Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121352
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 10 de Abril de 2019.
I. El apoderado del demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley articulado (art. 289, CPCC; v. fs. 2058/2075 vta. y 2037/2054, respectivamente).
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de grado en cuanto desestimó las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción interpuestas por el accionado, y la revocó en lo que refiere al rechazo de la simulación, haciendo lugar a la misma y declarando nula la compraventa de marras (v. fs. 1506/1520 vta. y 1899/1914 vta.)
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, del debido proceso y de propiedad (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. fs. 2061, 2062 y vta., 2073 y vta., 2075 y vta.).
II.1. Sostiene, que la sentencia en crisis lo colocó en una situación de indefensión, en tanto -dogmáticamente y con excesivo rigor formal- se apartó de la normativa prevista para el caso y de las constancias de la causa, dejando firme el fallo del a quo que cuestiona.
Así, esgrime -por un lado- que la pretensión de la accionante se encontraba prescripta y -por el otro- que la simulación relativa ilícita calificada por la Cámara no había sido alegada por las partes, con la consecuente vulneración del principio de congruencia. Ello -agrega- afectó en forma directa e inmediata las garantías constitucionales de propiedad y del debido proceso (v. fs. 2061 y 2067 vta./2075).
II.2 Asevera, también, que este Tribunal aplicó "mecánicamente" su propia doctrina sobre el vicio de absurdo, desentendiéndose de los argumentos dados en el remedio local que evidencian -a su modo de ver- las flagrantes infracciones constitucionales en que incurrió el Tribunal de Alzada (v. fs. 2061/2062 vta. y 2074 y vta.).
II.3. Con sustento en lo antedicho, alega que el caso es una excepción a la regla de que las cuestiones de derecho común y procesal no son revisables por vía federal, y peticiona que el máximo Tribunal de la Nación deje sin efecto el pronunciamiento objetado (v. fs. 2074 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 2077), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. fs. 2078/2087 vta.).
IV.1. Liminarmente, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la valoración efectuada por el a quo respecto de la simulación y el plazo de prescripción; así como la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para desestimar esa decisión), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal.
En estos caso, deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el presente, toda vez que los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, ineficaz como tal para habilitar la vía intentada (doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59 y 310:405; entre otros; arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo relativo a la arbitrariedad denunciada con base en las causales dogmatismo, exceso ritual y apartamiento de la solución normativa y de las constancias de la causa, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
IV.3. Resta decir, que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio, del debido proceso y de propiedad; arts. 17 y 18, Const. nac.; v. fs. 2061, 2062 y vta., 2073 y vta., 2075 y vta.), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia