Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2385/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 191/203 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 208 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2385/19-TSJ Interlocutorio N°: 3568 Actor: SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ Demandada: MARBAR SRL Objeto: RECURSO DE APELACIÓN Fecha: 08-07-2020 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3568 FOLIO Nº 6162/6172 PROT. ELECT. TSS1 024 I.201
Río Gallegos, 8 de julio de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ c/ MARBAR SRL s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expte. Nº S-18.520/17 (S-2385/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de sus letradas apoderadas, Dras. Nélida B. León de Escribano y Claudia A. Rodrigues y su letrado apoderado Dr. Jose Facundo Llorens Guitarte (cfr. fs. 191/203), contra la sentencia dictada por la Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada, que confirmó la Resolución Nº 298/SETySS/15 dictada por el Secretario de 23Estado de Trabajo y Seguridad Social (cfr. fs. 179/181 vta.). Esta última dejó expedita la vía judicial a Marbar S.R.L. previo depósito que garantice suficientemente sus obligaciones laborales, el que fue determinado en la suma de $71.469,30 (cfr. fs. 122/123).- La recurrente interpone su recurso por quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley, por haber recaído sobre cosas no demandadas, en los términos de los artículos 2º y 3º, incisos a) y b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 196 vta.).-
II. En la especie, el Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz denunció ante la entonces Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social a la empresa Marbar S.R.L. por deficientes liquidaciones, falta de entrega de indumentaria, liquidación final, bono paz social, viandas y adicional yacimiento, respecto a la Sra. Tenorio Graciela Eduviges (cfr. foja 3).-
Celebrada la audiencia prevista en el artículo 2 de la Ley Nº 2450, la demandada rechazó las pretensiones reseñadas anteriormente y no aceptó el arbitraje ofrecido por la autoridad laboral (cfr. foja 33).-
En consecuencia, el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social dejó expedita la vía judicial a la empresa demandada, previo depósito que garantice suficientemente sus obligaciones laborales (cfr. fs. 122/123).-
Apelado este acto por parte de la accionada (cfr. fs. 132/134 vta.), la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada la confirmó (cfr. fs. 179/181 vta.).-
Para así decidir, entendió que la excepción de prescripción de los créditos que opuso en su apelación la demandada escapaba al análisis de la resolución recurrida, por lo que no correspondía su tratamiento en ese estado procesal. Además, consideró que el rechazo de la empresa al arbitraje ofrecido por la autoridad administrativa no fue justificado de manera razonada y que la resolución de esta última se encontraba debidamente fundada (cfr. fs 180 vta./181).-
III. Frente a ello, la demandada interpuso recurso de casación, aduciendo quebrantamiento de forma, violación de la ley y arbitrariedad. Arguye la violación de los artículos 34, inciso 4 y 164, inciso 5 del CPC y C, artículo 8 de la Ley Nº 2450 y del artículo 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja 196 vta.).-
Sostiene que la resolución en crisis transgrede el deber de tratar las cuestiones conducentes para la solución del litigio, acudiendo a argumentaciones dogmáticas que no se compadecen con las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. foja 197 vta.).-
Señala que era obligación de la jueza a quo avocarse al tratamiento de los agravios vertidos que se referían a la prescripción del crédito reconocido y la inexistencia de la relación laboral (cfr. foja cit.).-
Afirma que el artículo 8 de la Ley Nº 2450 exige como condición necesaria para su aplicación la existencia de una obligación laboral o crédito laboral exigible y claramente al momento del dictado de la decisión cuestionada no existía ningún tipo de derecho laboral y/o crédito en cabeza de la trabajadora, pues había operado la prescripción (cfr. foja 198).-
Por otra parte, postula que la magistrada interviniente no abordó el segundo de los agravios planteados y que, por el contrario, dio respuesta a una crítica que su parte no ensayó (cfr. foja 199 vta.). En tal sentido, manifiesta que lo que la jueza debía hacer era resolver si el acto administrativo impugnado se encontraba debidamente fundado y que lejos de abordar la cuestión propuesta asumió la defensa de la facultad de la autoridad administrativa para rechazar la declinación de la vía administrativa. Resalta que no fue motivo de agravio la facultad administrativa de rechazar la declinación de la vía administrativa (cfr. foja 200).- Finalmente, ratifica la reserva del caso federal (cfr. fs. 202 y vta.).-
A fs. 208 y vta. la Alzada declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 218 pasan los presentes al Acuerdo.-
IV. Sentado ello se debe en esta etapa efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquella que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
V. A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 191/203 no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
El argumento central sobre el cual se apoya el libelo recursivo sometido a examen denuncia que la juzgadora soslayó el tratamiento de cuestiones conducentes para la solución del litigio. Sobre esta base, indica que se configuró en el sub lite el supuesto de quebrantamiento de forma.-
Este motivo casatorio se encuentra previsto en nuestro ordenamiento ritual para aquellos casos en que se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia (cfr. art. 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/ 15 -Decreto Nº 2228/15-).-
Este Tribunal Superior de Justicia ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válida o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Interlocutorio, XXVI, Reg. 3123, Folio 5114/5118, entre otros).- En lo que refiere al supuesto esgrimido por la recurrente, vale puntualizar que la omisión en el tratamiento de las cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que se sanciona con la nulidad es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (cfr. SCBA, “H.S.B.C. Bank Argentina S.A. c/ Ferrandino, Néstor Horacio s/ Cobro sumario de sumas de dinero”, causa Rc 122409 del 30/10/2019).- Desde este cuadrante, cabe destacar que el esquema jurídico que exhibe el pronunciamiento cuestionado atiende adecuadamente los puntos que fueron sometidos a conocimiento de la instancia anterior.-
Concretamente, la recurrente asevera que la juzgadora se limitó a formular argumentos dogmáticos a la hora de escudriñar su planteo en torno a la prescripción de los créditos laborales reclamados en sede administrativa.-
Ahora bien, la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones. Bajo esta premisa, resulta dable apuntar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática indicada ha sido analizada expresamente por la magistrada interviniente, sólo que en sentido desfavorable para la recurrente.- En efecto, la juzgadora expuso que el recurso de apelación debe fundarse en razones vinculadas a la legitimidad como en la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o en el interés público y en atención a ello indicó que la excepción de prescripción de los créditos debió ser interpuesta en el momento procesal oportuno y que la misma escapa al análisis de la resolución apelada, por lo cual no correspondía proceder a su tratamiento en ese estado procesal (cfr. foja 180 vta.).- En consecuencia, las manifestaciones vinculadas con la prescripción de los créditos laborales que formula la casacionista reposan sobre el mérito de la decisión en crisis y por ende, resultan insuficientes para patentizar omisión alguna en ella o, en su caso, la trasgresión a lo preceptuado por los artículos 34, inciso 4 y 164, inciso 5 del CPC y C.-
La recurrente tampoco suministra argumentos jurídicos suficientes que conduzcan a demostrar la infracción del artículo 8 de la Ley Nº 2450. Sus críticas sólo traducen diferencias de criterio con la jueza de grado y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.- En esta inteligencia, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (conf.
Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584), circunstancias éstas que no se avizoran en la presente causa.- Por otro lado, la recurrente sostiene -en relación al segundo de los agravios que esgrimió en su apelación- que lo que la jueza debía resolver era si el acto administrativo impugnado se encontraba debidamente fundado.
En este contexto, afirma que lejos de abordar la cuestión propuesta la magistrada asumió la defensa de la facultad de la autoridad administrativa para rechazar la declinación de la vía administrativa (cfr. foja 200).- En este punto, conviene rememorar que “…la primera tarea que debe emprender el recurrente cuando se propone emplear esta vía extraordinaria, es la recta interpretación del pronunciamiento que se dispone a impugnar; si defecciona en esta labor, es decir, si desinterpreta el fallo, dirigiendo la crítica a premisas o conclusiones que no constituyen la verdadera motivación de la sentencia, el recurso será insuficiente.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3392, Folio 5690/5693).- En el caso bajo discusión, la jueza a quo precisó que la Resolución Nº 298/SETySS/15 se encontraba debidamente fundada (cfr. foja 181), por lo que no se advierte la omisión endilgada por la recurrente.
Igualmente, cuadra destacar que en modo alguno la juzgadora reafirmó la facultad administrativa para rechazar la declinación de la vía administrativa sino que, por el contrario, confirmó la resolución de la autoridad laboral que -entre otras cuestiones- había dejado expedita la vía judicial.- En otro orden de ideas, cabe señalar que para que la pieza recursiva asuma su condición de suficientemente fundada es menester que los fundamentos de la sentencia sean objeto de efectiva impugnación en su integridad, pues, de lo contrario, aquellos de los cuales no se haya hecho cargo la recurrente y que por si solos sirven para sustentar en derecho la decisión, provocan la firmeza de esta. Siguiendo esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido que “...‘…es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente la réplica concreta directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal…’” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584).- En el presente caso, la juzgadora sostuvo que para que se pueda declinar la vía administrativa o no aceptar el arbitraje por parte de la empleadora las razones invocadas deben ser fundamentadas (cfr. foja 180 vta.). En este contexto, apuntó que “…del acta de audiencia de fs. 33 surge que la apoderada de la firma Marbar S.R.L. refiere que no acepta el arbitraje ofrecido por dicha autoridad pese a que la actora si lo aceptara, pero no fundamenta la demandada su pedido de manera razonada…” (cfr. foja 181). Sobre este punto, la recurrente no desplegó embate alguno, lo que conduce a declarar la insuficiencia de su recurso.- Las razones hasta aqui brindadas resultan asimismo suficientemente justificativas de la ausencia de arbitrariedad del pronunciamiento atacado.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha señalado que: “...‘…La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...’…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2969, Folio 4781/4786, entre otros).- En el caso de autos la recurrente no logra demostrar la arbitrariedad que achaca al dispositivo sentencial que pretende postrar. Sólo se desprende del recurso impetrado -como se dijo anteriormente- una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio.-
VI. Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
VII. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 191/203 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 208 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -De-creto Nº 2228/15-, teniendo presente la ratificación de caso federal efectuada a fs. 202 y vta.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 191/203 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 208 y vta.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: . TSS1024I.201 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3568 Folio N°: 6169/6172 Secretaría: 1
Fin de la sentencia