Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2443/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Bolland y Cia. S.A., a fs. 296/315 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por el Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 319 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2443/21-TSJ Interlocutorio N°: 3708 Actor: SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ Demandada: BOLLAND Y CIA. S.A. - YPF S.A.
Objeto: RECURSO DE APELACIÓN Fecha: 06-09-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3708 FOLIO Nº 6578/6581 PROT. ELECT. TSS1 057 I.221
Río Gallegos, 6 de septiembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ c/ BOLLAND Y CIA. S.A. - YPF S.A. s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expte. Nº S-18.813/17 (S-2443/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Bolland y Cia. S.A., por intermedio de su letrado apoderado Dr. Andrés Ferreyra Amuchastegui (cfr. fs. 296/315 vta.), contra la sentencia dictada por el Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada, que -en lo que aquí resulta pertinente- confirmó íntegramente la Disposición Nº 470/SETySS/16 emitida por la entonces Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social Provincial e hizo saber a la autoridad administrativa, a modo de “obiter dictum”, la necesidad de garantizar adecuadamente los derechos de las partes (cfr. fs. 283/290 vta).- A su turno, la decisión administrativa aludida había aceptado la declinación administrativa solicitada por Bolland y Cia. S.A., dejando expedita la vía judicial, previo depósito que garantice suficientemente sus obligaciones laborales, el que fue determinado en la suma de pesos un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos dieciséis con cincuenta y seis centavos ($1.446.316,56) (cfr. fs. 147/149).-
II. Para así decidir, meritó la declinación de la empresa respecto del ofrecimiento del laudo arbitral realizado por la autoridad administrativa en la audiencia cuya acta luce a foja 59, a la luz de lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Nº 2450, que contempla ese derecho siempre y cuando el empleador denunciado invoque los motivos. Puntualizó que si bien la declinante expuso oportunamente los motivos por los cuales debería rechazarse el reclamo y en el acta mencionada solicitó que se tenga por reproducido toda y cada uno de los argumentos, ello no la exoneraba de explicar porque lo hacía (cfr. foja 285 vta.).- Al plantear como interrogante si se había dado cumplimiento al artículo 9° de la ley mencionada, en cuanto establece que: “...En todos los casos la apelación será concedida, previo depósito...”, desplegó una serie de consideraciones en torno al seguro contratado por la impugnante. Advirtió que esa contratación, sumado al paso del tiempo, denota el incumplimiento de la finalidad procurada por esa norma (cfr. fs. 285 vta./286).-
En ese orden de ideas, precisó que la exigencia del pago con antelación al recurso de apelación debe ser analizada en cada caso en particular. Dijo si bien estamos dentro del campo del derecho administrativo, el núcleo central de la relación es de tipo laboral, por lo que también debe ponderarse los principios protectorios propios de esta disciplina. A ello agregó que el derecho del trabajo debe establecer una razonable desigualdad jurídica en favor del trabajador como modo de compensar y equilibrar la desventaja y dependencia que mantiene con su empleador en el plano socio-económico (cfr. foja 286 vta.).- Sostuvo que lo decidido por la autoridad administrativa laboral no podía ser tachado de irrazonable o desproporcionado. En tal sentido, puso de relieve que el reclamo administrativo fue iniciado a comienzos del año 2016 y que esa circunstancia perjudicaba a los trabajadores (cfr. foja cit.).-
Al examinar el segundo de los agravios, por cuyo conducto se cuestionaba que el órgano administrativo haya condicionado la declinación de la vía administrativa al depósito previo de una suma dineraria, recalcó que la apelante no había ofrecido la caución real contemplada en el artículo 8° de la Ley Nº 2450 sino que lo ofrecido consistía en un seguro de caución (cfr. foja cit.).-
Por último, formuló una serie de observaciones en torno a la representatividad de las asociaciones sindicales para llevar a cabo reclamos como el aquí planteado. A modo de “obiter dictum” aseveró que sería conveniente que la autoridad administrativa analice y determine en forma descriptiva los reclamos y en carácter de quien o quienes se ejerce, procurando dejar en claro su objeto (cfr. foja 290).-
III. Contra este modo de decidir, la demandada Bolland y Cia. S.A. interpone recurso de casación (cfr. fs. 296/315 vta.) aduciendo quebrantamiento de forma y errónea aplicación de la ley, en los términos de los artículos 2° y 3°, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. fs. 307 vta./308).-
Denuncia la violación de los artículos 2º, 8º y 9º de la Ley Nº 2450, 1º de la Ley Nº 1260, artículos 270 y 276 del CPCyC y 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja 307 vta.).-
En su agravio inaugural tacha de arbitraria a la decisión en crisis, postulando la trasgresión del artículo 8° de la Ley Nº 2450. Sostiene que el magistrado omitió considerar el descargo efectuado frente al reclamo del sindicato, en cuya oportunidad solicitó la declinación de la vía administrativa, a lo que agrega que exigir nuevamente esos motivos en una audiencia ulterior constituye un despropósito que no se condice con el principio de informalismo consagrado en el artículo 1° de la Ley Nº 1260 (cfr. foja 310).- En segundo término, alega la trasgresión al principio de congruencia. Manifiesta que al momento de resolver la apelación el juez analizó cuestiones que no fueron propuestas, en especial, lo concerniente al seguro de caución y al cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 2450 y que ello -a su juicio- importa la conculcación de los artículos 270 y 276 del CPCyC. Dice, asimismo, que todo lo analizado en punto a la legitimación y/o actuación de la entidad gremial de parte del magistrado merece idéntico reproche (cfr. fs. 312 y vta.).- Por último, aduce la omisión de tratamiento de cuestiones conducentes. Expresa que lo decidido no satisface las exigencias establecidas en los incisos 4° y 5° del artículo 164 del CPCyC, ya que exhibe tan solo una fundamentación aparente, lo que se advierte especialmente en el tratamiento del segundo agravio (cfr. foja 314 vta.).-
A fs. 319 y vta. el Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
En PE185286-2021 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que, para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3545, Folio 6104/6109).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
V. A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 296/315 vta. no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
La parte recurrente no suministra argumentos jurídicos suficientes que conduzcan a demostrar la infracción del artículo 8º de la Ley Nº 2450 o del artículo 1º de la Ley Nº 1260. Tampoco se aprecia la suficiencia del cuestionamiento en punto a la pretendida infracción del artículo 2º de la primera de las leyes apuntadas, puesto que no basta la mera cita de la norma supuestamente transgredida.-
Sus críticas sólo traducen diferencias de criterio con el juez de grado y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
En esta inteligencia, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma…” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584), circunstancias éstas que no se avizoran en la presente causa.- Para que la pieza recursiva asuma su condición de suficientemente fundada es menester que los fundamentos de la sentencia sean objeto de efectiva impugnación en su integridad, pues, de lo contrario, aquellos de los cuales no se haya hecho cargo la recurrente y que por sí solos sirven para sustentar en derecho la decisión, provocan la firmeza de ésta. Siguiendo esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “...‘...es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente la réplica concreta directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal…’...” (cfr.
TSJ Santa Cruz, fallo cit.).- En el presente caso, al juzgar sobre la exigencia del pago con antelación al recurso de apelación, el magistrado hizo merito de los principios protectorios propios del derecho del trabajo, a tenor de los cuales debía establecerse una razonable desigualdad jurídica en favor del trabajador como modo de compensar y equilibrar la desventaja y dependencia que mantiene con su empleador en el plano socio-económico. Sobre este punto, la recurrente no desplegó embate alguno, lo que conduce a declarar la insuficiencia de su recurso.- Las razones hasta aquí brindadas resultan, asimismo, suficientemente justificativas de la ausencia de arbitrariedad del pronunciamiento atacado.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha señalado, que: “...‘...La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...’...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2969, Folio 4781/4786, entre otros).- En el caso de autos la recurrente no logra demostrar la arbitrariedad que achaca al dispositivo sentencial que pretende postrar. Sólo se desprende del recurso impetrado -como se dijo anteriormente- una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio.-
Tampoco se aprecia trasgresión alguna al principio de congruencia, tal como lo postula apodícticamente la casacionista. Los argumentos introducidos resultan ineficaces, sin que sea dable advertir error o exceso alguno tal como se afirma genéricamente. La sentencia en crisis se muestra atenta a la pretensión recursiva que debía dirimir y es, justamente, en ese marco que deben emplazarse las fundamentos vertidos en torno al seguro de caución.- Igualmente cabe descartar la alegada trasgresión al principio procesal de referencia respecto a las consideraciones desplegadas en torno a la actuación de las asociaciones gremiales en este tipo de reclamos y la necesidad de que la autoridad administrativa laboral analice y determine en forma descriptiva los reclamos y en carácter de quien o quienes se ejerce. Se tratan de fundamentos exteriorizados a modo de “obiter dictum”, tal como lo puso de relieve el juez “a quo” y, por ende, carecen de poder vinculante, dado que su naturaleza es meramente complementaria. La recta inteligencia de lo sostenido permite advertir con facilidad que se trata de un simple criterio auxiliar de interpretación para sucesivos casos.- Idéntica suerte adversa cabe predicarse en relación a la supuesta omisión de cuestiones esenciales enrostradas al pronunciamiento en crisis.-
En lo que refiere al supuesto esgrimido por la recurrente, vale puntualizar que la omisión en el tratamiento de las cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que se sanciona con la nulidad es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (cfr. SCBA, “H.S.B.C. Bank Argentina S.A. c/ Ferrandino Néstor Horacio s/ Cobro sumario de sumas de dinero”, causa LP Rc 122.409 I, del 30/10/2019).- Desde este cuadrante, cabe destacar que el esquema jurídico que exhibe el pronunciamiento cuestionado atiende adecuadamente los puntos que fueron sometidos a conocimiento de la instancia anterior. La obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones. Bajo esta premisa, resulta dable apuntar que una atenta lectura de la sentencia en crisis deja advertir que los agravios formulados en la apelación han sido analizados expresamente por el magistrado interviniente, sólo que en sentido desfavorable para la recurrente.- No se encuentran fundamentados tampoco los argumentos vinculados con la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional como los contenidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, en la medida en que la impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros)- En suma, se observa que la recurrente pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
VI. Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
VII. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada, Bolland y Cia. S.A., a fs. 296/315 vta. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por el Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 319 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Bolland y Cia. S.A., a fs. 296/315 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por el Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 319 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1057I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3708 Folio N°: 6578/6581 Secretaría: 1
Fin de la sentencia