Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-719/13-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: S-719/13-TSJ Sentencia N°: 1012 Actor: SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. -Sucursal Argentina- Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ -INSTITUTO DE ENERGIA DE SANTA CRUZ- Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 29/04/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1012 FOLIO Nº 3111/3113 PROT. ELECT. TSS1 012 C.161
Río Gallegos, 29 de abril de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. -Sucursal Argentina- C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ -INSTITUTO DE ENERGÍA DE SANTA CRUZ- S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº S-719/13-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la caducidad de instancia planteada por la demandada a fs. 123 y vta..-
Allí afirma que “…habiendo transcurrido en exceso el plazo establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia al cual se hace remisión en el artículo 22 de la Ley Nro. 2600, de aplicación en el procedimiento de las actuaciones de marras, sin que la actora inste el curso de la instancia, venimos a solicitar, previo traslado de ley, se declare la caducidad de la misma…” (cfr. fs. 123). Seguidamente expresa que “Puntualmente, la parte actora no da impulso al procedimiento desde el día 20 de noviembre de 2014, fecha del último proveído, mediante el cual se cierra el periodo de producción de la prueba y se otorga plazo para presentar alegatos, debiéndose el proveído ser notificado mediante cédula o personalmente. Como esto ultimo (sic) no aconteció y a lo largo de estos 6 meses la actora no ha presentado cédula alguna para notificar a esta parte del proveído, y por ende no dio impulso al proceso, advirtiéndose que ha transcurrido ampliamente el término establecido por la norma legal citada ut supra para que se opere la caducidad de la instancia, es que venimos a solicitar a VE que así se declare oportunamente” (cfr. fs. 123 vta.).- Corrido traslado del pedido de caducidad de la instancia, la actora solicita su rechazo manifestando que “…si bien es cierto que se notifica por cédula, no es menos cierto que existe una conducta ondulante en los distintos estrados que componen el Poder Judicial por cuanto existen muchas dependencias judiciales que dicho acto lo comunican librando cédula desde Secretaría sin que exista ya un accionar o conducta por parte de las partes, todo ello por cuanto cuando el proceso se encuentra en ese estadio se cumplimenta dicha instancia en pos del dictado de sentencia” (cfr. fs. 129 vta.). Asimismo alega que “Si no existe una manda específica que señale que la notificación es personal o por cédula, el principio general sostiene que la notificación es por nota circunstancia que debería ocurrir en autos y encontrarse a la fecha estos actuados en instancia de resolución. Existiendo una regulación específica no existe en este punto una remisión a lo normado en el Código de Forma a tenor de lo prescripto en el Art. 22 de la Ley nº 2600” (cfr. fs. 129 vta./130).-
II. Que, en orden a lo expuesto, corresponde establecer si en los presentes autos se verifican los presupuestos que permitan declarar perimida la instancia.-
Así, en materia de plazos y de caducidad de la instancia el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo -Ley Nº 2600- remite en sus artículos 22 y 82, respectivamente, a las disposiciones que rigen la materia en el Código Procesal Civil y Comercial, de modo tal que se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los seis meses en primera o única instancia, debiendo computarse el plazo desde la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero, que tenga por objeto impulsar el procedimiento hacia la sentencia (conf. artículos 288 inciso 1º y 289 del CPC y C).- Para resolver el ‘sub lite’ es pertinente tener presente lo ya dicho por este Alto Cuerpo, en cuanto a que “…la aplicación de la caducidad de la instancia debe adecuarse al carácter restrictivo que es propio a la institución, sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá de su ámbito, temperamento que conduce a descartar su procedencia en los casos de duda razonable en los que debe privilegiarse la solución que mantenga con vida el proceso…” (cfr.
Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. Nº 871, Folio Nº 2519/2521); y que “La jurisprudencia a la que adhiere este Tribunal (confr. Tomo XIV, Contencioso Administrativo, Reg. 912, Folio 2686/2687) tiene señalado que, si bien el instituto de la caducidad de la instancia tiene su fundamento en una presunción de abandono de la misma, ésta se evidencia a través de la inactividad de las partes y el proceso se extingue cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos legales. Es decir que el desinterés debe traducirse en inactividad durante el lapso de caducidad siendo irrelevante que otras etapas del proceso muestren el interés del litigante en su avance y el eventual propósito de la parte en la prosecución del juicio durante el lapso legal carece -como hecho psíquico- de relevancia para decidir la perención si no se ha traducido en una declaración o comportamiento externo a través de la presentación de escritos que contengan peticiones aptas para impulsarlo (“Rodríguez de Sosa, Agripina Elsira c/Legay, Luis Ernesto y otros s/Daños y perjuicios” - SCBA -Ac 47994- S - 28-2-95; “Navarro, María Beatriz c/Almafuerte Empresa de Transporte s/Daños y Perjuicios” - SCBA - Ac 62709 S - 6-8-1996; “Arvas, Osvaldo Aníbal c/Koldcsar, Lorenzo Ricardo s/Daños y Perjuicios” - SCBA - Ac 57961 - S - 6-5-1997; “García Rey, María del Rosario c/Galletti, Norberto Oscar y otros s/Demanda nulidad de testamento y redargución de falsedad” - SCBA - Ac 79436 - S- 18-11-2003)” (cfr.
Tomo XIV -Contencioso Administrativo-, Reg. Nº 918, Folio Nº 2712/2713).- Sentado lo antedicho, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso e impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado la misma por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 22 y 82 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo -Ley Nº 2600-.- Que, en este orden de ideas, se advierte que la última actuación que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento fue la providencia de fs. 122 vta., del 20 de noviembre de 2014, en la cual se ordenó poner las actuaciones a disposición de las partes para alegar, disponiéndose que dicho auto se notifique personalmente o por cédula.
Así, se verifica que entre el acto referenciado y la presentación del 7 de julio de 2015 -mediante la cual la demandada acusa la perención de la instancia (conf. fs. 123 y vta.)- ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (conf. artículo 288, inciso 1º, del CPC y C, por remisión de los artículos 22 y 82 del CPCA -Ley Nº 2600-), constatándose una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante dicho lapso.- Que, este Tribunal ha expresado, citando a Maurino que “...la ley busca con el instituto de la caducidad de instancia ‘...crear un estímulo de aceleración indirecto del impulso procesal, conminando con la extinción del proceso la inactividad de la parte a la que ese impulso incumbe...’ (Perención de la Instancia en el proceso civil, Alberto Luis Maurino, pág. 20).
La caducidad de instancia es un modo anormal de conclusión del proceso debido a la inactividad de los sujetos procesales que tenían la facultad de actuar después de transcurrido el plazo establecido por la ley. Esta inactividad puede consistir no solamente en una conducta negativa, es decir la abstención de realizar actos procesales, sino también en una conducta positiva ineficaz, como es la ejecución de aquellos que carecen de idoneidad para impulsar el procedimiento. La inactividad constituye uno de los presupuestos de la caducidad de instancia, la cual está estrechamente ligada a la carga procesal que tienen las partes de impulsar el trámite del juicio” (cfr. Tomo XIV -Contencioso Administrativo-, Reg. 912, Folio 2686/2687).- En este sentido, la ley presume como abandono del proceso o desinterés respecto del mismo, ya sea la inactividad absoluta o la realización de actos jurídicamente irrelevantes, pero teniendo especialmente en cuenta que no obstante tratarse de una sanción, excede el interés y el beneficio personal y está orientada hacia el interés público.-
Si bien -como se ha dicho mas arriba- la utilización de este instituto debe ser restringida, la Corte Suprema de la Nación ha dicho que el criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce pero no cuando aquella resulta manifiesta (Fallos: 324:160; 329:78; 329:1673; 329:2226; 330:243). El caso de autos no presenta dudas acerca de la inactividad de la actora, por el contrario, la misma resulta en forma patente y manifiesta.- No es óbice para llegar a esta solución, la defensa esgrimida por la actora en cuanto afirma que no le incumbía a ella realizar la cédula de notificación correspondiente. El auto de presidencia de fs. 122 vta. ordena que se notifique personalmente o por cédula el mismo, por lo que si la actora consideraba erróneo dicha providencia, debería haberla recurrido. Al quedar firme, la actora debió cumplir con lo allí ordenado. Este Tribunal Superior se ha expedido sobre el tópico al expresar que “La parte que formula una petición queda notificada de la misma por ministerio de la ley, aun cuando dicha providencia sea de las enumeradas en el art. 135 del Cód. Procesal -que en principio deben notificarse personalmente o por cédula-, pues todo litigante que deja un escrito asume el deber de concurrir al juzgado para enterarse del proveído que haya merecido, es decir si lo acoge, desestima o dispone que se cumpla algún requisito previo. [CNCiv., Sala A, 26/11/02, LL, 2003-A-433; DJ, 2003-1-540]...[CNCiv., Sala C, 1/12/92,LL,1993-B-300; DJ, 1993-2-547]” (conf. cit. en Highton Elena I.-Arean, Beatriz A “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Hammurabi, Tomo III, pág. 38/39)…” (cfr. Tomo XXVII -Interlocutorio-, Reg. 3169, Folio 5208/5212).- Podemos agregar al respecto que, aun para el supuesto en que se considere que este Tribunal debía realizar la cédula mencionada, la Corte Suprema de la Nación ha afirmado que dicha situación no releva a las partes de realizar los actos necesarios para urgir su cumplimiento ante la omisión del órgano respectivo (Fallos: 310:928; 330:3020; 332:1074). Por lo que la actora no debió desentenderse del proceso, incluso en el supuesto en el que considerara que no le correspondía realizar actividad alguna.-
III. Que, en orden a lo expuesto, y de conformidad a las constancias que surgen de los presentes autos, corresponde hacer lugar al planteo deducido por la demandada, y declarar operada la caducidad de la instancia, debiendo imponerse las costas por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600-; y diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente -por la actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente -por la actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y Notifíquese. Devuélvanse las actuaciones administrativas reservadas en Secretaría, a cuyos efectos, ofíciese. Oportunamente, archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1012C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1012 Folio N°: 3111/3113 Secretaría: 1
Fin de la sentencia