Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.960-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 4795/2016 dictada por el Jefe del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12197-16109-2006 respecto de la multa por $ 14.433,53 y de los tributos por U$S 4.872,90 con mas intereses, por la infracción del art. 970 del C.A.
2Revocar parcialmente los tributos en relación la exigencia del IVA Adicional y de la percepción del Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-39078714-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Abril de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “SINTESIS QUIMICA S.A. c/D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 37.960-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso de autos se discute la comisión de una infracción al régimen de admisión temporaria de mercadería.
La firma SINTESIS QUIMICA S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 4795/2016 dictada por el Jefe del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12197- 16109-2006, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $14.433,53 en virtud de lo establecido por el art. 970 del C.A. y se la intima al pago de U$S 4.872,90 y $ 8.278,86 e intereses en concepto de tributos respecto al DIT N° 04 001 IT14 008048 G. En primer término, sostiene que el accionar de la Aduana resulta arbitrario en tanto las sumas reclamadas revisten naturaleza concursal, por lo que su percepción debe canalizarse dentro del proceso universal en el que se encuentra la empresa, con arreglo a lo dispuesto por la Ley 24.522. Afirma que no pueden adoptarse medidas coactivas ni ejecutar el crédito por fuera del concurso preventivo, ya que ello importaría desconocer el principio de igualdad entre acreedores y vulnerar normas de orden público concursal. Señala que la intimación de pago bajo apercibimiento de suspensión en el Registro de Importadores y Exportadores la coloca en una situación de extrema gravedad, toda vez que dicha suspensión le impediría continuar operando, adquirir insumos y comercializar sus productos, afectando su principal fuente de ingresos y comprometiendo la continuidad de la empresa, con riesgo cierto de paralización y eventual quiebra. Reitera que tanto la multa como los tributos determinados deben perseguirse dentro del proceso concursal. Finalmente solicita la suspensión de los efectos del acto recurrido, en los términos del art. 1134 del Código Aduanero, hasta tanto recaiga resolución firme en sede de este Tribunal y se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Por su parte, el representante fiscal, al contestar el traslado, señala que la firma fue debidamente autorizada a operar bajo el régimen de importación temporaria, quedando sujeta desde el libramiento al cumplimiento de la obligación esencial de reexportar la mercadería dentro del plazo acordado, extremo que no fue acreditado en autos. Expone la normativa aplicable al régimen, destacando que se trata de un beneficio excepcional condicionado al cumplimiento estricto de una finalidad y un plazo determinados, de modo que el incumplimiento de tales condiciones desnaturaliza el régimen y torna aplicables las consecuencias previstas en los arts. 272 y 274 del C.A., configurándose la infracción tipificada en el art. 970 del mismo cuerpo legal.
En tal sentido, afirma que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas recae exclusivamente sobre la importadora, quien debe demostrar en forma fehaciente, con la documentación aduanera pertinente, haber regularizado en término la situación de la mercadería, lo que —según sostiene— no ha ocurrido en el caso. Manifiesta que, vencido el plazo sin que se acreditara la reexportación o la transformación en importación para consumo con el correspondiente pago de tributos, quedó configurado el presupuesto de la infracción. En relación con los agravios vinculados a la situación concursal de la actora, sostiene que la apertura del concurso preventivo no impide la tramitación del procedimiento infraccional ni la determinación de la responsabilidad y del crédito fiscal, por tratarse de potestades propias del servicio aduanero.
Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal en el sentido de que la suspensión de acciones prevista en la Ley 24.522 alcanza a los procesos de ejecución, pero no obsta a la determinación administrativa de obligaciones tributarias o a la aplicación de sanciones por hechos anteriores a la apertura del concurso, ni implica la necesidad de verificar previamente el crédito como condición para su determinación. Señala que los procesos impugnatorios aduaneros no quedan alcanzados por el fuero de atracción concursal y que la determinación de la deuda constituye un presupuesto necesario para su eventual verificación. Finalmente, sostiene que la resolución apelada ha sido dictada conforme a derecho, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y formula reserva del Caso Federal, solicitando que se confirme el fallo aduanero en todas sus partes, con costas.
III. A fs. 49 se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a consideración de la Sala “G”, que los pasa a sentencia.
IV. De las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-16109-2006 surge que: a fs. 1 se presenta el despachante de aduana y solicita liberar la póliza afectada al DIT N° 04 001 IT14 008048 G, obrando a fs. 2 declaración jurada de descarga. A fs. 9 obra el Acta de Denuncia N° 1427/2011. A fs. 10 se encuentra agregada la carpeta del DIT denunciado. A fs. 11 obra la Nota N° 2672/2011 (SE PRTE), indicando que la denuncia se formula por 13.360 unidades. A fs. 12/13 obra aforo y liquidación de tributos. A fs. 15, el 12/10/2011, se dispone la apertura de sumario. A fs. 17 obra print de pantalla de la garantía afectada a la operacion. A fs. 21/22 obra nueva liquidación (de tributos y multa). A fs. 23 se ordena la confección del Certificado de Deuda respectivo, atento que la firma denunciada se encuentra alcanzada por la ley de Concursos y Quiebras (su tramitación obra por cuerda en Alcance N 12197-16895-2006/2). A fs. 25 se corre vista de lo actuado. A fs. 30/31 contesta la vista conferida Chubb Argentina de Seguros S.A. y a fs. 35/36 lo hace Síntesis Química S.A.I.C. acompañando documental a fs. 51/54. A fs. 56 la firma aseguradora amplia su presentacion. A fs. 57 se intima al Despachante de Aduanas Daniel G. Passarelli a acompañar original o copias de las destinaciones de exportación que se indican, lo que es cumplido a fs. 61/79. A fs. 81 la Div. Control Ex Ante produce informe mediante la Nota N° 317/16 (DV CEXA). A fs. 82 obra liquidación de multa y tributos. A fs. 86/88vta. se dicta la Resolución DE PRLA N° 4795/2016, apelada en autos. Por cuerda obra agregado sobre con prints de pantalla SIM de Permisos de Embarque.
V. Primera Cuestión:
Sin perjuicio de los planteos introducidos por la recurrente, corresponde a este Tribunal señalar de oficio una circunstancia que no puede soslayarse: la observancia del principio del plazo razonable en el procedimiento administrativo que dio origen a la presente causa.
En efecto, de las constancias de autos surge que la operación de importación temporal fue registrada en 2004, con vencimiento en 2006. De allí, el cómputo de la prescripción comenzó en el año 2005 y venció el 31/12/2011. Sin embargo, la apertura de sumario recién fue dispuesta el 12/12/2011 y la corrida de vista el 23/05/2013, mediando entre ambos actos un lapso de mas de 2 años, sin que obren actuaciones intermedias que fundamenten tal demora. Asimismo, la resolución apelada fue dictada el 06/10/2016 y notificada 6 meses después. Por lo tanto, dichas dilaciones resultan irrazonables y carentes de justificación administrativa.
Por otra parte, cabe recordar que el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo art. 8.1 reconoce el derecho de toda persona a ser oída dentro de un plazo razonable, mientras que el art. 25 garantiza la tutela judicial efectiva. Asimismo, el art. 18 de la Constitución Nacional asegura la defensa en juicio, la cual se ve menoscabada cuando la Administración prolonga indebidamente los plazos de sustanciación. En consonancia con ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que todos los órganos estatales deben garantizar el respeto de estas garantías procesales en todas las instancias (caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31/01/2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 02/02/2001; Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 27). Esta doctrina incorpora al debido proceso la exigencia de que las decisiones se adopten y notifiquen en un tiempo prudencial, evitando situaciones de incertidumbre incompatibles con un Estado de Derecho.
A mayor abundamiento, la reciente Ley N° 27.742, al modificar la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, introdujo el art. 1° bis, consagrando expresamente como principio rector el derecho a un plazo razonable en los trámites administrativos. Este parámetro normativo refuerza la obligación de la Administración de dictar y notificar sus actos en plazos adecuados, bajo sanción de nulidad por afectación de derechos fundamentales.
En consecuencia, la inactividad verificada en el trámite bajo examen vulnera la garantía de plazo razonable, lo cual conduce a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado, al haberse desatendido pautas esenciales de raigambre constitucional y convencional que resultan inderogables aun de oficio. Segunda cuestión:
VI. Sin perjuicio de lo expuesto, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde tratar el planteo introducido por la actora con fundamento en su situación concursal, mediante el cual sostiene que la Aduana carecería de facultades para determinar la infracción y reclamar los tributos fuera del proceso universal, así como que el crédito fiscal no podría ser exigido sin previa verificación en el concurso preventivo.
Tales agravios no pueden prosperar. En efecto, la determinación de las obligaciones tributarias y la aplicación de sanciones en materia aduanera se rigen por el Código Aduanero, que establece un régimen sustantivo y procedimental específico para la investigación y juzgamiento de las infracciones y para la determinación de los tributos correspondientes, por lo que la normativa concursal invocada por la recurrente (Ley 24.522) no resulta aplicable a tales efectos.
En ese marco, tampoco resulta atendible el argumento relativo a la falta de legitimación del servicio aduanero para reclamar los tributos por no haber verificado previamente su crédito en el concurso preventivo de la importadora, ya que no existe norma legal que imponga al acreedor -en el caso, la Dirección General de Aduanas- la obligación de verificar su crédito como requisito previo para proceder a su determinación.
En igual sentido, los procedimientos contenciosos aduaneros -en los cuales se ventila la determinación de tributos y la eventual aplicación de sanciones- no quedan alcanzados por la suspensión de su trámite ni por el fuero de atracción del concurso preventivo o de la quiebra, en atención al principio de especialidad propio de la materia tributaria.
Este criterio ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha señalado que las disposiciones de la ley concursal sólo deben ser entendidas con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias ni la aplicación de sanciones pecuniarias vinculadas con hechos anteriores a la apertura del proceso universal (conf. CSJN, “Gregorio C. Cosimatti”, sentencia del 09/04/87). En el mismo sentido se pronunció el Máximo Tribunal en “Supercanal S.A.”, sentencia del 02/06/2003, y en “Gauchat, Enrique”, sentencia del 04/07/2003.
En consecuencia, la circunstancia de que la importadora se encuentre sometida a un proceso concursal - actualmente en estado de quiebra v. fs. 43- no obsta al ejercicio de las potestades propias del servicio aduanero tendientes a determinar la existencia de infracciones y fijar las obligaciones tributarias correspondientes.
VII. Sentado lo anterior, corresponde analizar ahora el fondo de la cuestión. En ese marco, debe dilucidarse si la Resolución DE PRLA N° 4795/2016 mediante la cual se atribuye a la aquí actora la infracción del art. 970 del C.A. respecto de la mercadería documentada en el DIT N° 04 001 IT14 008048 G, se ajusta a derecho.
El art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa a quien incumpla las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y ss., C.A.). Por su parte, el art. 274 del C.A. prevé: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar”. A su vez, el apartado 2 dispone que “quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
En consonancia con jurisprudencia pacífica, en supuestos como el de autos recae sobre la importadora la carga de acreditar, de modo fehaciente, la reexportación de la mercadería ingresada temporariamente o, en su caso, su importación para consumo antes del vencimiento del plazo. La forma idónea de acreditar ello es la descarga del DIT en los permisos de embarque correspondientes y/o la importación para consumo previa al vencimiento.
VIII. Del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-16109-2006 surge que por el despacho cuestionado se importaron 42.500 unidades de mercadería de la P.A. 3923.21.90.911P (oficializado el 08/11/2004).
A fin de considerar satisfechas las obligaciones del régimen instituido por el Decreto N° 1439/96, debe verificarse la exportación -como producto final- de la mercadería importada temporariamente, o bien su importación para consumo, dentro del plazo acordado (art. 250, C.A.). El decreto citado permite la importación temporal de insumos destinados a un proceso industrial, eximiendo del pago de tributos propios de la importación para consumo (salvo tasas retributivas de servicios), bajo estricto cumplimiento de las condiciones previstas.
IX. Con respecto al régimen en análisis, tanto el Dec. 1439/96 como la Res. M.E. y O.S.P. N° 72/92 imponen al beneficiario la obligación de gestionar el C.T.C. ante la Secretaría de Industria, sobre la base de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos (art. 8, Res. 72/92 y art. 14, Dec. 1439/96). Este certificado fija la relación insumo–producto y permite a la Aduana verificar cuántos insumos importados temporariamente se consumen por unidad de producto exportado.
El formulario y contenido del C.T.C. están previstos en el Anexo III de la Res. S.I.C. N° 18/92, que exige consignar -entre otros datos- la posición arancelaria (P.A.) del producto a exportar, con lo cual el alcance de la relación insumo-producto queda anclado a esa mercadería y P.A. específicas. En síntesis, con base en dichos datos la Aduana puede determinar si los insumos fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
X. De las constancias obrantes en las actuaciones administrativas se desprende que un saldo de 13.360 unidades de la mercadería fue denunciada en infracción. Asimismo, surge del cuadro acompañado por la actora al contestar la vista conferida (v. fs. 53) denominado “Seguimiento Destinaciones Suspensivas – Detalle”, correspondiente al D.I.T. N° 04 IT14 008048 G, que existe un saldo pendiente de 13.360,020000 unidades. Cabe destacar que dicha constancia fue acompañada por la propia actora al contestar la vista y coincide con el informado por el servicio aduanero.
Cabe recordar que a fs. 2 de las actuaciones administrativas, se acompañó la Declaración Jurada de descarga suscripta por el despachante de aduana al solicitar la liberación de la póliza, en la que se consignan diversos permisos de embarque y cantidades exportadas. Sin embargo, tal manifestación unilateral no resulta suficiente para tener por acreditado el cumplimiento íntegro de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria, en tanto no se adjuntaron en autos los respectivos permisos de embarque que permitan verificar en forma fehaciente la exportación total de la mercadería dentro del plazo acordado.
Por otra parte, las capturas de pantalla del sistema agregadas en el sobre que obra por cuerda a las actuaciones no permiten establecer una vinculación clara, directa e inequívoca con la destinación temporaria en análisis, ni desvirtuar el saldo pendiente informado en las actuaciones administrativas. En consecuencia, no habiéndose acreditado mediante prueba idónea la cancelación total del régimen, corresponde confirmar la existencia del saldo de mercadería no exportada oportunamente determinado por el servicio aduanero.
En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en relación al saldo de mercadería correspondiente a 13.360 unidades.
XI. En cuanto al IVA Adicional y a la percepción de Impuesto a las Ganancias, corresponde remitirse a la doctrina de la C.S.J.N. en “Cladd Ita S.A. c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) c/DGA” (TF 22.343-A), sentencia del 26/11/2019. Allí se resolvió que, vencido el término para presentar las declaraciones juradas de esos tributos, la Aduana pierde la facultad de exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse, por tratarse de obligaciones legales distintas, con vencimiento propio e independientes de la existencia de deuda en el tributo al que se imputan (Fallos: 285:177; 302:504; 303:1496). En consecuencia, la DGA carece de facultades para reclamar IVA adicional y percepción de Ganancias en este caso.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 4795/2016 dictada por el Jefe del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12197-16109-2006 respecto de la multa por $ 14.433,53 y de los tributos por U$S 4.872,90 con mas intereses, por la infracción del art. 970 del C.A.
2. Revocar parcialmente los tributos en relación la exigencia del IVA Adicional y de la percepción del Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede únicamente en la Segunda Cuestión, a partir del Considerando VI y siguientes, que dan fundamento a la parte resolutiva.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 4795/2016 dictada por el Jefe del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12197-16109-2006 respecto de la multa por $ 14.433,53 y de los tributos por U$S 4.872,90 con mas intereses, por la infracción del art. 970 del C.A.
2. Revocar parcialmente los tributos en relación la exigencia del IVA Adicional y de la percepción del Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.04.14 15:57:46 ART Date: 2026.04.14 17:16:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.17 16:14:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.17 16:14:21 -03:00
Fin de la sentencia