Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2180/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la incidentista a fs. 56/76 vta. y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 48/52.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2180/17-TSJ Interlocutorio N°: 660 Actor: SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. s/ INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: ‘GUZMAN HECTOR EDUARDO Demandado: HELMERICH & PAYNE (ARGENTINA) DRILLING CO S.A. Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 11-03-2020 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 660 FOLIO Nº 3813/3816 PROT. ELECT. TSS1 002 S.201
Río Gallegos, 11 de marzo de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. s/ INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: ‘GUZMAN HECTOR EDUARDO c/ HELMERICH & PAYNE (ARGENTINA) DRILLING CO S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE. Nº 13742/2012)’”, Expte. Nº S-17.634/16 (S-2180/17-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte incidentista, Sinopec Argentina Exploration and Production INC. a fs. 56/76 vta. con- tra la resolución dictada por la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 48/52, que desestimó el recurso de apelación interpuesto oportunamente por esa parte contra el pronunciamiento de Primera Instancia. Este último había rechazado in limine el presente incidente (cfr. fo- ja 26 y vta.).-
II. Promueve este incidente Sinopec Argentina Exploration and Production INC., procurando la nulidad del auto regulatorio de los honorarios de quien fuera su letrado apoderado, Dr. Carlos Toledo Vargas, por su intervención en el expediente principal caratulado: “Guzmán Héctor Eduardo c/ Helmerich & Payne (Argentina) Drilling CO S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios” (Expte. Nº 13742/2012), luego de haber sido intimada al pago de dichos emolumentos.- Funda su pretensión en que el mentado profesional actuaba para ella en el expediente referido, en virtud de un convenio privado en el cual se acor- daron sus honorarios en U$D 75 por hora más IVA, a lo que se suma que el letrado renunciaba a cobrarle a la ahora nulidicente, cualquier otro honorario que no sea el del convenio.-
El Juez de Primera Instancia rechazó in limine el incidente, por considerar que no se había vulnerado el derecho de defensa de la incidentista, en tanto en los autos principales pudo deducir recurso de apelación contra la regulación de ho- norarios en cuestión.-
Apelada esta decisión, fue confirmada por la Excma. Cámara de Apelaciones. Para así decidir, entendió que no hubo en la regulación de honorarios errores procedimentales ni formales que justifiquen la nulidad pretendida, a lo que se sumó la falta de perjuicio para la incidentista.-
III. Contra este pronunciamiento, la incidentista interpuso recurso de casación, acusando violación de la ley y arbitrariedad (cfr. foja 71).-
Entiende que se han violado los artículos 94, 170 y stes. del CPC y C y afirma que: “…la decisión atacada de (sic) configura supuesto (sic) que habilita la tacha de arbitrariedad por estar frente a omisiones y desaciertos de suma gravedad…” (cfr. fs. 71 y vta.).-
Sostiene que: “La deducción de la apelación subordinada al planteo de nulidad no autoriza la inhabilitación de este último, ya que no exige mayor explicación que se trata de mecanismos de impugnación diametralmente distintos, y además que no existe obstáculo ni legal ni tampoco lógico para que ambos sean inter- puestos como en definitiva lo hizo esta parte…” (cfr. foja 73).-
Relata que en autos se ha regulado honorarios al Dr. Toledo Vargas, en violación a un acuerdo suscripto por dicho letrado, pero que nunca presen- tó en autos, de lo contrario, la regulación nunca se habría practicado y no hubiera sido necesario promover el incidente de nulidad (cfr. foja 74 vta.).-
Por último, ratifica la reserva del caso federal efectuada anteriormente (cfr. foja 75 vta./76).-
A fs. 80/81, la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 94 y vta. obra interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso y poniendo los autos a dis- posición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/ 15 -Decreto Nº 2228/15-.-
A fs. 99/100, dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluye que: “…el Recurso de Casación se debe rechazar.” (cfr. foja 100).-
A foja 101 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 102 pasan los presentes a estudio.-
IV.1. Liminarmente conviene precisar que en el incidente bajo análisis corresponde dilucidar si la incidentista logra esbozar fundamentos hábiles que pongan de manifiesto la violación de la ley o la arbitrariedad en la resolución dic- tada por la Excma. Cámara de Apelaciones a fs. 48/52, mediante la que se confirma el rechazo in limine dispuesto por la jueza de origen a foja 26 y vta. Este es el eje central del estudio que incumbe abordar en esta instancia extraordinaria y para ello resulta necesario dirimir si la recurrente demuestra certeramente que la sentencia interlocutoria cuestionada yerra al declarar el incumplimiento de los presupuestos procesales que hacen a la admisibilidad del incidente de nulidad.- En definitiva, la decisión a adoptarse en el sub lite estriba en determinar si corresponde dar curso o no al incidente incoado.-
IV.2. El incidente de nulidad constituye el medio técnico diseñado por el legislador para que la parte afectada por alguna irregularidad y/o vicio procesal lo ataque pidiendo su subsanación y el cese de los efectos nocivos que el ac- to jurídico acarrea por haber sido emitido violando el principio de legalidad.-
Frente a la improponibilidad objetiva de este tipo de planteos, el juez puede disponer su rechazo en el propio umbral del incidente, es decir in limine litis, a tenor de lo prescripto por los artículos 174 y 180 del CPC y C. Esta potestad judicial constituye una consecuencia lógica del espíritu que impregna las normas con- tenidas en los artículos 170 a 175 de ese ordenamiento, según el cual la nulidad pro- cesal debe calificarse como un remedio excepcional y último, y consiguientemente, de interpretación restrictiva.- Desde luego que el rechazo liminar de este tipo de pretensión anulatoria solo debe disponerse cuando se incumplen los requisitos formales de ma- nera abierta e inexcusable, puesto que si se requiere la realización de alguna verificación o análisis detallado ya no procede la desestimación in limine sino que, por el contrario, correspondería en tal caso que el juez de curso a la misma, al menos sustan- ciándola, para luego apreciar el fondo de ella en el análisis de procedencia.-
IV.3. Es a la luz de estas premisas que corresponde meritar las singularidades del caso de autos.-
En su escrito recursivo, la incidentista expone que: “Hace a la esencia misma del derecho de defensa, su ejercicio con la amplitud -y plenitud- que el justiciable decida con obvio respaldo en el ordenamiento jurídico…” (cfr. foja 72). Un ejercicio eficaz de esta prerrogativa debe ajustarse entonces -según lo pone de re- lieve la propia recurrente- a los mecanismos trazados por el ordenamiento adjetivo. Ello, en razón de que las actividades que conducen al pronunciamiento de la provi- dencia jurisdiccional no pueden ser realizadas en el modo y en el orden que a juicio discrecional de los interesados puede parecer más apropiada al caso singular, sino que deben para poder tener eficacia, ser realizados en el modo y con el orden que la ley (esto es, el derecho procesal) ha establecido de una vez para siempre (cfr. Piero, Ca- lamandrei, citado en Roberto G., Loutayf Ranea: “Principio dispositivo”, 1ª ed., Ciu- dad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2014, pág. 43).- Conviene subrayar que esta idea no autoriza a que el proceso civil sea conducido en términos estrictamente formales o que se exija el cumplimiento de ritos caprichosos. Por el contrario, lo que aquí se procura destacar es que las normas procesales no son meramente indicativas, ni sugerencias de cumplimiento fa- cultativo, sino que ellas están establecidas para dar orden y previsibilidad a los pleitos y su cumplimiento constituye la imprescindible base para que los derechos sustanciales puedan ser hechos valer con éxito. Resulta necesario encontrar un delicado punto de equilibrio en la exigencia del cumplimiento de las formas, vigilando que ellas no degeneren en desnaturalizaciones o sobredimensionamientos irrazonables.-
IV.4. Desde este cuadrante, se impone verificar en primer término si el andarivel seleccionado por la incidentista resulta adecuado para cuestionar la regulación de honorarios obrante a fs. 389/390 del expediente principal.-
Al promocionar la vía incidental Sinopec Argentina Exploration and Production INC. enderezó su pretensión anulatoria exclusivamente contra la resolución individualizada precedentemente (cfr. foja 17 y vta.). Simultáneamente in- terpuso recurso de apelación contra ella, cuya dilucidación quedó diferida por la Excma. Cámara de Apelaciones hasta tanto se resuelva el presente incidente (cfr. fs. 404/405 vta. y 427 de las actuaciones principales).- Ahora bien, los diversos vicios que pueden padecer los actos procesales no son atacables por todas y cualquiera de las herramientas de impugnación previstas para darle cauce a los pedidos de declaración de nulidad.-
El incidente de nulidad constituye el canal impugnativo hábil para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de la instancia, salvo que la pretensión se funde en la existencia de un defecto vinculado con alguno de los requisitos que deben reunir las resoluciones, y éstas, asi- mismo, sean susceptibles de recurso. No corresponde a través de este ámbito conside- rar aspectos sustantivos o cuestiones de fondo.- En esta línea, Alberto Luis Maurino sostiene que la nulidad por vía de incidente sólo procede contra actos procesales que no son decisorios o que no importan una resolución (cfr. aut. cit.: “Nulidades Procesales”, 2ª ed., Ciudad de Bue-nos Aires, Astrea, 1999, pág. 273).-
El incidente de nulidad se circunscribe entonces a los actos que preceden a una providencia o resolución, pero no alcanza a los vicios u omisiones que pudiere contener la decisión misma, pues para este supuesto se ha previsto el recurso de nulidad o, en su caso, el de apelación (cfr. Beatriz A. Areán, en Elena I. Highton - Beatriz A. Areán: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Tomo 3, 1ª ed., Bue- nos Aires, Hammurabi, 2005, pág. 624).- En el caso sub examine la nulidicente no individualiza ningún acto procesal anterior a la resolución que luce a fs. 389/390 del expediente principal, sino que su planteamiento se dirige directamente contra ésta, cuestionando la regula- ción de estipendios profesionales dispuesta por la magistrada de origen sobre la base de que el Dr. Toledo Vargas habría suscripto un acuerdo de honorarios, de lo que se desprende que los embates traslucen cuestionamientos de orden sustantivo. Una muestra patente de ello también se avizora en su pieza recursiva, en la que procura sustentar la existencia de un perjuicio acudiendo al principio de buena fe en materia contractual (cfr. fs. 74 vta./75), lo que la desvía infructuosamente del plano de discu- sión al que debe ceñirse el incidente de nulidad.- Con claridad prístina, Toribio Enrique Sosa sostiene que: “El incidente de nulidad y el recurso de apelación (su absorbido, el de nulidad) sirven pa- ra acusar defectos radicados en diferentes lugares: en el procedimiento previo a la re- solución -el incidente-, en la resolución -el recurso-. De tal suerte que si un acto de procedimiento previo fuese apelado subsidiariamente, la apelación sería manifiestamente inadmisible por no atacarse una resolución judicial sino su iter procedimental anterior; y si la resolución judicial fuese objeto de incidente de nulidad, éste sería ma- nifiestamente improcedente porque la vía impugnativa idónea es el recurso de nulidad (apelación).” (cfr. aut. cit.: “¿Incidente de nulidad con apelación en subsidio?, www. informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2078/2006).- Ante este panorama, cabe concluir que el carril por el cual optó la incidentista aparece como manifiestamente inadmisible para poner en tela de juicio el interlocutorio aludido.-
IV.5. A mayor abundamiento, cabe poner de resalto que la incidentista tampoco precisa en su presentación las defensas de las que se ha visto pri- vado de oponer.-
En efecto, el acápite denominado “Indicación del perjuicio sufrido” del escrito portador de la pretensión anulatoria se limita a enunciar que “…se han regulado honorarios a favor del Dr. Toledo Vargas no obstante existir un conve- nio de honorarios que expresamente los determina…afectando así derechos y garan- tías de raigambre constitucional…lo decidido causa innegable perjuicio a mi parte, e inequívoca vulneración de los derechos y garantías consagrados en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional…” (cfr. foja 21 vta.).- La peticionante -a raíz del principio de trascendencia- tenía la carga de mencionar expresamente los medios defensivos que no ha podido ejercitar a causa de la nulidad acusada, no bastando una manifestación genérica o la simple in- vocación de garantías de orden constitucional presuntamente infringidas. Así, se ha dicho que: “Si se pretende la nulidad de lo actuado, con respecto al trámite para el co- bro de honorarios, es insuficiente la mera alusión al gravamen ocasionado por la re- gulación de ellos.” (cfr. Alberto Luis Maurino, ob. cit., pág. 60).- Esta exigencia no puede suplirse o flexibilizarse por el órgano jurisdiccional, en el marco de una incidencia de neto corte dispositivo. Aún en esta hipótesis, tampoco puede reputarse que ha existido una vulneración al derecho de de- fensa de Sinopec Argentina Exploration and Production INC., argumentando para ello que su recurso de apelación cuestiona únicamente la cuantía de los estipendios profesionales. Es que no resulta dable soslayar el hecho de que es la propia recurrente la que delimita el ámbito de la disputa en su recurso de apelación, en el que -por lo demás- también se denuncia la inexigibilidad de los honorarios regulados (cfr. fs. 404/405 vta. de los autos principales).-
IV.6. Resta indicar que la impugnante omite suministrar algún argumento que patentice una infracción a lo dispuesto por el artículo 94 del CPC y C, lo que sella la suerte adversa de este agravio, ante la manifiesta insuficiencia de la im- pugnación en este sentido.-
Por lo expuesto, debe concluirse que el planteo recursivo no logra evidenciar la violación de la ley o la arbitrariedad endilgadas a la resolución cues- tionada.-
V. Como corolario de lo expuesto, corresponde rechazar el re- curso de casación interpuesto por la incidentista a fs. 56/76 vta. y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 48/52, con costas a la recurrente vencida (cfr. art. 68 del CPC y C), teniendo presente la reserva del caso federal de fs. 75 vta./76.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la incidentista a fs. 56/76 vta. y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 48/52.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002S.201 Tomo: XX Interlocutorio: 660 Folio N°: 3813/3816 Secretaría: 1
Fin de la sentencia