Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2291-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, a fs. 219/235 vta., por quebrantamiento de formas sustanciales y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 209/211, reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevo juez hábil, dicte nuevo pronunciamiento debiendo tener presentes las consideraciones desarrolladas ut supra por este Alto Cuerpo.-
2Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2291-TSJ Interlocutorio N°: 662 Actor: SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ Demandado: BOLLAND Y CIA. S.A. - YPF S.A.
Objeto: RECURSO DE APELACIÓN Fecha: 16-03-2020 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 662 FOLIO Nº 3822/3825 PROT. ELECT. TSS1 004 S.201
Río Gallegos, 16 de marzo de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ c/ BOLLAND Y CIA. S.A. - YPF S.A. s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expte. Nº 18.813/17 (S-2291/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Ignacio Ferreyra de las Casas (cfr. fs. 219/235 vta.), contra la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada, que confirmó la Resolución Nº 470/SETySS/16 dictada por el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social (cfr. fs. 209/211). Esta última aceptó la declinación de la vía administrativa solicitada por Bolland & Cia. S.A., dejando expedita la vía judicial previo depósito que garantice suficientemente sus obligaciones laborales, el que fue determinado en la suma de pesos un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos dieciséis con cincuenta y seis centavos ($1.446.316,56) (cfr. fs. 147/149).-
II. La parte recurrente aduce quebrantamiento de forma y errónea aplicación de la ley en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 225 vta.) y arbitrariedad (cfr. foja 234 vta.).-
Plantea que el pronunciamiento en crisis infringió lo dispuesto en los artículos 34, inciso 4° y 164, inciso 5° del CPC y C, 8 de la Ley Nº 2450 y 18 de la Constitución Nacional. Además, precisa que la jueza omitió el tratamiento de cuestiones conducentes para la justa solución de la causa (cfr. foja 225 vta.).-
Sostiene que si bien los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos vertidos por las partes sino sólo aquellos que resultan conducentes para la resolución de la cuestión planteada, ello no implica que la selección de los mismos se desarrolle en forma arbitraria, dejando de lado aquellos que asumen el carácter de conducentes (cfr. foja 226). En tal sentido, señala que el decisorio impugnado transgredió este deber, evitando tratar las cuestiones conducentes que introdujo en su recurso de apelación (cfr. foja 226 vta).- Reseña holgadamente distintos fragmentos del remedio ordinario que oportunamente interpuso contra la Resolución Nº 470/SETySS/16 dictada por el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social (cfr. fs. 227 vta./233 vta.) y sobre esta base enfatiza que la magistrada salteó lisa y llanamente todo lo explicado y pormenorizadamente fundado en esos tramos, en patente manifestación del inadmisible desvío jurisdiccional plasmado en el decisorio impugnado (cfr. foja 233 vta.).- Finalmente postula que nos encontramos frente a una sentencia que no resulta derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que habilita su tacha de arbitrariedad y consecuentemente, su descalificación como acto jurisdiccional válido (cfr. foja 234 vta.).-
Ratifica reserva del caso federal (cfr. foja 235).-
A fs. 239 y vta. la Alzada, declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A fs. 249 y vta. obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso y poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de ese derecho (cfr. certificación de foja 252).-
A fs. 253/255 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tri-bunal, quien por los fundamentos que allí invoca y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad señala que: “…debe hacerse lugar a los agravios de la demandada.” (cfr. fs. 254 vta./255).-
A foja 256 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 257 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte demandada, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2 y 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto su impugnación se fundamenta en el quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal y arbitrariedad.- Así las cosas, por una cuestión de método se abordará, en primer término, el recurso desde el prisma del artículo 2º de la citada norma. Sobre este motivo casatorio, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr.
Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones formuladas por la recurrente.- Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de formas en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408).
Sosteniendo sobre este último aspecto, que: “La omisión de cuestiones o temas conducentes oportunamente pro-puestos por las partes es causal de arbitrariedad en las resoluciones judiciales, las que deben en consecuencia ser dejadas sin efecto?El déficit que se indica puede consistir en la omisión de la consideración de planteos, en no hacerse cargo de ciertos argumentos aducidos por el recurrente, en no analizar adecuadamente determinados agravios, no tratar diversos pedidos, en omitir ciertos temas de ineludible consideración?” (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 480, Folio 2603/2611 y XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596). De acuerdo al programa recursivo planteado por la casacionista, resulta imperativo, entonces, revisar la estructura formal del pronunciamiento en crisis a efectos de verificar si la magistrada omitió el tratamiento de temas conducentes para dirimir la contienda.- El Derecho es un sistema que contiene reglas internas que deben respetarse para que sea posible predicar la juridicidad de una decisión (cfr.
Ricardo Luis Lorenzetti, “Teoría de la Decisión Judicial Fundamentos de Derecho”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 209).-
Precisamente, una de las reglas que debe seguir todo pronunciamiento judicial para erigirse en una decisión constitucional y legalmente válida viene dada por el principio de congruencia, definido por este Alto Tribunal como “…la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4° y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6° ambas disposiciones del Cód. Proc. Civ. y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomos I, Reg. 24, Folio 95/102; II, Reg. 84, Folio 369/374; IV, Reg. 144, Folio 699/705; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XII, Reg. 414, Folio 2257/2260, entre otros). Éste último mandato adjetivo resulta extensible también a las sentencias de segunda instancia, según lo preceptuado por el artículo 165 del mismo cuerpo normativo. A su vez, las disposiciones individualizadas resultan de aplicación a los procesos laborales, en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 121 de la Ley Nº 1444.- Desde el cuadrante doctrinario, se ha definido a la congruencia procesal como la “…coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido.” (cfr. Guillermo Jorge Enderle, “La congruencia procesal”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 57).-
Siguiendo la clasificación tripartita de Jaime Guasp, Juan Carlos Hitters enseña que la incongruencia puede asumir las siguientes caras: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes; por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes; o por ambas razones, es decir, mixta, cuando padezca de los dos defectos a la vez, lo que sucede cuando el dispositivo sentencial concede algo diferente de lo pretendido (cfr. aut. cit., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da edición, LEP, 1998, pág. 641).- En la especie -tal como se anticipó anteriormente- la recurrente aduce que el pronunciamiento en crisis no hizo mérito de sus alegaciones al expresar los agravios contra la Resolución Nº 470/SETySS/16 dictada por el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social. Particularmente, pone de relieve que la magistrada salteó lisa y llanamente todo lo explicado y pormenorizadamente fundado en su remedio ordinario.-
El planteamiento recursivo bajo estudio torna necesario, entonces, confrontar los cuestionamientos vertidos por la demandada en la oportunidad de expresar agravios contra la resolución emitida por la autoridad administrativa, a efectos de corroborar si efectivamente la magistrada incurrió en el vicio denunciado.-
En dicha oportunidad procesal -cuya pieza recursiva luce a fs. 154/164- la parte esbozó dos agravios: el primero de ellos, vinculado con el hecho de que la decisión administrativa objetada resultó arbitraria en razón de que su descargo había sido suficientemente fundado (v. fs. 156/162 vta.); y el segundo, relativo a que la autoridad administrativa restringió el alcance del artículo 8 de la Ley Nº 2450 al depósito previo, cuando el texto legal también habilita la vía judicial cuando el empleador dejare caución real (cfr. fs. 162 vta./163).- En relación al tópico inicial, sostuvo que: “La lectura del escrito mediante el cual mi parte formuló su descargo (obrante a fs. 14/19 del Expte. Nº 25.898/2015 agregado desde fs. 08/46), y solicitó la declinación de la vía administrativa, permite apreciar que allí Bolland cumplió largamente con las cargas técnicas inherentes a una presentación de tal carácter…” (cfr. foja 156).
Y sobre el último agravio, postuló que: “…al pretender exigirse que mi mandante deposite la importantísima suma de $1.446.316,56 en el término de 3 días de notificado, se está sosla-yando también que la norma en cuestión habilita al empleador a dar caución, y en modo alguno se justifica en la Resolución el motivo por el cual se intentó restringir las alternativas que aquella otorga.” (cfr. foja 162 vta.).- Ante este escenario, la jueza confirmó la Disposición Nº 470/SETySS/16, limitándose a expresar que: “En el caso traído a pronunciamiento definitivo debo destacar que la ley de procedimiento administrativo es clara al destacar que se puede declinar la vía administrativa por parte de la empleadora pero las razones invocadas deben ser fundamentadas.
Y en el caso que no fuera suficiente dicha fundamentación, que pueda presumirse que persiga con dicha declinación el retardo o la evasión del cumplimiento de las obligaciones laborales que fuera objeto de la acción…estableciéndose el pago de deposito (sic) previo o caución…del acta de audiencia de fs. 59 surge que los apoderados de la Firma Bolland y Cia. peticionan la declinación de la vía administrativa pero no fundamentan su pedido de manera razonada…Destacando en principio que la empleadora es la que debe fundamentar dicho pedido, toda vez que a solicitud de parte o de oficio, como es este el caso, si la autoridad administrativa considera que existe ‘verosimilitud del crédito y peligro en la demora’ puede establecer el deposito (sic) previo, considerando la suscripta que del relato de los hechos y de la lectura de la resolución Nº 470/16 la misma se encuentra debidamente fundada, sin nada mas que aclarar…por lo que habré de desestimar el agravio vertido y confirmar lo dispuesto en la Disposición Nº 470.” (cfr. fs. 210 vta./211).- Tal como resulta dable advertir, la magistrada se limitó a evaluar exclusivamente el agravio inicial, aunque dicha faena fue llevada a cabo de manera sesgada, pues sólo puso énfasis en el acta de audiencia de foja 59, soslayando el descargo formulado por la compañía a fs. 23/26 sobre el cual giraba el sustento principal de la crítica esgrimida oportunamente por la recurrente.
Tampoco exteriorizó ningún fundamento -siquiera tangencial- en torno al segundo agravio formulado por la recurrente ni tampoco adujo razón alguna para indicar que no correspondiera pronunciarse al respecto.- En tales condiciones, asiste razón a la casacionista, en razón de que esta forma de decidir quebranta el artículo 164, inciso 6° del CPC y C que requiere “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio…”, cuyo mandato por imperio del artículo 165 del CPC y C se torna aplicable a los pronunciamientos que se dicten en segunda o ulterior instancia.-
Si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, es decir, sólo deben analizar y decidir los capítulos y cuestiones que resultan pertinentes para la correcta solución del litigio, lo cierto es que debe reputarse como nula la sentencia si omite tratar temas conducentes que componen el litigio (cfr. Roberto G. Loutayf Ranea, “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 2009, Tomo 2, págs. 310 y 311). En idéntico sendero, este Tribunal Superior de Justicia -con cita de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- ha expuesto que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita) que conlleva a la nulidad del fallo (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 606, Folio 3475/3480).- Con sentido similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que son susceptibles de descalificación las sentencias que omiten el examen y tratamiento de alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del apelante y lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa (Fallos: 317:1583 y 327:5668).-
La respuesta proporcionada por la jueza al emitir su pronunciamiento conlleva la preterición de temas conducentes oportunamente propuestos por la demanda, las que revisten suficiente relevancia para la resolución del presente proceso, lo que torna pertinente rememorar las enseñanzas de Germán J. Bidart Campos, quien sostiene que “…el derecho a la jurisdicción no se satisface ni agota con el mero acceso a un juez, ni con la secuela del debido proceso, sino que exige culminar con una sentencia (válida) que resuelva ‘todas’ las pretensiones y ‘todas’ las cuestiones (de hecho y de derecho) incluidas en la causa.” (cfr. aut. cit., “La abstención de un tribunal (federal o provincial) que no juzga una cuestión constitucional, es inconstitucional”, ED 128, pág. 222).- Hugo Alsina refiere que la sentencia no sólo debe resolver la cuestión sometida a la decisión del juez, sino que también debe llevar al ánimo de los litigantes la convicción de que han sido considerados todos los aspectos de la misma y tomadas en cuenta sus respectivas alegaciones y añade que a quien con mayor razón se debe dar explicaciones es a aquel a quien se le niega un derecho (cfr. aut. cit., “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 2da ed., Ed. Ediar, Buenos Aires, 1957, Tomo II, págs. 255 y 257).- En definitiva, cabe apuntar que las cuestiones singularizadas por la recurrente tenían decisiva gravitación en la decisión del litigio, delimitando el esquema jurídico del pronunciamiento del que la juzgadora debía hacerse cargo, es decir, atender, analizar y darle razonada e íntegra respuesta.-
La faena incumplida resulta, entonces, insusceptible de convalidación, desde que -como ha afirmado Roberto O. Berizonce- la hondura e intensidad de las razones justificatorias en las que las decisiones judiciales se sustentan, constituyen el soporte mismo, insustituible, que legitima la intervención de los jueces (cfr. aut. cit., en prólogo a la obra de Leandro Guzmán, “Derecho a una sentencia motivada”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2013, págs. XIII y XIV).-
Merced a lo expuesto, cabe traer a colación lo indicado en sendas oportunidades por este Alto Tribunal, en el sentido de que comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o la fundamentación aparente, el acto sentencial no existe como acto procesal válido y consecuentemente, quebranta las formas estatui-das ritualmente para su conformación; se trata -en el sub lite- de un problema de ausencia o aparente fundamentación válida y de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales; ante tal circunstancia el íter establecido por el artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, es el encuadre normativo aplicable (cfr. Sentencia, Tomos XVII, Reg. 591, Folio 3394/3398 y XVIII, Reg. 597, Folio 3427/3431, entre otros).- A la luz de los argumentos hasta aquí vertidos, cabe concluir que las irregularidades sindicadas resultan de una gravedad tal que conllevan la nulidad de la sentencia analizada.-
IV. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 219/235 vta. por quebrantamiento de formas sustanciales (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), procediendo la declaración de nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 209/211, por los fundamentos desarrollados en la presente, debiendo reenviarse las presentes actuaciones al respectivo subrogante legal para que dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 de la Ley cit.), con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPC y C, aplicable al sub judice de conformidad a lo prescripto por el art. 121 de la Ley Nº 1444).- Como consecuencia de lo aquí expuesto, es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que en defini-tiva merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, a fs. 219/235 vta., por quebrantamiento de formas sustanciales y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 209/211, reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevo juez hábil, dicte nuevo pronunciamiento debiendo tener presentes las consideraciones desarrolladas ut supra por este Alto Cuerpo.-
2. Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004S.201 Tomo: XX Interlocutorio: 662 Folio N°: 3822/3825 Secretaría: 1
Fin de la sentencia