Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar los recursos federales interpuestos a fs. 1014/1035 vta. y 1036/1060 vta. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.569 "ARRARAS CLARA MERCEDES Y OTRO/A C/ SOLA RICARDO ANTONIO Y OTRO/A S/ SIMULACION"
I. Los apoderados de los codemandados Ricardo Antonio Sola y la firma Pereyra Rozas y Cía. SRL deducen sendos recursos extraordinarios federales contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó los de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 289, CPCC; v. fs. 1014/1035 vta., 1036/1060 vta. y fs. 1007/1009, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de origen que, a su turno, hizo lugar a la acción de nulidad incoada por Clara Mercedes Arraras y Ricardo Antonio, Fernando Gabriel, Juan Martín y Micaela Sola, al encontrar acreditados los presupuestos necesarios para su progreso (v. fs. 753/766 y su aclaratoria de fs. 778 y vta. y fs. 897/907).
II. Liminarmente, corresponde señalar que, dado que se advierte que los remedios contienen idénticos agravios, serán abordados en forma conjunta.
II.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y propiedad y en la vulneración del sistema republicano de gobierno (arts. 1, 17 y 18, de la Const. nac.; v. fs. 1017 y vta., 1031 vta./1032 vta., 1034 y vta., 1042 y vta., 1056 vta./1057, 1058 y 1059 vta./1060).
II.2. Sostienen que esta Corte, sin analizar los hechos ni las pruebas aportadas, ponderó -dogmáticamente y con exceso ritual- que los remedios locales habían sido insuficientemente fundados y limitó su decisión a descalificarlos mediante un clisé basado solamente en su propia autoridad y sin dar suficientes explicaciones (v. fs. 1031 vta./1035 vta. Y 1056 vta./1060 vta.).
Aseveran que, contrariamente a lo expuesto, dichas piezas recursivas llevaron idóneamente al conocimiento de este Tribunal todos los argumentos y circunstancias con los cuales -afirman- se comprueba el yerro de interpretación y aplicación del derecho vigente en que incurrió el a quo . Ello, con la consecuente vulneración de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y propiedad (v. fs. 1031 vta./1032 y 1056 vta./1057).
II.3. Cuestionan, también, que la sentencia en crisis haya estimado que los remedios locales sólo reiteraron agravios expuestos ante el órgano inferior en grado y no importaron un ataque hábil de los pilares jurídicos que fundaron el pronunciamiento que se pretendía atacar. Al respecto, aducen que al recurrir actuaron con pleno apego a la dinámica del proceso, con respeto de las normas formales y de procedimientos establecidas. En tal sentido, explican que en tanto los fallos de primera y segunda instancia fueron idénticos, era lógico a fin de no incurrir en incongruencia, que ellos se funden en los mismos derechos que alegaron en oportunidad de responder los traslados de la demanda y de expresar agravios (v. fs. 1032/1034 vta. y 1057/1060).
II.4. Denuncian, finalmente, que tampoco se dio una respuesta razonable al agravio referido a que la Cámara, en tanto se apartó de los términos de la demanda y su contestación y ponderó elementos de hecho no invocados por las partes, vulneró el principio de congruencia (v. fs. 1035 y 1060 y vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1061), el mismo no fue contestado.
IV. Respecto de las vías federales, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación de derecho procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por la Cámara, así como la suficiencia de los remedios de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405).
En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708 y 4770, entre otros), extremos que no se advierten en las piezas recursivas de marras, desde que las razones de los impugnantes no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
IV.1. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, exceso ritual manifiesto, apartamiento de la solución normativa y de las constancias de la causa, falta de fundamentación suficiente y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.2. Resta decir que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio, debido proceso y propiedad y del sistema republicano de gobierno; arts. 1, 17 y 18, de la Const. nac.; v. fs. 1017 y vta., 1031 vta./1032 vta., 1034 y vta., 1042 y vta., 1056 vta./1057, 1058 y 1059 vta./1060), no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar los recursos federales interpuestos a fs. 1014/1035 vta. y 1036/1060 vta. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/05/2020 23:45:42 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 02/06/2020 10:40:13 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 02/06/2020 13:37:42 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 05/06/2020 18:52:50 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/07/2020 13:37:05 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia