Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124842
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 124.842 "GROISMAN, HORACIO PABLO C/ GROISMAN, MARCELO MARCOS Y OTROS S/ SIMULACION"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, en lo que importa destacar, confirmó el pronunciamiento de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de simulación incoada por Horacio Pablo Groisman contra Marcelo Marcos Groisman, al encontrar reunidos los extremos para su progreso (v. sentencias de fecha 24-VIII-2020 y 24-II-2021).
II. Frente a ello, el demandado vencido -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 1971 y 1972 del Código Civil y Comercial. Asimismo, alega los vicios de absurdo y arbitrariedad, transgresión al principio de congruencia y violación de doctrina legal que cita (v. escritos electrónicos de fecha 11-III-2021).
III. El remedio intentado no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- le permitieran -en lo sustancial- confirmar el fallo de origen manteniendo el progreso de la acción (v. págs. 2/32), no logran ser conmovidos por los reproches volcados en las págs. 6/20 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la ponderación de los elementos fácticos, el apartamiento del derecho aplicable, la prescripción, el valor de la condena y el diferimiento de los intereses) se desentienden de aquellos, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las cuestiones debatidas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Sabido es que para revisar las cuestiones de hecho es indispensable evidenciar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos. Por más respetable que sea la opinión del recurrente, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.322, "Galván", resol. de 29-VI-2016 y C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela recursiva y permite, asimismo, descartar las infracciones normativas indicadas en la vía bajo estudio (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adversa debe correr la invocada transgresión al principio de congruencia expuesta en las págs. 3 y sigs. del embate, ya que no se han desarrollado argumentos suficientes que permitan visualizar el apartamiento del juez del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia en crisis atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (conf. doctr. causas C. 120.313, "Espíndola", resol. de 13-VII-2016; C. 121.270, "Barbizan", resol. de 29-III-2017; C. 122.100, "Mendivil", resol. de 7-III-2018; e. o.).
III.3. El mismo déficit porta la alegación de arbitrariedad, toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido (v. págs. 2 y sigs. del escrito en análisis). Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
III.4. Finalmente, tampoco cabe atender la alegada violación a la doctrina legal, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga no abastecida por el impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2022 16:37:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2022 16:53:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:27:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2022 10:34:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2022 11:33:11 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/08/2022 11:47:46 hs. bajo el número RR-609-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia