Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2338/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Enap Sipetrol Argentina S.A. a fs. 389/420 por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos en su carácter de Alzada a fs. 327/333 y su aclaratoria de fs. 336/337 vta., reenviando los presentes autos al mismo para que, con nuevo Juez hábil, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2338/19-TSJ Sentencia Nº: 754 Actor: SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ Y SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL Demandada: EMPRESA DAP HELICOPTEROS ARGENTINA S.A. Y EMPRESA ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A Objeto: RECLAMO LABORAL S/ EN GRADO DE APELACION Fecha: 12-06-2024 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 754 FOLIO Nº 4601/4606 PROT. ELECT. TSS1 012 S.241
Río Gallegos, 12 de junio de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ Y SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL s/ RECLAMO LABORAL c/ EMPRESA DAP HELICOPTEROS ARGENTINA S.A. Y EMPRESA ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. s/ EN GRADO DE APELACION”, Expte. Nº S-26.987/17 (S-2338/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación interpues- tos por el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Santiago Luis Pinto, y Enap Sipetrol Argentina S.A., a través de su letrada apoderada, Dra. Viviana Raquel Bender, a fs. 365/375 vta. y a fs. 389/420 respectivamente, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Río Gallegos en su carácter de Alzada (cfr. fs. 327/333 y su aclaratoria de fs. 336/337 vta.).- El magistrado actuó como instancia recursiva de la autoridad administrativa laboral, según lo establecido en el artículo 15 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo Laboral N° 2450.
En este contexto, acogió la apelación presentada por Dap Helicópteros Argentina S.A. y, consiguientemente, anuló una audiencia realizada el 22 de febrero de 2017 y la Resolución Nº 241/SETySS/2017 emitida por el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social. También determinó que los trabajadores no estaban obligados a devolver las sumas de dinero recibidas en virtud del acuerdo al que arribaron en la fecha señalada, declarando que para ellos era legítimo. La responsabilidad de devolución fue atribuida a Enap Sipetrol Argentina S.A. Se impuso el pago de las costas al Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz, al Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral y a Enap Sipetrol Argentina S.A.
Y, por último, reguló los honorarios de los letrados del siguiente modo: (i) al Dr. Santiago Pinto (abogado apoderado del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral) 30 jus; (ii) al Dr. Ramiro Serantes (abogado apoderado de Dap Helicópteros Argentina S.A.) 40 jus; (iii) a los Dres. Mario Paradelo y Norberto Leserovich y a la Dra. Viviana Bender (que actuaron como apoderados y patrocinantes de Enap Sipetrol Argentina S.A.) 12 jus; (iv) al Dr. Enrique Papa (letrado patrocinante en la instancia administrativa del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz) 8 jus (cfr. fs. 332 vta./333 y 337 vta.).- En la resolución administrativa anulada, el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social había homologado un acuerdo al que habían arribado el 22 de febrero de 2017 Enap Sipetrol Argentina S.A. y los sindicatos enunciados, a partir del cual esa empresa se comprometía a cancelar las liquidaciones requeridas por los trabajadores, haciendo uso de la facultad contemplada en el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo, y con el dinero retenido a Dap Helicópteros Argentina S.A.
(cfr. fs. 260/261).-
II. Para decidir la nulidad del acto administrativo de homologación del acuerdo transaccional el juez adujo tres razones. En primer lugar, indicó que la ausencia de un dictamen legal provocaba por sí mismo ese efecto, dado que era uno de los requisitos esenciales para ese tipo de resolución. En segundo término, declaró que se había aplicado erróneamente el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que esa regla legal se aplica a sumas adeudadas y en el caso las partes se encontraban aún en plena disputa. En tercer orden, sostuvo que se violó el derecho de defensa de Dap Helicópteros Argentina S.A., toda vez que se la debió citar a la audiencia del 22 de febrero de 2017 para que pudiera ejercitar ese derecho (cfr. 328 vta./330 vta.).- Después de aclarar lo anterior, el magistrado se enfocó en determinar qué debería hacerse con respecto al dinero abonado a los trabajadores. En este sentido, afirmó que estos representan la parte más vulnerable y que los sindicatos no siempre expresan y actúan de acuerdo con lo que estos pretenden. Destacó su falta de participación directa en las negociaciones y expresó que la falta de título de abogado les impide conocer acabadamente sus derechos y obligaciones. En contraposición, aseveró que Enap Sipetrol Argentina S.A. supo en todo momento cómo se estaba actuando, ante lo cual prefirió referirse -sin pruebas- a una supuesta insolvencia de Dap Helicópteros Argentina S.A. y hacer un uso equivocado de la figura contemplada en el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 330 vta./331).-
III.1. Contra esta forma de decidir, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral y Enap Sipetrol Argentina S.A. interponen recursos de casación.-
En una misma presentación el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral plantea recurso de apelación en los términos del artículo 72 de la Ley Provincial N° 3330 y, en subsidio, recurso de casación. La impugnación ordinaria fue declarada improcedente en la anterior instancia (cfr. fs. 421 y vta.). Para sustentar su recurso extraordinario, aduce errónea aplicación de la ley y limita exclusivamente su embate a la condena en costas y a la regulación de los honorarios profesionales decididos en la resolución en crisis. Aclara que estas materias derivan de los restantes fundamentos empleados en el fallo, por lo que considera necesario incursionar en ellos, sin que ello implique una extensión de sus agravios (cfr. fs. 365/366).- Estructura su crítica recursiva en tres pilares.-
En el primero de ellos, sostiene que el sentenciante fue más allá de las impugnaciones sometidas a estudio, dado que la apelante Dap Helicópteros Argentina S.A. no había introducido agravios vinculados con el incumplimiento de dar intervención al Servicio Jurídico de la autoridad administrativa laboral o con la nulidad de la audiencia concretada el 22 de febrero de 2017. Afirma que los jueces están imposibilitados de complementar o introducir nuevos argumentos, bajo pena de vulnerar el principio de congruencia. De igual modo, indica que la responsabilidad establecida en cabeza de Enap Sipetrol Argentina S.A. tiñe la resolución de nulidad absoluta e insanable, por ser extra petita (cfr. fs. 367/370 vta.).- En segundo lugar, critica la aplicación que el juzgador hizo del artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo. En lo sustancial, asevera que esa norma no exige que las acreencias se encuentren liquidadas y consentidas por el empleador directo, tal como se sostiene en la decisión impugnada. Por el contrario, a su entender, la única condición es que la acreencia sea de naturaleza laboral, lo que se encuentra reconocido por todas las partes. Resalta que, habiéndose practicado retenciones sobre las acreencias de Dap Helicópteros Argentina S.A., era carga ineludible de esa parte iniciar las acciones laborales contra los trabajadores, para determinar la existencia de tales créditos. En ese marco, dice que esa omisión deslegitima el repudio a las retenciones que se realizaron con sustento en el precitado artículo (cfr. fs. 370 vta./374).- Por último, refiere que no se lo puede condenar válidamente en costas, en razón de que no fue parte en el proceso. Explica que no intervino a título propio sino en representación de los trabajadores en un clásico conflicto pluriindividual. De manera subsidiaria, propone que las costas sean impuestas en el orden causado y solicita que los estipendios profesionales sean reducidos a la cantidad de doce jus (cfr. fs. 374/375).-
III.2. Por su parte, Enap Sipetrol Argentina S.A. alega que la sentencia impugnada incurrió en violación de la ley y quebrantamiento de formas, recayó sobre cosas no demandadas y es arbitraria (cfr. foja 397).-
Denuncia que el pronunciamiento carece de motivación suficiente y contiene afirmaciones dogmáticas. En este punto, explica que el juzgador no justificó la interpretación realizada en torno al artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo, a partir de la cual sería necesario la inexistencia de una controversia y un reconocimiento judicial para habilitar un pago al amparo de esa norma. Dice que este vicio también se extiende a dos cuestiones adicionales. La primera, al declarar que no hay ninguna obligación para los trabajadores de reembolsar el dinero recibido como parte del acuerdo. La segunda, al fijar la responsabilidad de devolución en cabeza de su parte. Sobre la primera, sostiene que el magistrado no esgrime fundamentos jurídicos, sino que se apoya en inferencias conjeturales o contrarias a las constancias de la causa. Sobre la segunda, señala que directamente no se han aportado argumentos en los considerandos (cfr. fs. 398/402 vta.).- Acusa la violación al principio de congruencia, en tanto el sentenciante omitió considerar los argumentos que su parte y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral introdujeron al contestar los agravios esbozados en la apelación de Dap Helicópteros Argentina S.A. (cfr. fs. 402 vta./403 vta.).-
Aduce que tanto la falta de fundamentación como el quebrantamiento al principio de congruencia importan, además, un supuesto de arbitrariedad (cfr. foja 403 vta.).-
Afirma, a todo evento, que la resolución homologatoria se ajustó a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y que su actuación y la de los sindicatos intervinientes se adecuó a lo normado por el artículo 136 de ese régimen jurídico. Asimismo, considera que no existió vulneración al derecho de defensa de Dap Helicópteros Argentina S.A. (cfr. fs. 403 vta./413 vta.).-
Expresa que el pronunciamiento incurrió en violación de la ley, al predicar que en sede administrativa no se había emitido dictamen jurídico, conforme lo prescribe el artículo 7°, inciso d) de la Ley Provincial N° 1260, y que tal circunstancia engendraría su nulidad. Proclama que una somera compulsa del expediente demuestra lo contrario, obrando un dictamen del 8 de marzo de 2017 (cfr. fs. 413 vta./415 vta.).-
Finalmente, recuerda que la apelación de Dap Helicópteros Argentina S.A. únicamente se encontraba dirigida a obtener la nulidad de la resolución homologatoria y que el juzgador no sólo acogió ese planteo sino que también determinó la inexistencia de obligación de los trabajadores de devolver el dinero recibido a causa del acuerdo y colocó en cabeza de su parte la responsabilidad de devolución. A su juicio, este razonamiento infringe lo dispuesto por el artículo 164, inciso 6° del CPCyC, configurando un fallo extra petita. Como corolario de ello, explica que esta circunstancia le provoca un agravio irreparable en las acciones de repetición que podrían suscitarse (cfr. fs. 415 vta./418 vta.).- A fs. 427/429 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisibles los recursos de casación interpuestos y en PE619041-2022 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolos bien concedidos, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de este derecho Enap Sipetrol Argentina S.A. en PE634575-2022 y DAP Helicópteros Argentina S.A. en PE645546-2022.-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…debe hacerse lugar al recurso de casación de la parte demandada, declarándose la nulidad de la sentencia recurrida.” (cfr. PE688161-2022).-
En PE441851-2022 se llaman autos para dictar sentencia y en PE706126-2022 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
IV. Corresponde examinar inicialmente los agravios que ponen en tela de juicio la legitimidad de la construcción sentencial, ya que de existir quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar las restantes críticas.-
En efecto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones.-
V. Entre otras cuestiones, Enap Sipetrol Argentina S.A. sostiene que el fallo impugnado no está debidamente fundamentado, ya que no proporciona razones adecuadas que justifiquen la interpretación realizada sobre el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Conforme surge de los antecedentes de la causa, Enap Sipetrol Argentina S.A. y DAP Helicópteros Argentina S.A. mantuvieron durante varios años una relación comercial en la que esta última le brindaba transporte aéreo hasta la base BRM. A fines del año 2016 esta vinculación concluyó y, en este contexto, los trabajadores de DAP Helicópteros Argentina S.A. primero intimaron para que se les diera ocupación efectiva y, finalmente, se colocaron en situación de despido indirecto, alegando ejercicio abusivo del ius variandi. (cfr. fs. 18/33).-
En sede administrativa celebraron sin éxito algunas audiencias. Vale precisar que las actuaciones administrativas incluso se iniciaron poco antes de la finalización del contrato comercial entre las empresas y cuando aún se encontraban vigentes las relaciones laborales.-
El 22 de febrero de 2017 se concertó una audiencia a la que no fue previamente citada DAP Helicópteros Argentina S.A. En esa oportunidad, los demás intervinientes arribaron a un acuerdo, a partir del cual Enap Sipetrol Argentina S.A. se comprometía a “…a la cancelación de las liquidaciones aquí requeridas…” por los empleados, haciendo uso de la facultad contemplada en el art. 136 de la Ley de Contrato de Trabajo y con el dinero retenido a la empresa transportista (cfr. foja 173).-
Esa actuación suscitó un planteo de nulidad de DAP Helicópteros Argentina S.A. (cfr. fs. 175/176).-
En la Resolución Nº 241/SETySS/17 la autoridad administrativa laboral entendió que ese planteo era abstracto y decidió homologar el acuerdo antes mencionado (cfr. fs. 260/261).-
Frente a ello DAP Helicópteros Argentina S.A. articuló recurso de apelación en el que sostuvo -entre otras cosas- que el pago no podía realizarse conforme al artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 268/272).-
En su decisión, el sentenciante consideró que la autoridad administrativa laboral aplicó erróneamente el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para sustentar esta premisa, sostuvo que esa regla legal “…es de aplicación para aquellas sumas que sean ‘adeudadas’ y, en el caso bajo estudio, como las partes aún estaban en discusión, no se sabía a ciencia cierta si había deuda, a qué correspondía la misma y cuál era para cada trabajador. Por ende, mal pudo la empresa principal, Enap Sipetrol, subrogarse en las obligaciones de la quejosa ya que no se sabía fehacientemente nada con respecto a las tres preguntas que he formulado y que el ente administrativo debería haber tenido en cuenta previo a homologar el acuerdo…en el caso que tratamos nadie dijo y mucho menos probó que existiera una deuda por parte de Dap Helicópteros Argentina S.A. con sus trabajadores, sino que se encontraban en plena disputa acerca de la existencia o no de violación al principio de ius variandi por parte de la empleadora…Y, cabe destacar, ello sólo puede ser determinado por un Juez laboral y no por la autoridad administrativa.
Pero en la audiencia de fs. 173/174, ante los solos dichos por parte de la empresa Enap Sipetrol en referencia a una supuesta insolvencia por parte de Dap Helicópteros, fue suficiente para que…las partes se pusieran de acuerdo en que Enap Sipetrol pague a los trabajadores supuestas deudas con dinero retenido a Dap Helicópteros…” (cfr. fs. 330 y vta.).- Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859, VII, Reg. 229, Folio 1234/1238 y XIX, Reg. 655, Folio 3768/3775). Por esta vía se procura lograr un control de logicidad de la sentencia impugnada en casación.
Por lo tanto, es imperioso advertir que: “El tribunal casatorio, con la excusa de un vicio en la fundamentación legal, no puede valorar las distintas interpretaciones o aplicaciones del derecho sustancial, sino que sólo debe constatar que el íter interpretativo (o la estructura del razonamiento) le permita llegar a dicha interpretación sin quebrar principios básicos de argumentación lógica…No se permite valorar en virtud de esta causal la opinabilidad o consistencia de los argumentos, sino la falta total (o arbitrariedad normativa) de fundamentación legal.” (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recurso de casación: Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1ª edición, Córdoba, Advocatus, 2016, págs. 81 y 82).- Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha declarado que este tipo de remedio “…sólo se produce cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes, pero cumple con la exigencia…el fallo que, como en el caso, está fundado en expresas disposiciones legales, siendo…ajenos al ámbito de dicha vía los agravios dirigidos a cuestionar el acierto en la fundamentación de la decisión impugnada…” (cfr.
“Trend Mills S.A. c/ Arba s/ Pretensión Anulatoria s/ Recurso de Queja por Denegación de Rec. Extr. (Nulidad)”, causa Q.76.213, entre otras).- No puede pasarse por alto que Enap Sipetrol Argentina S.A., en otra parcela de su pieza recursiva, controvierte ampliamente el alcance otorgado al artículo 136 del régimen laboral, lo que evidencia la inutilidad de la nulidad pretendida en este punto. En tal sentido, se ha sostenido que “…no cabe aducir que el fallo carece de fundamentación legal, si simultáneamente se le atribuye errónea aplicación de la ley…el REN estará destinado al fracaso cuando el recurrente comprueba a través del remedio de inaplicabilidad de ley que ha podido exponer el agravio, con denuncia del régimen legal violado.
Es indudable que en el supuesto señalado no se encuentra afectado el derecho de defensa del impugnante, careciendo de utilidad la nulificación del acto jurisdiccional.” (cfr. Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires - Recurso de nulidad extraordinario”, LEP, 2000, pág. 127).- En el caso, el magistrado expuso el conjunto de razones de hecho y de derecho en las cuales apoya lo decidido en torno al supuesto equívoco en el que habría incurrido el organismo administrativo en torno al artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, más allá del acierto o no de lo decidido, no se aprecia una carencia absoluta de motivación que amerita la nulidad pretendida.-
VI. Distinta suerte debe asignarse al agravio vinculado con la trasgresión al principio de congruencia que se le enrostra a la resolución en crisis.-
El Derecho es un sistema que contiene reglas internas que deben respetarse para que sea posible predicar la juridicidad de una decisión (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis: “Teoría de la Decisión Judicial Fundamentos de Derecho”, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 209).-
Precisamente, una de las reglas que debe seguir todo pronunciamiento judicial para erigirse en una decisión constitucional y legalmente válida viene dada por el principio de congruencia, definido por este Alto Tribunal como “…la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4° y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6º ambas disposiciones del Cód. Proc. Civ. y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomos I, Reg. 24, Folio 95/102; II, Reg. 84, Folio 369/374; IV, Reg. 144, Folio 699/705; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XII, Reg. 414, Folio 2257/2260, entre otros). Éste último mandato adjetivo resulta extensible también a las sentencias de segunda instancia, según lo preceptuado por el artículo 165 del mismo cuerpo normativo. A su vez, las disposiciones individualizadas resultan de aplicación a los procesos laborales, en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 121 de la Ley Nº 1444.- Desde el cuadrante doctrinario, Guillermo Jorge Enderle ha definido a la congruencia procesal como la: “…coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido.” (cfr. aut. cit.: ‘La congruencia procesal’, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, pág. 57)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXII, Reg. 707, Folio 4218/4227).-
Siguiendo la clasificación tripartita de Jaime Guasp, Juan Carlos Hitters enseña que la incongruencia puede asumir las siguientes caras: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes; por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes; o por ambas razones, es decir, mixta, cuando padezca de los dos defectos a la vez, lo que sucede cuando el dispositivo sentencial concede algo diferente de lo pretendido (cfr. aut. cit., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da edición, LEP, 1998, pág. 641) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXII, Reg. 722, Folio 4347/4350).- La congruencia es un parámetro de actuación jurisdiccional que: “… ‘…adquiere un perfil de derecho esencial constitucionalmente protegido, por lo que reconocido expresamente en las normas positivas de procedimiento supone un necesario condicionamiento a la actividad del tribunal, quien sólo puede llegar a la verdad o justicia que el marco del proceso le puede proveer poniendo a los sujetos…al amparo de la discrecionalidad que los jueces pudieran desarrollar en orden a un sentido de justicia personal.’…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXIII, Reg. 730, Folio 4417/4422 y su cita).-
El Máximo Tribunal de la Nación tiene dicho sobre este punto que el fallo judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos resulta incompatible con las garantías constitucionales de defensa y propiedad, y con el principio de congruencia toda vez que el juzgador no puede convertirse en intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (cfr. Fallos: 342:1580, del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).-
De las constancias obrantes en la causa, surge que Dap Helicópteros Argentina S.A. interpuso recurso de apelación -en los términos del art. 17 de la Ley provincial N° 2450- contra la Resolución Nº 241/SETySS/2017 emitida por el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social. Esta pieza exhibe un único acápite de fundamentación recursiva rotulado como “Nulidad de la resolución por vicios de forma en el procedimiento previo y de fondo. Inexistencia de justa composición de derechos e intereses” en el que sostuvo que se violó su derecho de defensa, que la resolución homologatoria fue dictada careciendo de competencia la autoridad administrativa laboral, que el pago no podía realizarse conforme al artículo 136 de la LCT y que, por ende, no existía justa composición en los términos del artículo 15 de esa ley.
En mérito a ello, solicitó su nulidad (cfr. fs. 268/272).- El planteo recursivo de Dap Helicópteros Argentina S.A. fue acogido de manera favorable por el juez interviniente, lo que lo llevó a decretar la nulidad de la Resolución Nº 241/SETySS/2017 emitida por el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social. No obstante, sin ninguna explicación adicional, sostuvo que debía determinarse lo que debería ocurrir con las sumas de dinero percibidas por los trabajadores. En ese marco, manifestó que estos representan la parte más débil y que los sindicatos no siempre expresan y actúan de acuerdo con lo que estos pretenden. Destacó su falta de participación directa en las negociaciones y expresó que la falta de título de abogado les impide conocer acabadamente sus derechos y obligaciones.
En contraposición, aseveró que Enap Sipetrol Argentina S.A. supo en todo momento cómo se estaba actuando, ante lo cual prefirió referirse -sin pruebas- a una supuesta insolvencia de Dap Helicópteros Argentina S.A. y hacer un uso equivocado de la figura contemplada en el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 327/333).- Es sabido que: El límite del poder de decisión del tribunal de alzada para dictar su sentencia está determinado por los agravios y/o fundamentación del recurso. El principio de congruencia garantiza el principio de defensa ya que importa la fijación de límites argumentales (agravios) a los que se debe adaptar el tribunal, para evitar arbitrariedades que generen una natural inseguridad jurídica y fundamentalmente conocer de lo que debe defenderse (y tener una idea de los ejes sobre los que tratará la decisión del recurso)” (cfr.
Molina Sandoval, Carlos A.: ob. cit., pág. 64), solución extensible a la actuación del juez como órgano judicial de alzada en el marco de actuación prescripto por la Ley provincial N° 2450.- En este caso, la decisión judicial ha concedido distinto a lo reclamado por la apelante, quien únicamente buscaba la nulidad de la resolución homologatoria. El ámbito de su facultad decisoria estaba determinado por los límites en los que quedó definida la impugnación ordinaria. De esta manera, la resolución excedió los términos de ésa pretensión recursiva, lo que evidentemente genera una mengua al derecho de defensa de Enap Sipetrol Argentina S.A. La prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos: 301:925; 304:355; 338:552, entre muchos otros).- Sobre tal base, cabe concluir que asiste razón a Enap Sipetrol Argentina S.A. en cuanto afirma que la resolución apelada es nula y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional.-
VII. A la luz de los argumentos hasta aquí vertidos, cabe concluir que la irregularidad sindicada resulta de una gravedad tal que conlleva la anulación de la sentencia impugnada, en los términos del 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por quebrantamiento de las formas sustanciales, debiendo reenviarse los presentes autos al Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos en su carácter de Alzada, para que con nuevo Juez hábil, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPC y C).- Como consecuencia de lo aquí expresado, es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382).-
En virtud del resultado al que se arriba no corresponde pronunciarse en relación a la casación interpuesta por el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral y al resto de los agravios esgrimidos por Enap Sipetrol Argentina S.A.-
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Enap Sipetrol Argentina S.A. a fs. 389/420 por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos en su carácter de Alzada a fs. 327/333 y su aclaratoria de fs. 336/337 vta., reenviando los presentes autos al mismo para que, con nuevo Juez hábil, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1012S.241 Tomo: XXIII Sentencia: 754 Folio N°: 4601/4606 Secretaría: 1
Fin de la sentencia