Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-83559561-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de incompetencia y cosa juzgada opuestas por la demandada, sin costas.
2Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario. y, por ende, la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma “SINTERAR SA” en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124- 11908-2015. Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-28545974-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 19 de Marzo de 2025 Reunidos los señores Vocales miembros de la Sala “F” a fin de resolver en los autos caratulados “SINTERAR SA c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expte. N° EX-2023-83559561- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la decisión del Responsable del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, plasmada en la Resolución Nro. 2022-7414-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA nro. 17124-11908-2015, que le exige el pago de tributos por la suma de U$S 5.121,90 en concepto de Derechos de Importación e IVA, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar sobre el importe no ingresado el interés previsto por el artículo 794 del Código Aduanero.
En primer lugar, plantea la nulidad del auto de apertura de sumario, en tanto incumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero para producir los efectos interruptivos. Agrega que el auto de corrida de vista no subsanaría los errores materiales del auto de apertura del sumario por lo que, este último acto, nunca pudo haber interrumpido el plazo quinquenal previsto en el artículo 804 del Código Aduanero. En segundo lugar, y sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, solicita se declare la nulidad de la notificación de la resolución aduanera y, como consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos por invalidez del acto.
Plantea, en subsidio, que ha dado pleno cumplimiento a los compromisos asumidos, reexportando los insumos importados luego de ser sometidos al proceso industrial debidamente autorizado por la Secretaría de Industria, en un todo de acuerdo a la relación insumo/producto autorizada.
Afirma que en caso de existir alguna duda, debería ser absuelta por el beneficio establecido en el artículo 898 del Código Aduanero.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Luego de efectuar la negativa genérica, hace un breve racconto de los hechos acontecidos en sede aduanera.
Opone excepción previa de cosa juzgada. Resalta que la resolución aduanera apelada no es una resolución condenatoria, sino que mediante la misma se decidió archivar las actuaciones sumariales iniciadas e intimar el pago del cargo liquidado.
Plantea excepción de incompetencia. Al respecto, dice que la recurrente pretende recurrir un cargo tributario sin siquiera haber previamente impugnado el mismo, lo cual se encuentra vedado por el Código Aduanero. Entiende que ante el cargo liquidado e intimado correspondía el procedimiento reglado por el artículo 1053 inciso a), del Código Aduanero.
Sostiene que el archivo de la investigación infraccional implica, al menos, el desligue absoluto de la cuestión tributaria, la que debe seguir su curso por las vías pertinentes, en forma independiente de la cuestión infraccional. En lo que respecta al cargo formulado, asevera que la falta de reexportación de la mercadería se encuentra acreditada en autos y, ante tal circunstancia, ha acaecido el hecho imponible correspondiendo el pago de los tributos.
Considera que no corresponde la pretendida aplicación de la doctrina del plazo razonable.
Hace referencia a la responsabilidad de la aseguradora, el límite de la póliza, la determinación en dólares estadounidenses y la tasa de interés aplicable.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación incoada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA nro. 17124-11908-2015 se inician a fs. 3 con el Acta denuncia nro. 62 labrada por la División Control Expost -Sección Operativa y Registral- de la Aduana de Ezeiza, con fundamento en las impresiones de pantalla de la DIT 10 073 IT14 001381 F que lucen a fs. 1/2, en la que se plasma que la firma importadora se encontraría incursa en la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero por la totalidad de la mercadería amparada por la mencionada DIT 10 073 IT14 001381 F, toda vez que no habría aportado la documentación que probaría la cancelación. A fs. 7 se efectúa la clasificación y valoración de la mercadería en presunta infracción. Acto seguido, se practica la liquidación de los tributos correspondientes (véase fs. 8). A fs. 15, con fecha 27/10/16, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario en los términos del artículo 1090, inciso c) del Código Aduanero. A fs. 18 se practica una nueva liquidación tributaria y, asimismo, se determina el monto de la multa mínima. En fecha 16/07/21, se ordena correr vista de todo lo actuado a la firma “CONCENTRIC” (ahora “SINTERAR SA”) de la que se notifica en fecha 10/02/22. (véase SICNEA a fs. 25) A fs. 27/31ref., y vta, la firma importadora contesta la vista conferida. A fs. 38/40 luce la Resolución (DE PRLA) nro. 2022-7414-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 25/10/22, dictada por el Responsable del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, que es ahora apelada en la especie.
IV. Que corresponde a este Tribunal resolver, concomitantemente, las excepciones de previo y especial pronunciamiento de cosa juzgada e incompetencia invocadas por el Fisco Nacional atento que ambas se encuentran íntimamente vinculadas en cuanto fue materia de agravio.
Que la resolución aduanera nro. 2022-7414-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, que en autos se cuestiona, ha sido dictada como consecuencia de la denuncia nro. 62/16 formulada por la Aduana de Ezeiza, en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA nro. 17124-11908-2015, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero.
Que, en dicha resolución, el servicio aduanero resolvió archivar sin más trámite las actuaciones, en relación con la multa, en los términos del punto D.4 de la Instrucción General nro. 9/17 (DGA), pero decidió formular cargo respecto de los tributos relacionados con el despacho de importación temporaria nro. 10 073 IT14 001381 F atento a que la firma “CONCENTRIC” (ahora “SINTERAR SA”) no habría regularizado la situación de la mercadería ingresada temporariamente.
Que la representación fiscal entiende que la recurrente debió impugnar el cargo en sede aduanera previo a interponer el presente recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación. De manera tal que la respresentación fiscal considera que este Tribunal Fiscal resulta incompetente para entender en la presente apelación y, que además la resolución aduanera habría quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada atento la falta de impugnación en sede aduanera.
Que, en tal sentido, la DGA funda su argumento en lo estipulado por el artículo 1053 inciso a) del CÓDIGO Aduanero, que dispone que tramitarán por el procedimiento para las impugnaciones los actos del servicio aduanero en los cuales: a) se liquidaren tributos aduaneros, en forma originaria o suplementaria, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones...” (el destacado me pertenece).
Que, en otras palabras, la representación fiscal considera que todo el proceso llevado a cabo en sede aduanera, mediante las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17124-11908-2015, que llevó más de siete años y medio (desde la denuncia que data de fecha 18/12/15 hasta la notificación de la Resolución nro. 2022-7414-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA en fecha 26/06/23), y por el que finalmente se archivó la multa, redundó en un cargo tributario susceptible de ser atacado vía el correspondiente procedimiento de impugnación.
V. Que el análisis específico respecto de si la resolución apelada en autos habilita la competencia de este Tribunal -que es el único del país con competencia exclusiva en la materia aduanera y, por ende, debe velar de modo muy especial por la custodia del orden jurídico en tal disciplina-, se efectúa en uso de las facultades conferidas por el art. 1143 de la ley 22.415.
Que, en lo que aquí interesa, el artículo 1025 del Código Aduanero dispone que “corresponderá conocer y decidir al Tribunal Fiscal de la Nación (...) b) de los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento para las infracciones, cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000)”.
Que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de una presunta infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfr. arts. 1080 y 1081 del C.A.).
Que cabe aclarar que si bien no hubo condena stricto sensu en la resolución aduanera nro. 2022-7414-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, lo cierto es que el servicio aduanero tramitó todo un procedimiento infraccional que culminó con el archivo de la multa y la exigencia de tributos a la recurrente. Ello así, pues en el trámite de las actuaciones administrativas el servicio aduanero formuló denuncia (cfr. art. 1081 del CA), instruyó sumario (cfr. art. 1090, inc. c) del CA), ordenó correr vista (cfr. art. 1101 del CA) y, finalmente, dictó una resolución definitiva (cfr. art. 1112 del CA), todo ello en el marco de un procedimiento reglado en el Capítulo tercero del Título II de la Sección XIV (cfr. arts. 1080 y 1081 del CA). Cabe aclara que distinto hubiera sido el caso, si el servicio aduanero desestimaba la denuncia en los términos del artículo 1090, inciso b) del Código Aduanero y, en consecuencia, formulaba el cargo tributario sin dispendio procesal alguno.
Que no puede caerse en el absurdo jurídico de considerar que el cargo exigido por el Fisco Nacional debe cuestionarse a través de un nuevo procedimiento en sede aduanera vía un procedimiento de impugnación, donde el desenlace resulta evidente, pues el servicio aduanero ya se ha expedido en relación con la falta de regularización (importado a consumo o reexportado en tiempo y forma) de la mercadería ingresada temporariamente.
Que las consideraciones formuladas se pueden corroborar en la notificación cursada por el servicio aduanero a la firma recurrente (véase el SICNEA a fs. 42 de las act. adm.), pues allí se le hace saber que contra la Resolución 2022-7414-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA podía ejercer, dentro de los quince días de estar notificada, la vía recursiva reglada en el artículo 1132 del CÓDIGO Aduanero, es decir, ante el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la Justicia Federal.
Que, en definitiva, la incompentencia pretendida por la representación fiscal no solo atenta contra la doctrina de los actos propios sino que tampoco tiene finalidad práctica alguna, mas que cumplir una función dilatoria dentro del procedimiento aduanero, lo que hoy se encuentra expresamente vedado en consideración a la doctrina del plazo razonable introducida por la Ley de Procedimientos Administrativos. Lo expuesto hasta aquí permite concluir que la resolución aquí apelada es una decisión definitiva dentro del procedimiento para las infracciones siendo el Tribunal Fiscal de la Nación competente para entender en la presente causa sin que la resolución aduanera haya quedado firme ni pasado en autoridad de cosa juzgada. Por ello, corresponde rechazar las excepciones de incompetencia y cosa juzgada opuestas por el Fisco Nacional.
VI. Que, en segundo término, corresponde analizar la nulidad planteada por la recurrente en relación con el auto de apertura de sumario, en tanto incumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero.
Que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).
Que si bien la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis , es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación del mismo, siempre y cuando se trate de un vicio subsanable. Al ser la nulidad una cuestión de orden público, corresponde declararla, más allá de lo peticionado por las partes, cuando resulta absoluta y manifiesta. Según Lohmann, el Juez debe considerar de oficio la existencia de invalidez y aplicar la sanción de nulidad absoluta, porque “aunque no le haya sido rogado por las partes como conflicto de intereses o como incertidumbre jurídica, no debe permitir la subsistencia del referido acto que notoriamente agravia las bases elementales del sistema jurídico a las que el juez no puede sustraerse, ni podrá expedir sentencia ordenando la ejecución o cumplimiento de un acto jurídico que considere nulo” (LOHMANN LUCA DE TENA La nulidad manifiesta. Su declaración judicial de oficio. En Ius Et Veritas, N° 24, año 1992, p. 59).
Que luego de compulsar las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124-11908-2015 encuentro que la apertura del sumario de fs. 15 que se realiza el 27/10/16 no da cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 1094 del Código Aduanero, atento a que al momento de su apertura el servicio aduanero no contaba con la carpeta original o copia certificada de la DIT nro. 10 073 IT14 001381 F que constituye la causa y antecedente del procedimiento infraccional.
Que, en ese sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, como se dijo, de la compulsa de los antecedentes administrativos surge que no se encuentra agregada la carpeta original o copia certificada de la DIT N° 10 073 IT14 001381 F por la que se le exigen, a la firma recurrente, el pago de los tributos. Cabe aclarar que en el acta denuncia nro. 62/16 el servicio aduanero dejó constancia en el campo “otros” que se adjuntaba la carpeta de la DIT, sin embargo, dicha agregación nunca se produjo. La falta de incorporación de la carpeta original de la DIT o su copia certificada por parte del servicio aduanero impide verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si por el mismo se ha concedido o no prórroga a los fines de la regularización del regimen y, lo más importante aún, el Decreto al amparo del cual ingresó la mercadería importada temporariamente.
Que sin la carpeta original de la DIT o su copia certificada tampoco es posible realizar la descarga, es decir, no se puede corroborar qué porcentaje de la mercadería importada temporariamente fue efectivamente reexportada o, en su defecto, importada a consumo puesto que dicha documentación posee los datos necesarios a efectos de poder corroborar el cumplimiento o incumplimiento del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria. Que la denunciante sustanció el procedimiento con las impresiones de pantalla del Sistema Informático María que lucen a fs. 1/2 de las actuaciones administrativas, sin tener en cuenta la documentación original o copia certificada. No obstante, el deber de guarda de la documentación le compete al servicio aduanero (independientemente de que por medio de resoluciones dictadas por el propio organismo se establezcan a su favor plazos de conservación de la documentación relativamente cortos, pues admitir lo contrario implicaría desvirtuar el principio de la defensa en juicio y el derecho a un debido proceso de los administrados enunciado en los arts. 18 de la CN y art. 1, inc. 9 de la ley No 19.549) y más aún si -como acaece en la especie-, la documentación se encuentra involucrada en discusión administrativa o judicial.
Que el administrado es un colaborador en la tarea, a través de lo que pudiera tener en su poder o, en su defecto, su despachante de aduana. Ello no desobliga al servicio aduanero de acompañar la documentación original o copia certificada del despacho de importación temporaria por el que imputa a la firma importadora la infracción prevista en el art. 970 del CA.
Que, bajo tales premisas, no parece razonable admitir una apertura de sumario con los datos insertos en las impresiones de pantalla de la destinación que obran a fs. 1/2 de las actuaciones administrativas. Así las cosas, es imprescindible agregar la carpeta del DIT en original o su copia certificada, documento que resulta ser requisito indispensable para formular la denuncia y sobre el que se dan las condiciones para: el incio de la normal tramitación de las instrucciones sumariales, la imputación de la infracción y, por último, la condena. Que los antecedentes con los que contaba la aduana en el expediente nro. 17124-11908-2015, nunca pudieron servir de causa al auto que dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. Por ende, al no contarse con la DIT original o su copia certificada al momento de la apertura de sumario no existe para el servicio aduanero causa alguna que justifique razonablemente su decisión de aperturar el sumario. Que, en consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.) y al estar viciada por tanto la causa, los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordante con la profusa jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha entendido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales -ora infraccionales- (CSJN -"Fallos", 96:23; 99:284; 183:68; 295:591,entre muchos otros) (cfr. mi voto in re “ENOD S.A.” Sala “E”, sentencia del 4/7/12, del voto del Dr. Garbarino).
Que, en este mismo sentido, se han expedido las Salas I y II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en la causas “Henkel Argentina SA” y “Ferrero Argentina SA”, sentencias del 12/12/17 y 28/12/17, respectivamente, entre otras, donde se declaró la nulidad del acto de apertura de sumario por no contar con la carpeta original de la DIT o su copia certificada.
VII. Que, sentado ello, corresponde analizar el sub-lite frente a las disposiciones específicas del Código Aduanero sobre prescripción.
Que respecto de los tributos el plazo de prescripción es el de 5 años conforme el art. 803 del Código Aduanero que comenzó a correr el 1° de enero de 2012 (el hecho gravado tuvo lugar el 15/07/11 al vencerse el plazo de la importación temporaria) en los términos del artículo 804 del Código Aduanero y de no mediar causales suspensivas e interruptivas, operaba el 1° de enero de 2017. Y no obstante de entenderse que el referido acto de apertura del sumario debe evaluarse de modo integrado con el auto de corrida de vista, es decir que a ese momento el servicio aduanero pudo agregar la destinación de marras o su copia certificada a los efectos de subsanar las irregularidades de los que adolecía la apertura del sumario y proseguir con la investigación sumarial, ello, sin embargo, no ocurrió. Así las cosas, al ser nulo el auto de apertura del sumario del 27/10/16 (fs. 15 de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) del CA, por lo que el plazo de prescripción de la acción del fisco operó en fecha 1/01/11.
VIII. Que, por lo demás y sin perjuicio de la forma en que se resuelve, corresponde aclarar que aún de considerarse que el auto de apertura de sumario resulta válido, , la acción del Fisco en materia tributaria se encuentra igualmente prescripta en atención a lo señalado por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
Que, en efecto, el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2012, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó en el año 2011), debiendo haber fenecido el 1/1/2017, de no haberse producido causales suspensivas.
Por otra parte, desde el 27 de octubre de 2016 en que se dispuso la apertura del sumario - es decir, ya transcurridos 4 años, 9 meses y 27 días-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del Dr. Garbarino-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (27/10/2016) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 25 de octubre de 2022- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 26 de junio de 2023 -casi ocho meses después-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, aún considerando la causal de suspensión anual (26/8/2020-26/8/2021) contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562, dispuesta en virtud del período de pandemia.
Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.
Que, en tal sentido, la actual redacción del artículo 1 bis, inciso e), de la ley 19.549 dispone que “(iv) Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”. Asimismo, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a que la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742- opera a partir de su fecha de vigencia), reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
Que, por ende, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada. La solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución suscripta antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados.
Que, en consecuencia, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
1. Rechazar las excepciones de incompetencia y cosa juzgada opuestas por la demandada, sin costas.
2. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario. y, por ende, la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma “SINTERAR SA” en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124- 11908-2015. Costas a la DGA.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar las excepciones de incompetencia y cosa juzgada opuestas por la demandada, sin costas.
2. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario. y, por ende, la prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma “SINTERAR SA” en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124- 11908-2015. Costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo Garbarino (Vocal titular de la Vocalía de la 16° Nominación) y Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 17° Nominación) por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 52 del R.P.T.F.N.)
Date: 2025.03.19 07:39:01 -03:00 Date: 2025.03.19 11:50:32 -03:00 Juan Manuel Soria Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.19 11:50:33 -03:00
Fin de la sentencia