Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-136379823-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del auto de apertura de sumario. y, por ende, la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma “SINTERAR S.A.” en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124- 8207-2015. Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-126501631-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Noviembre de 2025
Reunidos los señores Vocales miembros de la Sala “F” a fin de resolver en los autos caratulados “SINTERAR S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, EX-2023-136379823- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la decisión del Responsable del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, plasmada en la Resolución Nro. 2021-2828-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA nro. 17124-8207-2015, que le exige el pago de tributos por la suma de U$S 3.145,37, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar sobre el importe no ingresado el interés previsto por el artículo 794 del Código Aduanero.
En primer lugar, solicita se declare nulo la resolución apelada por la cual se dispuso" archivar las actuaciones" en lo que hace a la pretensión sancionadora, "formular cargo" contra la firma importadora y su garante, “dejando constancia en el Registro de causas archivadas". Sostiene que el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros omitió dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 1101 del Código Aduanero al no correr vista de todo lo actuado a su representada para que ésta pueda ejercer el derecho de defensa y aportar todos los elementos probatorios que le permitan acreditar el cumplimiento del régimen temporal. Por lo tanto, enfatiza que dicha conducta omisiva -lesiva del derecho fundamental de defensa en juicio- toma nulos los actos procesales posteriores a la apertura de sumario por aplicación de la consabida teoría del fruto del árbol envenenado, inclusive el acto administrativo corolario del procedimiento infraccional. Asimismo, plantea la nulidad del auto de apertura de sumario, en tanto incumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero para producir los efectos interruptivos. Agrega que el auto de corrida de vista no subsanaría los errores materiales del auto de apertura del sumario por lo que, este último acto, nunca pudo haber interrumpido el plazo quinquenal previsto en el artículo 804 del Código Aduanero. En segundo lugar, y sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, solicita se declare la nulidad de la notificación de la resolución aduanera y, como consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos por invalidez del acto. Plantea, en subsidio, que ha dado pleno cumplimiento a los compromisos asumidos, reexportando los insumos importados luego de ser sometidos al proceso industrial debidamente autorizado por la Secretaría de Industria, en un todo de acuerdo a la relación insumo/producto autorizada. Afirma que en caso de existir alguna duda, debería ser absuelta por el beneficio establecido en el artículo 898 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Luego de efectuar la negativa genérica, hace un breve resumen de los hechos acontecidos en sede aduanera. Afirma la falta de nulidad del procedimiento, rechazando la supuesta mora de la Administración. Sostiene la razonabilidad de los plazos procedimentales, destacando que se ha respetado en todo momento el derecho de defensa de la recurrente. Resalta que la resolución aduanera apelada no es una resolución condenatoria, sino que mediante la misma se decidió archivar las actuaciones sumariales iniciadas e intimar el pago del cargo liquidado. Sostiene que el archivo de la investigación infraccional implica, al menos, el desligue absoluto de la cuestión tributaria, la que debe seguir su curso por las vías pertinentes, en forma independiente de la cuestión infraccional. En lo que respecta al cargo formulado, asevera que la falta de reexportación de la mercadería se encuentra acreditada en autos y, ante tal circunstancia, ha acaecido el hecho imponible correspondiendo el pago de los tributos. Considera que en la especie no ha operado la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos e imponer penas; ni que corresponda la pretendida aplicación de la doctrina del plazo razonable. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación incoada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA nro. 17124-8207-2015 se inician a fs. 3 con el Acta denuncia nro. 630/15 labrada por la División Control Expost -Sección Operativa y Registral- de la Aduana de Ezeiza, con fundamento en la firma importadora se encontraría incursa en la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero por la totalidad de la mercadería amparada por la DIT 10 073 IT14 000796 Y, toda vez que no habría aportado la documentación que probaría la cancelación. A fs. 7 se efectúa la clasificación y valoración de la mercadería en presunta infracción. Acto seguido, se practica la liquidación de los tributos correspondientes (véase fs. 8). A fs. 15, con fecha 17/10/16, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario en los términos del artículo 1090, inciso c) del Código Aduanero. A fs. 22 ref. se practica una nueva liquidación tributaria y, asimismo, se determina el monto de la multa mínima. En fecha 17/02/21 (fs. 23 ref.), se ordena correr vista de todo lo actuado a la firma “CONCENTRIC CHIVILCOY S.A.” (ahora “SINTERAR SA”) y a la compañía aseguradora interviniente, de la que se notifica la firma importadora en fecha 1/2/2021 (fs. 36 ref.). A fs. 38/39 ref. luce la Resolución (DE PRLA) nro. 2021-2828-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 29/6/21, dictada por el Sr Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, que es ahora apelada en la especie; habiendo sido notificada la firma importadora a fs. 40 ref., con fecha 3 de noviembre de 2023.
IV. Que la resolución aduanera nro. 2021-2828-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, que en autos se cuestiona, ha sido dictada como consecuencia de la denuncia nro. 630/15 formulada por la Aduana de Ezeiza, en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA nro. 17124-8207-2015, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero.
Que, en dicha resolución, el servicio aduanero resolvió archivar sin más trámite las actuaciones, en relación con la multa, en los términos del punto D.4 de la Instrucción General nro. 9/17 (DGA), pero decidió formular cargo respecto de los tributos relacionados con el despacho de importación temporaria objeto de autos, atento a que la firma “CONCENTRIC CHIVILCOY S.A.” (ahora “SINTERAR S.A.”) no habría regularizado la situación de la mercadería ingresada temporariamente.
Que cabe aclarar que si bien no hubo condena stricto sensu en la resolución aduanera nro. 2021-2828-E- AFIPDEPRLA#SDGTLA, lo cierto es que el servicio aduanero tramitó todo un procedimiento infraccional que culminó con el archivo de la multa y la exigencia de tributos a la recurrente. Ello así, pues en el trámite de las actuaciones administrativas el servicio aduanero formuló denuncia (cfr. art. 1081 del CA), instruyó sumario (cfr. art. 1090, inc. c) del CA), ordenó correr vista (cfr. art. 1101 del CA) y, finalmente, dictó una resolución definitiva (cfr. art. 1112 del CA), todo ello en el marco de un procedimiento reglado en el Capítulo tercero del Título II de la Sección XIV (cfr. arts. 1080 y 1081 del CA), donde se expidió en relación con la falta de regularización (importado a consumo o reexportado en tiempo y forma) de la mercadería ingresada temporariamente.
V. Que, bajo tales premisas, corresponde analizar la nulidad planteada por la empresa recurrente en relación con el auto de apertura de sumario, en tanto incumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero.
Que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).
Que si bien la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis , es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación del mismo, siempre y cuando se trate de un vicio subsanable. Al ser la nulidad una cuestión de orden público, corresponde declararla, más allá de lo peticionado por las partes, cuando resulta absoluta y manifiesta. Según Lohmann, el Juez debe considerar de oficio la existencia de invalidez y aplicar la sanción de nulidad absoluta, porque “aunque no le haya sido rogado por las partes como conflicto de intereses o como incertidumbre jurídica, no debe permitir la subsistencia del referido acto que notoriamente agravia las bases elementales del sistema jurídico a las que el juez no puede sustraerse, ni podrá expedir sentencia ordenando la ejecución o cumplimiento de un acto jurídico que considere nulo” (LOHMANN LUCA DE TENA: “La nulidad manifiesta. Su declaración judicial de oficio”. En Ius Et Veritas, N° 24, año 1992, p. 59).
Que luego de compulsar las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124-8207-2015 se deduce que la apertura del sumario de fs. 15 ref. que se realiza el 17/10/16 no da cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 1094 del Código Aduanero, atento a que al momento de su apertura el servicio aduanero no contaba con la carpeta original o copia certificada de la DIT nro. 10 073 IT14 000796 Y que constituye la causa y antecedente del procedimiento infraccional.
Que, en ese sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, como se dijo, de la compulsa de los antecedentes administrativos surge que no se encuentra agregada la carpeta original o copia certificada de la DIT N° 10 073 IT14 000796 Y por la que se le exigen, a la firma recurrente, el pago de los tributos. Corresponde dejar sentado que la falta de incorporación de la carpeta original de la DIT o su copia certificada por parte del servicio aduanero impide verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si por el mismo se ha concedido o no prórroga a los fines de la regularización del regimen y, lo más importante aún, el Decreto al amparo del cual ingresó la mercadería importada temporariamente.
Que sin la carpeta original de la DIT o su copia certificada tampoco es posible realizar la descarga, es decir, no se puede corroborar qué porcentaje de la mercadería importada temporariamente fue efectivamente reexportada o, en su defecto, importada a consumo puesto que dicha documentación posee los datos necesarios a efectos de poder corroborar el cumplimiento o incumplimiento del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria. Que la denunciante sustanció el procedimiento con las impresiones de pantalla del Sistema Informático María que lucen a fs. 1/2 de las actuaciones administrativas, sin tener en cuenta la documentación original o copia certificada. No obstante, el deber de guarda de la documentación le compete al servicio aduanero (independientemente de que por medio de resoluciones dictadas por el propio organismo se establezcan a su favor plazos de conservación de la documentación relativamente cortos, pues admitir lo contrario implicaría desvirtuar el principio de la defensa en juicio y el derecho a un debido proceso de los administrados enunciado en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 1, inc. 9 de la ley No 19.549) y más aún si -como acaece en la especie-, la documentación se encuentra involucrada en discusión administrativa o judicial.
Que el administrado es un colaborador en la tarea, a través de lo que pudiera tener en su poder o, en su defecto, su despachante de aduana. Ello no desobliga al servicio aduanero de acompañar la documentación original o copia certificada del despacho de importación temporaria por el que imputa a la firma importadora la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
Que, bajo tales premisas, no parece razonable admitir una apertura de sumario con los datos insertos en las impresiones de pantalla de la destinación que obran a fs. 1/2 de las actuaciones administrativas. Así las cosas, es imprescindible agregar la carpeta del DIT en original o su copia certificada, documento que resulta ser requisito indispensable para formular la denuncia y sobre el que se dan las condiciones para: el incio de la normal tramitación de las instrucciones sumariales, la imputación de la infracción y, por último, la condena. Que los antecedentes con los que contaba la aduana en el expediente nro. 17124-8207-2015, nunca pudieron servir de causa al auto que dispuso la apertura del sumario en los términos del artículo 1090, inciso c), de la ley 22.415. Por ende, al no contarse con la DIT original o su copia certificada al momento de la apertura de sumario no existe para el servicio aduanero causa alguna que justifique razonablemente su decisión de aperturar el sumario.
Que, en consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.) y al estar viciada por tanto la causa, los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordante con la profusa jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha entendido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales -ora infraccionales- (CSJN -"Fallos", 96:23; 99:284; 183:68; 295:591,entre muchos otros) (cfr. in re “ENOD S.A.” Sala “E”, sentencia del 4/7/12, voto del Dr. Pablo Garbarino).
Que, en este mismo sentido, se han expedido las Salas I y II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en la causas “Henkel Argentina SA” y “Ferrero Argentina SA”, sentencias del 12/12/17 y 28/12/17, respectivamente, entre otras, donde se declaró la nulidad del acto de apertura de sumario por no contar con la carpeta original de la DIT o su copia certificada.
VI. Que, sentado ello, corresponde analizar el sub-lite frente a las disposiciones específicas del Código Aduanero sobre prescripción.
Que respecto de los tributos el plazo de prescripción es el de 5 años conforme el artículo 803 del Código Aduanero que comenzó a correr el 1° de enero de 2012 (el hecho gravado tuvo lugar el 23/4/11 al vencerse el plazo de la importación temporaria) en los términos del artículo 804 del Código Aduanero y de no mediar causales suspensivas e interruptivas, operaba el 1° de enero de 2017. Y no obstante de entenderse que el referido acto de apertura del sumario debe evaluarse de modo integrado con el auto de corrida de vista, es decir que a ese momento el servicio aduanero pudo agregar la destinación de marras o su copia certificada a los efectos de subsanar las irregularidades de los que adolecía la apertura del sumario y proseguir con la investigación sumarial, ello, sin embargo, no ocurrió. Así las cosas, al ser nulo el auto de apertura del sumario del 17/10/16 (fs. 15 ref. de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del artículo 805, inc. a), del Código Aduanero, por lo que el plazo de prescripción de la acción del Fisco Nacional operó en fecha 1/01/17.
VII. Que, por lo demás y sin perjuicio de la forma en que se resuelve, corresponde aclarar que aún de considerarse que el auto de apertura de sumario resulta válido, , la acción de la DGA en materia tributaria se encuentra igualmente prescripta en atención a lo señalado por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-
APNVOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (17/10/2016) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 29 de junio de 2021- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 3 de noviembre de 2023 -más de 2 años y cuatro meses después de su dictado-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, aún considerando la causal de suspensión anual (26/8/2020-26/8/2021) contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562, dispuesta en virtud del período de pandemia. Por ende, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada. La solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución suscripta antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados. Que, en consecuencia, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
VIII. Que, por último, corresponde recordar que en idéntico sentido ha resuelto esta Sala “F” con fecha 19 de marzo de 2025 un pleito aduanero seguido ante la Vocalía de la 16° Nominación por las mismas partes in re “SINTERAR SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (Expte. N° EX-2023-83559561- -APN-SGASAD#TFN), voto del Dr. Pablo Garbarino al que adhirió, en lo sustancial, el Dr. Juan Manuel Soria.
Por ello, VOTO por:
Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario. y, por ende, la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma “SINTERAR S.A.” en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124- 8207-2015. Costas a la DGA.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario. y, por ende, la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma “SINTERAR S.A.” en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124- 8207-2015. Costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y Soria, en su calidad de Vocal subrogante de la Vocalía de la 17° Nominación (art. 52 del RPTFN).
Date: 2025.11.13 13:28:30 ART Date: 2025.11.13 14:48:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.13 14:48:41 -03:00
Fin de la sentencia