1994, DJBA 146-214, E.D. 163-100, J.A. 1996-I, 534, "Ac. y Sent.", 1994-I, 290; Ac. 55.689, 28/2/1995; Ac. 50.866, 17/2/1998; Ac. 67.487, 14/2/2001 y Ac. 87.609, 13/4/2005).
En la especie, frente al acuerdo de voluntades presentado por las partes con la finalidad de agotar el litigio, el Sr. Juez de la anterior instancia, dispuso la reanudación del presente proceso y procedió a homologar dicho convenio en los términos del artículo 308 del CPCC, y sabido es que la conciliación o la transacción con la homologación, se invisten de una especial eficacia obligatoria que aunqueínsita en el acto negocial o acto bilateral o acuerdo concertado por los interesados, cobra una particular ejecutoriedad, tal como si fuera una sentencia.
La homologación es, por consiguiente, un juicio de valor, ya que la aprobación que lleva a cabo el juez del acuerdo conciliatorio formalizado por las partes, tiene efectos sustancialmente idénticos a los de la sentencia definitiva o de mérito, adquiriendo el carácter de verdadero título ejecutorio (arts. 162 y 309 del CPCC, esta Sala doct. causa 94.068, RSD. 130/2006, S, 01/06/2006).
Debe tenerse en cuenta igualmente que, el perfeccionamiento de una transacción y sus efectos extintivos se producen -en aquellas temáticas que prima la autonomía de la voluntad- por la sola presentación de dicho convenio, sin necesidad de previa aprobación u homologación (arts.837, 838 y 850del Código Civil; 1641, 1642 y 1643 del CCCN), lo cual es un efecto jurídico que no interfiere en la eficacia sustancial del acto el citado artículo 21 de la ley 6716.
Ahora bien, frente a cualquier eventual incumplimiento de lo que fuera objeto del acuerdo, si alguno de los interesados lo quisiera ejecutar, debería estar homologado (art. 498 inc. 1º del CPCC) y, en su caso, cumplido el art. 21 precitado.
Sobre la base de lo que se deja expuesto, retomando el análisis de la norma en cuestión desde un punto de mira armónico y en sintonía con otros preceptos legales de igual o mayor jerarquía, me encuentro en condiciones de afirmar que el art. 21 de la ley 6716, al referirse a la exigencia del previo pago o afianzamiento de honorarios, aportes y contribuciones para "...aprobar o mandar cumplir transacciones y conciliaciones" y al exigir al mismo tiempo también lo mismo para "dar por cumplidas las sentencias", deja latente, no solo una impropia interferencia procesal, que se traduce inmediatamente en la afectación de lo que debe entenderse por una tutela judicial y efectiva de los derechos en disputa asegurada constitucionalmente (arts. 18, Const. Nac.; 15 Const. Pcial.), sino que revela una inconsistencia sustancial dentro de la economía del propio texto legal o si se quiere una fisura en su lógica interior.
En efecto, tal lo anticipado, habiéndose arribado a la homologación del convenio celebrado entre las partes, el auto que le prestó judicial aprobación resulta un sustitutivo procesal de la sentencia, con efectos de cosa juzgada (arts. 162, 308 y 309 del CPCC).
Luego, partiendo de tal indiscutida identidad ontológica entre ambos institutos, si resulta irrazonable al par de improcedente suspender el dictado del dispositivo sentencial hasta tanto se paguen o afiancen los honorarios y aportes profesionales, no se alcanza a comprender porque la exigencia si habría de tener sentido -y en su caso operatividad- si se tratara del dictado de la resolución homologatoria que es su equivalente procesal.
Agrego , como argumento de refuerzo en sufragio de la solución que vengo proponiendo, que la norma en cuestión , al establecer que el juez no podrá "aprobar o mandar a cumplir transacciones y conciliaciones"admite implícitamente la posibilidad de exigir el previo pago o afianzamiento de los honorarios y aportes, antes de mandar cumplir la transacción, lo cual supone que -antes de ese momento- ya ha sido dictada la resolución homologatoria, desde que no se podría mandar a ejecutar forzadamente aquello que no ha sido previamente aprobado judicialmente(arg. art. 498 inc. 1º CPCC).
Por otra parte, sin la previa homologación tampoco sería posible la regulación definitiva, que es necesaria a los fines de cumplir con la manda del art. 21 precitado.
Considero asimismo que tampoco puede considerarse indiscutiblemente agotado el proceso del modo que lo entiende el recurrente, ya que no se encuentra fehacientemente acreditado que se haya verificado de modo integral el cumplimiento voluntario del acuerdo instrumentado en autos , que haga suponer desplazada cualquier posibilidad de acudir por parte de los interesados a su ejecución forzada, por lo que tampoco puede afirmarse que la causa ya haya llegado a su fin natural como para ordenar su archivo.
Destaco, en sintonía con el criterio que vengo desarrollando, que esta Sala -antes de ahora y con otra integración- ha tenido oportunidad de decidir que la exigencia del art. 21 de la ley 6716, texto según dec. 4771/95, ha sido impuesta para salvaguarda de la retribución de los profesionales y para garantizar la percepción de los aportes debidos a la Caja de Previsión Social respectiva, y -al igual de lo que ocurre con ciertos requisitos de orden fiscal-, puede retardar los efectos de ciertos actos procesales, pero no es indispensable para su existencia o perfección ni afecta la validez y eficacia que los mismos tienen para las partes interesadas y ello es así porque la protección del honorario profesional y el consiguiente afianzamiento de su abono sólo implica la prohibición de considerar concluido el pleito a los fines de su archivo, antes de que dichas obligaciones se encuentren canceladas, empero en modo alguno inhibe -ni podría hacerlo- que los efectos jurídicos de los actos procesales y pronunciamientos que pongan fin al pleito en cuanto a los derechos sustanciales debatidos, se produzcan plenamente(causa 94.002, RSD. 94/2002, S, 23/05/2002) y que la pretensión de cobro de los estipendios del ex-letrado patrocinante de la actora no habilita a impedir la homologación judicial de la transacción(causa antes citada; 17/6/2010, “López, Guillermo s/Incidente ejecución de sentencia”, Juba B257494).
Hace ya bastante tiempo se había resuelto que el profesional no puede impugnar válidamente una transacción invocando cuestiones relacionadas con el pago de sus honorarios (L.L. 137-788, 22.996-S) (SCBA, “Ac. y Sent.” 1977-I, 1074, cit. por MORELLO-SOSA-BERIZONCE, “Códigos…”, 4ta. edición, 2015, t. V, pág. 63).
Concluyo entonces en que en el caso que aquí nos ocupa, el pago o afianzamientode los honorarios y aportes previstos por el artículo 21 de la ley 6716, no condiciona ni impide el dictado el auto homologatorio respecto del acuerdo transaccional formalizado por las partes, sin perjuicio de pueda ser exigido en un “posterius” (arts. 18, 31 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
IV. En cuanto a todo lo relativo a la determinación de la base arancelaria y estimación de los honorarios en cuestión y su afianzamiento, la cuestión resulta ajena a lo que constituye el objeto de la decisión impugnada (arg. arts. 34 inc. 4º y 272 del CPCC).
Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: Que por coincidir con las motivaciones desarrolladas en el voto que antecede, adhiere al mismo (art. 266 del Código Procesal) y en consecuencia, vota también por la AFIRMATIVA. .
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
I. Que conforme se desprende de la causa, el Dr. Facundo Beltrán Neirot, por derecho propio, y en nombre y representación del Dr. Raúl Lino Beltrán Neirot, a fin de garantizar el cobro de sus respectivos honorarios definitivos a ser regulados en autos y en el beneficio de litigar sin gastos, caratulado: "Leiva Ana Inés c/Albarracín Sarmiento Carlos y otros s/Beneficio de litigar sin gastos" que tramitara por ante el Juzgado que previene,solicitó embargo preventivo que estimó en la cantidad de dólares estadounidenses sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta (U$S 64.440) a hacerse efectivo sobre la suma de dólares estadounidenses cincuenta mil (U$S 50.000) percibidos en las presentes actuaciones por la accionante Ana Inés Leiva intimando su depósito por el término de cinco días, bajo apercibimiento de ley(ver presentación de fecha 07/11/2021).
II. Frente a tal pretensión el “a quo “resolvió tener presente la pretensión de regulación para la oportunidad en que adquiera firmeza la sentencia homologatoria dictada en autos, sin perjuicio de lo cual, sobre la base del monto que da cuenta el acuerdo arribado en autos -pesos SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 0/100 ($ 6.742.200,00)- y hasta cubrir la cantidad de $ 600.000 dispuso el embargo requerido sobre las sumas percibidas por la parte actora ordenando la intimación, dejando aclarado que lo decidido no significa prejuzgamiento en cuanto a la base arancelaria.
III. Ese modo de resolver motivó el alzamiento del letrado actuante por sí y por la representación ejercida antes señalada, mediante recurso de apelación que llega fundado con la presentación de fecha 17/11/2021 (según surge de la MEV).
Aduce el recurrente en lo sustancial que lo decidido agravia a su parte por cuanto el monto dinerario acordado en el acuerdo transaccional presentado por las partes con fecha 27/10/21 ($ 6.742.200), no constituye la base arancelaria para la regulación de honorarios en las presentes actuaciones por lo que no puede ser tomado en consideración a los fines de la fijación del monto del embargo preventivo decretado a fin de garantizar el cobro de los honorarios definitivos a ser regulados oportunamente.
Refiere que, tanto el artículo 27 de la ley 8904 -como el artículo 27 de la ley 14.967- establecen que la base arancelaria en los juicios sobre bienes inmuebles -o derechos sobre los mismos- consiste en el valor real de dichos bienes, estableciendo un procedimiento de fijación de dicha base para el eventual caso que se estimare inadecuada la valuación fiscal del inmueble y que su parte reiteró la base arancelaria provisoria del presente proceso a los fines de establecer el monto del embargo preventivo solicitado que garantice el cobro de los honorarios definitivos que serán oportunamente regulados en autos y que obviamente debe ser tomada al valor actual del dólar estadounidense.
Expone que se estimó el valor de la hectárea del campo denominado "Las Tres Marías", en la suma de dólares estadounidenses U$S 2.230,27, y el valor de la porción indivisa objeto del proceso de simulación -correspondiente a 200 hectáreas- en la suma de U$S 446.054 y reitera que indicó expresamente que el proceso tiene por objeto la declaración de simulación del acto consistente en la compraventa con reserva de usufructo por dos años de la porción indivisa que le correspondía en propiedad a Joaquín Horacio Leiva respecto del campo denunciado.
Aclara que formuló expresa reserva de estimar la base arancelaria definitiva de las presentes actuaciones al momento de la terminación del proceso, conforme lo normado por el artículo 27 de la ley arancelaria; máxime tomando en consideración la tasación efectuada posteriormente por el martillero Jorge Alberto Sánchez por un monto sustancialmente mayor.Reitera que sobre la base arancelaria aprobada (U$S 446.054) oportunamente estimó prudencialmente los honorarios en el porcentual del quince por ciento (15%) -U$S 66.908-, por lo cual -según su criterio- el monto fijado en moneda nacional del embargo preventivo decretado ($600.000) resulta palmariamente insuficiente para garantizar el cobro de los referidos honorarios definitivos a ser regulados en virtud del cálculo provisorio antes referido.
Se agravia igualmente con relación a la moneda nacional en la cual se ha fijado el embargo preventivo en razón que la actora Ana Inés LEIVA percibió la suma que le fuera entregada por la heredera del demandado doña María Estela de SOUZA en efectivo y en dólares estadounidenses billetes, conforme surge del convenio transaccional presentado por las partes.
Luego denuncia incumplimientos por parte de la actora respecto de pago de honorarios regulados a su favor en estas y otras actuaciones tramitadas en extraña jurisdicción y manifiesta que nada puede hacer pensar que adoptará un comportamiento distinto en las presentes actuaciones al momento en que sean regulados los honorarios definitivos, todo lo cual justifica plenamente el embargo preventivo por la suma de U$S 64.440 estimados prudencialmente.
Señala a mayor abundamiento, que ninguna normativa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.