Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 172/2005 y 173/2005, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $13.108 y por el patrocinio letrado, en la suma de $32.771, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-110084086-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Noviembre de 2021 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N° 26.114-I caratulado: “Siri, Jorge Eduardo s/apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El señor Jorge Eduardo Siri interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros.172/05 y 173/05, dictadas el 29 de agosto de 2005 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determina de oficio sus obligaciones frente al impuesto al valor agregado de los períodos fiscales agosto 2002 a junio 203 y en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2002, se lo intima a ingresar las sumas de $42.934,53 y $234.252,28, respectivamente, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
Asimismo, en dichos actos se le aplicaron sendas multas de defraudación de $128.803,59 y $157.779,99, en los términos del art. 46 de la misma ley (t.v.).
En su presentación ante este Tribunal, hace saber que los ajustes notificados en dichos actos se originan en la impugnación de compras y gastos y de créditos fiscales de los comprobantes extendidos por determinados proveedores (8) al desconocer el Fisco Nacional la efectiva adquisición de los bienes y la prestación de los servicios allí mencionados.
Solicita, en primer término, la nulidad de tales actos por haberse emitido en violación a su derecho de defensa, ya que sostiene que la fiscalización interrogó a los proveedores “…a espaldas del contribuyente”, es decir, sin que él estuviera presente y sin su participación lo que, agrega, impidió que luego cambiaran sus testimonios “…que además los favorece a ellos o a su apoderado”.
En segundo lugar, alega la ilegitimidad de las Resoluciones invocando que las facturas impugnadas las recibió de la mano del Sr. Gustavo Armando Nieto, que se presentó como encargado o representante de los demás proveedores a estos efectos.
Agrega en este mismo sentido que “Mas allá de que el vendedor real hubiera facturado o no las operaciones (suponiendo que el Sr. Nieto hubiera efectuado las operaciones no como encargado o representante sino como verdadero vendedor), lo cierto es que el contribuyente adquirió los bienes y servicios, los utilizó, los pagó y le fueron facturados…”.
Ofrece prueba testimonial e informativa y solicita por ello que se dejen sin efecto las Resoluciones, con costas.
II. A fs. 44/61 la representación fiscal contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirmen sus actos en todas sus partes, también con costas.
III. A fs. 65, por auto del 16 de noviembre de 2006 se abre la causa a prueba, y a fs. 79 se tiene a la recurrente por desistida por su inactividad procesal.
A fs. 97, el 23 de agosto de 2019, se hizo saber a las partes la integración de la Sala desde el 23 de abril de 2018 y en atención al tiempo transcurrido, se clausura el periodo de prueba. Por último, el 4 de noviembre de 2021 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde decidir en primer término en el planteo de nulidad el que cabe ya adelantar que no puede prosperar por infundado.
Desconoce la recurrente las características y los alcances de las facultades de verificación y de fiscalización que la ley 11.683 autoriza a la Administración Fiscal ejercer, propias del sistema de autodeterminación o autodeclaración de la obligación tributaria que autoriza a sus agentes, entre otras atribuciones, a tomar declaración a las personas que se vinculan con el contribuyente que es objeto de investigación. De más está decir que ninguna norma de ningún rango legal, ordena que el contribuyente esté presente o participe de este proceso de colección de datos que no es otra cosa que dar cumplimiento al deber de colaboración que junto con el deber de contribuir, constituyen los pilares en los que se afinca el sistema tributario con basamento constitucional. Supone el señor Siri que de haberse permitido esa participación, podría haber controlado lo que éstos declararon, que negaron lisa y llanamente las operaciones que dieron lugar al cómputo de los créditos fiscales y de los gastos. Pero, ya se dijo, no es ese el alcance que las facultades de fiscalización tienen en la ley 11.683. Lo que debió haber hecho, pruebas mediante, es refutar sus dichos en las diferentes instancias que a tal fin prevé la ley 11.683, inclusive ante este Tribunal Fiscal.
No se configura, entonces la violación al derecho de defensa que esgrime el señor Siri, ni violación a garantía alguna que permita cuestionar la validez de los actos recurridos, por lo que corresponde rechazar su planteo de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336: 70)
Debe analizarse ahora si las Resoluciones se ajustan a derecho.
Los ajustes que en ella se notifican son consecuencia de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a 8 proveedores del señor Siri que cuando fueron circularizados sobre la realización de las operaciones con éste, a excepción de uno de ellos que no pudo ser localizado, las desconocieron. La fiscalización también constató que los proveedores habían emitido facturas con la misma numeración a otros contribuyentes, por otros importes y otros conceptos y fechas, es decir que eran facturas mellizas. Por otro lado, surge de los Considerandos que el señor Siri informó que las operaciones habían sido canceladas con Patacones y Lecop.
Cierto es como afirma el señor Siri que las manifestaciones de los proveedores no pueden por sí solas ser fundamento de los ajustes, ya que ellos pudieron tener sus propios intereses al desconocer las operaciones, pero ese no es el caso en estos actuados.
Por el contrario, del relato del recurrente ante esta instancia se desprende que los proveedores designados en los comprobantes fiscales nunca le prestaron los servicios ni le entregaron los bienes. Es que es el mismo el que afirma que las facturas las recibió de un tercero, el señor Nieto, quien se presentaba ante él como encargado o representante de los proveedores. Reconoce además que el señor Nieto fue también su proveedor y que sus operaciones no fueron impugnadas.
De hecho la prueba que ofreció, primero en la instancia administrativa y luego ante este Tribunal, que nunca se produjo por su propia inacción, era que se citara a los proveedores y al señor Nieto para que dieran cuenta de la relación comercial existente entre ellos.
Para reforzar lo dicho, cabe señalar que contrariamente a lo que entiende la recurrente tanto el cómputo de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado como la deducción de los gastos en el impuesto a las ganancias depende de que los comprobantes que instrumentan las operaciones sean verdaderas, es decir, que los contribuyentes que allí aparecen sean los que realmente realizaron los hechos imponibles. Esta es la única manera que tiene el Estado de garantizarse que cada uno, a su turno y de corresponder, cumpla con sus propias obligaciones fiscales. Entonces, para ser más clara, para el régimen tributario no es indiferente quien es el real vendedor del bien o el prestador del servicio y es por ello que la ley 11.683 coloca como obligación la carga de respaldar documentalmente las operaciones. De ese modo, ante la duda sobre su veracidad, como en el caso, es deber del contribuyente demostrar a la Administración Tributaria su veracidad.
Esa prueba, en estas actuaciones, no fue rendida ni mínimamente. Por el contrario, como ya se dijo, la prueba obrante en las actuaciones indica que el señor Siri recibió del señor Gustavo Armando Nieto comprobantes fiscales mellizos y no realizó ningún esfuerzo para probar que realmente las compras existieron y los servicios fueron prestados, lo cual sella la suerte de sus agravios.
Por todo lo expresado, corresponde rechazar el planteo de nulidad, sin costas, y confirmar las Resoluciones Nº 172/2005 y 173/2005, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella por ser, por expreso mandato de la ley, accesorios de la deuda principal.
VI. Por último, respecto de las sanciones aplicadas en dichos actos con sustento en el art. 46 de la ley 11.683, no se advierten razones para dejarlas sin efecto, desde el momento que se encuentran configurados tanto el elemento objetivo -la presentación inexacta de las declaraciones juradas con créditos fiscales y gastos sin respaldo -y el subjetivo– el dolo incurrido en su confección, al haberse recurrido a maniobras para llevar a cabo operaciones con proveedores inexistentes.
La sanción prevista precisamente para dicha conducta es la de defraudación aplicada por el juez administrativo en las Resoluciones recurridas, por lo que no se advierten razones para apartarse de las mismas.
Por ello, corresponde confirmar las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Atento a la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 172/2005 y 173/2005, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $13.108 y por el patrocinio letrado, en la suma de $32.771, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Se deja constancia que las sumas reguladas en los puntos precedentes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado. Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2021.11.12 15:14:22 -03:00 Date: 2021.11.12 17:01:27 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.11.12 17:01:28 -03:00
Fin de la sentencia