Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2481/21-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2481/21-TSJ Interlocutorio N°: 3723 Actor: SINDICATURA DE AUTOS: ‘TOLEDO MARIO LEONARDO c/ JOAQUÍN ARGÜELLES Y CÍA S.A. s/ QUIEBRA’ Demandada: ARGÜELLES ELIO Y OTROS Objeto: ORDINARIO Fecha: 23-11-2022 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3723 FOLIO Nº 6635/6641 PROT. ELECT. TSS1072I.221
Río Gallegos, 23 de noviembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “SINDICATURA DE AUTOS: ‘TOLEDO MARIO LEONARDO c/ JOAQUÍN ARGÜELLES Y CÍA S.A. s/ QUIEBRA’ c/ ARGÜELLES ELIO Y OTROS s/ ORDINARIO”, Expte. N° S-22.048/08 (S-2481/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la CPN María Susana Gasparini, Síndica Concursal designada en autos: “Toledo Mario Leonardo c/ Joaquín Argüelles y Cía S.A. s/ Quiebra”, Expte. N° T-5726/04, (cfr. PE183822-2021), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE161724-2021, que revoca la sentencia de Primera Instancia y declara prescripta la acción contra los demandados, imponiendo las costas de ambas instancias a la quiebra vencida.- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar a la demanda impetrada por la CPN María Susana Gasparini en su carácter de Síndica en autos: “Toledo Mario Leonardo c/ Joaquín Argüelles y Cía S.A. s/ Quiebra”, Expte. N° T-5726/04; condenó a los demandados Elio Argüelles, Elena Tapia y Marcela Argüelles a pagar a la accionante la suma de pesos seiscientos tres mil quinientos uno con veintisiete centavos ($ 603.501,27) con más intereses calculados según la tasa activa -promedio mensual- para descuento de documentos comerciales que publica el Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de interposición de la demanda (10/03/08) y hasta su efectivo pago; e impuso las costas a los demandados perdidosos (cfr. fs. 1420/1435 vta.).-
II. Que en su recurso de casación, la CPN María Susana Gasparini plantea que en el pronunciamiento atacado ha existido “... a) violación y aplicación errónea de la ley o la doctrina legal, y b) manifiesta arbitrariedad, de allí que se haga reserva del caso federal ante la violación a normas constitucionales y de derecho sustancial.” (cfr. PE183822-2021).-
Considera que se han “…conculcado derechos reconocidos y protegidos por la Constitución Nacional, como ser la defensa en juicio y de propiedad y de los principios de legalidad y de prelación del ordenamiento normativo, tutelados por los arts. 17, 18, 19, 31 de la Constitución Nacional.” (cfr. PE cit. pág. 2).-
Sostiene que, al contrario de lo que entiende la Cámara, el plazo de prescripción respecto de la responsabilidad concursal contemplada en el artículo 174 de la LCQ comienza a computarse desde la fecha de presentación del informe general, por cuanto desde dicha presentación es cuando queda determinado el momento en que se produjo la cesación de pagos, requisito que habilita la aplicabilidad del artículo 173 por remisión del artículo 174 de la LCQ (cfr. PE cit., pág. 17).-
Destaca que está debidamente probado que ni los administradores, ni sus apoderados o mandatarios de la fallida, ni los accionistas prestaron la colaboración necesaria para determinar la situación patrimonial de la misma (cfr. PE cit. pág. 20). Al respecto anuda que: “…resulta claro que el voto de la Excma. Cámara sin considerar que el contenido del informe general previsto en el art. 39 LCQ, tiene un debido correlato con los datos que le son exigidos al fallido al ordenarse la apertura del proceso falencial, constituye una clara violación y aplicación errónea de la ley concursal, también al remitirse solamente analizar cuál fue el comportamiento de la sindicatura en origen tendiente al cumplimiento de dicho informe general sin considerar cual ha sido el comportamiento de los administradores y representantes de la sociedad fallida (los cuales por la resolución judicial de apertura del proceso de quiebra, se encontraban obligados a aportar toda la documental contable y bienes patrimoniales de la fallida, bajos (sic) la pena y responsabilidades de la ley), constituye una manifiesta arbitrariedad.” Acto seguido se pregunta: “¿Cómo determina el síndico y opina sobre la actividad del deudor fallido y como (sic) integra el patrimonio de este (sic) y lo vuelca en el informe general previsto en el art. 39 LCQ, si no cuenta con la colaboración del fallido y máxime cuando este fue intimado en la resolución de apertura del proceso y no da el debido cumplimiento a dicha manda judicial?
¿Cómo es posible que la Excma. Cámara no evalué (sic) que al momento de aportar documental contable la fallida se remite a entregar libros de actas y no aporta documental contable actualizada a la fecha de la sentencia de quiebra, no pone los bienes patrimoniales a disposición de la sindicatura y que dichos aportes surgen cinco años posteriores al decreto de quiebra mediante la audiencia que el Juez como Director del Proceso y por aplicabilidad del art. 274 LCQ tuvo que impulsar tendiente a lograr vía una tarea de investigación todas las medidas necesarias para poder dar cumplimiento al informe general previsto en el art. 39 LCQ?” (cfr. PE cit., pág. 22).- Dice que: “En dicha tarea de investigación ordenada por el Juez en su carácter de Director del proceso y en cumplimiento del art. 274 LCQ, se acredita la existencia de balance falso e incompleto, se acredita que un accionista hace reconocimiento y entrega de un rodado perteneciente a la empresa fallida cinco (5) años después del decreto de quiebra, entre tantas cuestiones dolosas más que se comprueban en todas esas actuaciones.” (cfr.
PE cit., pág. 23).-
Entiende que el mensaje que se deriva de la sentencia recurrida es alarmante, pues de ella se desprende que a un administrador de una sociedad quebrada le bastaría con boicotear el accionar de la Sindicatura, así como también incumplir intimaciones judiciales para impedir que ésta última realice su labor y especular con el cómputo del plazo de prescripción de la acción y sin que pueda ser tenido en consideración lo normado por el art. 3980 del Código Civil (cfr. PE cit., págs. 23/24).-
Expone que: “Los coautores de la ley de concursos y quiebras y los legisladores al aprobar dicha ley consideraron que los plazos de prescripción establecidos en la misma guardan una correcta relación con lo previsto en los diversos artículos de la ley concursal, tales como verificación de créditos (art. 32 y 200 de la LCQ), periodo de observación de los créditos (art. 33 LCQ), informe individual de la sindicatura (art. 35 LCQ), resolución judicial de los créditos venidos a verificar (art. 36 LCQ), informe general del síndico (art. 39 LCQ), (observaciones e impugnaciones al informe general art. 40 LCQ) sin la debida integración y cumplimiento de todas estas etapas procesales previas resulta de imposible cumplimiento la promoción de acciones de responsabilidad contra terceros y contra los socios de la sociedad y la aplicación del plazo de prescripción guarda un debido correlato con el cumplimiento previo de dichas actuaciones en el proceso falencial.” (cfr. PE cit., pág. 34).- Añade que: “Así el voto de la Excma Cámara, al resolver como lo hizo, prescindió del argumento esgrimido y fundamentado en origen al efectuar la demanda de responsabilidad con fundamento en el art. 173 LCQ y 175 LCQ…” (cfr. PE cit., pág. 36).-
Afirma que: “Por todas las razones dadas la forma en el voto de la Excma. Cámara resolvió hacer lugar al plazo de prescripción interpuesto por los demandados, la misma hizo una incorrecta apreciación y aplicación de la normativa aplicable al caso, tanto la concursal (art. 173, 174 y 175 LCQ), la comercial (art. 848 inc 1 del código de comercio), como la prevista en la ley de sociedades comerciales (art. (sic) 59, 274 y concordantes de la LSC), e incurrió en una manifiesta arbitrariedad al prescindir de los argumentos brindados por esta sindicatura en todas sus actuaciones y al prescindir de la prueba obrantes (sic) en el expediente principal de la quiebra, en donde quedaba debidamente probado el accionar negligente, el comportamiento contrario al buen hombre de negocios manifestado en las actuaciones de los administradores, representantes y socios, que fueron permanentemente renuentes a la entrega de una contabilidad actualizada, a la entrega de bienes de la fallida (aportando un bien rodado cinco años después del decreto de quiebra), etc., cuando el propio decreto de quiebra los intimaba a cumplir con dicha manda judicial bajo las penas y responsabilidades que fija la ley.” (cfr. PE cit., págs. 47/48).- Señala que respecto de la determinación de costas, el voto de la Excma. Cámara también incurre en violación y aplicación errónea de la ley, y manifiesta arbitrariedad. Al respecto advera que: “La demanda de responsabilidad instaurada en lo previsto en el art. 173 LCQ y 175 LCQ data del año 2008, la ley de aranceles que la Excma. Cámara aplico (sic) al caso data del año 2013. En consecuencia, dicha normativa no resulta aplicable al caso por no ser la ley de honorarios con la cual se determinaron las costas retroactivas a la fecha en que se realizaron estas demandas. (Principio de irretroactividad de la ley, toda ley es aplicable a hechos acaecidos con posterioridad a su promulgación).” (cfr. PE cit., pág. 48).- Bajo el título: “Omisión por parte del voto de la Excma (sic) Cámara de Apelaciones de regular honorarios al Dr. José Manuel Castro Gasparini en dicha Instancia”, argumenta que la Alzada incurrió en una clara y manifiesta arbitrariedad, por cuanto se le regulan honorarios en segunda instancia al Dr. Lightowler y no se le regula al Dr. José Manuel Castro Gasparini, abogado que sí patrocinó a la actual sindicatura en dicha instancia (cfr. PE cit., pág. 48).-
Considera que la falta de regulación de honorarios fue el resultante de no haber meritado los argumentos vertidos por la sindicatura al contestar la apelación interpuesta por los demandados, hecho reconocido en su sentencia por la Excma. Cámara. (cfr. PE cit. págs. 48/49).-
Expresa que: “Por todas las razones dadas al resolver como lo ha hecho la Excma. Cámara en estas actuaciones ha efectuado una incorrecta interpretación y aplicación de la ley concursal, de la ley de sociedades comerciales, de la aplicación del código de comercio, por lo expuesto ha violado la normativa aplicable al caso haciendo lugar a la interposición de prescripción interpuesta por los demandados, cuando la acción de prescripción interpuesta respecto de la demanda por acción de responsabilidad prevista en el art. 173 LCQ, fue objeto de la dispensa prevista en el art. 3980 del código civil, por el propio accionar doloso de los demandados cuestión que se encuentra debidamente probada en las actuaciones obrantes en el expediente principal de la quiebra que fue ofrecido y aceptado como prueba en estas actuaciones, respecto de la acción promovida por aplicabilidad del art. 175 LCQ, la misma no se encontraba prescripta por aplicabilidad del art. 848 inc º1 (sic) del código de comercio, que le era aplicable por aplicabilidad de la ley de sociedades comerciales, por lo expuesto también constituye una manifiesta arbitrariedad expresarse como lo ha hecho la Excma.
Cámara considerando que el a quo al resolver como lo ha hecho decidió crear un plazo de prescripción -de aplicación específica- para el presente caso. También se constituye en una manifiesta arbitrariedad y en una violación y aplicación errónea de la ley el considerar que la fecha de cesación de pagos no reviste entidad condicionante alguna para la acción interpuesta contra los demandados, al resolver así como lo hizo en su voto la Excma. Cámara, prescindió en forma manifiesta de la normativa prevista en los arts. 115 y 116 de la LCQ, por cuanto la determinación de la fecha de cesación de pagos (que debe expresarse en el informe general del art. 39 LCQ) es a los efectos de determinar cuales (sic) es el período de sospecha, período en el cual se analiza (sic) las conductas llevadas a cabo por los administradores, representantes y socios y cuya mayor importancia reside en verificar si en dicho período de sospechas existen actos susceptibles de ser ineficaces y si existen acciones de los socios, administradores o representantes de la sociedad fallida que sean objeto de las acciones de responsabilidad previstas en el art.
(sic) 173 y 175 de la LCQ. En consecuencia, en contrario de lo que expresa el voto de la Excma. Cámara que considera que la determinación de la ‘fecha de cesación de pagos’ no constituye o no reviste entidad condicionante alguna para la acción interpuesta contra los codemandados, no ha hecho la correcta lectura y aplicación del art. 116 LCQ, pues dicha fecha debe ser determinada por resolución judicial, dicha fecha del estado de cesación de pagos, lo expresa la sindicatura en el informe del art. 39 LCQ, el cual como expresara el Juez de Primera Instancia no fue objeto de observaciones por el deudor fallido (art. 117 LCQ), y se constituye en el periodo en el cual los actos llevados a cabo por los administradores, representantes o socios puedan ser objeto de las responsabilidades previstas en el art. 173 y 175 de LCQ, también en la posible acción de actos considerados ineficaces realizados dentro de dicho período de sospecha (cfr.
PE cit. págs. 49/50).- Manifiesta que: “Expresar como ha hecho la Excma. Cámara, en su fallo objeto de esta casación, que: ‘Los actos de la sindicatura en origen (Cra. Giganotto) fueron consentidos por la masa de acreedores y por la Síndica (la dicente) (que al asumir el cargo no los denunció), resultan inhábiles para fundar la causal de dispensa pretendida y por ende, conducen a declarar prescripta la acción de responsabilidad deducida contra la Sra. Marcela Arguelles’. (sic fallo Cámara). Nuevamente acá se visualiza una clara y errónea aplicación de la ley concursal, en ningún momento la dicente como Síndica actuante en el proceso consintió dichos actos, ni lo de la síndica en origen ni de los administradores y representantes de la fallida, prueba de ello es que en base a la aplicabilidad del art. 275 inc (sic) 3) requirió de los representantes, administradores o terceros las explicaciones que estimo (sic) pertinentes y ello dio (sic) lugar a las audiencias que por aplicabilidad del art. 274 LCQ el juez en su carácter de director del proceso hizo lugar a los efectos de impulsar la causa y todas las investigaciones que resulten necesarias para lograr la integrabilidad del patrimonio y hacerse de la contabilidad de la empresa fallida.” (cfr.
PE cit. pág. 26).- Destaca que: “Al momento del vencimiento del término de la prescripción previsto en el art. 174 LCQ, se mantenía por parte de los representantes y administradores de la fallida, las actitudes provocativas de la dificultad de hecho y de derecho de realizar el informe del art. 39 LCQ que habilita la promoción de la acción prevista en el art. 173 LCQ y se mantenía por parte del deudor a través de sus representantes y administradores a dicha fecha la actitud dolosa tendientes a no cumplimentar la documentación contable, legal y entrega de bienes pertenecientes al patrimonio de la fallida. d) Plazo para hacerla valer. Esta sindicatura en representación de la masa de acreedores con fecha anterior al plazo de caducidad de tres (3) meses que prevé la norma del art. 3980 Cód.
Civil Velezano, hizo valer la dispensa al promover la acción de responsabilidad prevista en la norma legal.” (cfr. PE cit. pág. 29).- Observa que la “...ley concursal en su articulado prevé en el art. 159 LCQ que el juez debe decidir siempre aplicando las normas que sean análogas atendiendo a la debida protección del crédito a la integridad del patrimonio del deudor, el estado del concurso y el interés general. Cuestión esta que la Excma. Cámara no considero (sic) en inaplicabilidad de ley al resolver como lo hizo.” (cfr. PE cit. pág. 30).-
Indica que en el expediente principal de la quiebra se encuentra acreditada desde el origen la existencia de dificultades o imposibilidad de contar con una contabilidad actualizada y con los bienes pertenecientes a la fallida. Además dice que dicha circunstancia existió al momento del vencimiento legal de la prescripción y que esa sindicatura hizo valer el derecho dentro de los tres meses posteriores a cuando cesó el impedimento, procurando en las diversas audiencias informativas llevadas a cabo con los socios, representantes, administradores y terceros la obtención de la información necesaria para realizar el informe del art. 39 LCQ (cfr. PE cit. pág. 31).- Asegura que se encuentra debidamente acreditado en el expediente de la quiebra que los administradores, representantes y socios de la fallida no dieron cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 88 de la LCQ y que fueron contemplados en la sentencia que hizo lugar al pedido de quiebra, resolución en la cual se los intimaba, bajo la pena y responsabilidad de ley, a poner todos los documentos y bienes de la fallida a disposición del síndico (cfr. PE cit., pág. 33).-
Y continúa: “En consecuencia en contrario a lo que expresa la Excma. Cámara lo que hay que valorar no es de qué modo incide la fecha de cesación de pagos para la determinación de la responsabilidad de los sujetos, sino si dicha acción de responsabilidad se encuentra comprendida dentro de ese período de sospecha, art. 115, 116 y concordantes de la ley concursal, a los cuales la Excma. Cámara, no consideró en forma arbitraria, como elemento fundantes (sic) de la demanda instaurada.” (cfr. PE cit. pág. 50).-
Destaca, en tal sentido, que no está debidamente probado que el accionar de la sindicatura en origen haya estado signado por la negligencia, la desidia y la desaprensión a las funciones que le eran propias; y estima que de haber sido así, la funcionaria debió haber sido removida de sus funciones, lo que no sucedió (cfr. PE cit. págs. 52/53).-
Argumenta, finalmente, que: “El comportamiento de los administradores, representantes y socios trasunta un claro abuso de derecho previsto en las normas previstas en el art. 9 y 10 del actual código civil y comercial (art. 1071 y concordantes del Código Civil Vélez Sarsfield), por cuanto hicieron reconocimiento judicial de encontrarse en estado de cesación de pagos y luego una vez obtenido el decreto de quiebra hicieron todo lo posible para frustrar el cobro de los acreedores y el cumplimiento de la labor no solo (sic) del Síndico en origen si no también la labor del Juez como director del proceso (llegando al extremo de aportar un bien cinco años después del decreto de quiebra, cuestión que realizaron por la propia labor del Juez y la sindicatura). Sabido es que los derechos deben ser ejercidos de buena fe y que ‘…la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos’ (actual art. 9 y 10 del CCCN, art. 1071 del Código Civil Vélez Sarsfield).” (cfr. PE cit. pág. 55). Hace reserva del caso federal (cfr. PE cit. pág. 62).- La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso (cfr. PE268564-2021). En PE266696-2022 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Debe decirse que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es que el invocado equívoco en que habría incurrido la Excma. Cámara de Apelaciones al rechazar las acciones de responsabilidad concursal y societaria por encontrarlas prescriptas, no pasa de ser la exposición de su personal y discordante criterio al del juzgador, lo que pone en evidencia la insuficiencia de la pieza recursiva.-
Debemos recordar la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que expresa: “…determinar el comienzo del plazo de prescripción es una cuestión de hecho cuya tarea compete exclusivamente a las instancias ordinarias y sólo es revisable en sede extraordinaria cuando se denuncia y demuestra que el camino seguido por el juzgador adolece de absurdo, en franca infracción de las normas que gobiernan la valoración de la prueba (conf. SCBA, Ac 58186, 27/12/1996, ‘Aflitto Teresa Herminda c/ Transportes La Perlita S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios’; ídem, Ac. 81434, 02/04/2003, ‘Becerro Eduardo E. y otros c/ Unión Obreros y Emp. Ind. Mad. s/ Resolución de Contrato. Daños y perjuicios’).” (cfr.
Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3106, Folio 5074/5077; Tomo XXXI, Reg. 3541, Folio 6088/6092). Extremo éste que no se avizora en el sub lite.- Con igual criterio al aquí expuesto este Alto Cuerpo ha entendido que el cómputo de la prescripción es una “…cuestión que reviste carácter circunstancial y casuístico y cuya evaluación corresponde en forma privativa a los jueces de grado, exento de censura en casación salvo que se alegue y demuestre que nos encontramos en presencia de un caso excepcional de absurdo. En tal sentido, es insuficiente el recurso bajo estudio pues en el mismo, la recurrente sólo se limita a exhibir una discrepancia subjetiva con el criterio del juzgador, omitiendo hacerse cargo de las razones expresadas en el fallo…” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XIX, Reg. 2464, Folio 3725/3727).- Tal como se desprende de los fallos precedentemente citados, esta tesis encuentra aval también en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que postula sobre el particular que: “La cuestión vinculada con el cómputo de la prescripción, interrupción o punto de arranque de la misma, alude a un aspecto circunstancial y casuístico extraño a la competencia de la instancia extraordinaria.” (cfr. Sum. SCBA “Síndico de la Quiebra I.M.E de Pehuajó S.A. y otros c/ Aristizabal Alberto y otro s/ Acciones de responsabilidad”, causa LP Ac. 33188 S del 30-04-1985; y “Curtiduría Azul S.A. s/ Concurso preventivo -Hoy Quiebra- s/ Incidente de revisión de fecha de cesación de pago e ineficacia concursales”, causa LP Ac 56865 S, del 17-2-1998 y TSJ Santa Cruz, fallo cit.).- Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Excma.
Cámara de Apelaciones ha apontocado sus fundamentos en normativa, jurisprudencia y doctrina para entender que se encontraban prescriptas las acciones de responsabilidad, sin que se vislumbre la existencia de arbitrariedad, absurdo o violación de la ley.-
Así las cosas, se observa que los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre por qué se debería haber considerado que las acciones de marras no se encontraban prescriptas. Pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021, entre otros).-
Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales o principios generales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2960, Folio 4761/4764, entre otros).- En lo tocante a la invocada arbitrariedad de la que adolecería la sentencia de Cámara, debe recordarse lo que este Alto Cuerpo ha dicho sobre esa causal impugnativa, a saber que: “…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr.
Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003); y “…que debe rechazarse el absurdo o arbitrariedad denunciados en tanto no se ha logrado demostrar que el discurrir del fallo se encuentre viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1178, Folio 1554/1556)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003). Asimismo, es tesis de este Tribunal que: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr.
Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2638, Folio 3963/3966).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 523, Folio 2940/2946). Circunstancias éstas que no se avizoran en el sub lite.- También es inatendible el pretenso agravio vinculado con la imposición de costas, ya que, como este Alto Tribunal ha dicho: “…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado…la materia en estudio, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución…En consecuencia, mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación…” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467, Folio 2539/2542; Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3146, Folio 5162/5164).-
Fin de la sentencia