Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123466
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 5 de agosto de 2021 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.466 "PISSONI, EZEQUIEL MARCELO C/ DEL BUA, MARIA ELIZABETH Y OTRA S/ SIMULACION"
I. Con la presentación electrónica de fecha 17 de agosto de 2021, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 5 de agosto del corriente año.
II. El apoderado de la codemandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. resol. de 19-IV-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 14-V-2021, escrito electrónico de fecha 9-VI-2021 y su archivo adjunto identificado como "INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL").
En el caso, en el marco de una acción de simulación y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente -por un lado- revocó el fallo del magistrado de origen que, a su turno, había rechazado la defensa de falta de legitimación pasiva deducida por la codemandada Elsa Beatriz De Prato, respecto de la escritura de compraventa de fecha 6 de abril de 2005, acogiéndola al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso. Y -por el otro- la confirmó en cuanto había hecho lugar a la demanda de simulación y ordenado colacionar, con la aclaración de que la misma prospera contra ambas accionadas en relación con la escritura de fecha 16 de febrero de 2004 y sólo contra María Elizabeth Del Búa respecto de la escritura de fecha 6 de abril de 2005 (v. sents. de 12-VI-2018 y 12-III-2019).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, propiedad, igualdad ante la ley y tutela judicial, los derechos a trabajar y ser juzgado por juez competente y los principios de congruencia y razonabilidad (arts. 14, 16, 17, 18, 32 y 75 inc. 22, Const. nac.; 25, CIDH; 8.1, CADH; v. págs. 16, 18, 28/29 y 31/34, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, contrariando su propia doctrina y apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente- que había sido insuficientemente fundado, vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 322:2914; 190:368; 194:220; 275:251; 305:1509; 306:1987; 307:196; entre muchos) y, específicamente, la causa "Colalillo" (CSJN Fallos: 238:550; v. págs. 31/32, adjunto cit.).
En tal sentido, aduce que el pronunciamiento atacado omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local, de cuya observancia surge -claramente, según su modo de ver- el absurdo del fallo del Tribunal de Alzada y que resultaban suficientes para refutar las razones dadas por el a quo. Y denuncia, además, que no tuvo en cuenta que la autenticidad de la escritura pública debió haber sido atacada mediante la nulidad de dicho instrumento o a través de la redargución de falsedad, lo que no sucedió en autos (v. págs. 27/33, adjunto cit.).
III.3. Arguye, finalmente, que el caso de marras conforma un supuesto de gravedad institucional, desde que el pronunciamiento de esta Corte excede el interés de las partes y atañe a la colectividad, en tanto afecta -según su punto de vista- principios básicos de la Constitución nacional (v. págs. 16, 25/26 y 30/31, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 16-VI-2021) el mismo fue contestado por el apoderado de la actora (v. escrito electrónico de fecha 17-VIII-2021).
V.1. Respecto de la vía federal incoada, cabe señalar, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias para hacer lugar a las acciones de simulación y colación, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.)
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada y alegando -de manera novedosa- su criterio respecto de cuál es la vía correcta para cuestionar la autenticidad del instrumento público objeto de autos (v. págs. 27/33, adjunto cit. y resol. en crisis).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14, 16, 17, 18, 32 y 75 inc. 22, Const. nac.; 25, CIDH; 8.1, CADH; v. págs. 16, 18, 28/29 y 31/34, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita -entre ellos, la causa "Colalillo"- no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional A.F.I.P.-d.G.I.", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; entre otros).
V.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. págs. 6, 25/26 y 30/31, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 5 de agosto de 2021 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2021 17:37:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 08:55:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2021 09:15:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2022 14:45:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2022 14:46:43 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/04/2022 13:12:44 hs. bajo el número RR-124-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia