Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-783/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE1142902-2023.-
2Haciendo lugar a la acción de lesividad interpuesta por la parte actora a fs. 8/17 contra Traverso y Cía. S.R.L., declarando la nulidad del Acuerdo Nº 049 del 22 de mayo de 2013 dictado por el Directorio del Consejo Agrario Provincial.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-783/18-TSJ Sentencia N°: 1143 Actor: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandado: TRAVERSO Y C IA. S.R.L.
Objeto: ACCION DE LESIVIDAD Fecha: 14/12/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1143 FOLIO Nº 3703/3711 PROT. ELECT. TSS1 030 C.231
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 14 días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y la Sra. Vocal Subrogante, Dra. Romina Vanessa Saúl, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ TRAVERSO Y CIA. S.R.L. S/ ACCIÓN DE LESIVIDAD”, Expte. Nº P-783/18-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 2º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 3º) Dr. Fernando Miguel Basanta, 4º) Dra. Romina Vanessa Saúl, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Corresponde aceptar la excusación deducida por la Sra. Vocal de este Alto Cuerpo, Dra. Reneé Guadalupe Fernández?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es procedente la acción de lesividad?; TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Mariani dijo:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, la excusación deducida por la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, quien expresa: “Ello así, por cuanto considero que concurren motivos graves de decoro y delicadeza (cfr. art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz) que tornan pertinente mi inhibición a efectos de aventar cualquier eventual sospecha sobre la ecuanimidad en la decisión que se adopte en este proceso, tal como lo comuniqué en mi excusación presentada en el marco del incidente caratulado como ‘Provincia de Santa Cruz c/ Traverso y CIA. S.R.L. s/ Acción de [Lesividad] -Incidente de Medida Cautelar-’, Expte. N° 783/2018-IMC (cfr. PE303316-2021, EXC00000148.pdf). Por lo expuesto, solicito que se haga lugar a mi petición y se me excuse de intervenir en el presente juicio.” (cfr. PE1142902-2023).- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 30 del CPCyC, por remisión de los artículos 106 y 45 del CPCA, Ley Nº 2600, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
Por lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
La Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, el Dr. Fernando Miguel Basanta, y las Dras. Romina Vanessa Saúl y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
A la segunda cuestión el Dr. Mariani dijo:
I. Que a fs. 8/17, la Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado Dr. Fernando Pablo Tanarro y de la Dra. Romina Mercado interpone acción de lesividad contra Traverso y Cía. S.R.L., solicitando se declare la nulidad por lesividad del Acuerdo Nº 049 del 22 de mayo de 2013, dictado por el Directorio del Consejo Agrario Provincial (en adelante CAP).-
Relata que la firma aquí demandada por Acuerdo Nº 086/2007 había sido adjudicataria de un inmueble individualizado como Parcela N° 1a, Manzana N° 5, Circunscripción II de El Chaltén. Posteriormente, se promueven los autos caratulados: “Sindicato de Empleados de Comercios de Río Gallegos c/ Traverso y Cía. S.R.L. s/ Solicita Quiebra”, Expte. Nº S-5628/08, en tramite ante el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio, donde se decretó la quiebra de la adjudicataria. La Jueza interviniente, a fin de lograr el ingreso del inmueble al patrimonio de la fallida, autorizó a la síndica a abonar la suma que restaba para concluir el proceso de adjudicación, trámite que la funcionaria cumplió y consecuentemente se solicitó al CAP la escrituración del inmueble (cfr. foja 8 vta.).- Narra que el organismo provincial hizo saber a la Jueza que la aquí accionada no había cumplido acabadamente con las obligaciones legales y contractuales indispensables para la escrituración; como así también que la adjudicación se encontraba en proceso de caducidad por los referidos incumplimientos. Por tal motivo se promovió los autos caratulados: “Traverso y Cía. S.R.L. (s/ Quiebra) c/ Consejo Agrario Provincial s/ Incidente de Medida de No Innovar en autos: ‘Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos c/ Traverso y Cía S.R.L. s/ Solicita Quiebra, Expte. Nº 5628/08’”, Expte. Nº T-5628/11, en los cuales se hizo lugar a la medida en cuyo mérito se le ordenó al Consejo Agrario abstenerse de continuar el trámite de caducidad de la adjudicación y además se lo intimó a escriturar el referido bien (cfr. foja 10 vta.).- Explica que ante la insistencia de la Magistrada, el CAP emitió el Acuerdo Nº 049 del 22 de mayo de 2013, mediante el cual: “…declara cumplidas en virtud de la orden judicial, las obligaciones legales de Traverso y Cía. S.R.L. sobre la superficie de 1220 m2 ubicada en la parcela 1a, manzana 5, circunscripción II de la localidad de El Chaltén…” (cfr. foja 11).-
Alega que las normas sobre adjudicación de bienes son de orden público y por ello el trámite de caducidad no podía ser suspendido por un Juez en un proceso en el cual el Estado Provincial no era parte (cfr. fs. 12/13 vta.).-
Hace un raconto del trámite seguido luego de que el CAP emitiera el Acuerdo Nº 049/13 y manifiesta que cuando lo actuado arribó en consulta a la Fiscalía de Estado, este organismo promovió incidente de nulidad en el proceso falencial ya referido (cfr. fs. 11/12).-
Cita las normas que rigen la tierra fiscal y explica que la finalidad de las adjudicaciones no es comercial, el Estado no persigue lucrar con la venta de los inmuebles, es más relevante el cumplimiento de las demás obligaciones (el asentamiento de población, la construcción de viviendas o la instalación de emprendimientos) que el pago del precio. Este último es sólo una de las condiciones para acceder a la propiedad de los inmuebles. Es por ello que, a su entender, no resulta ajustada a derecho la extensión de una escritura traslativa de dominio sólo fundada en haberse verificado el pago pero encontrándose pendientes las restantes obligaciones exigidas por ley y que resultan más relevantes que el pago del precio (cfr. fs. 12 vta./14 vta.).- Insiste en que de cumplirse con la orden de la Jueza, el Estado Provincial estaría otorgando un título de propiedad, omitiendo el cumplimiento de los recaudos establecidos en las normas de orden público que rigen la materia (cfr. fs. 16 y vta.).-
A raíz de lo expuesto, concluye que el Acuerdo Nº 049/13 dictado por el CAP es un acto administrativo lesivo y así lo declaró la Gobernadora de la Provincia mediante Decreto Nº 0431/18 (cfr. foja 16 vta.).-
Ofrece prueba, funda en derecho su pretensión y hace reserva del caso federal (cfr. foja 17).-
II. A fs. 32/43 vta., la Síndica CPN María Susana Gasparini designada en los autos caratulados: “Sindicato de Empleados de Comercios de Río Gallegos c/ Traverso y Cía. S.R.L. s/ Solicita Quiebra”, Expte. Nº S-5628/08, con el patrocinio letrado del Dr. José Manuel Castro Gasparini contesta demanda.-
Comienza con una negativa general de los hechos alegados por la accionante y, seguidamente da su versión acompañada por los argumentos jurídicos que considera aplicables al caso.-
Expone su versión de los hechos, oportunidad en que reseña que la Sindicatura abonó la suma que restaba por la adjudicación en venta otorgada a la fallida, pago que fue aceptado por el CAP sin objeciones. Luego, cuando procura la escrituración del terreno, dicho organismo informa que el terreno reclamado por la sindicatura estaba en proceso de caducidad por incumplimiento de los recaudos legales de la adjudicación. Ante esta situación se solicitó a la Jueza de la quiebra una medida de no innovar con relación a dicho bien. La Magistrada hizo lugar a la cautelar disponiendo que el CAP debía abstenerse de continuar con el trámite de caducidad de la adjudicación en venta objeto de autos y, también, le ordenaba cumplir con la escrituración, a nombre de los autos de la quiebra. Esta medida fue apelada por dicho organismo. El recurso fue, finalmente, declarado mal concedido por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción. Explica que al quedar firme la decisión de la Jueza, el CAP emite el Acuerdo Nº 049/13 del 22 de mayo de 2013, en el cual declaró cumplidas las obligaciones de Traverso y Cía. S.R.L. con relación al inmueble adjudicado (cfr. fs. 33 vta./34 vta.).- Continúa explicando, que con posterioridad la Escribana Mayor de la Gobernación y la Fiscalía de Estado realizan distintas observaciones al trámite de escrituración. Relata distintas vicisitudes que fueron retrasando la escrituración, hasta que, ante la demora, la Jueza de la quiebra otorga un plazo perentorio al Presidente del CAP para que escriture el bien, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias (astreintes). A raíz de ello, se presenta en la quiebra la Fiscalía de Estado promoviendo incidente de nulidad contra la resolución que dispuso la escrituración. Esta pretensión fue rechazada en Primera Instancia. Dicho pronunciamiento fue apelado, señalando que aun no había recaído decisión por parte de la Cámara (cfr. fs. 35 vta./36).- Alega que el Acuerdo Nº 049/13, no puede ser impugnado por la vía elegida. Sintéticamente, argumenta que la acción de lesividad no puede dirigirse contra actos dictados en cumplimiento de una manda judicial decretada en una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada (cfr. fs. 36/37).-
Insiste en que no se puede, a través de este proceso, dejar sin efecto una orden judicial firme, como lo es, a su entender, la que manda a escriturar el terreno objeto de autos (cfr. foja 37).-
Opone contra el progreso de la acción como defensa de fondo la excepción de cosa juzgada. Sostiene que la orden de inscribir el inmueble decretada por la Jueza donde tramita la quiebra de la aquí demandada ha resistido todos los recursos opuestos por la Fiscalía de Estado. Agrega que: “…en la actualidad la doctrina se inclina a aceptar la existencia de cosa juzgada cuando del examen de las dos contiendas se demuestre que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en la acción que aquí se promueve.” (cfr. foja 38).- Desde su óptica, la ley concursal debe prevalecer, en el caso de una quiebra, sobre las demás normas y así explica que es una ley nacional y que de conformidad al orden de prelación previsto en el artículo 31 de la Constitución Nacional, prevalece sobre las leyes provinciales; que es excepcional y por lo tanto prioritaria con respecto a las normas de derecho común; imperativa por cuanto las reglas falenciales no pueden ser dejadas sin efecto; y además sustancial y procesal (cfr. foja 39).-
Afirma que fue el propio CAP quien le tuvo a su parte por cumplidas las obligaciones emanadas de la adjudicación en venta (cfr. Acuerdo Nº 049/13) y alega que nadie, ni siquiera el Estado Provincial, puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (cfr. foja 40 vta.).-
Ofrece prueba, funda su derecho y hace reserva del caso federal (cfr. fs. 42 vta./43).-
III. A foja 44 se ordenó el traslado de la excepción de cosa juzgada, el cual no fue contestado por la parte actora (cfr. certificación de foja 45).-
A fs. 46/47, dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien por los motivos que allí esgrime y a los cuales me remito en honor a la brevedad, considera que es admisible la acción de lesividad instaurada y que debe rechazarse la excepción de cosa juzgada.-
A fs. 50/55 vta. obra resolución mediante la cual este Tribunal declara su competencia para entender en las presentes actuaciones y formalmente admisible la acción interpuesta por la Provincia de Santa Cruz.-
En PE315819-2021 se ordenó la apertura a prueba de la causa. Certificada su producción y puestos los autos a disposición de las partes para alegar (cfr. PE609573-2022), hicieron uso de este derecho la parte actora en PE678287-2022 y la parte demandada en PE689864-2022.-
Se llamó autos para sentencia en PE706983-2022, pasando a estudio en PE731117-2022.-
IV. En primer lugar deberá atenderse la defensa de fondo de cosa juzgada opuesta por la parte accionada, ya que una resolución favorable en este aspecto tornaría inoficioso el tratamiento de los restantes planteos.-
La demandada basa su defensa en que la actora se presentó en el proceso falencial solicitando la nulidad de la orden de escrituración del inmueble que fuera adjudicado por el CAP a Traverso y Cía. S.R.L. en la causa: “Estado de la Provincia de Santa Cruz en autos caratulados: ‘Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos c/ Traverso y Cía. SRL s/ Solicita Quiebra Expte Nº S- 5628/08 s/ Incidente de Nulidad’ (Trámite de Escrituración Parcela 1ª, Manzana 5, Circunscripción III de la localidad de El Chaltén)”, Expte. Nº E-5628/16-I) y tal pretensión, dice, fue rechazada en todas las instancias legales (cfr. foja 36).- El fundamento de la cosa juzgada es impedir la reiteración de procesos y la posibilidad de fallos contradictorios con el consiguiente escándalo jurídico. Abarca no sólo los planteos introducidos en el proceso anterior, sino también aquellos que debieron articularse en aquél. Para determinar la existencia de la cosa juzgada no es necesario llevar a cabo un estudio particularizado acerca de la concurrencia o inconcurrencia de las tres clásicas identidades: sujeto, objeto y causa. Esto, desde luego, sin desconocer que tal estudio podrá en algunos supuestos resultar de utilidad. Lo importante es que, examinando la situación que se presente, en su integridad, puede caracterizarse a la pretensión deducida como coincidente con una ya resuelta por la jurisdicción (cfr. Morello, Augusto Mario; Sosa, Gualberto Lucas; Berizonce, Roberto Omar: “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación comentados y anotados”, Segunda Edición Reelaborada y Ampliada, Primera Reimpresión, LEP - Abeledo Perrot, La Plata, 1992, Tomo IV-B, pág. 293).- La estabilidad de las decisiones judiciales constituye un supuesto ineludible de la seguridad jurídica.-
Sentado ello, se impone la tarea de analizar si en el caso de autos se verifican los presupuestos de la cosa juzgada.-
La demandada sustenta su pretensión en lo decidido en el incidente de nulidad antes citado. Del cotejo de este último con el presente, se advierte que no se verifica la identidad de pretensiones, ya que la acción aquí deducida no puede ser identificada con el incidente que fuera rechazado en el primer litigio. Ello trae consigo que no existe el riesgo de que, en la especie, pudiera arribarse a un pronunciamiento contradictorio con el dictado en la causa anterior.-
Si bien es cierto que en ambas causas intervienen las mismas partes, no lo es menos que el objeto reclamado en uno y otro caso son sustancialmente distintos, como asimismo lo son los presupuestos fácticos en los cuales se sustenta una y otra pretensión.-
En efecto, en el ya identificado incidente, el Estado Provincial aduce como causal de la nulidad que propugna que se han afectado las normas del debido proceso y el derecho de defensa en juicio por cuanto se ha ordenado un acto de disposición sobre un bien público sin haber oído en forma previa al Estado Provincial titular de dicho bien, conforme lo estipulado en el artículo 125 de la Constitución Provincial (cfr. fs. 142 y vta.). Señala que en el proceso falencial se han adoptado medidas que afectan directamente el patrimonio de la Provincia e imponen al titular del Poder Ejecutivo obligaciones en el marco de un juicio en el que nunca fue citado debidamente (cfr. foja 145 vta.). Concretamente, el ataque va dirigido contra la medida cautelar de no innovar decretada por la Sra.
Jueza de grado, mediante la cual ordenó al CAP detener el proceso administrativo de caducidad de la adjudicación en venta realizada a favor de la fallida; y también contra la posterior orden de escriturar el bien a favor de esta última. Dice que ambas medidas fueron adoptadas sin citar previamente al órgano ejecutivo.- En la resolución obrante a fs. 214/234, la Magistrada interviniente rechaza la nulidad articulada señalando que a los interesados en intervenir en el proceso falencial se los cita por edictos, que en el caso de autos se ordenó en el Boletín Oficial, en el diario La Opinión Austral y en la FM de El Calafate y El Chaltén. Así, explica en su fallo que: “La publicación de Edictos, es el medio de notificar la quiebra a los acreedores y terceros interesados (Conf.
LCQ), los que no pueden alegar ignorancia, una vez cumplido. Con dicha publicación, quedó notificado el Estado Provincial y el Consejo Agrario Provincial para hacer valer sus derechos, ya sea como acreedor o en su defecto tercero interesado, momento oportuno en el cual debería haber manifestado su intención de no proseguir con la adjudicación en venta.” (cfr. foja 233 vta.). Concluye así que, contrariamente a lo expresado por el Fiscal de Estado, la Provincia fue oportunamente citada al proceso falencial, a ello suma que el 25 de junio de 2015, se presentó el Fiscal de Estado solicitando la suspensión de plazos para dar cumplimiento con la manda judicial de escrituración. En base a tales premisas, concluye que la nulidad articulada el 3 de octubre de 2016, objetando el procedimiento desde sus inicios resulta extemporánea (cfr. fs. 233 vta./234).- Se explica también en la resolución que, en virtud de lo señalado precedentemente, esto es la publicación de edictos y el pedido de suspensión de plazos formulado por el Fiscal de Estado denotan que la Provincia tuvo pleno conocimiento del decreto de quiebra y de lo actuado en autos.-
No se trataron en dicho pronunciamiento los temas propuestos a debate en estos autos.-
En síntesis, en el incidente de nulidad la resolución se limitó a discernir si la aquí actora había tomado conocimiento de lo actuado en el proceso falencial y si tuvo oportunidad de defenderse y, eventualmente, oponerse a las medidas allí decretadas con respecto al inmueble objeto de autos. Empero nunca fue materia de debate si el Acuerdo en cuestión se ajustaba a la ley. En cambio en estos autos, se persigue la nulidad por razones de ilegitimidad del Acuerdo Nº 049/13 del 22 de mayo del 2013, por ser lesivo al interés público. Se presentó Decreto del Poder Ejecutivo que así lo declara (cfr. fs. 1/5). Se funda la pretensión en la Constitución Provincial (cfr. arts. 67) y en la Ley Nº 63 de Adjudicación de Tierras Municipales, señalando que esta última es de orden público. La lesividad se sustenta en que la beneficiaria sólo ha abonado el precio, empero ha incumplido todas las demás obligaciones que la norma sobre adjudicación de tierras le imponía, obligaciones que eran más importantes que el precio, conforme el ordenamiento sobre disposición de tierras fiscales.- No cabe duda que en estos autos no se trata de abordar el tratamiento de algo ya resuelto por la jurisdicción sino que, en verdad, estamos ante una controversia distinta conforme a la teoría de la identidad antes reseñada.-
En consecuencia, la defensa de cosa juzgada debe ser rechazada.-
V. Ahora sí corresponde ingresar al análisis de la procedencia de la acción de lesividad articulada por el Estado Provincial, la cual es promovida en base a lo dispuesto por el Decreto Nº 0431/18 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial (cfr. fs. 1/5), que declaró lesivo a los intereses públicos y al orden público provincial, por ilegítimo el Acuerdo Nº 049/13 dictado por el CAP, mediante el cual se declararon cumplidas las obligaciones legales de la adjudicataria Traverso y Cía. S.R.L., sobre el inmueble sito en la localidad de El Chaltén.- Justifica su accionar en que la demandada no ha cumplido con la totalidad de las obligaciones que la ley impone a los adjudicatarios de tierras fiscales y por ello el Acuerdo en cuestión es contrario a la normativa que rige la materia.-
Sobre la cuestión este Tribunal Superior de Justicia ha expresado que: “‘...El Estado celebra el contrato administrativo para cumplir una finalidad que le es propia, distinta a la perseguida por los particulares. Es el gestor, a través de sus órganos, del interés común. Es en virtud de ese papel, del cual es responsable incluso desde el punto de vista constitucional, como responsable de la marcha de los negocios públicos o, como se ha afirmado, en virtud del principio de competencia que debe asumir la dirección y el control del contrato administrativo, a los fines de asegurarse que se alcance la finalidad que es causa fin del contrato y velando porque el cocontratante no sólo cumpla las obligaciones asumidas del modo convenido, sino también para que lo haga del modo que resulte más satisfactorio a la consecución del interés público...’ (cfr. Lara, Andrea J., ‘Dirección y control. La prerrogativa de dirección y control. Ejercicio. Diferencias con las facultades de dirección y control en otros contratos regidos por los derechos civil y comercial’, en Contratos Administrativos, Farrando Ismael (h.) -Director-, LexisNexis, Buenos Aires, 2002, pág. 505).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 920, Folio 2717/2731). La regla es que la Administración puede dejar sin efecto el contrato en cualquier momento, de manera unilateral, no sólo por incumplimiento del beneficiario sino también por razones de interés público.- Esa potestad administrativa encuentra suficiente justificación en la necesidad de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad, comprometida por la existencia de un acto afectado de nulidad absoluta y que, por esa razón, carece de la estabilidad propia de los actos regulares y no puede generar válidamente derechos subjetivos de los particulares frente al orden público interesado en la vigencia de la legalidad (Fallos 304:898; 314:322).-
Como es sabido, la administración debe revocar o sustituir los actos que considera irregulares por razones de ilegitimidad, salvo que se trate de un acto firme y consentido, que hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, en cuyo caso debe demandar judicialmente su nulidad, mediante un proceso de lesividad. Esta solución es la que mejor compatibiliza el respeto de los derechos adquiridos del administrado beneficiario del acto, y la salvaguarda del interés público comprometido en la obligación de extinguir un acto administrativo nulo. Dicha acción es una excepción al principio jurídico según el cual nadie puede alegar su propia torpeza, pues le permite a la Administración Pública invocarla, con fundamento en la afectación al interés público que provoca la permanencia de un acto irregular (cfr. TS CABA, “GCBA c/ Asesores Empresarios SA s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido”, del 29/05/2013, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/20033/2013).- Por lo tanto, supuesta la irregularidad del acto por conllevar un vicio que determina su nulidad absoluta, resulta en principio legítima la actividad revocatoria de la propia Administración, salvo que concurra la excepción señalada en el párrafo anterior.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha señalado que: “...la acción de lesividad es la vía adecuada para canalizar el presente reclamo, pues al haberse generado derechos subjetivos que se estaban cumpliendo, la administración local se ha visto obligada a interponerla, conforme a lo ordenado en los artículos 17 y 18 de la ley 1260. En efecto, el artículo 17 del mentado cuerpo legal señala que ‘El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el acto hubiere generado prestaciones que estuvieren en vías de cumplimiento, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad’. De su lado, el artículo 18 establece que ‘El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicios a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados’. En síntesis, un acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa, pero si el acto hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo sólo podrá impedirse su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante una declaración judicial de nulidad, a menos que el interesado hubiera conocido el vicio...” (cfr. fallo cit.).- Como recaudo previo, para accionar en sede judicial, el acto en crisis debe declararse lesivo para el interés público por razones de ilegitimidad (lo cual se ha cumplido con el Decreto Provincial Nº 0431/18, mediante el cual se dispuso la suspensión del Acuerdo Nº 049/13 dictado por el CAP y la iniciación de la presente a fin de que se decrete su nulidad) y la acción debe ser promovida contra quien resulte beneficiado por el acto (cfr. art. 102 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Cabe destacar que mediante el citado Decreto el Poder Ejecutivo Provincial declaró la lesividad del acto administrativo mencionado (cfr. art. 1º); instruyó a la Fiscalía de Estado a interponer la presente acción judicial (cfr. art. 2º) y suspendió la eficacia administrativa y legal del acto en crisis hasta que exista sentencia judicial firme (cfr. art. 3º) (cfr. fs. 4/5).-
El fundamento constitucional de la acción de lesividad -única vía posible para erradicar el acto administrativo del mundo jurídico, cuando se dan las condiciones impeditivas de la revisión de oficio-, está apoyado en un trípode constituido por el respeto al debido proceso, al derecho de propiedad y al principio de división de poderes (cfr. arts. 1º, 17 y 18 de la C.N.). A tales bases se suma el principio de la seguridad jurídica como valor sustancial del Estado de Derecho, concretado en lo atinente a esta cuestión en el carácter de estable o inmutable que adquieren determinados actos administrativos. Se trata de dar solución a la tensión existente entre la imposibilidad de revocar por si determinados actos por parte de la Administración, y su deber primigenio de sometimiento al orden jurídico, con la consecuente obligación de restablecerlo cuando se ha visto vulnerado, aún por el propio obrar del Estado (cfr. CJ Salta, “Eco Desarrollo Salta S.A. c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación”, del 30/07/2013, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/35414/2013).- Al margen del análisis realizado, y sin negar la viabilidad de la acción promovida, se advierte que, con relación al conocimiento de los vicios que afectaban al acto objeto de este proceso, la Síndica de la quiebra de Traverso y Cía. S.R.L., nunca lo puso en entredicho. En efecto, se limitó a oponer la prioridad que a su entender tiene la ley de concursos y quiebras y los derechos de los acreedores del fallido, empero no dejó de reconocer que no se cumplieron los recaudos que exige la Ley Nº 63. Es decir que podría encuadrarse este supuesto en la excepción prevista en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260, que autoriza a la administración a revocar per se el acto cuando el interesado conociera el vicio.- De lo expuesto se desprende que, si existió la transgresión invocada de normas legales y ello a su vez redundó en un perjuicio al interés público, la anulación pretendida por el Estado Provincial será procedente.-
VI. De acuerdo al marco legal y doctrinario descripto, se debe, en el caso concreto a resolver, verificar si la solicitud de anulación del acto administrativo tiene motivo o causal en qué sustentarse. Así, es menester analizar si los vicios apuntados en la demanda con relación al acto administrativo cuestionado, efectivamente se produjeron y si justifican la declaración de nulidad pretendida por la accionante.-
Es preciso señalar que las partes no difieren sobre los hechos del caso, tanto en la demanda como en su contestación, se señala que se trata de una adjudicación en venta de un terreno de la localidad de El Chaltén, que el CAP realizó a favor de la demandada.-
Conforme surge del Expediente Administrativo Nº 484.743/07, la demandada para obtener la titularidad del bien en cuestión, debía además de abonar el precio, realizar las obras a las que se había comprometido en dicho predio que son el fundamento del beneficio y constituyen el mayor interés de la administración, pues el precio se encuentra muy por debajo del valor de mercado. Traverso y Cía. SRL, se había comprometido, al recibir el beneficio, a construir y poner en funcionamiento un supermercado, empero nada realizó, ni siquiera un principio de obra, sólo se limitó, luego de caer en quiebra a abonar, a través de la Síndico, el precio total.- Del expediente referido surge que Traverso y Cía. S.R.L., se presentó solicitando tierras en la localidad de El Chaltén, para instalar un salón comercial, depósito de mercaderías, estacionamiento y viviendas para los empleados (cfr. fs. 1/7 del Expte.
Adm. cit.). El organismo público dictó el Acuerdo Nº 086/07 (cfr. fs. 54 y vta. del Expte. Adm. cit.), en mérito del cual se adjudicó en venta a la firma nombrada la Parcela N° 1a, Manzana 5, Circunscripción II (con una superficie de 1220 metros cuadrados) del pueblo de El Chaltén. Los artículos 5 al 7 refieren a las obras que tenía que realizar la beneficiaria, destacándose que para tener por cumplido el Acuerdo debía además cancelar el saldo del precio y presentar el certificado final de obra (cfr. art. 7).- Los informes de fs. 66 y 74 (del 19/08/2008 y 07/10/2008 respectivamente) del Expediente Administrativo citado demuestran que la beneficiara no ha realizado ninguna de las obras comprometidas.
A foja 87 y vta., mediante el Acuerdo Nº 053 del 28 de noviembre de 2008 dictado por el CAP, se dispuso intimar a Traverso y Cía. S.R.L. el cumplimiento en un plazo de treinta (30) días bajo apercibimiento de caducidad. No obstante de la inspección del 22/10/2010 (cfr. foja 103 del Expte. Adm. cit.), surge que el terreno se encontraba aun baldío. En estas condiciones y atento lo solicitado por el Juzgado interviniente en la quiebra (cfr. fs. 120 y vta. del Expte. Adm. cit.) se dicta el Acuerdo Nº 049/13 del CAP, el cual declara cumplidas las obligaciones de la demandada respecto a la adjudicación en venta. A partir de allí pasan las actuaciones a los organismos provinciales que debían intervenir para materializar la escrituración.
Finalmente se dicta el Decreto Provincial Nº 0431/18 que declaró lesivo el Acuerdo citado y posteriormente se iniciaron las presentes actuaciones.- Como se ha visto, existe un incumplimiento indiscutido por parte de la accionada de las obligaciones legales que le imponía la adjudicación en venta con la que fue beneficiada.-
La Síndica opone como defensa que al haberse decretado su quiebra, las reglas del proceso falencial (cfr. Ley Nº 24.522) gobiernan la situación, ya que se imponen a su entender a las normas locales y, en merito de ellas, el interés en reunir el patrimonio del deudor, como prenda común de los acreedores trae consigo la preeminencia sobre las normas locales (cfr. foja 39, apartado VIII). Dicho argumento, más lo que considera la tardía intervención de la administración provincial en el proceso falencial, computando el plazo en base a la publicación de edictos citando a los acreedores y demás interesados en la quiebra de la demandada, resultan ser las razones en mérito a las cuales la Síndica peticionó y la Jueza ordenó la escrituración del terreno a favor de Traverso y Cía.
S.R.L.. Argumentos que son traídos a este proceso para defender su postura.- Ahora bien, el proceso de adjudicación en venta impone a la beneficiaria una serie de recaudos, destacándose que el pago del terreno es uno de ellos, empero lo que más importa a la Provincia es la realización de las obras que se comprometieron, en lo que interesa el artículo 5º de la Ley Nº 63 (sobre adjudicación de tierras) dispone: “Se establecerán por anticipado las formas de pago y demás obligaciones, las que deberán cumplirse dentro de los dos años posteriores a la fecha de otorgamiento de la posesión. Ellas consistirán por lo menos: a) Cercar totalmente el solar b) Construir una casa habitación con sus dependencias y sanitarios en material durable, conforme a los reglamentos que se dicten c) Cumplir con las disposiciones legales vigentes.
Exceptúese del cumplimiento de lo previsto en el inciso b) del presente artículo a los adjudicatarios que accedan a créditos hipotecarios para la construcción de una vivienda única familiar en el lote adjudicado. En este supuesto, el interesado que acredite, mediante instrumento emitido por la entidad crediticia la aprobación de un crédito hipotecario, podrá solicitar al Consejo Agrario Provincial, que dicte el acto administrativo declarando cumplidas las obligaciones. Para ello este organismo verificará el pago del precio de la tierra fiscal y el cumplimiento de las restantes obligaciones impuestas. Emitido el acto administrativo correspondiente el Poder Ejecutivo Provincial, transmitirá el dominio otorgando Título de Propiedad bajo condición resolutoria de que en el plazo que establezca la reglamentación, se constituya efectivamente el derecho real de hipoteca.”.
De su lado el artículo 6° prevé que transcurrido el plazo de seis (6) meses sin haberse iniciado el cumplimiento de las obligaciones emergentes del artículo anterior u otra que se establezca contractualmente, se podrá declarar la caducidad de la concesión.- A su vez el artículo 7° del ya citado Acuerdo Nº 086/07 (por el cual se adjudicó en venta el terreno) indicaba que para poder tener por cumplidas las obligaciones la beneficiaria debía pagar el saldo de precio y cumplir con las prescripciones del artículo 5º de la Ley Nº 63.-
Al constatar la serie de irregularidades anteriormente descriptas, la Administración ejerció la acción legal que tenía a su alcance para perseguir la nulidad del acto que tuvo por cumplidas las obligaciones legales de la adjudicataria sobre la superficie de 1220 m2 ubicada en la Parcela 1a, Manzana 5, Circunscripción II de la localidad de El Chaltén. La acción, tal como ha sido planteada, se enmarca en lo previsto en los artículos 102 y concordantes del CPCA, Ley Nº 2600 y habiéndose demostrado que existió la transgresión invocada de normas legales; y ello a su vez redundó en un perjuicio al interés público, la anulación del Acuerdo objeto de autos es procedente.- El Acuerdo del CAP dictado en contravención a la previsión legal sobre la adjudicación de tierras fiscales, conlleva un vicio que determina su nulidad absoluta que justifica la acción interpuesta por la Administración en pos de restablecer la juridicidad comprometida por la existencia de un acto ilegítimo y que, por esa razón, carece de la estabilidad propia de los actos regulares y no puede generar válidamente derechos subjetivos de los particulares frente al orden público interesado en la vigencia de la legalidad (Fallos 314:322).- La defensa esgrimida por la sindicatura de la quiebra de Traverso y Cía.
S.R.L., solo se limitó a decir que la ley de quiebras tiene preeminencia sobre las normas locales de adjudicación de tierras, sin explicar que disposición de la Ley Nº 24.522, autoriza a dejar de lado normas legales, menos aun explicar cómo y por qué la ley citada, en el caso concreto de autos, permite, como pretende, violar la ley sobre disposición de tierras fiscales y facultar a la fallida a apropiarse de un bien público sin cumplir la obligación de hacer a la que se obligó.- De validarse tal argumento, estaríamos ante una violación al principio de igualdad, el cual surge directamente del artículo 16 de la Constitución Nacional, dado que este tutela a todos aquellos que se postulen al beneficio, en tanto otorgaría un privilegio para la obtención de tierras fiscales a los que, como en este caso, se encuentren sometidos a un proceso falencial, pudiendo adquirirlas sin tener que cumplir con todas las contraprestaciones debidas, en perjuicio de los demás interesados.
Además generaría un precedente que quebranta el sistema de adjudicación de la tierra pública, donde, tal como se señalara, el pago del precio no es el principal interés sino la realización de las obras para las cuales se concedió el beneficio. Así también se conseguirían terrenos fiscales a un costo mucho menor que el real, todo ello en perjuicio del interés público, que es deber de la administración resguardar.- Los acontecimientos descriptos han aparejado un perjuicio a la Provincia, la cual, en virtud del accionar de la sindicatura no recibió la contraprestación debida, circunstancias que justificaban la lesividad determinada en el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 0431/18.-
En definitiva se ha violado la ley al decretar tener por cumplidas las obligaciones de la adjudicataria y tal violación torna ilegítimo el acto administrativo cuestionado en autos, por lo cual debe ser revocado en resguardo del interés público.-
En cuanto al argumento de la sindicatura, en relación a la tardía presentación de la Provincia en el proceso falencial, se desvanece esta embestida pues se trata, en este caso, de una nueva acción contenida en el artículo 102 del CPCA, Ley Nº 2600 y dicha acción ha sido interpuesta dentro del plazo previsto al efecto, por el artículo 103 de la ley citada.-
VII. Finalmente, y tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo debemos señalar que ante la ilegitimidad de un acto administrativo, el orden jurídico prevé medios específicos para su revocación y/o anulación (cfr. arts. 17 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260 y 102 y ss. del CPCA, Ley Nº 2600), que tienen en cuenta tanto el respeto de la legalidad como los derechos de los interesados y la seguridad jurídica. Por ello, ante un acto administrativo inválido, como en el caso, le corresponde al Estado el restablecimiento de la juridicidad, sin perjuicio del respeto que debe acordarse a los derechos nacidos en favor de los particulares, protegidos a la luz de la seguridad jurídica (cfr. art. 18 in fine de la Ley Nº 1260 cit.) (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).- Es que: “El reconocimiento de la potestad anulatoria de la administración pública, no significa que ese privilegio estatal, deba realizarse a expensas del reconocimiento y protección de los derechos y libertades individuales que eventualmente pudieran resultar afectados por el ejercicio de tal facultad...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 882, Folio 2558/2565; y fallo cit.).-
El Estado debe responder aun por su actividad lícita, cuando ello ha generado indebidos perjuicios a terceros (Fallos 332:1367 y 328:2654 del voto de la Dra. Highton de Nolasco, Elena I.).-
En consecuencia, se dicta esta sentencia, sin perjuicio de los reclamos que, por la vía procesal pertinente, pudiera realizar la demandada, por los daños y perjuicios que el accionar estatal podría haberle ocasionado.-
VIII. En conclusión, de conformidad con el desarrollo efectuado en los considerandos precedentes, se han producido las violaciones reglamentarias y el perjuicio al interés público alegados. En virtud de ello corresponde hacer lugar a la acción de lesividad y en su mérito declarar la nulidad del Acuerdo Nº 049/13 del 22 de mayo del 2013 dictado por el CAP.-
En razón de todo lo expuesto, a la segunda cuestión voto por la afirmativa.-
La Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, el Dr. Fernando Miguel Basanta, y las Dras. Romina Vanessa Saúl y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
A la tercera cuestión el Dr. Mariani dijo:
Atento las consideraciones desarrolladas en la primera y segunda cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE1142902-2023 y a la acción de lesividad interpuesta por la parte actora a fs. 8/17 contra Traverso y Cía. S.R.L., declarando la nulidad del Acuerdo Nº 049 del 22 de mayo de 2013 dictado por el Directorio del Consejo Agrario Provincial; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte demandada-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999).- La Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, el Dr. Fernando Miguel Basanta, y las Dras. Romina Vanessa Saúl y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 14 de diciembre de 2023.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta, de la Sra. Vocal Subrogante, Dra. Romina Vanessa Saúl y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Haciendo lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE1142902-2023.-
2. Haciendo lugar a la acción de lesividad interpuesta por la parte actora a fs. 8/17 contra Traverso y Cía. S.R.L., declarando la nulidad del Acuerdo Nº 049 del 22 de mayo de 2013 dictado por el Directorio del Consejo Agrario Provincial.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte demandada-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y judiciales mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saúl -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1030C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1143 Folio N°: 3703/3711 Secretaría: 1
Fin de la sentencia