Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2478/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto por la parte actora en PE178715-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2478/21-TSJ Interlocutorio N°: 3719 Actor: SIVO SILVIA GABRIELA Y OTROS Demandada: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y OTRO Objeto: AMPARO COLECTIVO Fecha: 14-11-2022 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3719 FOLIO Nº 6624/6626 PROT. ELECT. TSS1 068 I.221
Río Gallegos, 14 de noviembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “SIVO SILVIA GABRIELA Y OTROS c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y OTRO s/ AMPARO COLECTIVO”, Expte. Nº S-20.300/21 (S-2478/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de inconstitucionalidad articulado por la parte actora (cfr. PE178515-2021), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE158910-2021, que confirmó la de Primera Instancia. Esta última, en su oportunidad, declaró formalmente improcedente la acción de amparo promovida (cfr. PE128231-2021).- Para así decidir, los Sres. Jueces del Tribunal de Alzada, al igual que el Juez de grado, consideraron que la complejidad fáctica de la cuestión controvertida requiere para su dilucidación, un nivel de análisis, debate y ponderación de aspectos sanitarios, como así también de la estructura y funcionamiento de los establecimientos educativos, que excede el marco del amparo.-
Por otro lado, argumentaron que la decisión que se pretende altera el principio de división de poderes en la medida en que se procura que el Poder Judicial suplante a los órganos administrativos de las competencias que les son propias.-
Contra esta decisión los actores interponen recurso de inconstitucionalidad, en el cual, sintéticamente, postulan su viabilidad por “…estar cuestionada la validez de un acto material de administración del Consejo Provincial de Educación, o las ‘vías de hecho’, o la omisión lesiva por incumplimiento de la manda constitucional del Estado Provincial encabezado por el Poder Ejecutivo, bajo la pretensión de ser contrarios a los arts. 3°, 81°, 82°, 83° y cctes. de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, arts. 14°, 18°, 28° y 31° de la Constitución Nacional, art. XII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre; art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (art. 28 y 29)…” (cfr. PE178515-2021, págs. 1/2).- Asimismo, tachan el fallo de arbitrario señalando que la sentencia recurrida resulta “…‘arbitraria’, en los términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pacífica doctrina respecto de esta expresión, habiendo hecho la reserva del Caso Federal pertinente…” (cfr. PE cit., pág. 2).-
Manifiestan, en tal sentido, que: “…Estamos convencidos que (sic) los fallos emitidos en las presentes actuaciones deben descalificarse como actos jurisdiccionales por haber omitido por completo considerar y hacer lugar al planteo técnico jurídico básico, esencial y fundamental esgrimido al momento de interponer la acción de amparo, cual es la arbitrariedad manifiesta de la medida de suspensión de clases presenciales dispuesta sin ningún tipo de instrumento formal que la respalde, ya que no existe ni un Decreto ni una Resolución de las autoridades demandadas que la exprese formalmente por escrito e intente fundamentar en lo más mínimo y que le ponga un límite temporal, lo cual constituye un requisito básico y elemental de validez en un Estado de Derecho y en una República, máxime cuando se restringe o limita un derecho reconocido por la constitución provincial o nacional, y como lo tiene dicho reiteradas veces nuestro más alto tribunal. La decisión de la Cámara de Apelaciones que por el presente se recurre, incurre en consecuencia en arbitrariedad en los mismos términos, y nos deja en un estado de indefensión como ciudadanos…” (cfr. PE cit., págs. 2/3).- La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (cfr. PE266785-2021), y pasan los presentes al Acuerdo en PE226928-2021.-
II. Se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (atento la remisión que efectúa el artículo 19 del mismo cuerpo legal), a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que la intervención de este Alto Cuerpo en casos como el presente, es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común y es por ello que este Tribunal Superior de Justicia sólo revisará el mérito del recurso interpuesto si éste contiene determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo.-
La presente acción de amparo colectivo fue iniciada por madres y padres de alumnos que cursaban sus estudios en instituciones educativas de esta Provincia y tenía como objeto que se ordenara al Consejo Provincial de Educación y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz tomar las medidas necesarias para el inmediato y progresivo restablecimiento de las clases presenciales en todos los niveles educativos de la Provincia de Santa Cruz -suspendidas en virtud de las normas dictadas para prevenir la propagación del virus Covid 19- y, a tal efecto, que se procediera a vacunar con carácter prioritario al personal docente y no docente que cumplía funciones en dichos establecimientos escolares.- Sustentaron tal pretensión en los artículos 81, 82, 83 y cctes. de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconocen, con rango constitucional, el derecho de acceso a la educación, como así también los de enseñar y aprender. Citaban normativa convencional atinente a los derechos que se invocaron.-
Ahora bien, un acontecimiento posterior a la presentación del recurso de inconstitucionalidad de los actores impide adentrarnos en su análisis. Sabido es que se retornó a las clases presenciales en esta Provincia el 20 de septiembre de 2021, fecha para la cual, además, se hallaban vacunados la mayoría de los docentes provinciales.-
En conclusión, a la fecha los amparistas ya han obtenido lo que procuraban mediante la presente demanda, lo cual torna abstracto su objeto.-
En efecto, dado que nos encontramos ante una acción de amparo, cuyos límites y excepcionalidad es por todos reconocida, no podemos perder de vista que el artículo 43 de Constitución Nacional y el 2º de la Ley Provincial N° 1117 disponen que la acción de amparo tiene como objeto la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos cuando un acto u omisión en forma actual o inminente lesione o restrinja, altere, amenace o impida el normal ejercicio de algún derecho o garantía reconocidos por las Constituciones de la Nación y de la Provincia con manifiesta ilegitimidad o arbitrariedad.- Esta demanda, se reitera, procuraba que se restableciera la presencialidad plena en las escuelas y que se priorizara la vacunación para el personal docente, reclamos, ambos, que a la fecha han sido satisfechos; en consecuencia, han desaparecido los hechos que pudieran lesionar en forma “actual o inminente” derechos constitucionales. El amparo ha perdido así, el objeto.-
Sabido es que en la acción de amparo debe estarse a la situación existente al momento en que se resuelve, de manera tal que si varió la situación fáctica habida al tiempo en que se promovió la acción, las cuestiones planteadas se vuelven abstractas.-
En el contexto descripto, cobra virtualidad la jurisprudencia emanada del máximo Tribunal de la Nación que ha expresado: “…es doctrina reiterada de esta Corte que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias existentes cuando ellas se dictan, aunque éstas sean sobrevinientes al recurso deducido…” (cfr. CSJN, “Rossi Cibils, Miguel A. y otros”, del 08/09/1992, La Ley 1993-B, 333, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/1385/1992); y asimismo que “…le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual…” (Fallos: 329:1898, entre otros).- Idéntico temperamento ha adoptado este Tribunal Superior de Justicia en similares circunstancias, al sostener que: “…cuando media el “ius superviniens” (entendiéndose por tal, el evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis) por cuanto razones de economía procesal -y en algunos casos, de prevalencia de la verdad jurídica objetiva- aconsejan tomar en cuenta la modificación operada. Tal es precisamente el sentido del art. 164, inc. 6to. párrafo 2do. de la ley adjetiva, cuando faculta al juez a considerar en oportunidad del dictado de la sentencia los aludidos hechos sobrevinientes que -sin variar las pretensiones deducidas- han consolidado o extinguido el derecho aplicable […] no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 448, Folio 2445/2446; Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577 y Reg. 2893, Folio 4578/4581).- Las razones vertidas ut supra obstan a la consideración de los agravios que se invocan para sostener el recurso, en la medida en que dichos planteos devienen abstractos al no existir un conflicto litigioso actual.-
En el sub lite, la situación existente al momento de emitirse este pronunciamiento es sustancialmente diferente de aquélla que motivó los de las anteriores instancias, pues los alumnos actualmente están asistiendo con normalidad a clases en las escuelas de la Provincia. En consecuencia, no nos hallamos ante hechos que lesionen, en forma actual, los derechos constitucionales esgrimidos al plantear el recurso.-
Los agravios deben ser actuales, existir al tiempo de su planteo y subsistir al tiempo de dictar la sentencia en el Tribunal. Si desaparecen, la cuestión se torna abstracta, tal como lo han señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este Tribunal Superior de Justicia en los fallos citados. La función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos, estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas. Pues constituye esencial recaudo de admisibilidad del recurso, que la resolución que se impugna cause a los quejosos un perjuicio cierto concreto y actual, lo cual -tal como ya se explicara- no ocurre actualmente.- En las condiciones descriptas, dados los hechos sobrevinientes, corresponde declarar abstracto el tratamiento del recurso venido al Acuerdo.-
Decisión que es procedente aún en esta etapa de la instancia extraordinaria provincial. Elementales razones de economía procesal aconsejan decidir cómo se hace, de lo contrario se prolongaría irrazonablemente el proceso en detrimento de la tutela de los derechos e intereses comprometidos en él, causando, además, un innecesario dispendio jurisdiccional. Avalan esta postura, también, los principios de concentración -que apunta a la abreviación del proceso mediante la reunión de toda la actividad procesal en la menor cantidad de actos y a evitar, por consiguiente, la dispersión de dicha actividad- y de celeridad -que procura impedir la prolongación de los plazos y eliminar trámites procesales superfluos u onerosos- (cfr. Palacio, Lino Enrique: “Manual de Derecho Procesal Civil”, Vigésima edición actualizada por Lino Alberto Palacio y Luis Enrique Palacio, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2010, págs. 59/60).-
III. En definitiva, el recurso intentado no puede ser atendido, porque hechos sobrevinientes han tornado abstracta la cuestión sometida a decisión, impidiendo a este Tribunal Superior de Justicia expedirse al respecto, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto actual. Tal decisión, cabe destacarlo, no importa emitir opinión alguna sobre el acierto o error de lo fallado por los jueces preopinantes y menos aún abrir juicio sobre la verosimilitud del derecho invocado por los accionantes.- En cuanto a las costas, se comparte la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, ante supuestos como el que nos ocupa, ha señalado que al no existir en esta instancia una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la decisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la derrota, dicha condenación debe distribuirse en el orden causado (cfr. CSJN, Fallos: 329:1898); punto de vista que este Alto Cuerpo ha adoptado en casos como el presente (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577 y Reg. 2893, Folio 4578/4581).- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto por la parte actora en PE178715-2021.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1068I.221 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3719 Folio N°: 6624/6626 Secretaría: 1
Fin de la sentencia