Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativa la Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y se confirma la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios (arts. 55 a 59 y concs., ley 12.008 –t. seg. ley 13.101-; arts. 509, 622, del Cód. Civil).
Por mayoría, costas a cargo de parte demandada vencida (art. 51, ley 12.008 –t. seg. ley 14.437-).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad dispuesta por los artículos 31 y 51, decreto ley 8904/77.
CAUSA Nº 13009 CCALP “SIT S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE QUILMES S/ MATERIA A CATEGORIZAR”
En la ciudad de La Plata, a los cinco días del mes de Septiembre del año dos mil trece, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “SIT S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE QUILMES S/ MATERIA A CATEGORIZAR”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial Quilmes (expte. Nº -3419-06), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Juan De Santis, Gusatvo Daniel Spacarotel y Claudia Angélica Matilde Milanta.
El conflicto que radica en esta instancia fue promovido por la empresa "SIT Sociedad Anónima”, contra la Municipalidad de Quilmes, en procura de obtener el pago de alquileres adeudados, en la suma total de pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000), que la demandante le reclama a la comuna en virtud del contrato de locación que afirma celebrado el 30 de junio de 2003, con vencimiento el 30 de junio de 2005 (ver constancia de fs. 5/9), respecto del inmueble sito en calle nº 392 nº 1859 en jurisdicción de esa comuna.
Ese propósito judicial es articulado a partir de un intento fallido de demanda por vía ejecutiva (fs. 29/33), deducido el 29.12.05 (cargo de fs. 32), que diera motivo al despacho preliminar de fojas 34 y en mérito al cual la parte actora recondujera su empresa adjetiva por el curso de la pretensión anulatoria, con cita del artículo 12 inciso 2º de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101).
Así resulta a fojas 35.
Esa nueva ruta da lugar a su vez a un nuevo requerimiento de admisibilidad, a fojas 36, esta vez con respuesta de parte, a fojas 40/41, por la vía de resarcimiento.
Esta última presentación, de fecha 23 de junio de 2006, sin modificar la fuente del derecho reclamado constituida por la falta de pago de los alquileres de todo el período de la primera relación locativa denunciada (30.06.03 al 30.06.05), agrega un instrumento de prórroga celebrado el 31 de mayo de 2006 por el que se habría acordado la continuidad de esa relación jurídica, a partir del primer vencimiento y hasta el 30 de junio de 2008 (ver fs. 37/38/39).
Esa misma actuación procesal da cuenta del pago de los alquileres correspondientes al período enero a junio inclusive del año del 2006, no obstante insistirse en la deuda original (fs. 40/40 vuelta).
Con ese cuadro inicial se da curso a la acción, a fojas 42.
A fojas 52 se acompañan los expedientes administrativos (nº 4091- 14.169.R-2004/1 y 04), que se agregan.
A fojas 60 la parte actora informa acerca de la existencia de un acto de rescisión contractual (Decreto nº 15.052/07) que fuera dejado sin efecto, reportando así la vigencia de la relación locativa.
Luego de declarada admisible la pretensión y corrido traslado contesta demanda la municipalidad llamada a juicio, a fojas 85/89.
Después de la negativa a la versión de los hechos, la parte demandada valora en su vínculo primigenio con la parte actora (2003-2005) una compensación por deudas de esta última que habría extinguido todo crédito por el uso del bien que ventila el caso.
Sin perjuicio de ello y de asumir un infortunio como causa de extravío del instrumento original como de acreditar en otro momento su existencia y la compensación predicada, lo desconoce en los términos expuestos en la demanda.
Tal el escenario del conflicto.
Producidos los alegatos y con los autos en estado, sobreviene la sentencia de mérito, a fojas 286/289, que declara procedente la demanda instaurada y condena a la Municipalidad de Quilmes al pago de la suma reclamada con más los intereses calculados a la tasa pasiva que establece, tomando como referencia la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a treinta días.
Para las costas, decide su distribución en el orden causado.
En la labor de abastecer ese pronunciamiento, el juez de la causa comienza por juzgar acreditada la relación de locación que es fuente del proceso y sus términos, dando cuenta a ese respecto de la absolución de posiciones rendida, la documental acompañada y el propio contenido de la contestación de demanda.
Deriva el núcleo a elucidar en la compensación de deudas alegada en esta última pieza.
Estima sin prueba que la demuestre.
Con esas premisas concluye en la procedencia de la demanda por falta de pago de arriendos, con fundamento en los artículos 750, 1191, 1193, 1197, 1494 y 1556 del Código Civil.
De ese modo se clausura el proceso en primera instancia.
A fojas 333 se declaran admisibles los recursos de apelación deducidos por ambas partes.
La actora, agraviándose de la tasa de interés determinada en el decisorio de la anterior instancia.
La parte demandada, en cambio, dirige su queja hacia la prueba del contrato y a la compensación de deudas como acto extintivo de los créditos que pudieren derivar de la relación primigenia.
Con ese escenario llegan los autos a conocimiento del tribunal. Este, por el criterio de mayoría de la Dra. Milanta y el Dr. Spacarotel, decide plantear las siguientes:
1. ¿Corresponde abordar como cuestión previa de admisibilidad de la pretensión?
3. ¿Es ajustada a derecho la sentencia dictada en autos?
A la primera cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
Desconozco las razones por las cuales la mayoría decide incorporar una cuestión cuya decisión carece de trascendencia, para el progreso de un trámite adjetivo que llega a esta alzada con sentencia definitiva y que no admite regreso a una etapa clausurada (arts. 14, 18 y ccs., ley 12.008 -t. seg. ley 13.101-).
Con arreglo a ese entendimiento expreso mi respuesta por la negativa.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el Dr.Spacarotel dijo:
I. El Tribunal ha decidido plantear como cuestión previa la admisibilidad de la pretensión, a la luz del contenido que arroja el voto sustancial que se encarga luego de plasmar para resolver la cuestión de fondo.
En efecto, es el propio magistrado ponente que introduce como cuestión “preliminar”, que “…la acción promovida se ofrece extraña al marco de las pretensiones previstas en el artículo 12 de la ley 12.008”. Insiste el magistrado en sostener que la acción incoada “…desde su promoción original, hubo de exhibirse desprovisto de los cauces procesales aptos para la verificación de cumplimiento del os requisitos de habilitación de la instancia (arts. 12, 14, y ccs., Ley 12.008”).
II. La pretensión promovida (cobro de alquileres de inmueble), bajo el juicio ordinario de cobro de pesos, en su extremo procesal, ha quedado consolidada, y consentida, con la providencia, de fecha 10 de diciembre de 2008, obrante a fs. 64.
En este sentido el magistrado de grado, al declarar la admisibilidad de la pretensión, y habiéndose corrido traslado de la demanda, sin que la demandada hubiera opuesto impugnación al trámite procesal, ni promovido las excepciones del artículo 35 del CCA, resulta improcedente, volver o retrotraer el curso de la pretensión a un cartabón procesal precluido y, expresamente, vedado por el artículo 31 inc. 2 del CCA.
Es que, la operatividad del artículo 166 in fine de la Constitución ha provocado sensibles modificaciones en lo atinente a la exigibilidad de vías administrativas de tránsito previo y obligatorio, las que han de tener cabida como excepción al principio de la directa demandabilidad estatal, en aquellas situaciones expresamente previstas por un enunciado normativo de rango legal, razonablemente establecido con arreglo a la señalada accesibilidad irrestricta a la jurisdicción (SCBA, B. 52.174, S. 22.11.06). Precisamente el nuevo código contencioso administrativo, al establecer que: "no habiéndose declarado incompetente el juez y declarada la admisibilidad de la pretensión, éste no podrá volver sobre ello, salvo que se opongan algunas de las excepciones previstas en el artículo 35 del presente Código" (art. 31 inc. 2º); procura poner de manifiesto la preocupación legislativa por evitar los perjuicios que derivan de que el conocimiento de la causa sea declinado en estadios ya muy avanzados del proceso y resulta exactamente opuesta a la que, contenía el derogado artículo 24 de la ley 2.961.
Así lo hube manifestado en causa CCALP Nº 12.880 (entre otras), razón por la cual, a la cuestión planteada estimo que no corresponde abordar el trámite de admisibilidad de la pretensión, correspondiendo en consecuencia declarar precluída esa etapa de juicio de admisibilidad. Voto por la negativa.
A la misma cuestión planteada, la Dra. Milanta adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. Spacarotel, votando en idéntico sentido.
A la segunda cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
Conforme al criterio sostenido para la primera cuestión, no corresponde su tratamiento.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
I. Habiendo quedado precluída la etapa de admisibilidad de la pretensión (art. 31 inc. 2º, CCA), corresponde el tratamiento sustancial de ambos recursos de apelación contra la sentencia de fondo dictada en autos. A la misma cuestión planteada, la Dra. Milanta adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. Spacarotel, votando en idéntico sentido.
A la tercera cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
Ingresaré a la cuestión planteada comenzando por dejar sentadas unas preliminares premisas sobre las cuales construiré mi respuesta, naturalmente, desprendida de toda consideración relativa al acceso al proceso administrativo, análisis este extraño a la materia que arriba a esta alzada, tal y como ya lo expusiera al brindar respuesta a la primera cuestión. Y, en cambio, con sitio singular en la presencia de la acción contenciosa y con ella el caso del artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues la ocasión procesal exige decidir acerca de una voluntad administrativa que es condición suficiente en su configuración y en la elucidación de procedencia sustantiva del derecho predicado por la actora, como se verá.
Consigno también que ella transcurrirá por el fondo del asunto y por lo tanto por el recurso de la parte demandada, siendo que su desenlace, como se verá también, convertirá en innecesario el conocimiento de los agravios de la parte actora, en la medida que, adelanto, mi inferencia resultará adversa a la pretensión deducida.
Dicho ello, es mi propósito primero dejar sentado un aspecto que valoro determinante en la suerte del pleito.
Consiste éste en que la acción promovida se ofrece extraña al marco de las pretensiones previstas por el artículo 12 de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101), tal y como lo deja ver el relato de los antecedentes, sin que la reconducción final por la imprecisa ruta del resarcimiento, que fuera decidida en la causa, se ofrezca con fundamento en hechos o conductas susceptibles a la atribución de responsabilidad por actividad lícita o ilícita del estado. Encuentra sitio, en cambio, en un marco convencional cuyas derivaciones por arriendos debidos no forma parte, sin más, de las variables taxativas previstas en esa norma adjetiva.
Volveré sobre este aspecto en adelante.
Una segunda observación me remite a la prueba de la existencia de la relación jurídica.
En este aspecto, la actitud contradictoria de responde, expuesta en la negativa de existencia pero a la vez en el reconocimiento de una compensación como fuente del vínculo, se suma a las constancias que enumera la sentencia pronunciada para tener por probada la presencia de un acuerdo que, para más, cuenta con un decreto de rescisión de prórroga, luego derogado, y una vigencia actual no contradicha (conf. Dec. nº 15.052/07).
Ese conjunto me permite desplazar de la cuestión que arriba a esta alzada la relativa a la prueba del contrato, y rechazar en este aspecto el agravio de la parte demandada, más allá que cuanto concierne a la compensación, sobre la que insiste, y las demás que habré de considerar, conduzca mis razones hacia la improcedencia de la pretensión articulada. Sentadas ambas premisas, que dan contexto a esta intervención, pasaré al análisis de fondo.
En efecto, más allá de haber quedado superado el juicio de admisibilidad de la pretensión, las carencias sustantivas a las que habré de aludir, inherentes a la presencia y perfil del caso en los términos del proceso abierto por el artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, me permiten derivar en un semblante sustancial insuficiente para determinar variable alguna de procedencia para la acción intentada. El suceso judicial revela ausente la decisión expresa o presunta que es necesaria para proveer de fundamento bastante al reclamo.
En esa apreciación me detendré, de inicio, en el aspecto concerniente a los alcances del artículo 166 de la Constitución de la Provincia, que ha sido objeto ya de mi consigna.
A ese respecto, valoro en la hermenéutica de la sentencia pronunciada un error de apreciación con génesis en la composición material del pleito en su relación con la pretensión resarcitoria que habilitara el proceso, según así resulta de la narración precedente.
El caso arrimado no exhibe un producto administrativo suficiente para expresar la voluntad definitiva y final de la comuna, que si bien carece de consecuencias para la etapa de admisibilidad ya superada revela decisivas implicancias para juzgar la procedencia del requerimiento sustantivo, tal como lo demostraré seguidamente.
Tampoco la parte actora invocó un supuesto de denegatoria tácita (art. 16, ley 12.008 cit.).
El intento de esta última, desde su promoción original, hubo de exhibirse desprovisto de los cauces procesales aptos para la verificación de cumplimiento de los requisitos de habilitación de la instancia (conf. arts. 12, 14 y ccs., ley 12.008 cit.).
Esa impronta se irradia ahora hacia el análisis de justificación de las acreencias que intenta demostrar la parte actora en base a un propósito fallido de cobro ejecutivo de arriendos adeudados, que se enmascara bajo una pretensión anulatoria primero y una de daños y perjuicios después, pero que no logra consistencia bajo ninguna de esas variables.
El ensayo, sin duda, no alcanza para allanar el camino de la acción por cobro de pesos sin más, cuando ésta no luzca con los contornos pretensionales suficientes para permitir el acceso a aquel examen de admisibilidad de inexorable imposición normativa (conf. art. 166, CPBA; arts. 12, 14, 16, 18 y concs., CCA).
Ya he dicho que no se trata, la articulada, de una acción indemnizatoria, que por su peculiar naturaleza podría reducir aquel juicio de habilitación a parámetros de acceso diversos (art. 12 inc. 3 ley cit.). La iniciada, fue concebida a partir de un reclamo judicial directo sin acto sujeto a control de legalidad, que resultara expuesto en una expresión administrativa, formal o implícita, que diera fuente a la situación jurídica alegada y por lo tanto se ofrece ajena a los cauces que establece la indicada cláusula constitucional para abrir la jurisdicción administrativa con un caso susceptible.
Como he dicho, tampoco se muestra con perfil inherente a la pretensión de resarcimiento del artículo 12 inciso 3º que autorice una articulación directa, pues la fuente del derecho invocado requiere de una decisión administrativa denegatoria relacionada con el trámite de pago de los alquileres mensuales que son su base de sostén y no se sostiene con consistencia en hipótesis ninguna de responsabilidad lícita o ilícita, sino en otra de incumplimiento contractual que remite a sufragar aquella instancia de expresión de la voluntad estatal.
El proceso de revisión de legalidad que subyace, sin duda, en el planteo de promoción no alcanza a configurarse y perjudica la empresa judicial al límite de su improcedencia (en sentido concordante mis votos en causas CCALP nº 3699, CCALP nº 4350, CCALP nº 10.151 y CCALP nº 13.711).
La situación particular que habré de describir, para más, exigía su presencia a efectos de elucidar aspectos gravitantes en la relación sustancial que ventila el proceso.
Ellos parten de una relación contractual que reconoce una prórroga a su vencimiento original (30.06.05), admitida y alegada por la parte actora según ha sido referido en el relato de los antecedentes, que no sólo da cuenta de su vigencia actual sin reparos, sino también de una continuidad pactada sin reservas vinculadas a incumplimientos pasados.
Tal cuanto resulta de fojas 37 a 41 de estos autos.
Ese mismo acto procesal da carta de pago, asimismo, de los alquileres correspondientes al período enero a junio de 2006, vale decir posteriores a la interposición primigenia de la acción y a la misma deuda reclamada en esa ocasión.
El cuadro de situación pues remite a lo previsto por el artículo 746 del Código Civil, en tanto el pago del último período hace presumir el de los anteriores, quedando a cargo de quien lo extiende la prueba contraria, en casos en los que, como en la locación, éste deba hacerse en prestaciones parciales y en períodos determinados.
Es en este punto en donde cobra fuerza el agravio relativo a la compensación que predicara la parte demandada, al colocar en un plano de discusión la extinción de la obligación emergente de la relación jurídica en la que la carga probatoria corría a cargo de la empresa acreedora por virtud de aquella disposición.
De suyo, esos segmentos de polémica reclamaban tratamiento en sede administrativa y un pronunciamiento por acto individual cuya inexistencia frustra decididamente el intento de demanda.
Este no alcanza consistencia frente a la ausencia de un supuesto de revisión habilitante para una situación jurídica que, además, se ofrece con cortapisas de elucidación que lo tornan insuficiente.
El conjunto de razones expuestas me lleva a considerar procedente al recurso de la parte demandada, solución que arrastra la suerte adversa del deducido por la parte actora.
En materia de costas he de señalar que sólo corresponde aplicar el mecanismo de la ley 14.437 a partir de su entrada en vigencia, circunstancia esta que excluye toda modificación del criterio de primera instancia y encuentra sostén en el artículo 3 del Código Civil.
De ese modo habré de pronunciarme.
Voto por la negativa.
Así, propongo:
1. Rechazar el recurso de apelación de la parte actora (conf. arts. 12 inc. 2º, 55, 56, 58, 59 y concs., ley 12.008 –t. seg. ley 13.101-).
2. Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada y revocar la sentencia atacada, rechazando la pretensión administrativa deducida (arts. 12 inc. 2º, 55, 56, 58, 59 y concs., ley 12.008 cit.). Las costas de la instancia a la parte actora vencida en ella (art. 51, ley 12.008 –t. seg. ley 14.437-).
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
I. En concordancia con lo planteado por la mayoría del Tribunal al distribuir el planteo de las cuestiones, procederé al tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de grado, sin formular ninguna otra consideración ajena al trámite recursivo, inherente a la admisibilidad de la pretensión, como se extrae del contenido del voto del Dr. De Santis.
En este aspecto discrepo con el tratamiento y solución que propone el voto que antecede.
II. Abordaré en primer lugar el recurso de apelación de la parte demandada, en tanto conforme a la solución que propondré resultará menester ingresar a los agravios de la accionante.
Estimo que del análisis de las probanzas producidas en autos, se arroja como resultado la existencia de la celebración de un contrato de locación, referida a un inmueble situado en el partido de Quilmes, cuya titularidad ostenta la parte actora y no se encuentra discutido en autos. Es preciso puntualizar que la sujeción de la Administración al principio de legalidad impone a sus órganos y entidades un obrar consistente con el ordenamiento jurídico (doctrina causas B. 66.693, "Recovering", sent. del 6- VII-2005 y sus citas y B. 65.288, "Pasturenzi", sent. del 21-V-2008), principio que importa el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que encauzan los procedimientos de selección del contratista estatal, las modalidades de contratación y, en suma, la ejecución del gasto público. De allí que se haya supeditado la validez de los contratos públicos al cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación (conf. causa SCBA 57652 “Gamma”, sent. del 5-5-2010).
A fin de demostrar la existencia del contrato de locación, la parte actora adjunta copia del contrato de locación suscripto por las partes de fecha 30 de junio de 2003, certificada por escribano público y la prórroga del mismo (fs. 5/9; 37/38).
A fs. 60/61 la accionante señala que en relación al expediente nº 409114169-R-2004 Alcance 1, el mismo se ajusta a la realidad del contrato que une a las partes, surgiendo que mediante el dictado del decreto nº 15052 la rescisión del contrato de locación, el que, posteriormente, se dejó sin efecto la mentada rescisión (fs. 11) continuando su ejecución hasta junio de 2008.
Asimismo, ha de observarse la negativa esgrimida por la accionada respecto a la documental acompañada por la contraria, reconociendo, en su parte pertinente, entre otras consideraciones que la actora fue concesionaria del municipio respecto al control vehicular desde el año 1995. Asimismo refiere que en el año 2002 a raíz de una inspección integral surgió una deuda impositiva, efectuándose una compensación con el alquiler del inmueble por el que se reclama, accediéndose a lo solicitado, y emitiéndose el pertinente acto administrativo que así lo autorizara, no obstante carecer de documental que lo acredite en razón del siniestro alegado por la comuna. De las probanzas introducidas en el caso por las partes, encuentro acreditada la existencia del contrato de locación.
Para ello, habré de remitirme a la documental agregada en las actuaciones, a las expresiones vertidas en la contestación de demanda, como así también a la absolución de posiciones, en orden al pliego de fs. 113 que fuera contestado a fs. 156, como asimismo a la prueba pericial contable, agregada a fs. 137/147 que, de conformidad a los libros, documentación e instrumentos compulsados tanto de la empresa accionante como también de la accionada Municipalidad de Quilmes, dictaminó que “… respecto al Expediente nro. 1091-2110-S-03, con fecha 23-06-2003 y firma del Sr. Victor Edgardo Ojeda en su carácter de Secretario de Gobierno y Cultura de la Intendencia Municipal de Quilmes y atento dichas actuaciones y al Dictado de los Decretos nros. 1407/03 y 2112/03, la accionada toma el compromiso por el período de locación del inmueble por 24 meses a partir del 1 de julio de 2003 por un importe mensual de $ 8.000,00 debiéndose abonar un mes de depósito por igual importe de acuerdo a la cláusula contractual. Aclara en nota dicho funcionario que las órdenes de pago deben ser emitidas por la Contaduría Municipal a nombre del Sr. Eleuterio Brito de Jesús, DNI 93.746.235 en su carácter de representante legal de la empresa SIT S.A. … como asimismo se destaca que … no existen registro o constancias de haberse abonado los alquileres reclamados en autos correspondientes al período julio de 2003 a diciembre de 2005 inclusive…”. “… Asimismo, se encuentra en el expediente referido, el Contrato de Locación debidamente sellado, de fecha 30-06-2003, a fs. 60/64, con firma de ambas partes. Se fijó el precio de la locación en la suma de $ 8.000,00 mensuales (cláusula tercera), a abonar por adelantado del día primero al día quince de cada mes (cláusula cuarta). Complementariamente a lo anterior se informa que a fs. 65/66 del referido expediente, se agrega el Decreto Municipal nº 2255 de fecha 30-06-2003, con firma del Intendente de Quilmas, Fernando Diego Geroné, convalidando el Contrato suscripto entre las partes intervinientes en la causa autorizándose la emisión de las Ordenes de Pago por un importe de $ 8.000,00 mensuales.- Según el art. 3ero., el presente gasto se imputó en Administración Central, Jurisdicción 1, Depto. Ejecutivo Subjurisdicción 12, secretaría de Gobierno y Cultura a la Partida Inciso3, Partida Principal 2, Partida parcial 1 del Presupuesto de gastos en vigor…”.
De conformidad a las consideraciones dadas en la pericia confeccionada en autos, el perito contador procedió a efectuar liquidación de los montos adeudados por la demandada ascendiendo los mismos al monto total nominal de $ 240.000,00.
Por las argumentaciones y probanzas rendidas en autos, se desvanece el planteo de la demandada en torno a cuestionar la existencia del contrato de locación, el que no encuentro mérito para apartarme de la solución arribada en la instancia de origen, que considera ajustada a derecho y procede confirmar este aspecto decisorio.
Ello así, en tanto los contratos pueden ser acreditados por medio de instrumentos públicos o privados, por confesión de partes, testigos, presunciones, documentos, o pericias, no olvidando que el principio sentado por el art. 1193 del Código Civil resulta de aplicación cuando se pretende probar el contrato mismo, pero no, cuando lo que se intenta demostrar son hechos que exteriorizando la actuación de las partes, evidencian que medió acuerdo de voluntades, supuesto en que todas las pruebas son admisibles (CI art. 1193 CC0103 LP 251223 RSD-125-9 S 6-9-2009, Juez LAVIE (SD). Asimismo tiene dicho la jurisprudencia que las conclusiones periciales referidas a la faz de ejecución del contrato presuponen su existencia (doct. art. 1191 del cód. civil; ci art. 1191 cc0001 az 52134 rsd--8 s 12-11-2008, juez louge emiliozzi (sd) caratula: banco de la pcia. de bs. as. c/ gerendiain hector alejandro s/ cobro de pesos mag. votantes: louge emiliozzi - cespedes - fortunato de serradell).
Por lo tanto, despejada esta primera cuestión, resulta de interés dirimir acerca de la existencia de compensación de deudas como acto extintitvo de los créditos que pudieren derivar de la relación primigenia, argumento desplegado por la demandada en la presente litis.
Bajo ese prisma, en atención a lo dispuesto en el art. 386 del CPCC, he de ingresar al análisis de la prueba producida en autos a fin de determinar si ella es hábil para crear una presunción respecto a la compensación de créditos alegada por la accionada.
En ese orden, deviene relevante destacar que el accionante no presentó documentación que acredite o constituya al menos un indicio de la celebración de la referida compensación de créditos entre las partes. La falta de demostración de los extremos aducidos en respaldo de la pretensión comporta una omisión insoslayable (conf. doctrina causas B. 52.366, "Cálix S.A.", sent. del 12-IV-2006 y B. 53.887, "Hotel Abra de la Ventanta S.A.", sent. del 31-X-2007), pues teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa, en la que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que se sustenta su pretensión -arg. art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y conf. art. 77 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo- (conf. doctrina causas B. 61.867, "Schmidt", sent. del 7-III-2007 y B. 56.480, "J.,G.", sent. del 12-IX-2007, entre muchas otras).
Por lo tanto, juzgo que no ha quedado demostrado en autos que haya existido efectivamente la celebración de la compensación de deuda aludida. En definitiva, propongo confirmar el pronunciamiento de grado y rechazar el recurso de apelación de la parte demandada, en cuanto ha sido materia de agravios (arts. 55, 56, 58, 59 y concs. del CCA; arts. 1556, 750, 1197 CC), con costas a cargo de esa parte en su carácter de vencida (art. 51, ley 12.008 –t. seg. ley 14.437-).
III. Despejado el tratamiento y solución respecto al planteo recursivo de la parte demandada, cabe abordar el recurso de apelación articulado por la accionante respecto de la tasa de interés determinada en la sentencia. Tal como lo viene reafirmando este Tribunal en numerosos precedentes, el pronunciamiento del juez de grado que determina la tasa de interés equivalente a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días que resulte vigente durante los diversos períodos a liquidar, entre la fecha de vencimiento de la obligación y hasta el efectivo pago, en orden al carácter de integral que debe mantener la indemnización (artículos 509, 622 y ss del CC), se ajusta a derecho (con. Causa CCALP Nº 4251 “Pinto”, sent. del 20-12-11 y sus citas).
Por último la accionada solicita en el responde de agravios, la aplicación de la ley 13.137 de consolidación de deudas, para el pago del capital e intereses de la sentencia, como así también para el pago de los honorarios periciales que oportunamente se regulen, ello, para el supuesto de rechazarse el recurso de apelación oportunamente interpuesto. En ese aspecto, no creo oportuno expedirme acerca de ese tópico, toda vez que el estado de la causa lo convierte en prematuro al planteo efectuado (art. 497 ss y concs. del CPCC).
Con lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación de la parte actora y confirmar el pronunciamiento de grado, en cuanto ha sido materia de agravios (arts. 55, 56, 58, 59 y concs. del CCA; arts. 509, 622 del CC).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la Dra. Milanta adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. Spacarotel, votando en idéntico sentido.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos de la mayoría expuestos en el Acuerdo que antecede, se rechazan los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y se confirma la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios (arts. 55 a 59 y concs., ley 12.008 –t. seg. ley 13.101-; arts. 509, 622, del Cód. Civil).
Por mayoría, costas a cargo de parte demandada vencida (art. 51, ley 12.008 –t. seg. ley 14.437-).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad dispuesta por los artículos 31 y 51, decreto ley 8904/77.
Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por Secretaría.
Gustavo Juan De Santis Juez Claudia A.M. Milanta Juez Gustavo Daniel Spacarotel Juez Dra. Mónica M. Dragonetti Secretaria REGISTRADO BAJO EL Nº 414 (S)
Fin de la sentencia