Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122616
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.616, "Chiavetto, Graciela Beatriz contra Cáceres, María Angélica. Simulación" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Soria , Genoud .
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la excepción de prescripción y, en consecuencia, hizo lugar a la defensa oportunamente opuesta. Asimismo, impuso las costas de la excepción y de la demanda a la accionante en ambas instancias (v. fs. 540/547).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 552/557 vta.).
Dictada la providencia de autos, habiéndose agregado la memoria presentada por la parte accionada (v. fs. 581/589 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Graciela Beatriz Chiavetto, conforme lo actuado en la instancia de mediación previa obligatoria, inició demanda por simulación (arts. 955, 1.191 y concs., Cód. Civ.) solamente contra María Angélica Cáceres, en relación a la escritura de compraventa n° 172 de fecha 31 de julio de 1986 pasada ante el Notario Jorge Caruso Moreno, entonces Titular del Registro n° 14 del Partido de General Sarmiento, mediante la cual ésta adquirió para sí los inmuebles de calle Paraná 4.368/70 y Sargento Cabral de Munro, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires (v. fs. 1/10, 23, 24/30 vta. y 185/194).
Sostiene que con el acogimiento de la pretensión deducida y declarado nulo el acto notarial simulado, lo que en esos términos deja planteado, han de ingresar los bienes objeto del mismo al acervo hereditario de su padre, don Oscar Celestino Chiavetto.
Adelanta que en ese estado resultará procedente la acción de colación respecto de los bienes precisados y en relación al referido sucesorio.
En forma subsidiaria dedujo acción pauliana.
El objeto inmediato de la pretensión así introducida es que se declare que la señora Cáceres revestía en dicha operación inmobiliaria el carácter de interpósita persona o "presta nombre", siendo en realidad el verdadero adquirente el padre de la demandante Oscar Celestino Chiavetto.
El objeto mediato es que dichos bienes ingresen al haber sucesorio de éste, quien falleciera el 21 de junio de 2009, y cuya sucesión tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7.
En lo que aquí interesa, es dable resaltar que surge sin hesitación de los escritos postulatorios y de las circunstancias comprobadas de la causa que al momento de la compraventa de marras el señor Chiavetto se encontraba divorciado de su primera cónyuge, Nélida Ramona Cabrera.
Asimismo, que, si bien tenía para entonces una relación de convivencia con la aquí accionada, fue luego de otorgado el acto notarial que nos ocupa que contrajo segundas nupcias con ella, el día 10 de mayo de 1989 (v. fs. 19).
Por último, que en los referidos autos sucesorios se declararon herederos a los hijos del de cujus producto de su primer matrimonio: Graciela Beatriz y Antonio Chiavetto y Cabrera; a los del segundo: Néstor Oscar, Cristian Hernán e Ivana Florencia Chiavetto y Cáceres y a su cónyuge supérstite María Angélica Cáceres (v. fs. 20/22).
I.2. La parte accionada opuso excepción de prescripción con relación a la acción principal de simulación como así a la subsidiaria de fraude o pauliana, aseverando que el hecho de que se pretenda a posteriori una acción de colación en nada modificaba lo expuesto atento a que ambas acciones resultan independientes. A su vez contestó la demanda (v. fs. 121/137).
Corrido el traslado de ley de la excepción, la accionante lo evacuó, limitándose a señalar que recién podía computarse como inicio del plazo liberatorio, en los términos del entonces vigente art. 4.030 del Código Civil, al día 16 de mayo de 2011, fecha en la que su letrada se anotició en los autos sucesorios de que los inmuebles objeto de la escritura n° 172 del 31 de julio de 1986 no formaban parte del acervo hereditario de su padre (v. fs. 138 y 139/140 vta.).
I.3. El magistrado de origen examinó, en primer lugar, la excepción de prescripción opuesta por la demandada.
Al respecto, sostuvo de manera liminar que, si bien la parte actora había planteado la acción de simulación y, en forma subsidiaria, la revocatoria o pauliana, había cerrado su reclamo haciendo referencia a que la procedencia de las aludidas acciones conllevaría la colación de los bienes en cuestión y su incorporación al acervo hereditario de su padre (v. fs. 461 in fine ).
De allí concluyó, citando el precedente de esta Corte C. 115.276, "Bentivegna, Closefisa Carmen contra Bentivegna, Lidia Amelia. Acción de colación" (sent. de 27-XI-2013), que la acción de simulación tenía carácter instrumental con respecto a la principal (acción de colación) cuyo objeto era mantener la igualdad de las cuotas que percibían los herederos forzosos. Por lo tanto, debía prevalecer el plazo prescriptivo de esta última, a saber, diez años (v. fs. 459/462).
Sobre dicho piso de marcha, advirtió que en atención al momento del fallecimiento del causante (21 de junio de 2009) y a la fecha de interposición de la presente acción (5 de diciembre de 2012), el plazo decenal aludido no había transcurrido (v. fs. 462).
A continuación, y tras examinar las constancias obrantes en autos, concluyó que no se encontraban reunidos los recaudos tendientes a hacer lugar la demanda por simulación y pauliana promovida (v. fs. 462/464).
II. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro trató en primer lugar el recurso de la demandada, acogiéndolo, en virtud de lo cual hizo lugar a la excepción de prescripción, imponiendo las costas por ambas instancias a la parte actora (v. fs. 540/547).
Para así decidir, subrayó que la colación era debida sólo entre coherederos forzosos (art. 3.476, Cód. Civ.) y, en el sub lite , la demandada no revestía tal condición al momento del acto de la supuesta liberalidad del causante, toda vez que el negocio había sido celebrado con anterioridad al matrimonio (v. fs. 542 vta./544 vta.).
Señaló en relación al fallo que sirviera de fundamento a la sentencia de grado, que los antecedentes fácticos de aquel eran diferentes del presente, porque se trataba de la acción de simulación y colación promovida por una hermana contra otra, es decir que ambas eran herederas (conf. causa C. 115.276, cit.).
En atención a lo expuesto, juzgó que mal podía sostenerse que existiese la posibilidad de colacionar cuando la ley no reconocía que la conviviente al momento del acto cuestionado debía colacionar, por lo que no podía aplicarse el plazo decenal de dicha acción (v. fs. 545).
En cuanto a la demanda de simulación y revocatoria interpuesta, sostuvo que el plazo de prescripción de la acción promovida por el heredero legítimo contra los terceros adquirentes del inmueble por donación que afectaban la porción legítima debía contarse desde la muerte del donante que con su acto había afectado la porción de sus herederos (v. fs. 545 vta.).
Asimismo, subrayó que, si bien la actora al contestar la defensa había afirmado que dicho plazo no debía computarse desde la fecha de la muerte de su padre sino desde que tomó conocimiento en el juicio sucesorio de que el inmueble no estaba inscripto a nombre del causante (16 de mayo de 2011), cobraba importancia el reconocimiento efectuado en el trámite sucesorio en virtud de la consulta expedida por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires (de fecha 6 de julio de 2010), no pudiendo aceptarse que la accionante haya tomado conocimiento de tal situación con posterioridad a dicha fecha (v. fs. cit.).
Así las cosas, concluyó que tales acciones al momento en que se inició la demanda habían prescripto, pues contado el plazo máximo de dos años desde el fallecimiento del causante (21 de junio de 2009) hasta el inicio de las presentes actuaciones (6 de febrero de 2013), éste se encontraba vencido (v. fs. 545/456).
III. Frente a este modo de decidir, se alza la actora por medio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la errónea aplicación de los arts. 1.832 inc. 1 y 4.023 del Código Civil y la violación de la doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal (v. fs. 552/557 vta.).
Aduce que el fallo ha soslayado que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que debe ser interpretada restrictivamente (v. fs. 552 vta./553 vta.).
Afirma que el art. 1.832 inc. 1 del Código Civil, así como el plenario citado por la Cámara resultan inaplicables en la especie toda vez que analizan la exigencia que debe cumplir el legitimado activo, no el pasivo (v. fs. 554 vta./556).
Por fin, alega que no corresponde utilizar la analogía con relación a normas prohibitivas o que limitan derechos subjetivos pues implicaría violar un espacio no sometido a regulación jurídica, es decir, el ámbito de libertad (v. fs. 555).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. De manera liminar, debo destacar que el momento de la muerte del causante genera de pleno derecho la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley, de modo que la legislación vigente a tal fecha regula las relaciones jurídicas emanadas de dicho suceso, incluso los derechos y obligaciones entre los coherederos que nacen con motivo del deceso del causante (vinculados al fenómeno sucesorio pero creando situaciones originarias en el heredero, como la obligación de colacionar, conf. doctr. arts. 7, 2.277, 2.280, 2.385, 2.403, 2.466, 2.644 y concs., Cód. Civ. y Com.; en sentido análogo, Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes , Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1era. Ed., 2015, págs. 166 y sigs.). Siendo que en autos el señor Oscar Celestino Chiavetto falleció el 21 de junio de 2009 (v. fs. 20), corresponde entonces resolver las cuestiones litigiosas vinculadas con la recomposición de su haber hereditario a la luz del Código Civil vigente en esa fecha.
El Tribunal de Alzada comenzó por señalar que la actora entabló las acciones de simulación y -subsidiariamente- de fraude, con el fin de que los bienes del causante que habían sido adquiridos ficticiamente por la demandada ingresaran al sucesorio; posición que fue reiterada al contestar agravios en tanto insistió en la procedencia de la colación y en el rechazo de la defensa de prescripción planteada (v. fs. 542 vta.).
Tal encuadre jurídico de la litis no ha sido controvertido y arriba firme a esta sede extraordinaria.
IV.2. Ahora bien, la recurrente ciñe su crítica en torno a la interpretación efectuada por la Cámara del art. 3.476 del Código Civil, vinculado con la acción de colación, en particular, con la falta de legitimación de la demandada Cáceres (v. fs. 552 vta./557).
Aduce que los fundamentos brindados en el pronunciamiento resultan inaplicables al caso, pues las disposiciones legales y los fallos citados se refieren -en rigor- a los legitimados activos y no a quienes resultan obligados por la ley a colacionar.
Como lo adelantara los cuestionamientos esbozados no pueden ser acogidos.
Esta Corte ha expresado que la función de la colación es la protección de la legítima en cuanto ésta importa un derecho subjetivo de los herederos forzosos, de tal modo que la porción correspondiente no se vea afectada por liberalidades realizadas en vida por el causante. Así, el art. 3.476 del Código Civil establece que toda donación entre vivos hecha a heredero forzoso que concurre a la sucesión legítima del donante sólo importa una anticipación de su porción hereditaria. A partir de ello, la colación consiste entonces en computar en la masa hereditaria el valor de las donaciones que a un heredero forzoso haya efectuado el causante y con la única finalidad de lograr la igualdad de los mismos en los términos de la ley, al momento de la partición (conf. causa C. 107.897, "Gambino", sent. de 29-V-2013).
En el sub lite , la cuestión se circunscribe a la determinación de los sujetos pasivos de dicha acción, dado que el Código Civil de Vélez no establecía el momento en el cual el heredero forzoso debía ostentar dicho estatus, abriéndose así dos interpretaciones plausibles: (i) considerar que debía revestir tal calidad al perfeccionarse la liberalidad; o bien (ii) al tiempo de la apertura de la sucesión.
IV.2.a. El Tribunal de Alzada, luego de delinear conceptualmente la acción y especificar sus efectos no reipersecutorios, recordó este arduo debate, señalando que durante la vigencia de la anterior legislación civil parte de la doctrina entendía que la calidad de posible heredero era necesaria tenerla al momento de recibir la donación, considerándose un anticipo de la herencia. En cambio, para otros autores, la condición de heredero forzoso debía tenerse al fallecimiento del donante, es decir, entre quienes finalmente eran herederos, careciendo de importancia la situación en que se encontraban al momento de efectuarse la donación (v. fs. 543 vta. y 544).
A continuación, precisó que la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias se habían inclinado por la primera de las soluciones descriptas y en igual sentido lo había hecho la Sala actuante (v. fs. 544).
En apoyo de tal posición destacó como fundamento -por aplicación analógica- que el art. 1.832 inc. 1 del Código Civil requería para el ejercicio de la acción de reducción de las donaciones la calidad de heredero forzoso al momento de la donación, pues, caso contrario no podía suponerse que hubo adelanto de herencia o mejora de herencia, salvo el caso de los descendientes, supuesto aquí no planteado (v. fs. 544 vta.).
Asimismo, agregó que tal había sido la solución receptada en el art. 2.388 del Código Civil y Comercial de la Nación en tanto la actual disposición prescribe: "Heredero que no lo era al tiempo de la donación. El descendiente que no era heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que resulta heredero, no debe colación. El cónyuge no debe colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio" (fs. cit.).
Por tales fundamentos, concluyó que la colación se debía sólo entre coherederos forzosos (art. 3.476, Cód. Civ.) y, en la especie, la demandada no revestía tal condición al momento del acto de la supuesta liberalidad del causante, toda vez que el negocio había sido celebrado con anterioridad al matrimonio (v. fs. 545).
IV.2.b. Expuesto lo que antecede y ante el concreto contenido del acto jurisdiccional cuestionado, advierto que el recurso es manifiestamente insuficiente (art. 279, CPCC).
Esta Corte ha expresado que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. causas C. 118.885, "Del Pino", sent. de 12-VII-2017; C. 121.276, "Pontet", sent. de 29-XI-2017; entre muchas).
Asimismo, ha señalado que en los casos de denuncia de vulneración de doctrina legal es necesario que primeramente la misma se individualice, luego se exponga su similitud con el caso bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. causas C. 120.778, "B., N. P.", sent. de 12-VII-2017; C. 121.687, "Bardengo", sent. de 7-III-2018; e.o.).
Estas exigencias no han sido cumplidas con éxito por la impugnante.
En efecto, la quejosa se limita a citar doctrina legal que de modo genérico alude a la interpretación restrictiva del instituto de la prescripción (v. fs. 553), así como a la prohibición de la analogía frente a normas prohibitivas o restrictivas de derechos (v. fs. 555) y sólo atina a añadir que los fallos y el plenario referidos en el pronunciamiento resultan inaplicables en la especie (v. fs. 556), sin hacerse cargo de las razones que abastecen dicha posición, las que permanecen inalterables.
El único pasaje que porta la pieza recursiva en relación al tema se limita a señalar que no corresponde aplicar por analogía el art. 1.832 inc. 1 del Código Civil, toda vez que esta norma fijaba como condición restrictiva el carácter de heredero forzoso en la época de la donación, como exigencia a ser cumplida sólo por el legitimado activo, no por el legitimado pasivo.
Sin embargo, y más allá de observaciones que pudieran efectuarse en torno a la interpretación analógica, lo cierto es que la Cámara luego de un meduloso examen de la cuestión y tras efectuar una interpretación armónica y sistémica del ordenamiento jurídico, arribó a la solución propiciada brindado sólidos fundamentos, ninguno de los cuales fue rebatido idóneamente por la recurrente.
Bien se advierte que la lacónica argumentación reseñada nada aporta para poner de manifiesto el yerro que se denuncia, a la par que nada dice acerca del art. 2.388 del Código Civil y Comercial de la Nación -pauta interpretativa especialmente tenida en cuenta por la Cámara al sentenciar- en tanto esta novel disposición expresamente dicta que "el cónyuge no debe colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio".
El aludido plexo legal si bien no es de aplicación en el caso particular de autos -dada su dimensión temporal-, recoge la doctrina y la jurisprudencia imperante en la materia, poniendo fin definitivamente al debate suscitado en torno a la problemática en estudio, resultando -por ende- determinante a los fines de interpretar y dilucidar la télesis de la anterior legislación.
Llegado a este punto, debo recordar que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (conf. causas C. 119.426, "D., R. V.", sent. de 29-III-2017; C. 120.616, "Cárdenas", sent. de 7-II-2018; e.o.).
Tal el déficit que porta la impugnación y sella la suerte adversa del intento revisor.
V. Por los fundamentos expuestos, si mi propuesta es compartida, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente vencida (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN
La Plata, a los 24 días del mes de junio de 2020.
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia