Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122986
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 26 de Junio de 2019.
I. El apoderado de los actores deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley articulado, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. fs. 1944/1963 vta. y 1938/1940, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de grado que, a su turno, hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por Rubén Dionisio, Mirta Graciela y Raquel Marcos, Claudia Mónica, María Rosa e Ivana Valeria Parapetti y Etelvina Lorenza Pereyra contra Andrea Cecilia, Fernando Eduardo y Leandro Darío Torre, al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 1815/1821 vta. y 1887/1890 vta.).
II. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de fundamentación, defensa en juicio, del debido proceso y de propiedad (arts. 1, 17 y 18, Const. nac.; v. fs. 1946/1947, 1956 vta., 1959, 1960 vta./1961).
II.1. Sostienen que esta Corte -mediante una fundamentación aparente- declaró insuficiente el recurso local al ponderar -erróneamente, según su modo de ver- que el debate se centraba en meras cuestiones de carácter fáctico. Aseveran que, contrariamente a lo expuesto, el tópico central es estrictamente de derecho. Ello por cuanto, explican, no se discute en autos la prescripción propiamente dicha ni las cuestiones que la rodean, sino qué norma jurídica del derecho positivo debe aplicarse a fin de poder determinar desde qué momento comenzó a correr el plazo prescriptivo (v. fs. 1956 vta./1958 vta.).
II.2. Cuestionan, también, que la sentencia en crisis haya afirmado -dogmáticamente y con excesivo rigor formal- que el remedio de inaplicabilidad de ley se limitó a reiterar los argumentos expuestos ante el órgano anterior en grado y que no atacó de modo directo y eficiente el iter lógico de las conclusiones vertidas por el Tribunal de Alzada (v. fs. 1958 vta./1959 vta.).
En tal sentido, aducen que dado que venían reputando como erróneos los fallos de primera y segunda instancia, en cuanto ambos admitieron la defensa de prescripción liberatoria opuesta por los demandados, resulta lógico que los argumentos y fundamentos expuestos ante dichas instancias se reproduzcan ante esta sede extraordinaria (v. fs. 1959 vta./1961).
Y agregan, que la decisión atacada debe ser descalificada como sentencia válida, en tanto resulta arbitraria y vulnera la garantías constitucionales de fundamentación, debido proceso, defensa en juicio y propiedad (v. fs. 1961).
II.3. Arguyen, por otro lado, que el pronunciamiento en crisis no dio una respuesta razonable al agravio referido a la violación del principio de congruencia por parte del a quo . Al respecto, exponen que en la vía local no habían denunciado -como erróneamente se estipuló- un apartamiento del principio de bilateralidad, sino que la Cámara se había desentendido de los términos de la demanda y de su contestación, los que construían el marco dentro del cual debía resolver la cuestión (v. fs. 1961 vta./1962 vta.).
II.4. Aseveran, finalmente, que contrariamente a lo manifestado por este Tribunal, en el remedio local se individualizó la doctrina legal afectada así como su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender su aplicación al caso (v. fs. 1962 vta./1963 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1964), el mismo no fue contestado.
IV.1. Liminarmente, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la valoración efectuada por el a quo respecto a la pretendida simulación y el cumplimiento del plazo de prescripción liberatoria; así como la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para desestimar esa decisión), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal.
En estos caso, deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el presente, toda vez que los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, ineficaz como tal para habilitar la vía intentada (doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59 y 310:405; entre otros; arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo relativo a la arbitrariedad denunciada con base en las causales dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente y apartamiento de la solución normativa y de las constancias de la causa, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
IV.3. Resta decir, que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de fundamentación, de defensa en juicio, del debido proceso y de propiedad; arts. 1, 17 y 18, Const. nac.; v. fs. 1946/1947, 1956 vta., 1959, 1960 vta./1961), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; C. 121.352, "Erramouspe", resol. de 10-IV-2019; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia