Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-737/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No ha lugar al pedido de desglose formulado por la parte demandada en PE1794453-2025.-
2No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE1684178-2024, PE1684181-2024, PE1698382-2025 y PE1698383-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-737/14-TSJ Interlocutorio N°: 501 Actor: SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. -SUCURSAL ARGENTINA- Demandada: PROVINCIA DE SANTA CRUZ -SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE- Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 21-08-25 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J.-
REGISTRO Nº 501 FOLIO Nº 1905/1909 PROT. ELECT. TSS1 009 O.251
Río Gallegos, 21 de agosto de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. -SUCURSAL ARGENTINA- C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ -SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE- S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMNISTRATIVA”, Expte. Nº S-737/14-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Alto Cuerpo en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Mario Raimundo Paradelo, en PE1684178-2024, PE1684181-2024, PE1698382-2025 y PE1698383-2025, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE1659718-2024, por cuanto rechaza la demanda instaurada a fojas 59/67 vta..- El actor manifiesta que su recurso versa sobre la violación de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional con base en la doctrina de arbitrariedad de sentencias (cfr. PE1684178-2024, págs. 1/2).-
Sostiene que el resolutorio impugnado dejó sin respuesta su principal agravio, el cual era determinar si “…los residuos que provienen del saneado de piletas fueron generados mucho antes de 2011, de modo que eludió tratar un planteo conducente y relevante para la decisión del caso. Por otro lado, excedió los límites de la relación procesal trabada (que versa sobre un gravamen por generar residuos, no por tratarlos). Estos decisivos vicios de fundamentación descalifican la decisión en función de la doctrina sobre arbitrariedad…” (cfr. PE cit., pág. 5).- Aduce que la sentencia recurrida le provoca un gravamen irreparable, pues la decisión confirma la ilegal percepción de un gravamen con apartamiento manifiesto del régimen legal aplicable y, por ende, priva a su representada de su derecho de propiedad, equivalente a pesos cuatro millones quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis con setenta y tres centavos ($4.548.496,73.-) (a valores de 2011) (cfr. PE cit., pág. 6).-
Argumenta que la intimación de la Subsecretaría de Medio Ambiente si bien incluyó volúmenes de residuos que fueron objeto de tratamiento, esto no es el hecho imponible para pagar la tasa por generación de residuos (cfr. PE cit., pág. 9).-
Dice que el cobro por el ítem “Volumen por Saneado de Piletas de Pozos” le provoca su mayor agravio (equivale al 65% de lo reclamado por la Provincia), pues estos residuos no son “tratados” ya que “la técnica de saneado de piletas de pozos” no es una técnica de “tratamiento” de residuos (cfr. PE cit., pág. 10).-
Manifiesta que el saneamiento de las piletas no supone “generar” nuevos residuos allí depositados. Puntualiza que esas sustancias peligrosas fueron extraídas del subsuelo para acumularse en piletas y fue en ese momento donde fueron objeto de desecho o abandono, pues no fueron aprovechadas por quien las depositó allí (cfr. PE cit., pág. 14).-
Expresa que: “Esta fundamental defensa que fue planteada por la ex Sinopec en su demanda, acreditada con la prueba producida y valorada en la presentación del alegato, no ha tenido tratamiento alguno por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz. La sentencia eludió completamente analizar estos planteos y pruebas producidas, cuya producción consideró conducentes para la solución del caso. La sentencia rechaza la pretensión de mi representada porque aquellos residuos que provienen del saneado de piletas de pozos habrían sido ‘tratados’, en un manifiesto apartamiento de las circunstancias comprobadas de la causa (como fue explicado), para eludir el tratamiento y solución de un planteo que fue central en la demanda, la prueba y los alegatos.
De allí que la sentencia es arbitraria, según la consolidada doctrina de esa Corte en esa materia. En tal sentido, la omisión de tratar y resolver un planteo conducente y relevante para la solución del caso descalifica la sentencia como decisión jurisdiccional inválida con violación a las garantías aseguradas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional…” (cfr. PE cit., págs. 15/16).- Agrega que: “Corresponde, por ende, revocar la sentencia recurrida y mandar a dictar una nueva para resolver que los 297.958,28 m3 de residuos provenientes del saneado de piletas de pozos no fueron generados durante el año calendario 2011 ni deben ser considerados para el cálculo de la tasa ambiental anual por la generación de residuos.
Y por ende, hacer lugar a la demanda para declarar la nulidad de la Disposición Nº 302-SMA/12 y su confirmatoria Nº 420-SMA/12 y se ordene a la Provincia devolver a mi representada el equivalente actual a dicha cantidad de residuos, con más los intereses respectivos.” (cfr. PE cit., págs. 16/17).- Añade que: “Al deducir la demanda y en el alegato, mi representada insistió que sólo debe pagar la tasa ambiental anual por los residuos generados durante 2011, no por su eventual tratamiento, cuya tasa deben pagar quienes están inscriptos como operadores. Que la intimación cuestionada por mi representada haya incluido volúmenes de residuos tratados responde a que el organismo asumió que se trataba de residuos generados durante el año 2011 (sólo porque fueron tratados en ese año).
Pero jamás pretendió que la ex Sinopec pagara la tasa por el tratamiento de residuos peligrosos.” (cfr. PE cit., pág. 19).- Aclara que “generar” un residuo es distinto a “tratar” un desecho peligroso; el hecho imponible de la tasa que debe pagar Sinopec es por “generar”, no por “tratar” (cfr. PE cit., pág. 20).-
Destaca que Sinopec no era, en el año 2011, un operador habilitado por la ley para aplicar tecnologías de tratamiento a los residuos que genera, es por ello que en esta causa se debate el cobro de la tasa por la generación de residuos petroleros, no por su tratamiento o transporte (cfr. PE cit., pág. 21).-
Expresa que: “…el caso federal que se presenta a la decisión de esa Corte tiene sustento en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. En tal sentido, la sentencia recurrida presenta decisivos vicios de fundamentación que la descalifican como acto jurisdiccional inválido, con sustento [en] la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias consagrada por esa Corte Suprema.”; y que este Alto Tribunal “…debía resolver -por ende- si estos residuos se generaron -o no- antes del año 2011. Sin embargo la sentencia recurrida eludió tratar y resolver este planteo…” (cfr. PE cit., págs. 24/25).- Plantea que: “…al resolver el conflicto, la sentencia recurrida consignó que la ex Sinopec debió igualmente pagar la tasa ambiental por el tratamiento de residuos, cuando esta tasa fue pagada por operadores inscriptos por su actividad de tratamiento de residuos. Que el organismo provincial haya indicado que durante 2011 se trataron residuos lo fue para asumir que también se generaron ese año. Pero jamás intimó a pagar la tasa por tratar residuos, sino por generarlos y sobre esa obligación versó el debate en este juicio. La sentencia interpretó erróneamente las circunstancias comprobadas de la causa, para confundir a mi representada con un operador de residuos que debe pagar por el tratamiento de residuos.” (cfr. PE cit., pág. 26).- Posteriormente, se ordena correr traslado del recurso extraordinario a la parte contraria (cfr. PE1022184-2025). La parte demandada contesta dicho traslado y, por las razones que esgrime, solicita el rechazo del recurso interpuesto. Asimismo en el apartado V, solicita se desglose la documental acompañada por la actora al interponer el recurso extraordinario federal (cfr. PE1794453-2025).-
Corrida la vista al Sr. Agente Fiscal ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado, expresando -sobre la base de los argumentos que allí esgrime y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado (cfr. PE1810482-2025).-
Los presentes pasan al Acuerdo en PE1087199-2025.-
II. Que en primer término corresponde resolver sobre el pedido de desglose. Al respecto se observa que en el recurso extraordinario se acompañan normas jurídicas y/o links para su acceso, a saber: la Disposición Nº 045-SMA/07 (Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz); Ley Provincial Nº 2567; y Decretos Nº 712/02 y 3316/04 (cfr. documental acompañada en PE1684178-2024, PE1684181-2024 y PE1698382-2025).-
Se advierte entonces que el recurrente no acompañó ninguna prueba documental que deba ser desglosada, sino que cumplió con el deber que le impone el artículo 8º de la Acordada Nº 4/2007 para la presentación de los recursos extraordinarios. Dicha manda establece: “8º. El recurrente deberá efectuar una transcripción -dentro del texto del escrito o como anexo separado- de todas las normas jurídicas citadas que no estén publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina…”. Por lo tanto, al pedido de desglose no ha lugar.-
III. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso extraordinario federal articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del CPCyC de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que el recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, ya que si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en formato A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, dado que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible y no excede los renglones permitidos por la normativa citada (cfr. art. 1º del Reglamento).-
También se observa que cuenta con carátula en hoja aparte, dando cumplimiento con los recaudos establecidos en el artículo 2º.-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, es sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Alto Tribunal elaborada en la materia; en tanto fue dictada por el Máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c), se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. aut. y ob. cits., págs. 108/109).- Un capítulo aparte debe dedicársele a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada N° 4/2007 y 14 de la Ley N° 48, puesto que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley N° 48.
Es decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 104).- En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una Ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 1°, de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (cfr. art. cit. inc. 2°, de la ley cit.), y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 3°, de la Ley N° 48).
Por el contrario, en el fallo recurrido se rechazó la demanda que pretendía que se revoquen las Disposiciones Nº 302-SMA/12 y la Nº 420-SMA/12 de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, y que se tuviera por satisfecha en debida forma la Tasa Ambiental correspondiente al período 2011 por parte de la actora (cfr. PE1659718-2024), cuestión notoriamente ajena a la instancia del artículo 14 de la Ley N° 48.- Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio: “…la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. inc. e) del art. 3º de la Acordada N° 4/2007).
Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2° edición, La Ley, 2012, pág. 432).- Además, le corresponde a la parte recurrente precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos de la sentencia dictada y la efectiva lesión de las garantías constitucionales vulneradas, a fin de que pueda ser válidamente fallado.
La relación directa exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble entre la cuestión federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata no habrá materia para el remedio federal (cfr. aut. y ob. cit., págs. 432/433). Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas supuestamente vulneradas que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal ni mucho menos la relación directa con la materia debatida.
De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomos VII, Reg. 367, Folio 1383/1391; IX, Reg. 434, Folio 1646/1649, entre otros).- En definitiva, en razón de la inexistencia de cuestión federal es que no se ha podido dar cumplimiento con el requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
IV. Asimismo la parte recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad.-
Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que el Alto Tribunal ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- La presentación en estudio denota una absoluta ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante se limita a denunciar la arbitrariedad de la sentencia pero sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Nótese que en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley N° 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio federal intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No ha lugar al pedido de desglose formulado por la parte demandada en PE1794453-2025.-
2. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE1684178-2024, PE1684181-2024, PE1698382-2025 y PE1698383-2025.-
Fdo.: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1009O.251 Tomo: X Interlocutorio: 501 Folio N°: 1905/1909 Secretaría: 1
Fin de la sentencia