Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada, en tanto determina impuesto e intereses resarcitorios, con 2) Revocar la multa aplicada, costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-44994694-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Abril de 2025 En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el Expte. Nº 47.186-I, caratulado: “SIN JUAN CARLOS s/ recurso de apelación”;
El Dr. Pérez dijo:
I. Que la parte actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 105/16 (DV RPOS), del 25 de julio de 2016, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la Dirección General Impositiva dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (hoy ARCA), que determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2013, imponiéndole la obligación de ingresar la suma de $ 66.084,07 en concepto de capital, la suma de $54.122,85 en concepto de intereses resarcitorios y aplicó una multa de $ 33.042,03 equivalente al 50% del importe del impuesto dejado de ingresar en los términos del art. 45 de la ley de rito.
Entiende que el ajuste efectuado es contrario a normas específicas que regulan el Impuesto a las Ganancias, al considerar que las remuneraciones percibidas en el período fiscal 2013 se encuentran alcanzadas por ese tributo conforme lo dispuesto por el inciso a) del artículo 79 de la Ley N° 20.628.
Detalla que se desempeña dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial, como Sub Contador General de la Contaduría General de la Provincia de Misiones, con facultades jurisdiccionales administrativas plenas y definitivas, dentro del organigrama institucional se vincula administrativamente con el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos y con toda la Administración General. Sostiene que los emolumentos que percibe por su labor, se encuentran exentos en el Impuesto a las Ganancias, conforme la equiparación de sus remuneraciones, a través de la fijación de un régimen salarial especial, a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Misiones, quien goza de las mismas inmunidades y prerrogativas que los Ministros del Superior Tribunal de Justicia.
Expresa que, su posición se encuentra avalada con basto y complejo plexo normativo (régimen especial de remuneración fijado por el ejecutivo provincial e instrucciones impartidas, en consulta, por el Fiscal de Estado de la Provincia, máxima autoridad en la interpretación de leyes a nivel provincial) que justifican la exención en el impuesto a las ganancias del Sub Contador General de la provincia de Misiones.
Plantea la nulidad de la resolución recurrida y del procedimiento base para la aplicación de la sanción de multa por omisión, por vulnerarse derechos, principios y garantías fundamentales e inherentes al debido proceso adjetivo y a los actos administrativos. Específicamente que resulta contrario al art. 7 de la Ley 19.549, incisos b), c), d), e) y f) y el art. 1 inc. f) de la Ley 19.549 y, con ello la garantía de defensa en juicio y debido proceso adjetivo (art. 18 CN). Entiende que la resolución es nula porque ignora la estructura orgánica institucional provincial, al confundir y mal entender que la Contaduría General de la provincia depende y forma parte del Poder Ejecutivo Provincial, cuando en la realidad es un órgano jurisdiccional, independiente, con autonomía y autarquía, obligaciones y deberes dentro de los cuales expresamente se fija.
Asimismo, adiciona que, al tratarse de una persona que trabaja en relación de dependencia, el proceso debió haber sido sustanciado con la necesaria participación de la Contaduría General de la Provincia de Misiones, es decir de su empleador, quien debe responder por el cumplimiento o no de sus deberes u obligaciones como agente de retención de cuarta categoría.
Señala que se violan los artículos 121 a 124 de la Constitución Nacional, ya que ignora la facultad del Poder Ejecutivo Provincial de crear regímenes especiales de remuneración, como las facultades de la Fiscalía de Estado de interpretar la ley y la obligatoriedad de ello en la provincia. Describe las tareas de la Contaduría General de la Provincia, concluyendo que de la propia constitución provincial, surge que es un órgano que no depende de ningún Poder del Estado, sino que tiene la función y obligación de controlar el fiel cumplimiento de parte de estos a las disposiciones legales o reglamentarias referentes a la Hacienda Pública Provincial.
Manifiesta que, del art. 5° del Decreto 2010/07, no caben dudas que al referirse a "una remuneración equivalente a la fijada para el Fiscal de Estado por todo concepto", el ejecutivo provincial ha pretendido que el Sub Contador de la provincia perciba igual cantidad concreta de retribución que la que percibe el Sr. Fiscal de Estado. Por ello, al estar equiparadas por todo concepto las remuneraciones, y estando la del Fiscal de Estado amparada por la garantía de la intangibilidad de haberes, no corresponde que se efectúe sobre las remuneraciones del Sub Contador ninguna detracción y/o retención y/o disminución alguna en sus retribuciones, ya que gozara de las mismas inmunidades prerrogativas y asignación, en ocasión de la equiparación remunerativa dispuesta por el Decreto N° 2010/07, que crea el régimen especial.
Con relación a la sanción aplicada, reitera que los ingresos de 4ta. Categoría que percibe en su función de Sub Contador General de la Provincia de Misiones, se encuentran exentos del pago del impuesto a las ganancias, y al no ejercer otro tipo de actividad, no se encuentra obligado a presentar declaración alguna. Considera que en el caso existe error de derecho excusable que elimina la subjetividad típica.
Sostiene que la aplicación de sanción es nula como su procedimiento, porque debe contar con sustento y un análisis pormenorizado y fundamentado de las circunstancias y hechos que hagan nacer la convicción al juzgador sobre la posible comisión de la figura atribuida. Solicita la aplicación del artículo 49 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.). Considera que, en el caso de proceder la determinación impositiva, debe eximírselo de la aplicación de intereses, dado que la mora no le sería culposa, o en su caso haga responsable a su empleadora.
Ofrece prueba documental, documental en poder de terceros e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la resolución, con costas.
II. Que a fs. 67/86 la representación fiscal contesta el por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas al recurrente. Acompaña los antecedentes administrativos y hace reserva de caso federal.
Básicamente el fundamento del ajuste radica en que interpreta que las remuneraciones del contribuyente de autos se encontraban alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Esgrime que la normativa citada por la recurrente es la que entiende aplicable, no existiendo normas legales que otorguen el beneficio de exención a los ingresos del Sub Contador General de la Provincia de Misiones.
Agrega que no integra el poder judicial y al no ser sus funciones asimilables a las de dicho poder del estado no se encuentra comprendido en la exención.
En lo demás se apoya en los argumentos expresados por el juez administrativo en el acto recurrido, cita la normativa y jurisprudencia que considera aplicable al caso, considerando que el acto debe ser confirmado con costas.
III. Que a fs. 90 se abre la causa a prueba y se hace lugar a la prueba informativa solicitada. A fs. 94/153 luce agregada la contestación del oficio diligenciado, a fs. 155 se clausura el período probatorio y a fs. 159 se elevan a consideración de la Sala "A", y a fs. 160 se ponen los autos para alegar, producido el alegato por el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho la parte actora, se pasan las actuaciones para el dictado de sentencia.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar la procedencia del recurso interpuesto. Que, en primer lugar, la actora realiza dos planteos de nulidad. Por un lado, entiende nulo el acto por apartarse de la normativa que entiende aplicable al caso y por otro lado, respecto del procedimiento toda vez que considera que el Fisco Nacional debería haberse dirigido a su empleador quien, en todo caso, era el obligado a actuar por agente de retención.
Al respecto, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En lo que se refiere a la invocación de falta de motivación en la resolución apelada debe recordarse que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el organismo fiscal, no resulta fundamento válido para la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo, es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no del acto apelado, pero nunca a su anulación. En efecto, no se observan agravios específicos contra los supuestos defectos de la Resolución apelada, ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de ésta, por lo que este Tribunal no observa que se haya violentado el derecho de defensa de la actora.
Sentado el carácter restrictivo para la procedencia de las nulidades, cabe precisarse que, respecto a lo estrictamente formal, la resolución discutida, en cuanto al acto administrativo en sí, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.
En definitiva, se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que hace al fondo mismo de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal y excede el marco de la nulidad planteada.
En cuanto al planteo nulificante relativo al aspecto procesal señalado, en cuanto a que la acción debió ser dirigida al agente de retención, cabe sin más señalar que el contribuyente de autos se trata del sujeto pasivo del tributo, primer obligado al pago y el hecho de que la norma designe un agente de retención como sujeto responsable de esa deuda ajena no lo exime de cumplir con la obligación legal. En definitiva, no se observa que el procedimiento llevado a cabo por el Fisco Nacional sea contrario a derecho. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante. Sin costas en virtud de lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013 en el que expresó que “tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”.
V. Que como se ha reseñado en el relato de los hechos, la recurrente considera que las remuneraciones que percibe como Sub Contador General de la Contaduría General de la Provincia de Misiones se encuentran exentas del impuesto a las ganancias, sustentándose en la Ley Provincial 18, en el Decreto Provincial 2010/07, en la Acordada 38/08 que lo equiparó a la remuneración del Fiscal General de Estado, garantizándole igual remuneración. Invoca además lo establecido en la Acordada Nro. 20/96 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que adhirió la Corte Suprema de Misiones mediante las Acordadas Nro. 51/96, Nro. 38/08 y Nro. 42/08.
Por su parte, el Fisco Nacional ha considerado que los sueldos de la apelante no resultan comprendidos por exención alguna y que por lo tanto, corresponde que sus ingresos sean considerados ganancia con el alcance previsto en el artículo 79 de la ley el gravamen, y por ende, sujetos a imposición según lo dispuesto en los artículos 1, 90 y concordantes del texto normativo del tributo.
Que tal como se encuentra delimitada la controversia, la cuestión a decidir radica en determinar si la Acordada del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, a la que adhiere la Acordada emitida por la Corte Suprema de Misiones, teniendo en miras el ordenamiento jurídico local, permiten aseverar que la recurrente se encuentra exenta del pago del impuesto a las ganancias, en virtud de la equiparación que invoca.
En ese aspecto, cabe recordar que con la sanción del artículo 1 inc. a) de la ley Nro. 24.631, se dispuso la derogación del inciso p) del artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias, y de tal manera, quedó sin efecto la exención en el tributo de la que gozaban los jueces y funcionarios judiciales, como asimismo los miembros del Tribunales de Cuentas y de los Tribunales Fiscales.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada Nro. 20/96 declarando la inaplicabilidad a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación de la norma que dispuso la derogación arriba citada. A la mencionada Acordada adhirió la Corte Suprema de Misiones con la emisión de la propia Acordada Nro.51/96, y posteriormente las Nro. 38/08 y Nro. 42/08.
Que por la Acordada Nro. 51/96 la Corte provincial adhirió a la Nro. 20/96, delimitando el ámbito y alcance de la misma a los magistrados y funcionarios comprendidos únicamente en el artículo 140 de la Constitución provincial, refiriéndose por ello, a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y los de los tribunales inferiores, así como los funcionarios judiciales que requieran acuerdo político para su designación.
Corresponde indicar que el citado artículo 140 dispone “Los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y de los tribunales inferiores, así como los funcionarios judiciales que requieran acuerdo legislativo para su designación, son inamovibles y conservarán sus respectivos cargos mientras observen buena conducta y cumplan con sus obligaciones. Su retribución será establecida por ley y no podrá ser disminuida. No podrán ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento y solamente podrán ser removidos en la forma que se determina en esta Constitución. No podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes, ni arrestados, excepto en el caso de ser sorprendidos "in-fraganti" en la ejecución de un delito que merezca pena corporal”.
A su turno, la Acordada Nro. 38/08, declaró extensible los alcances de la inaplicabilidad del artículo 1 de la ley Nro. 24.631 para los funcionarios del Poder Judicial comprendidos y previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica Nro. 1550. Finalmente, la Acordada Nro. 42/08 amplia el punto primero de la Nro. 38/08, extendiendo el goce de la exención a los funcionarios que ostentan mismo rango y categoría y que no se encontraban enumerados en el artículo 4° de la referida ley Orgánica.
En ese orden de ideas, corresponde mencionar que no se pone en duda que, la exención contenida en el inciso p) del artículo 20 de la ley de ganancias, luego derogado por el artículo 1 de la ley 24.631, eximía del tributo en crisis a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las Cámaras de Apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de Cuentas y tribunales Fiscales de la Nación y las provincias.
Que, sin embargo, corresponde analizar el carácter que reviste el cargo de Sub contador de la Contaduría General de la Provincia de Misiones, dentro de la organización de las instituciones de esa provincia.
Que a tales efectos, para la interpretación de las normas en pugna corresponde remitirse a la doctrina legal sentada por nuestro Máximo Tribunal en “SZELAGOWSKI, Ricardo C. c/ Estado Nacional-AFIP” de fecha 28/09/2010 (Fallos 333:1841) (ver también “Fernández Arias c/ Poggio” (Fallos 247:656) ratificado -en lo sustancial- en “Angel Estrada y Cía. S.A”, sentencia de fecha 05/04/2005), en la que se dijo que, más allá de la ubicación del funcionario dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, los tribunales administrativos reconocen su razón de ser y sustento constitucional en la medida en que sean creados por ley; su independencia e imparcialidad estén asegurados; el objetivo tenido en cuenta por el legislador haya sido razonable y que sus decisiones estén sujetas al control judicial amplio y suficiente. En el referido precedente, la Corte hace hincapié en que la equiparación de aquellos funcionarios que no necesariamente forman parte del Poder Judicial radica en el carácter de las funciones que cumplen dentro del órgano jurisdiccional que integran, e interpreta que aquellas prerrogativas otorgadas no lo son en miras de la persona sino de la institución, encontrándose estrechamente vinculadas con el principio de control recíproco de los poderes, en tanto ejercen –entre otras funciones- un verdadero control de legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos que llegan a su conocimiento.
Que en lo que aquí interesa, no es dable transpolar aquella intangibilidad prevista inicialmente por la ley de ganancias, en el artículo 20, inciso p) -luego derogado- al cargo que detenta el contribuyente de autos. En efecto, cabe adelantar que el cargo desempeñado por la aquí actora no tiene asignadas funciones jurisdiccionales que deban ser resguardadas con todos los principios constitucionales que aseguren su independencia, entre ellas la intangibilidad de sus remuneraciones. En efecto, conforme se desprende de la Constitución de la Provincia de Misiones, Capitulo Quinto respecto de la Fiscalía de Estado, Contaduría y Tesorería dispone en el artículo 128 “El Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio del fisco. Será parte legitima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan los intereses de la Provincia. Tendrá también personería para sostener la nulidad o inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, contrato o resolución que pueda perjudicar los intereses fiscales”.
El art 129 dispone “Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser juez de primera instancia. Será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes” y el 130 que “La ley determinará las condiciones requeridas para ser designado Contador, Sub-contador, Tesorero o Sub-tesorero de la Provincia como también sus funciones, duración y responsabilidades. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes, siendo tales cargos incompatibles con cualquier otro empleo y con el ejercicio e toda profesión, con excepción de la docencia”.
La Constitución en sus cláusulas transitorias establece que la Legislatura sancionará a la brevedad posible y preferentemente las leyes: orgánica municipal; orgánica del Poder Judicial; del juicio político; organización de ministerios; del Tribunal de Cuentas; de Contabilidad; de Educación; reglamentaria de los derechos sociales; del Estatuto del Empleado Público; del docente; y de bosques y tierras públicas.
La Ley VII Nº 11 en su Capitulo X dispone en su art. 115 que la Contaduría General de la Provincia funcionará bajo la dirección inmediata del Contador General de la Provincia, quien mantendrá relación directa con todos los Organismos de la Administración General. En caso de ausencia o impedimento del Contador General, sus funciones serán cumplidas por el Sub-Contador General de la Provincia, quien será su reemplazante legal. Podrá, no obstante, compartir con el Contador General la atención del despacho diario y la Dirección Administrativa de la repartición, de acuerdo con la reglamentación interna, sin que ello importe subrogarlo en las atribuciones específicas que esta Ley acuerda a aquél. El art. 119 establece que “El Contador y Sub-Contador General serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Representantes. Conservarán sus cargos mientras observen buena conducta y cumplan con sus obligaciones y no podrán ser removidos sino por faltas graves por medio del procedimiento establecido en la Constitución Provincial. Por su parte, el Decreto Provincial 2010/07 en su art. 5 dispone “establécese a partir del 1º de septiembre de 2007 para el Contador General de la Provincia y Tesorero General de la Provincia una remuneración equivalente a la fijada para el Fiscal de Estado por todo concepto; DISPONESE asimismo que la remuneración del Subcontador General de la Provincia y del Sub tesorero General de la Provincia será equivalente al 80% de la remuneración bruta correspondiente a los funcionarios citados respectivamente”.
Del análisis de la normativa hasta aquí expuesta, se observa que el art. 2 de la Ley 456 establece que el Fiscal de Estado tenga la misma asignación y prerrogativas que los miembros del Superior Tribunal de Justicia y que el decreto ya citado establece para el Contador y Tesorero una remuneración equivalente a la fijada para el Fiscal de Estado por todo concepto y un porcentaje específico para el Sub contador. No obstante, no se evidencia que sus funciones sean jurisdiccionales y deban ser resguardadas con todos los principios constitucionales que aseguren su independencia, entre ellas la intangibilidad de sus remuneraciones.
Asimismo, del resultado de la prueba informativa producida en autos, se observa a fs. 98/110 el informe producido por la Dirección General de Procuración Fiscal, de la Fiscalía de Estado de la propia Provincia de Misiones donde concluye que “No se encuentran alcanzados por los beneficios establecidos en la Acordada 38/08 del Superior Tribunal de Justicia el Contador y el Subcontador General de la Provincia y el Tesorero y Subtesorero General de la Provincia”, sin perjuicio de lo cual a fin de cumplir con la normativa que dispone que le corresponde una remuneración equivalente a la del Fiscal de Estado por todo concepto, señala que deberán “...llevarse adelante en la liquidación de haberes de estos funcionarios todos los ajustes y compensaciones necesarios para que perciban igual suma que el Fiscal de Estado por la retribución de sus funciones”, lo cual no implicaba la no retención del impuesto a las ganancias. Este informe fue compartido por el Fiscal de Estado de la Provincia en el Dictamen 21/08.
Que en este orden de razonamiento y no existiendo otros agravios contra la determinación de oficio que impugna, corresponde confirmar la resolución recurrida por encontrarse alcanzadas por el impuesto a las ganancias las remuneraciones percibidas por el sub contador, con costas.
VII. Qué ahora bien,en cuanto a la sanción de multa aplicada en los términos del art.45 de la Ley de Rito corresponde señalar que dicha infracción requiere que no sólo se configure el elemento objetivo sino también el subjetivo, es decir, que se trate de una conducta típica negligente, presumiéndose la culpa, que lleva al sujeto a obrar con inobservancia de los deberes y obligaciones que lo alcanzan comocontribuyente, y que previendo el resultado disvalioso posible, no adopta las medidas diligentes necesarias para mantener indemne el bien jurídico tutelado, es decir, la renta fiscal. En cuanto este último aspecto, procede valorar que en el caso particular el empleador -agente de retención- no efectuó a su personal retenciones de cuarta categoría -incluyendo a la aquí apelante- sustentando ello en las actuaciones acompañadas a fs. 98/153 de dichas actuaciones, todo ello, bien pudo generar el convencimiento en la actora de estar actuando conforme a derecho. Sumada a ello, que la complejidad de la norma originó diversas interpretaciones que bien pudieron haber impedido a la contribuyente, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado.
Por ello, en la especie cabe entender que se configura un “error excusable” tal como afirma la apelante en su libelo recursivo, y corresponde revocar la multa aplicada. Las costas se imponen por su orden, en atención a que los argumentos por los cuales se revoca la multa no son imputables al Fisco Nacional.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
Que cabe destacar que, en atención a los dictámenes emitidos por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Misiones, obrantes en autos, a mi criterio, no resulta aplicable la doctrina emanada del Fallo “Beato, Alba Raquel”. El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada, en tanto determina impuesto e intereses resarcitorios, con 2) Revocar la multa aplicada, costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregada al expediente papel.
Date: 2025.04.29 12:34:11 ART Date: 2025.04.29 13:04:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.29 15:32:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.29 15:33:26 -03:00
Fin de la sentencia