Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122549
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.549, "Mellini, Esteban Carlos y otro contra Branca, Ana María Rosario, Marina S.C.A. y otros. Simulación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Genoud , Pettigiani , Torres.
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro modificó parcialmente la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había mandado efectuar una nueva pericia para la determinación del valor de la operación de aumento de capital, emisión y canje de acciones de Marina S.C.A., estableciendo el monto de esa operatoria societaria en la suma de $81.387.112,18, conforme el dictamen pericial de fs. 1.651. La confirmó en todo lo demás que había decidido. Impuso las costas de Alzada a la demandada (v. fs. 1.788).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.802/1.827).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Los señores Carlos Esteban Mellini y Gonzalo Alberto Vera Ortiz promovieron acción de simulación contra Ana María Rosario Branca y la empresa Marina S.C.A. respecto del paquete accionario comanditario que poseía la señora Branca en esa sociedad y de un inmueble situado en la República Oriental del Uruguay.
Desestimada la demanda (v. fs. 952/970; 1.052/1.067 y 1.249/1.264), la abogada de la parte accionada solicitó que se regularan los honorarios y estimó la base (v. fs. 1.350 y vta.), dando traslado a los actores, quienes la rechazaron presentando su propia estimación correspondiente al 92% del capital accionario comanditario en poder de la señora Branca en la suma de $39.010.709,40 como también la valuación del bien inmueble situado en el extranjero (v. fs. 1.373), a todo lo cual se opuso la demandada (v. fs. 1.416).
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 del Departamento Judicial de San Isidro resolvió que para fijar la base regulatoria era necesario establecer el valor económico del juicio y, por lo tanto, ordenó la designación de un perito tasador para que estimara el valor de la operación societaria cuya simulación se había perseguido, como también el del inmueble en cuestión (v. fs. 1.427).
La demandada se opuso a la designación del perito tasador (v. fs. 1.456/1.457 vta.) pero el magistrado dispuso que después de valuados los inmuebles y automotores que componían el acervo societario se designaría un perito contador público que determinaría el patrimonio neto de la sociedad (v. fs. 1.458/1.459).
Cumplido el cometido por el experto, seguidamente se designó a la contadora pública Andrea Lattante (v. fs. 1.626), quien presentó su informe a fs. 1.651/1.654 vta. en el que valuó, al 31 de diciembre de 2015, el 92% del patrimonio neto de la empresa Marina S.C.A. en la suma de $81.387.112,18.
Al ordenarse el traslado del dictamen pericial los actores prestaron su conformidad al informe (v. fs. 1.659 y vta.), pero la señora Branca lo impugnó atacando los valores de los bienes que integraban el patrimonio neto e insistiendo en que esa determinación nada tenía que ver con el valor del 92% de las acciones que poseía en la sociedad (v. fs. 1.665/1.673).
A fs. 1.686/1.690 la perito contadora contestó, manifestando haber dado cumplimiento a lo que se le había ordenado hacer que era determinar el 92% del patrimonio neto de la sociedad teniendo en cuenta activos y pasivos.
Luego de ciertas vicisitudes procesales se dictó sentencia estableciéndose que la base regulatoria se fijaba en el 50% del valor del inmueble sito en la República Oriental del Uruguay, ordenándose además que la perito contadora estableciera en el plazo de diez días el valor de la operación de aumento de capital, emisión y canje de acciones de Marina S.C.A., para lo que debía tener en cuenta el patrimonio neto establecido en su dictamen (v. fs. 1.708/1.709 vta. y su aclaratoria a fs. 1.721).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores a fs. 1.710 y por la demandada a fs. 1.729, presentando sus respectivos memoriales (v. fs. 1.712/1.717 y 1.747/1.749). Solo la parte actora contestó el memorial de la contraria (v. fs. 1.754/1.756 vta.). También se presentó espontáneamente la perito contadora Sandra Silvina Sandoval, quien intervino en el juicio principal para apelar la decisión de la magistrada de primera instancia, coincidiendo en que el importe determinado por la perito contadora Lattante era el correcto porque el 92% del patrimonio neto representaba el 92% del paquete accionario de la demandada.
I.2. Elevados los autos a la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, en la medida del recurso en estudio, esta modificó la sentencia de primera instancia revocando la decisión sobre la realización de una nueva peritación para la valuación del aumento de capital y emisión y canje de acciones de la empresa Marina S.C.A., al establecer que el valor de la operatoria societaria era el informado por la perito contadora pública Lattante en la suma $81.387.112,18 correspondiente al 92% del patrimonio neto de la sociedad (v. fs. 1.786 y vta.).
Para así decidir, recordó que como regla general cuando el análisis formulado por el perito consistía en un estudio fundado y sus conclusiones surgían como consecuencias lógicas, debía estarse a ellos a falta de prueba que las destruyeran y que, si bien era sabido que no existía un único sistema o modalidad para evaluar una empresa, era claro que el valor de los libros era una alternativa posible y correcta, a lo que sumaba que la impugnación no fijaba otros parámetros específicos ni el fundamento de la preferencia de otras alternativas de valuación en detrimento de la considerada por el experto (v. fs. 1.786 vta./1.787).
II. Se agravia la recurrente denunciando la violación de los arts. 34 incisos 4 y 5, y 330 inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial; de los principios de congruencia y de la doctrina de los actos propios y de los arts. 17, 18 y 31 de la Constitución nacional.
Comienza su impugnación señalando que la Cámara no ha decidido sobre la cosa demandada cuando modificó la solución de la jueza de grado anterior; y fijó que el valor del aumento de capital y emisión y canje de acciones era equivalente al patrimonio neto de la empresa que surgía del balance del año 2015, cuando aquella operación societaria se había realizado en el año 1993, hecho que fue denunciado por los actores y sobre el que se trabó la litis, recordando que esas acciones las poseía desde el año 1986 cuando las adquirió de la señora Marina Mellini (v. fs. 184 y vta.).
Resalta que en razón de la base regulatoria que determinó el Tribunal de Alzada le hubiera convenido perder el pleito en lugar de haberlo ganado, destacando que el patrimonio neto de la empresa no puede ser igual a un aumento de capital de hace 25 años y que en las sentencias dictadas por el objeto del pleito en todas las instancias, inclusive en esta sede, se reconoció que las acciones las poseía desde el año 1986 (v. fs. 1.815).
Pone de relieve que no se recibieron nuevos aportes de capital pues el canje había obedecido a que la ley 20.643 y su modificatoria, ley 23.299, exigieron la nominatividad de las acciones, motivo por el cual no hubo aumento real del patrimonio ya que el incremento del capital societario había sido producto de la hiperinflación. Describe la operatoria que contiene el acta de fs. 480/485 para señalar que el aumento del capital quedó conformado con ochocientos pesos -$800- del socio comanditado y con nueve mil doscientos pesos -$9.200- del comanditario, este último dividido en 920 acciones con un valor nominal de diez pesos -$10- cada una (v. fs. 1.815 vta.).
Afirma que debe tomarse el valor del aumento de capital del año 1993 y reitera que debe tenerse en cuenta que esas acciones no fueron adquiridas en el año 1993, que ya las poseía desde el año 1986 y correspondían a resultados no distribuidos, por lo que es un error relacionarlas con el patrimonio neto (v. fs. 1.816 y vta.).
Transcribe algunos párrafos de la sentencia dictada por esta Corte cuando se pronunció acerca del objeto principal del pleito (causa C. 115.588, sent. de 3-X-2012) para reafirmar su postura, alegando que en materia contable el patrimonio neto difiere del aumento de capital (v. fs. 1.816 vta. y 1.817).
Arguye que la decisión de la Cámara viola el deber que el código de rito impone a los jueces de fundar toda sentencia, respetando el principio de congruencia, que además ha violado su derecho de propiedad porque se expidió sobre el 92% del patrimonio neto de la sociedad, lo que no fue objeto del juicio, habiéndolo sido el aumento de capital y emisión y canje de acciones que la demandada poseía desde el año 1986, el que se realizó con los resultados acumulados y no distribuidos. Agrega que esa decisión además viola su derecho de defensa en juicio porque incorpora hechos no debatidos en el proceso y vulnera la doctrina de los propios actos, pues la misma Cámara en su sentencia del 3 de mayo de 2011 reafirmó el principio de congruencia que ahora viola al cambiar el objeto de la litis (v. fs. 1.817 vta./1.822 vta.)
Esgrime que la sentenciante, que debe velar por llegar a la verdad material de las pretensiones deducidas, yerra cuando sostiene que esta parte no ofreció otras alternativas para valuar la operación de aumento de capital cuando la jueza de primera instancia ordenó que la perito contadora estableciera el aumento de capital producido en el año 1993 teniendo en cuenta el patrimonio neto, lo que la experta no hizo (v. fs. 1.822 vta./1.823 vta.).
Transcribe los conceptos de capital social y de patrimonio neto expuesto por la doctrina para señalar que el patrimonio neto es absolutamente modificable por el giro de los negocios y las actualizaciones contables que impone la ley y que el aumento de capital se produce en determinadas circunstancias, como fue probado y por ende establecido en la sentencia de primera instancia de fs. 952/969 en la suma de $9.999,999664, moneda vigente en el año 1993 (v. fs. 1.823 vta. y 1.824).
Destaca que para la Cámara el importe de $81.387.112,18, que representa el 92% del patrimonio neto de la empresa Marina S.C.A., es igual a los $9.999 correspondientes al aumento de capital dispuesto en la asamblea ordinaria del año 1993, habiendo sido esa operatoria societaria la pretensión de autos. No desconoce que esta última suma debe actualizarse, pero no sobre la base de un balance del año 2015 que contiene todos los movimientos del giro comercial de la sociedad, aumento de reservas de ley y revaluación de activos (v. fs. 1.824 y vta.).
III. El recurso prospera.
Se debate aquí si el 92% del patrimonio neto de la empresa Marina S.C.A. es equivalente al aumento de capital, emisión y canje de acciones realizados en el año 1993 a favor de la señora Branca, poseedora a esa fecha del 92% del capital comanditario de la sociedad, que ha sido el hecho fundante de la acción.
La recurrente se agravia de que la Cámara haya decidido sobre una cuestión que no integró la litis, denunciando la violación del principio de congruencia.
Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto solo puede ser revisada en la sede extraordinaria en la medida en que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación al principio de congruencia (conf. doctr. causas C. 93.166, "Mondi", sent. de 7-X-2009; C. 108.116, "Salas", sent. de 27-IV-2011; C. 109.131, "Azurmendi", sent. de 19-XII-2012; e.o.), yerro que -habiendo sido alegado a fs. 1.845 vta. y 1.846- encuentro acreditado en la especie.
El principio de congruencia impone a los órganos jurisdiccionales observar una adecuada correspondencia entre las postulaciones básicas articuladas por las partes en el litigio y la sentencia que las dirime. Por ello, los jueces o tribunales deben pronunciarse sobre lo que se pide, esto es, sobre las pretensiones sometidas a su decisión, mas solo sobre estas; y, a la vez, deben basar sus pronunciamientos en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las formulaciones hechas valer por los contendientes, sin acudir en principio a otros (mi voto en causa C. 120.023, "R., F. A. y otros", sent. de 26-X-2016).
Considero que la Cámara ha violado este principio al decidir que: "...la perito contadora realizó la tarea encomendada teniendo en cuenta los libros contables puestos a su disposición y las constancias de la causa aplicando sus conocimientos específicos sobre el tema. De esta forma, concluyó que el 92% del patrimonio neto de la sociedad -valor que representa la operación cuestionada en autos- asciende a la suma de $ 81.387.112,18" (fs. 1.786 vta., segundo párr.).
Se advierte que el Tribunal de Alzada equivocadamente evaluó que la cuestión litigiosa había sido el 92% del patrimonio neto de la sociedad, cuando se desprende del objeto de la demanda y de la defensa articulada por las accionadas que la simulación se circunscribía, entre otra petición, a que fuera declarada nula la operación de aumento de capital, emisión y canje de acciones ordinarias de la empresa Marina S.C.A. por considerarla producto de una donación inoficiosa del señor Carlos Alberto Mellini a la señora Branca (v. fs. 72 vta., pto. I. Objeto, y 209 vta./210, pto. "b", respect.). La pretensión actora fue rechazada en las instancias ordinarias y también en esta sede extraordinaria (v. fs. 952/969 vta.; 1.052/1.067 y 1.249/1.264).
La operación societaria objeto del pleito surge del acta de asamblea de fecha 13 de mayo de 1993 obrante a fs. 480/485 y sobre este punto la jueza de primera instancia, al resolver la incidencia sobre la base regulatoria, dijo que "...a fs. 1.651/54 la perito contadora estableció que el 92% del patrimonio neto de la sociedad Marina SCA asciende a la suma de $81.3873112,18.-, sin referirse al valor controvertido de la operación de aumento de capital, emisión y canje de acciones que motivó su designación..." (fs. 1.709, tercer párr.)
Encuentro acertado el agravio de la recurrente en que la Cámara no ha tomado en cuenta el valor del pleito, el que está representado por el aumento de capital ($9.200, realizado el 13 de mayo de 1993, monto en el que las partes están contestes) y no en el 92% del patrimonio neto del año 2015 (v. fs. 1.653, pto. IV, pericia contable).
Ahora bien, contamos aquí con una suma de dinero que data del año 1993, cuando estaba vigente la ley 23.928 en la que se había establecido que un peso era equivalente a un dólar estadounidense. A ello se suma la prohibición de aplicar índices de actualización para corregir los efectos de la inflación que ocurriera, con lo cual ha quedado sin sustento legal esa parte del texto del art. 23 del decreto ley 8.904/77. Finalmente se dejó sin efecto la convertibilidad cambiaria con la sanción de la ley 25.561 que mantuvo la prohibición de indexar (arts. 3 y 4).
La limitación legal nos pone en la disyuntiva de mantener esa cifra histórica como base regulatoria, lo que provocaría una afectación de los derechos constitucionales de trabajar y de propiedad de los abogados y peritos que intervinieron en el proceso impidiendo la obtención de una justa y razonable retribución por las tareas realizadas en este caso, donde la demanda fue rechazada.
Considero entonces que el monto del pleito establecido en nueve mil doscientos pesos -$9.200- en el año 1993 debe expresarse en su equivalente en IUS arancelarios a esa fecha. Por lo tanto, si la unidad de medida era $31,70, aquel importe representa 290 IUS arancelarios.
En consecuencia, esta última cifra deberá convertirse a pesos a la fecha de la regulación, determinándose la base regulatoria, procedimiento que de la mejor manera resguarda el derecho patrimonial de los letrados, pues se ha resuelto teniendo en cuenta un parámetro contenido en la ley 14.967.
Así las cosas, entiendo -como se explicó en el párrafo anterior- que están en juego los derechos constitucionales de trabajar y de propiedad de los profesionales intervinientes en el proceso, cuya tutela debe hacerse efectiva, ya que de aplicarse los porcentajes de la ley arancelaria sobre los nueve mil doscientos pesos -$9.200- del año 1993, correspondientes al monto del pleito, provocaría una seria lesión a esos derechos por las irrisorias sumas que arrojarían sus resultados.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia de Cámara en lo concerniente al agravio traído, fijándose como base regulatoria la suma de pesos equivalentes a doscientos noventa (290) IUS arancelarios a la fecha en que se efectúe la regulación. Las costas de primera instancia se imponen en el orden causado, las de Alzada y las de esta instancia extraordinaria a los actores, en razón de la forma en que se decide (arts. 68, 71, 274 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera, con el siguiente alcance.
I.1. Además de la reseña de antecedentes que contiene el voto de la ponente, para una correcta comprensión de esta controversia es necesario considerar otros aspectos también relevantes, que surgen de la compulsa de las presentes actuaciones y resultan útiles para la resolución del planteo recursivo.
I.1.a. Se discute en la especie la determinación de la base regulatoria de los honorarios profesionales correspondientes a una acción de nulidad por simulación y colación, que fuera rechazada en su totalidad.
I.1.b. Del líbelo de inicio se colige que la pretensión inicial perseguía la nulidad de una operación mediante la cual Esteban Mellini "transfirió en vida en forma subrepticia, parte del capital accionario comanditario" de Marina S.C.A. a la accionada (v. fs. 73). Esa operación se habría materializado mediante un aumento de capital, emisión de acciones, su posterior canje ficticio y dación al portador a la señora Branca (v. fs. 74), como consecuencia de lo cual "de buenas a primeras" esta última devenía en socia o miembro de aquella (v. fs. 75).
Denunció la existencia de diversos bienes de titularidad de la firma (v. fs. 77 vta./78 vta.) y en base a ello precisó el menoscabo económico que dicha operación deparó a los accionantes (v. fs. 78 vta. Cap. VII "EL Perjuicio") y, por ende, el alcance del valor de la pretendida recomposición del acervo hereditario. Este -se afirma en dicha pieza procesal- estuvo configurado por " la incidencia que la transferencia accionaria que reputo como donación, tiene sobre los bienes de la sociedad de marras y sobre la división y partición del capital relicto " (fs. cit., énfasis agregado).
Se incluyó también el 50% de un inmueble sito en la República Oriental del Uruguay, aunque lo que concierne a tal cuestión no llega controvertido a esta instancia.
I.1.c. La presente incidencia dio inicio a partir del pedido de regulación de honorarios formulados por los letrados de las partes, luego de adquirir firmeza la desestimación de la demanda (v. fs. 1.350 y 1.373).
En lo que encuentro relevante, el doctor Tenenbaum (letrado de la actora) expresó que "la acción fue rechazada en cuanto a la simulación y colación del 92% del capital accionario comanditario" y que "el objeto litigioso de autos ha sido la restitución al acervo hereditario del 92% del capital accionario y el 50% del val
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.