Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2636/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por DAP Helicópteros Argentina S.A. en PE1714342-2025, INR0000216.pdf y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia N° Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, en carácter de Alzada, obrante en PE1756046-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2636/25-TSJ Interlocutorio N°: 3874 Actor: SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ Y SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL Demandada: EMPRESA DAP HELICOPTEROS ARGENTINA S.A. Y EMPRESA ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.
Objeto: RECLAMO LABORAL - EN GRADO DE APELACION Fecha: 11-07-2025 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3874 FOLIO Nº 7132/7135 PROT. ELECT. TSS1 025 I.251
Río Gallegos, 11 de julio de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ Y SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL s/ RECLAMO LABORAL c/ EMPRESA DAP HELICOPTEROS ARGENTINA S.A. Y EMPRESA ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. s/ EN GRADO DE APELACION”, Expte. Nº S-21.752/24 (S-2636/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la firma DAP Helicópteros Argentina S.A., por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Ramiro Serantes (cfr. PE1714342-2025, INR00000216.pdf), contra la sentencia dictada por el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia N° Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, quien actuó como Alzada en los términos del artículo 15 y concordantes de la Ley Provincial N° 2450, en relación a una decisión de la autoridad administrativa laboral (cfr. PE1677292-2024).- El Magistrado rechazó el recurso de apelación interpuesto por la empresa contra la Resolución N° 241/SETySS/2017, dictada por el entonces Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social, obrante a fs. 260/261, y confirmó el acuerdo allí homologado.-
Ese acuerdo, celebrado el 22 de febrero de 2017, fue suscripto por ENAP Sipetrol Argentina S.A. (en adelante ENAP), el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, y el Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz. En él, la empresa ENAP se comprometía a saldar las liquidaciones adeudadas a los trabajadores, haciendo uso de lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 173/174).-
II. Para así decidir, el juez valoró que el acuerdo homologado no impuso obligaciones directas a la empresa recurrente. Según explica, la propia autoridad administrativa, en los considerandos del acto impugnado y en el dictamen previo, expresó que su intervención se limitaba a homologar el acuerdo suscripto entre ENAP y los sindicatos, sin pronunciarse sobre la existencia o legitimidad del despido indirecto alegado por los trabajadores, cuestión que -de presentarse- debería ser resuelta en sede judicial con plena participación de la empleadora.- Asimismo, destacó que DAP Helicópteros Argentina S.A. no fue parte del acuerdo y que su derecho de defensa no se vio comprometido. En ese marco, asevera que el pago realizado por ENAP -como deudora solidaria- se inscribe dentro de las facultades que le confiere el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin requerir para su validez el consentimiento del empleador principal.-
III. Contra esa forma de decidir, DAP Helicópteros Argentina S.A. interpone recurso de casación, aduciendo que la sentencia impugnada incurrió en quebrantamiento de forma y violación de la ley (cfr. PE1714342-2025, INR00000216.pdf, pág. 1).-
Expone que la decisión judicial se basa en una interpretación equivocada de la ley. Agrega que el juez avaló el incumplimiento de los requisitos legales para homologar acuerdos laborales y para que las empresas principales paguen deudas laborales de sus contratistas (cfr. PE y pdf cits., pág. 2).-
Sostiene que la sentencia incurre en un supuesto de fundamentación aparente y contiene contradicciones internas irreconciliables (cfr. PE y pdf cits., pág. 3).-
Argumenta que el pronunciamiento cuestionado valida una homologación administrativa de un acuerdo laboral sin realizar control alguno sobre la justa composición de derechos e intereses de las partes, conforme lo exige el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. PE y pdf cits., pág. 4).-
Alega la existencia de absurdo en la resolución del juez de grado, quien convalidó la homologación de un acuerdo mediante el cual se abonaron indemnizaciones por despido indirecto, no obstante tratarse de una cuestión controvertida que requería valoración judicial. Funda, asimismo, su impugnación en los artículos 242 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regulan las indemnizaciones por despido y el despido indirecto respectivamente, invocando asimismo el artículo 15 del precitado régimen (cfr. PE y pdf cits., págs. 12/13).- Califica como absurdo el razonamiento del Magistrado, respecto a que: “…‘…la autoridad laboral no se pronunció sobre las cuestiones de fondo, sino únicamente viabilizó el pago de sumas que ENAP Sipetrol Argentina S.A. pretendía abonar a los ex empleados de DAP Helicópteros Argentina S.A., en los términos del art. 136 de la LCT’: (sic) agregando que se trató de un alea o riesgo asumido por la Operadora Petrolera ante eventuales acciones de repetición”’.
Argumenta que tales consideraciones resultarían atendibles si el acuerdo se hubiese suscripto en las oficinas del letrado, pero que el convenio se suscribió con intervención de la autoridad administrativa, en el marco de un expediente donde se tramitaba un conflicto plurindividual del que DAP Helicópteros Argentina S.A. era parte, siendo homologado en los términos del artículo 15 de la LCT, norma que exige pronunciamiento sobre el fondo del acuerdo sometido a homologación. Por ende, postula que sin ese pronunciamiento que acredite la justa composición de derechos no puede homologarse el acuerdo, preguntándose sobre cuál sería el sentido de la intervención de la autoridad administrativa y los efectos de la homologación si pudiera homologarse un acuerdo sin analizarlo (cfr.
PE y pdf cits., pág. 17).- Continúa cuestionando las consideraciones del magistrado, en tanto manifestó concordar con el profesional sindical en que el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo constituye una herramienta del responsable solidario para cancelar acreencias a las que se encuentra vinculado, siendo innecesario el previo pronunciamiento judicial ni el consentimiento del empleador directo, bastando solo su conocimiento, y que si el empleador principal no participó del acuerdo ni lo consintió, ese pacto no lo afecta ni puede serle impuesto, constituyendo formalmente un tercero. Sostiene que tales afirmaciones no justifican el acto de homologación que caracteriza como acto administrativo infundado (cfr.
PE y pdf cits., pág. 18).- El magistrado declara formalmente admisible el recurso de casación en PE1756046-2025.-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1072104-2025.-
IV. En oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3795, Folio 6885/6888, entre otros).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- Se verifica que los planteos de la recurrente remiten ineludiblemente, al examen de cuestiones de hecho y prueba que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el caso bajo estudio.-
A la luz de todas estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE1714342-2025, INR00000216.pdf no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial el magistrado ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de la violación de la ley o quebrantamiento de forma.-
V. En relación a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, resulta imperativo que la casacionista despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.- Si bien a lo largo del escrito recursivo la recurrente menciona algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo -tales como los artículos 15, 242 y 246-, omite efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.- Así, no surge del escrito bajo estudio, un intento serio que persiga demostrar acabadamente el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando la argumentación del recurso reducida a cuestiones fácticas y probatorias, ajenas a esta instancia extraordinaria.-
En particular, la recurrente cuestiona que el Magistrado haya considerado que DAP Helicópteros Argentina S.A. no fue parte del acuerdo homologado ni afectada por él, y que no se vulneró su derecho de defensa. Sin embargo, en lugar de demostrar por qué esa interpretación sería errónea o arbitraria, la impugnación se apoya en una distinta lectura de los hechos: insiste en que la sociedad mencionada formó parte del conflicto, que el acuerdo fue homologado en un procedimiento donde era parte interesada, y que la autoridad administrativa debió pronunciarse sobre el fondo del asunto.- En ese sentido, la casación no señala con precisión en qué consiste la supuesta violación normativa ni cómo se produjo una incorrecta aplicación del derecho. En cambio, discute cómo el juez interpretó el rol de DAP Helicópteros Argentina S.A., el alcance de la homologación, y la suficiencia del control ejercido por la autoridad administrativa sobre el acuerdo. Todos esos son aspectos vinculados a la ponderación de hechos, al análisis de las constancias del expediente y a la valoración de prueba, ámbitos que por regla, son ajenos a la revisión casatoria, salvo que se configure absurdo o arbitrariedad, extremos que no han sido acreditados.- Recordemos que la revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946, entre otros).-
En tal inteligencia este Tribunal Superior de Justicia ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).- Consiguientemente, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con lo decidido en la instancia ordinaria y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
En su análisis, el Juez explicó que la Secretaría de Trabajo no incluyó a DAP Helicópteros Argentina S.A. como parte del acuerdo que fue homologado, ni se expidió sobre la cuestión de fondo relativa al despido de los trabajadores. En base a ello, dejó en claro que cualquier controversia sobre dicha causal debía dirimirse en sede judicial con intervención de la empresa. También aclaró que fue ENAP quien, por decisión propia, pagó las indemnizaciones a los trabajadores y asumió ese compromiso como un riesgo voluntario, usando una herramienta prevista en el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo. Reafirmó, entonces, que al no haberse obligado a DAP Helicópteros Argentina S.A. en ese acuerdo, no se vulneró su derecho de defensa. En consecuencia, señaló que si ENAP pretendiera repetir lo pagado, debería iniciar un juicio ordinario, en el que DAP Helicópteros Argentina S.A. podrá ejercer plenamente su defensa (cfr. PE1677292-2024).- Teniendo en consideración los fundamentos del fallo de la Cámara así reseñados, y sin juzgar sobre el acierto o el error de lo allí decidido, se advierte que el recurso extraordinario no confronta debidamente los aspectos medulares del fallo recurrido, limitándose a manifestaciones genéricas, lo que determina su desestimación.-
Los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre la forma en la que debió dirimirse la litis; pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XI, Reg. 1504, Folio 2103/2104 y XII, Reg. 1655, Folio 2385/2387, entre otros).-
VI. Por otro lado, las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a la causal de quebrantamiento de formas tampoco logran evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial.-
La recurrente no logra demostrar exitosamente que el juez haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o que su decisión trasunte un supuesto de fundamentación aparente, lo que torna inhábil al recurso en análisis para ser considerado admisible.-
Amén de ello, el programa impugnativo de la recurrente exhibe una técnica recursiva insuficiente, puesto que no individualiza los preceptos adjetivos presuntamente quebrantados.-
En suma, la articulación así deducida no tiene cabida en esta instancia excepcional, por cuanto la misma no alcanza a afectar la sentencia atacada, cuya ponderación refleja un desenvolvimiento sistemático, objetivo y serio de la relación entre la decisión del caso y sus constancias concretas, con la ley aplicable y las garantías constitucionales en juego.-
Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por DAP Helicópteros Argentina S.A. en PE1714342-2025, INR00000216.pdf no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nº Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, en carácter de Alzada, obrante en PE1756046-2025, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por DAP Helicópteros Argentina S.A. en PE1714342-2025, INR0000216.pdf y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia N° Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, en carácter de Alzada, obrante en PE1756046-2025.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y el Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1025I.251 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3874 Folio N°: 7132/7135 Secretaría: 1
Fin de la sentencia